El gobierno francés ha adoptado dos decretos –publicados el 6 de febrero y el 5 de marzo de 2015– que permiten bloquear o suprimir el referenciamiento de los sitios de internet «que inciten a [la realización de] actos de terrorismo o hagan la apología de este y de los sitios que difundan imágenes y representaciones de menores con carácter pornográfico» [1].
Contradiciendo la tradición jurídica y los principios mismos del derecho, la autoridad administrativa francesa podrá en lo adelante tomar esas decisiones de censura sin control de la justicia. Cuando más, sólo tendrá que informar a la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), que no pasa de ser una simple comisión administrativa.
Desde 1939 y hasta 2010, el Estado francés ya disponía de ese privilegio en el campo de la prensa escrita con la ley sobre el «control de la prensa extranjera». Con esa ley se admitía, en los casos en que parecía difícil perseguir a los autores, editores o casas que imprimiesen ciertos libros extranjeros en territorio francés, que el ministro francés del Interior podía simplemente prohibirlos sin que esa decisión estuviese sometida a control de la justicia.
La Red Voltaire ha sostenido siempre, por principio, que en el mundo de la prensa –ya sea escrita o de cualquier otro tipo– no deben existir prohibiciones impuestas sin control de un juez. De manera particularmente mal intencionada, algunos periodistas nos han acusado de apoyar el contenido de ciertas publicaciones sin precisar que nuestra posición no tiene que ver con el contenido del material censurado sino con el modo de aplicación de la censura.
Por desgracia, la Historia está llena de casos que demuestran que el Estado comienza censurando textos efectivamente indefendibles para utilizar después esa misma censura como una arma de represión política.
