Hace un par de días se pudo escuchar en distintos medios de comunicación, la noticia de cómo la organización mundial del comercio tiraba de las orejas al gobierno español.
El argumento esgrimido para semejante regañina no podría ser otro, que la falta de aplicación por parte del gobierno español, de las medidas correctoras solicitadas desde esta organización y todo esto bajo el chantajista argumento de que en caso de no aplicarlas en un periodo inmediato, la economía española sufriría un tremendo receso asta llegar a convertirse en una de las mas pobres de Europa junto a la de Irlanda.
Si enmarcamos esto junto al hecho de que la comunidad económica europea ha solicitado al gobierno español el estado de liquidad de las cajas de ahorros, con la intención de juzgar la solvencia económica de estas ya tenemos el marco de intención para la futura restructuración económica que se nos quiere aplicar.
Para comprender el alcance de las verdaderas intenciones que con respecto a nuestras vidas tiene el neoliberalismo, publicamos un informe redactado por la organización Attac sobre el acuerdo desarrollado por la organización mundial de comercio GATS 2002.
Introducción al AGCS
El GATS o AGCS (General Agreement on Trade in Services o Acuerdo General sobre el Comerciode Servicios) es uno de los acuerdos que se firmaron en 1995 cuando se creyó la OrganizaciónMundial del Comercio, al acabarse las negociaciones del Uruguay Round entre 128 países. Enrealidad EE.UU, Canadá, la Unión Europea y Japón impulsaron y emplazaron a los demás a firmareste “paquete único” de acuerdos que reemplazaron los acuerdos de comercio internacional hastaentonces vigentes en el marco del GATT, por nuevos acuerdos que abarcan a muchos mássectores, notablemente a los servicios. La OMC vigila con plenos poderes la aplicación de estosacuerdos por los paises miembros, 144 en 2002 (97% de la población mundial con la adhesión deChina).
El GATS se convirtió rápidamente en el acuerdo más destacable de todos los acuerdos de la OMC,al abarcar absolutamente todos los sectores de la vida humana – salvo la agricultura y la indústriade bienes cubiertos mediante acuerdos específicos – desde el sector inmobilario hasta la recogidade residuos, pasando por el agua, la banca, la energía, las telecomunicaciones, el transporte, elturismo, los servicios sociales, la cultura, la información, la educación, la sanidad… : en total másde 160 sectores clasificados por la OMC.
Se trata de un acuerdo clave para las grandes multinacionales americanas y europeas enparticular, al ser los servicios los mercados de hoy (representan ya 25% del valor del comerciointernacional) y sobre todo de manana: varias agencias de valores han estimado por ejemplo en1000 miles de millones de dólares el “mercado” mundial del agua, en 3500 miles de millones dedólares el “mercado” mundial de la salud humana y en 2000 miles de millones de dólares el“mercado” mundial de la educación [1] (a titre de comparación, el presupuesto de la seguridadsocial española es de 83000 millones de Euros, el presupuesto educativo francés es de 63000millones de Euros).
Mercados todos que interesan a las corporaciones como Columbia HCA (el mayor consorcioprivado hospitalario de EE.UU), BBVA, Repsol, Aiguas de Barcelona (abastecimiento saneamiento de agua pero también recogida de residuos, construcción y obras, seguros de salud,clínicas y gestión de un hospital público, inspección de vehiculos, gestión administrativa paramunicipios…). No por nada están los lobbies de multinacionales americanas (como latodopoderosa US Coalition of Service Industries) y europeas (el European Service Forum – ForoEuropeo de Servicios) detrás del AGCS y hoy en día detrás de las posturas oficiales de EE.UU ode la Comisión Europea en las nuevas negociaciones.
Los beneficios esperados por estas empresas no se materializarán en la medida que quieren, si nose desmantelan las regulaciones que en la actualidad permiten a un país tener cierto grado decontrol sobre quién provee estos servicios, cómo, a qué precio y con que objetivos para lacomunidad. La función fundamental del AGCS estriba precisamente en dictar normas cuyo valorjurídico es superior al valor de las leyes votadas en los parlamentos nacionales, y que exijen a losgobiernos adaptar su legislación a ellas : asimismo se crea un entorno “seguro” para lasmultinacionales, que pueden demandar, mediante sus gobiernos respetivos, al gobierno de un paístercero si no cumple con las normas del AGCS, por ejemplo si tiene leyes de protecciónmedioambiental o social que entorpezan las expectativas de beneficios de las transnacionales (veremos ejemplos más adelante). El “juicio” tiene lugar ante un tribunal de “expertos” de la OMC sin ningún control democrático.
El Acuerdo-marco del AGCS en su versión de 1995 ya consigue ir bastante lejos en su empenodesregulador :
Un acuerdo encubierto sobre inversiones extranjeras
En efecto, el “comercio internacional” al cual se hace referencia en este acuerdo no es sólo lo que el común de los mortales entendemos por comercio, es decir el intercambio de mercancias através de una frontera, sino que prevé 4 modos distintos de comercio, el tercero de los cuales no es ni más ni menos que la “presencia comercial”, es decir, la inversión y la instalación de una multinacional proveedora de servicios en un país extranjero. Esta redefinición (la OMC nos ha habituado a su creatividad linguística) significa que bajo el AGCS se ha conseguido incluir un acuerdo encubierto de inversiones… similar al acuerdo multilateral de inversiones (el famoso AMI) que había sido derrotado gracias a los movimientos anti-globalización en 1997!!!
Una nueva ingeniería de la desregulación
Bajo el AGCS, a los gobiernos se les anima a eliminar las regulaciones sobre servicios que son susceptibles de ser barreras al comercio. Y casi todo se considera una barrera al comercio. Como la propia OMC confirma, los requerimientos del AGCS «desde el principio, influirán necesariamente en la legislación nacional y en sus reglamentaciones.» [2]
Todos los derechos a las transnacionales, todas las obligaciones a los gobiernos y a sus ciudadanos.
Los compromisos que los gobiernos se comprometen a asumir bajo el AGCS quedan establecidos en dos categorías de obligaciones:
a) Generales: Se aplican automática y transversalmente a los 160 sectores cubiertos por el AGCS e incluye el principio que aplica la OMC sobre el trato de la nación más favorecida (art. II cualquier ventaja que se da a los nacionales de otro país debe extenderse inmediata e incondicionalmente a otras naciones, incluso si es más favorable que el dado a sus propios agentes nacionales.
b) Específicas: Se aplican sólo a esos sectores que cada gobierno ha acordado explícitamente abrir a la competencia extranjera e incluye los principios del «tratamiento nacional» (significa dar a cualquier inversor extranjero un trato igual al que se da a uno nacional) y del «acceso al mercado» (significa que no se puede limitar el numero de proveedores, cualquier empresa puede competir libremente). Un país que incluya por ejemplo un sector de la educación en el AGCS tendría entonces que otorgar a cualquier multinacional de la educación (por ejemplo consorcios americanos de universidades y empresas del multimedia) la misma financiación que a instituciones de la educación pública.
El AGCS, también un instrumento de desmantelamiento de los servicios públicos.
La OMC proclama que los servicios públicos están excluidos del AGCS, y por ello el artículo I.3 exime a los servicios que son provistos «en el ejercicio de la autoridad gubernamental». Pero esta exclusión es imposible en la práctica, ya que por “ejercicio de la autoridad gubernamental” se entiende un servicio que no tenga una base comercial y para el cual no haya competencia con uno o más suministradores de servicios. Lo cierto es que ha habido muchos análisis críticos y refutaciones tanto por parte de la OMC como por parte de la Comisión Europea, que sostienen que nunca han tenido la intención de desmantelar los servicios públicos. Al margen de lo que habría que entender por servicio público, ya que la Unión Europea ya ha desregulado el sector de telecommunicaciones y está llevando a cabo desregulaciones similares en los sectores de la energía, de los transportes y de correos, lo cierto es que el artículo en cuestión no protege para nada los servicios públicos pues no existe ninguno que no se provea sobre una base comercial y/o en competencia con el sector privado. Volveremos sobre el tema más adelante con el ejemplo de la educación universitaria.
No cabe duda de que el AGCS sólo es un instrumento más al servicio de la desregulación de los servicios públicos, dónde existen, y una forma de impedir su construcción en los países dónde los planes de ajuste estructural ya han acabado con lo poco que había. En Europa, por ejemplo, se habla cada vez más de la “apertura” de la educación post-secundaria a la “sociedad”, es decir, a las empresas, para hacerla más eficaz, o para “adaptar” mejor los estudiantes al mercado de trabajo.
Los foros bianuales de negocios, organizados bajo los auspicios de la UNICE en Bruselas, dan una clara muestra de estas presiones, así como las orientaciones que se han tomado en varias reformas en Alemania, o en Espana estos últimos dos anos, por no hablar del caso del Reino Unido, dónde ya hay experimentaciones de gestión privada de escuelas del sistema público. Incluso la Declaración de Bolonia (19÷6÷1999) de 29 ministros de educación europeos, que tiene aspectos muy positivos, disena el marco para estas nuevas orientaciones en la educación superior, al querer crear un “espacio europeo de la ensenanza superior” que encauze la “competitividad” de la educación europea[3].
No obstante, el AGCS es un instrumento particularmente poderoso, al imponer normas que no se adoptan después de debates y votaciones en los parlamentos nacionales, sino en base a juicios celebrados ante un comité de “expertos” sin control democrático. A este respecto, podemos tomar buena nota de la advertencia del Comisario Lamy, que en un reciente discurso del 14 de Mayo 2002 en Estrasburgo, dijó: “No tenemos intención, por lo menos de momento, de hacer “ofertas” en los ámbitos [de la sanidad y de la educación]”. Se refiere a ofertas de “apertura” al comercio internacional, en el marco de las nuevas negociaciones del AGCS que comentamos más adelante.
Un acuerdo en evolución permanente
En todo caso, es de resaltar que, si bien no se incluyeron en 1995 todos los sectores en la lista de compromisos de liberalización de los paises miembros, tarde o temprano se incluirán: pues el mandato de las negociaciones bajo el AGCS es de “liberalización progresiva” de todos (los 160) sectores. El AGCS es un acuerdo único entre los diversos acuerdos de la OMC, ya que obliga a sus miembros a volver a la mesa de negociaciones de forma periódica para extender los compromisos ya adquiridos.
El texto literal del AGCS en lo que respecta a su objetivo general en su preámbulo estipula claramente que se trata de “obtener sin demora una progresiva liberalización del comercio y de los servicios mediante una serie de negociaciones multilaterales sucesivas”… con el objeto de…”promover el crecimiento económico de todos los servicios comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo”
A efectos prácticos, el AGCS se ha diseñado como un proceso totalmente irreversible. Para rechazar compromisos ya realizados, los países deben ofrecer compensaciones entregando otros sectores de sus servicios, y, además, estas compensaciones deben recibir el satisfecit de todos los miembros de la OMC.
Es para cumplir con esta obligación que los gobiernos miembros de la OMC volvieron a la mesa de negociaciones ya en Febrero de 2000, es decir, a penas tres meses después de Seattle. Si bien fueron pocos los compromisos “específicos” adquiridos por los países en desarrollo en el primer acuerdo, la idea era presionar para que entreguen más sectores esta vez.
Las negociaciones actuales
En la conferencia ministerial de los gobiernos miembros de la OMC en Doha (Qatar) de Noviembre 2001, EE.UU y la Unión Europea presionaron para que se acordará un calendario muy apretado de negociaciones:
• Los Estados miembros de la OMC tenían que haber elaborado una lista de “demandas” a terceros países en cuanto a acceso a sus mercados para el 30 de Junio 2002. En otras palabras, se trataba de pedir a otros países que abrieran nuevos sectores a la competencia internacional, deshaciéndose si fuera necesario de las regulaciones que entorpezcan este proceso. Este plazo se ha acabado, y sabemos que ya se han presentado las demandas. Además tenemos conocimiento de las demandas que la UE ha hecho a 29 países, gracias a una filtración de los documentos correspondientes. (ver másadelante).
• Las respuestas a estas demandas, es decir, las “ofertas” de apertura de sectores, tienenque estar listas para el 30 de Marzo de 2003.
• Sobre la base de estas demandas y ofertas se entablarán las negociaciones bilaterales, que tendrán que finalizar antes de Diciembre de 2004. Las negociaciones deben llevar a un nuevo acuerdo de nuevos compromisos de “liberalización”.
El método de las negociaciones
La primera fase, que se acabó hace poco, da una buena muestra de cómo se llevan a cabo las negociaciones en el marco del AGCS, y, en general, de la OMC. En el caso de la Unión Europea, es el comisario de comercio exterior, Pascal Lamy, encargado de llevar las negociaciones por los Estados miembros. Lo ha hecho en total connivencia con los gobiernos través del Comité 133 de negociadores nacionales (lo cual es un requisito de los Tratados de la Unión Europea), y sobre todo con los lobbies de transnacionales europeas, particularmente con el Foro Europeo de Servicios, impulsado por la misma Comisión antes de Seattle.
En Octubre 2001, la Comisión Europea escribió a Pascal Kerneis, Director General del Foro Europeo de Servicios (FES): “Agradeceríamos mucho”, dice la carta “una contribución por parte de las empresas a este ejercicio (NB. es decir, la redacción de las demandas), sobre todo apuntando a dónde se plantean los problemas (NB. los “obstáculos” al comercio) en la actualidad y haciendo demandas específicas. Sin el FES esto se puede convertir en un mero ejercicio intelectual…” [4].
La Comisión volvió a pedir más contribuciones del FES antes de cerrar sus “demandas”. En cambio, la información al Parlamento Europeo y al público en general se ha limitado a dar indicaciones generales sobre la posición de la UE, sin entrar en el contenido de las demandas que hacía la UE, hasta el punto de que los diputados, que habían insistido a Lamy que no incluira los servicios básicos como la sanidad, la educación y el agua, sólo se percataron de que la distribución del agua figuraba entre las demandas de la UE a los países terceros gracias a las filtraciones de los documentos que hemos mencionado. Si no hubiera sido por esto, no lo hubieran sabido. Este discubrimiento dió lugar, como era lógico, a una pregunta a Lamy en una sesión plenaria del Parlamento. Vale la pena reproducir aquí el intercambio entre el diputado y el comisario, pues da una buena muestra del poco caso que la Comisión hace de las recomendaciones del Parlamento y de los típicos argumentos neoloberales que usa en contra de la gestión sin ánimo de lucro de los servicios universales :
– (pregunta) ¿Es verdad que la Comisión pide la apertura del mercado del agua en los países en desarrollo cuando los Estados miembros se niegan a hacerlo para ellos mismos?
- (respuesta) Es esa efectivamente una cuestión compleja. Estamo convencidos, en la Comisión, que , en este asunto del agua, tenemos buenas razones para dirigir demandas a los países terceros, por lo que concierne a la distribución del agua. Preciso que se trata de la “distribución del agua”, que se diferencia del problema del acceso al agua, el cual queda fuera del campo de aplicación del acuerdo de la OMC sobre servicios.
Consideramos, siguiendo en esto varios estudios internacionales, que si el miliardo o miliardo y medio de personas que no tienen hoy en día acceso al agua tienen que tener acceso en los diez anos que vienen, en este caso necesitamos financiación privada. El volúmen actual de capital que se tiene que invertir en infraestructuras de este tipo es de 200000 millones de dólares. Hoy en día el nivel (de inversiones) es de unos 70 – 80000 millones de dólares. La diferencia no se podrá cubrir sólo con financiación pública.
Consideramos por lo tanto que las negociaciones del AGCS, si están correctamente enfocadas, podrían contribuir utilmente a un esfuerzo internacional que ha sido emprendido para cumplir con los objetivos de la ONU del milenario en el ámbito del agua. [5]
Las “demandas” de la Unión Europea Asimismo, las 29 demandas filtradas a la campana europea contra el AGCS vienen claramente dictadas por los intereses de los miembros del Foro Europeo de Servicios:
- Muchos países en desarrollo no habían incluido en sus compromisos específicos los “servicios medioambientales” ni los servicios de correo. La UE les emplaza a incluirlos,es decir a abrirlos a la competencia extranjera. Los servicios medioambientales incluyen la recogida, la purificación y la distribución del agua. Si bien ya hay muchas multinacionales europeas del agua en América Latina por ejemplo, hasta ahora no se han podido “beneficiar” de todas las ventajas que se reservan a las empresas locales. Esto no ha impedido la inversión, pero esta inversión podría ser incluso más ventajosa y sobre todo, las empresas podrían conseguir compensaciones en caso de que, por revueltas sociales por ejemplo, no consiguieran los beneficios esperados.
- En muchos casos se hacen demandas acerca de los compromisos “generales” también, sobre todo por lo que respecta a la propiedad de la tierra, que a veces es limitada a los residentes (se emplaza a los gobiernos a “abolir esta restricción”); la propiedad de las empresas (por ejemplo, en Indonesia sólo se puede tomar parte en “joint ventures”, y una empresa extranjera no puede adquirir más de 49% del capital de las mismas: se pide a Indonesia que suprima esta restricción); los impuestos que graban las salidas de dinero del país – por ejemplo intereses y dividendos (en Indonesia existe una tasa de 20% para los no-residentes: la UE le dice al gobierno indonesio que se olvide de estas tasas); también tienen los países a menudo exigencias en cuanto al porcentaje de personal local que una empresa extranjera tiene que contratar (por ejemplo, en Colombia, tiene que ser al menos 90% de la plantilla poco cualificada y 80% de la cualificada): la UE rechaza este tipo de restricciones también.
Como se puede ver, las nuevas negociaciones refuerzan más aún el enfoque del AGCS como acuerdo de inversiones.
Próxima parada: la mercantilización de la educación
No sabemos cuales son las demandas que se hayan hecho a la Unión Europea. Sin embargo se puede temer lo peor, ya que los lobbies americanos están presionando muy fuerte para tener acceso a los “mercados” de la salud y de la educación, entre otros.
Precisamente, sobre el tema del comercio de la educación se ha celebrado a finales de mayo 2002 un seminario organizado por el Centro de Investigación Educativa y de Innovación (CERI) de la OCDE, el Departamento de Educación de EE.UU así como el Departamento de comercio exterior, el Comité Nacional (americano) para el Comercio Internacional en materia de educación, el Centro por el Seguro de Calidad en la Educación Internacional (un lobby potente americano que redactó el documento sobre educación de la OMC de cara a Seattle), y el Banco Mundial.
Participaron todos los países de la OCDE. En vistas a los intereses que ahí se expresaron, parece claro que la mercantilización directa y generalizada de la educación esté a la vuelta de la esquina, a pesar de todas las denegaciones ya mencionadas.
El Foro se centró en la educación superior, pues es el sector más “maduro” para una liberalización del comercio. Según el informe de un participante, el foro estaba claramente montado para persuadir a los países miembros de l OMC de llegar a compromisos específicos en este sector. El vicerepresentante del departamento de comercio americano, Joseph Popovitch, dijó que “los compromisos existentes en materia de educación en el AGCS son pocos (NB cuatro países tienen compromisos específicos en este sector); desde EE.UU nos esforzaremos para lograr más compromisos por parte de nuestros colegas miembros de la OMC” (es decir, EE.UU ha probablemente hecho muchas demandas en este sector a distintos países, entre ellos, la UE, y presionará para que en la fase de “ofertas” que empieza ahora, los gobiernos acojan favorablemente sus demandas). Según Douglas Baker, que trabaja con Popovitch, “El Comercio en la Educación se ha vuelto un enfoque central de la política exterior y de comercio de EE.UU, porque el comercio en este sector mejora considerablemente el balance comercial, y construye la paz internacional mediante la promoción de los valores americanos en el extranjero”(sic).
Ambos apuntaron a las “barreras” existentes en el comercio de la educación, que incluyen: “la concepción de la educación post-secundaria como producto del Estado; las medidas que restringen el acceso al mercado para los proveedores extranjeros; las restricciones sobre propiedad extranjera de universidades y colegios; y las legislaciones que impiden o limitan la acreditación de proveedores extranjeros”.
Lo más llamativo fue sin duda cuando el representante del Banco Mundial (apoyado por el ministro brasileno de educación) invocó las necesidades enormes y crecientes de los países en desarrollo en el ámbito de la educación y su incapacidad para hacer frente (lo cual no deja de ser irónico por parte de una institución que, junto con el FMI, ha desmantelado los sistemas de educación pública que existían en estos países, mediante los planes de ajuste estructural). Hizo por lo tanto un llamamiento emocionante a los “proveedores de educación” de los países desarrollados para que invitieran en estos países, lo cual requiría cambios de las regulaciones en algunos casos, para expandir las posibilidades de hacer pagar los servicios educativos a su coste total (full cost recovery).
Finalmente, es de resaltar las divergencias que aparecieron entre Estados miembros de la UE en cuanto a la inclusión de la educación como “compromiso específico” en el AGCS. Según el informante, Bélgica, y también Francia estaban muy en contra, mientras Alemania, Holanda, y el Reino Unido expresaron interés. El ministro noruego propuso la creación de una “coalición de naciones” para promover el comercio de la educación en las actuales negociaciones del AGCS. [6]
Un paso más en el desmantelamiento de las legislaciones nacionales
Además de estas negociaciones sectoriales, se ha puesto en marcha un grupo de trabajo de expertos del AGCS (apoyado muy expresamente por el comisario Lamy) sobre las regulaciones domésticas (mandato del art. VI). Lo que se pretende es introducir un “test de necesidad” para cualquier regulación o legislación – es decir que expertos de la OMC podrán decidir que una ley es demasiado “restrictiva” para el comercio, y que por lo tanto se debe abolir. Cuando se sabe que en todas partes (y particularmente en EE.UU y en la Unión Europea, pero también mediante Naciones Unidas y su “global compact”) se está promocionando la responsabilidad social de las empresas como substituto de la legislación, uno puede imaginar que cualquier norma parezca “innecesaria” a este comité, ya que siempre se podrá decir que las empresas pueden libremente regularse a si mismas.
Notas:
[1] vease Stop the GATS Attack Now! www.polarisinstitute.org
[2] An introduction to the GATS (Secretariado de la OMC, Octubre 1999)
[3] La Declaración de Bolonia y una explicación del así llamado “proceso de Bolonia” se pueden leer en el sitio web del Consejo de Europa (
www.ceo.org).
[4] citado en Erik Wesselius, Behind GATS 2000: Corporate Power at Work. Transnational Institute. The World Trade Organisation Series No 4.
[5] sesión parlamentaria del 14 de Mayo 2002. El acta integral de la sesión se encuentra en www.europarl.int
[6] Vease el informe de David Robinson, Vicedirector de la Canadian Association of University Teachers. www.caut.ca
[7] Se puede encontrar en www.icftu.org
Annexo
Declaración de los ATTAC Europa sobre el GATS
Las movilizaciones de Seattle en noviembre de 1999 consiguieron hacer fracasar la ronda de negociaciones conocida como «ronda del milenio» de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Sin embargo, apenas un mes después, los gobiernos de los estados de la OMC emprendieron, con la mayor discreción las negociaciones programadas en el llamado Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS, GATS en inglés) en el marco de la OMC. El objetivo de este acuerdo es desregularizar y privatizar todos los servicios públicos mediante su comercialización satisfaciendo de este modo el ansia de beneficios y de poder de las transnacionales. Manifestamos, en contra, que un servicio público no puede regirse por criterios de rentabilidad económica sino de interés social.
Desde la apertura de las negociaciones en enero del 2000 se han realizado movilizaciones ciudadanas en los cinco continentes. Las reiteradas llamadas que hemos hecho a nuestros gobiernos para que detengan esta carrera desenfrenada de mercantilización del planeta y de las sociedades, no han sido escuchadas. Siendo así que en estos momentos ¡las negociaciones siguen, rodeadas del más absoluto secreto!
Una filtración reciente nos ha permitido conocer las demandas que, en nuestro nombre pero en realidad al dictado de las transnacionales europeas, hace la Comisión Europea a otros países miembros de la OMC. Por ejemplo, a los países de América Latina se les pide la derogación de sus leyes de protección de las costas marítimas para así poder apropiarse de esos terrenos y especular con ellos. Es evidente que las grandes cadenas hoteleras europeas están impacientemente esperando poder construir hoteles de lujo allí, sin preocuparse de ningún modo de las consecuencias sociales y medioambientales. Sólo es un ejemplo de la ofensiva de la Comisión Europea a favor de las transnacionales y en contra de leyes que se han votado en parlamentos democráticamente elegidos.
El AGCS amenaza a los servicios públicos de todos los países de forma que en aquellos que son embrionarios o están poco desarrollados, la competencia extranjera los destrozará; en el caso de que fueran inexistentes, no podrán llegar a crearse, con las consecuencias que esto acarrea para el acceso a bienes comunes básicos y para la vida diaria, de las mujeres en particular.
Del mismo modo que la Comisión Europea está haciendo de espaldas a sus ciudadanos demandas de liberalización del sector público, otros países, especialmente Estados Unidos, están planteando, también en secreto, exigencias semejantes a la UE. Es evidente cuales son estas demandas teniendo en cuenta las enormes “expectativas” despertadas en torno a los ‘mercados’ de la educación, la sanidad y los servicios sociales. En efecto, la financiación pública del sistema educativo o de la sanidad, las exigencias nacionales de títulos a los maestros, a los profesores y a los médicos, la responsabilidad del Estado en la definición de los curriculum, todo esto, los lobbies americanos lo consideran, según la perversa tergiversación del lenguaje propia del neoliberalismo, como «barreras al comercio» y no como lo que son: leyes y normas que regulan el acceso universal e igual para todos a los servicios públicos.
La «apertura» de la educación, de la sanidad, y de todos los servicios públicos a la competencia comercial se hace a través de múltiples vías y el AGCS es la más peligrosa. La desregulación y la privatización de las telecomunicaciones está muy avanzada, en unos países mas que en otros, mientras que las de transportes, energía, correos, siguen su curso, en el marco de la «estrategia europea de competitividad». La Mesa Europea de Empresarios (ERT), la UNICE y el Foro Europeo de Servicios (ESF), tres de los lobbies empresariales más poderosos, llevan años exigiendo los que ellos llaman «apertura» de la educación al mundo empresarial, a sus modos de gestión y a su ideología, labor para la que cuentan con el apoyo diario de los medios de comunicación, casi todos en sus manos.
La crítica constante al funcionamiento de los servicios públicos, ha conseguido que una parte importante de la ciudadanía acepte la falacia de que estos servicios serían mucho más «eficaces» si se entregaran a la competencia del mercado. No dudamos en que hay que mejorar su eficacia pero no para permitir que se los apropien las transnacionales, sino para mejorarlos y reforzar su carácter público. Pensamos que es necesaria una mejor y más amplia financiación de estos servicios para mejorar su calidad (en el sentido genuino de la palabra) y el acceso de todos en condiciones de igualdad. En este sentido es urgente, como venimos reclamando desde ATTAC, aumentar los impuestos a las rentas del capital y así ampliar los recursos necesarios para estas mejoras. Rechazamos tajantemente el dogma neoliberal y no aceptaremos ni el objetivo de entregar los servicios públicos a los intereses privados ni los procedimientos completamente antidemocráticos mediante los cuales se trata de alcanzar ese objetivo.
Queremos alertar a la opinión pública sobre la gravedad de las negociaciones actuales en el marco del AGCS. En concordancia con las conclusiones de la conferencia ministerial de la OMC en Doha en Noviembre 2001, la Comisión Europea tiene hasta el 31 de marzo de 2003 para comunicar a los otros países de la OMC los campos que está dispuesta a «liberalizar», otra vez en nuestro nombre, sin que sepamos nada al respecto. Esta estrategia de propaganda ideológica a través de los medios acompañada de negociaciones secretas es intolerable.
En el primer semestre de 2002, una serie de colectivos, organizaciones sindicales, y movimientos sociales incluyendo ATTAC hemos lanzado una campaña de cartas a los gobiernos y al Comisario europeo de comercio, exigiendo, como primer paso y de forma inmediata, hacer público el contenido de las negociaciones. Pero ni siquiera esta exigencia de mínimos democráticos ha recibido la menor consideración. Además tanto el Parlamento Europeo como los Parlamentos nacionales han sido completamente apartados de estas negociaciones.
Ante el talante antidemocrático de nuestros gobernantes que desprecian sistemáticamente las preocupaciones y los intereses de la ciudadanía, hacemos un llamamiento a emprender un proceso de movilización general y de lucha en todos los países y a escala europea para defender nuestros servicios públicos.
Llamamos a una movilización general en contra del AGCS y de todos los procesos de desregulación y privatización de los servicios públicos actualmente en marcha. Proponemos que todos los sindicatos, las plataformas de defensa de los servicios públicos, los colectivos ciudadanos y los movimientos sociales, así como la ciudadanía en su conjunto, nos convoquemos particularmente cada vez que haya una cumbre europea.
Expresamente, asumimos y nos solidarizamos con la gran manifestación unitaria europea convocada por decenas de organizaciones, movimientos sociales y sindicatos en defensa de los servicios públicos y contra el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS-GATS) el 29 del presente mes de junio en Ginebra.
Exijamos todos y todas unos servicios públicos, iguales para todos, cuya gestión y evolución sea transparente, participativa y democrática.
Sevilla, 22 de junio 2002
