Respuesta a Hugo Yasky
Héctor Daer defendió las rebajas salariales
El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, defendió el acuerdo realizado con la Unión Industrial Argentina para que los trabajadores sufran rebajas salariales del 25 por ciento debido a la suspensión de actividades por el coronavirus.
El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, defendió el acuerdo realizado con la Unión Industrial Argentina para que los trabajadores sufran rebajas salariales del 25 por ciento debido a la suspensión de actividades por el coronavirus.
Imagen: Guadalupe Lombardo
El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, defendió el acuerdo realizado con la Unión Industrial Argentina para que los trabajadores sufran rebajas salariales del 25 por ciento debido a la suspensión de actividades por el coronavirus. Las dos CTA habían criticado este acuerdo. En diálogo con este diario, el diputado y Secretario General de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, había aclarado que «hubiese sido otra cosa totalmente distinta si se tenían en cuenta las distintas organizaciones gremiales y se planteaba como base del acuerdo para garantizar, en las empresas que tienen productividad cero, la continuidad del 75 por ciento del salario. Y que se recuperaría cuando la actividad retomara su ritmo normal».
Con respecto al acuerdo que implica una rebaja del 25 por ciento del salario, Daer señaló que «genera certidumbre a toda esta nebulosa de gente que viene de hace 45 días sin trabajar, y que va a continuar así hasta el 10 de mayo”. Luego aseguró que aquello “le pone un piso a todas las negociaciones” porque “a partir de ahí se podrá acordar el 100 por ciento del salario o lo que fuera, pero ninguna suspensión puede estar por debajo del 75 por ciento del salario neto, y esto también obliga a sostener la fuente de trabajo”. Por último, agregó que “por lo menos van a tener ingresos y se va a preservar la fuente de trabajo”.
“Quienes hacen home office cobran el 100 por ciento del salario, igual que los que tienen patologías y no pueden ir a trabajar”, aclaró el Sectetario general de la CGT y señaló que “estos acuerdos van a permitir al país la salida de la crisis». «De esto, la economía, la sociedad y el país en general salen con un gran acuerdo político, con todos los actores sociales. La salida de la pandemia va a ser también con muchísimo esfuerzo», puntualizó Daer.
Yasky había criticado a la CGT ya que, según sus palabras, esta «tuvo la incapacidad de sacarle la lapicera de la mano a los empresarios», y aseguró que, por otro lado, «fue un error político».
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Municipio de Tigre: Con barbijos, trabajadoras y trabajadores salieron a exigir sus derechos
Cuando el 20 de marzo fue declarado el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, los trabajadores de servicios de salud
quedaron fuera del aislamiento por obvias razones. Entre ellos se
encuentran quienes trabajan en Violencia de Género e Infancia, área
sumamente sensible, por eso el trabajo constante de la Ministra de
Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
En el
Municipio de Tigre, con buen criterio, el Área de Fortalecimiento Familiar fue
declarada un servicio esencial, pero a partir del inicio de mayo, dicho
criterio desbarrancó. El Municipio despidió a 14 trabajadoras, por lo cual el
lunes 4 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, Cicop (Asociación Sindical de
los Profesionales de Salud de la provincia de Buenos Aires) y gremios
acompañantes realizaron una concentración delante del Palacio Municipal.
Tanto
Cicop como Suteba Tigre aclararon que apoyan el aislamiento social, preventivo
y obligatorio.
Entre los referentes de Cicop estuvo presente Marta Márquez,
quien informó que “despidieron a 14 trabajadoras del Área de
Fortalecimiento Familiar, no sabemos por qué, después de declararlas
personal esencial cuando se inició la pandemia”.
“Son
trabajadoras absolutamente precarizadas, con contratos de monotributistas,
desde hace 3 o 4 años, es decir que facturan, pagan de su bolsillo el
monotributo, no desde hace 2 meses, desde hace años. Esto es fraude laboral
encubierto”, continuó la representante gremial.
El
sindicato solicitó una mesa de diálogo con funcionarios municipales; si bien el
diálogo se abrió, con los trabajadores en la calle, no se llegó a un acuerdo
satisfactorio.
Integrante del Equipo de Infancia, la psicóloga Luciana Pascue habló con este medio, aclarando que sus jefas directas son Graciela Baso y Natalia Olivetti, además de Natalia Reynoso – Subsecretaria – y Cecilia Ferreira, Secretaria de Desarrollo Social. “Ellas nos dijeron que están peleando nuestros puestos de trabajo, pero es una sinvergüenzada porque ninguna fue capaz de llamar para dar esta terrible noticia y pelear nuestros puestos antes de esta movilización”.
Luciana estuvo trabajando hasta el 30 de abril, “incluso
teniendo una licencia por tener un hijo a cargo, pero igual decidí
cumplir mis funciones”, explicó, agregando que fueron las mismas
trabajadoras las que armaron un cronograma de trabajo porque “no hay una
dirección coherente”.
Llegando
a fines de abril, las trabajadoras pidieron a sus directoras información sobre
la renovación de sus contratos y Natalia Reynoso les dijo que se quedaran
tranquilas, que no había respuestas negativas y que ya las iban a llamar. “Y el
sábado me llamaron para dejarme sin trabajo, una chica llamada Érica, que no
conozco, que no es autoridad”.
Luciana
estima que esto es una represalia por un paro que hicieron el año pasado dado
que ya no aguantaban más los malos tratos de un director. “También en ese
momento solicitamos la restitución de cargos porque el servicio se viene
vaciando desde la dirección de Jimena Guzmán”.
La entrevistada manifestó que, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio aumentó la demanda al servicio de Infancia, pues “no hay instituciones barriales que puedan tomar la demanda de los vecinos porque está todo cerrado, así que el servicio municipal es el único lugar al que la gente puede acceder”.
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Los peones rurales temporarios no fueron incluidos entre los beneficiarios del IDE
Los trabajadores golondrina reclaman acceder al Ingreso Familiar de Emergencia
Por Laura Vales
Imagen: Adrián Pérez
Los Sindicatos de Trabajadores Rurales de la Corriente Federal reclaman que los trabajadores golondrina puedan cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, es decir el bono de 10 mil pesos dispuesto para los trabajadores informales o monotributistas que quedaron sin ingresos por la cuarentena. “Miles de trabajadores rurales hoy están sin ingresos porque terminaron las cosechas o porque la cuarentena achicó la actividad económica. Son trabajadores que no pueden incorporarse a ningún programa de la seguridad social porque la mayoría figura como registrado: por usos y costumbres, el patrón no los da de baja cuando termina la cosecha, ni el Estado tiene un mecanismo para que esto suceda automáticamente. Están pasando situaciones muy duras, pero no fueron incluidos entre quienes pueden pedir el IFE”, señaló Ernesto Ojeda, titular de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria.
El dirigente integra un sector de gremios agrarios opuesto a la conducción de la Uatre, el sindicato tradicional del sector fundado por Gerónimo Venegas, que históricamente se ha movido en sintonía con las patronales del campo. Integran este polo de sindicatos opositores la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (Atres), el Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, el Sindicato de Trabajadores Agrarios de San Juan y el de Tucumán, la Asociación de Trabajadores de Santiago del Estero ‑que agrupa a los golondrinas- y el Sindicato de Quinteros de Santa Fe.
Estos gremios rurales, que se agrupan en la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (Fetap), vienen reclamando al gobierno nacional medidas de apoyo desde el inicio de la cuarentena. Señalan que los más afectados son los cosecheros o trabajadores golondrina. “Nuestra actividad es primaria porque abarca las tareas que van hasta la preindustria, y es cíclica, porque el tiempo de siembra, siega, cosecha y clasificación de productos como la uva, el tabaco, la yerba, el algodón, el azúcar, está sujeta a ciclos. Pedimos que nos permitan inscribirnos en el IFE porque el Poder Ejecutivo, cuando identificó a los sectores vulnerables de bajos ingresos o transitoriamente sin trabajo, no incluyó a los trabajadores rurales temporarios. En estos meses no tuvimos ingresos en las provincias donde se terminó la cosecha y por las dificultades de circulación que impone la pandemia, que ha reducido las fuentes de trabajo”, señaló el referente.
En el país hay 50 mil trabajadores temporarios rurales, según los datos de la federación. El conjunto había logrado, durante el gobierno de Cristina Kirchner, un subsidio intercosecha para atravesar los meses sin actividad. Sin embargo, con la asunción de la gestión macrista, esa política de ingresos fue desarticulada: el intercosecha se pagó sólo a algunos sectores y quedó congelado en el valor al que había llegado en 2015, de 2300 pesos.
Los reclamos de la Fetap tuvieron una primera respuesta del gobierno nacional hace diez días, cuando el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en una reunión por videoconferencia con legisladores de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, anunció que el Estado nacional resolvió “actualizar el monto del subsidio intercosecha”. Si bien no detalló el valor del aumento, de manera informal trascendió que sería llevado a 4600 pesos a partir del mes de mayo.
Los gremios valoraron la medida como positiva, aunque señalan que no alcanza para descomprimir la difícil situación económica de los trabajadores temporarios, que deberán esperar a principios de junio para cobrar un aumento que, si bien es importante en términos porcentuales, no lo es en poder adquisitivo.
“Son trabajadores que reúnen todas las condiciones para ser beneficiarios del bono de 10 mil que el Gobierno otorgó a los que quedaron sin ingresos por la pandemia, pero no pueden acceder a él porque no encuadran”, definió Ojeda.
El dirigente atribuyó el problema a que la Uatre, el gremio de los peones rurales, “no informa al gobierno nacional sobre la realidad de los trabajadores del campo”. “Como el gobierno nacional depende de la información de Uatre, estamos ausentes siempre. Esa es la tarea, su acuerdo con las grandes patronales. La Uatre no reclama ni informa. Ahora, que ya va a salir el aumento del intercosecha, recién informa a sus regionales que publique el anuncio, incluso se lo atribuye como de su gestión, cuando nunca reclamó, ni ahora ni durante el macrismo, gobierno del que fue parte. El subsidio interscosecha estaba congelado en 2015 y nunca reclamaron, sólo salimos a la calle nosotros. El mecanismo que usó Cambiemos para vaciarlo fue pasarlo de la órbita del Ministerio de Trabajo y ponerlo a cargo del minsitro de Agricultura (Luis) Etchvehere, que era al mismo tiempo presidente de la Sociedad Rural. Entonces, lo descuartizaron. Uatre no pidió nunca cuando gobernó Cambiemos porque estaba con Macri, ni pide ahora porque ese es el compromiso histórico que tiene con la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace”.
Ojeda pidió que el Estado incorpore un mecanismo para que, terminada una cosecha, el trabajador temporario sea dado de baja en el sistema cuando su empleador no lo hace. “Nuestra actividad es cíclica y además va rotando por región: de agosto a diciembre tenés cosecha de sandía, de diciembre a abril tenés otro tipo de frutas, la yerba tiene su calendario, el tabaco también. Esa diversidad productiva hace a un calendario productivo que hay que sistematizar. El Estado no lo sistematiza, Uatre no informa y entonces nadie entiende nada. Al no entender el funcionario, por más que te quiera ayudar no le resulta fácil”.
Durante el último gobierno kirchnerista fue creado un nuevo régimen de trabajo agrario que reconoció derechos a los trabajadores temporarios del campo. Sin embargo, muchos de los avances logrados con la implementación de esa ley se perdieron a partir de 2015. El macrismo junto con la Uatre desarmó, por ejemplo, el Renatea, el registro que fiscalizaba el empleo en el sector rural. Con su disolución, el trabajo rural volvió a quedar no sólo desregulado, sino fuera de la mirada del Estado nacional.
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Denuncia penal de la UOM contra Techint por violación de la cuarentena
Es contra la planta de la firma Ternium-Siderar de la localidad bonaerense de Canning. Según la acusación, se realizan operaciones no autorizadas para desarrollar en medio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.
Denunciaron penalmente a la empresa del hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca, por violación de la cuarentena. La demanda es contra la planta de la firma Ternium-Siderar de la localidad bonaerense de Canning.
Según la acusación a la que accedió el diario Ámbito Financiero, se están realizando operaciones no autorizadas para desarrollar en medio del aislamiento preventivo, social y obligatorio en el que se encuentra nuestro país.
La denuncia la presentó hoy la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ante la Justicia federal por la supuesta violación de las pautas de la cuarentena en una planta. La presentación fue hecha por los dirigentes Ceferino Fernández y Sergio López de la seccional Avellaneda de la UOM.
Por otra parte, en paralelo radicaron una denuncia administrativa ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. «La imputación fue por la presunta violación del artículo 205 del Código Penal que impone penas de seis meses a dos años de prisión para quien ‘violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”», difundió Ámbito.
Según los dirigentes, Ternium, que fabrica chapas de acero, cuenta con una autorización de la Secretaría de Industria para mantener una dotación mínima de personal en actividad para desarrollar una tarea puntual que no debe ser interrumpida.
En la siderurgia, donde no se apagan los hornos, existen contados rubros que forman parte de procesos continuos. Sin embargo, en la presentación se advierte que “sin contar con autorización expresa de autoridad competente, la empresa ha intentado obligar a más de cien trabajadores que se encontraban cumpliendo aislamiento obligatorio para que concurran al establecimiento a cumplir tareas habituales”.
“La empresa habría gestionado ante la Municipalidad de Ezeiza una autorización irregular para ampliar sus actividades, en momentos en que tanto ella como el municipio habrían conocido que no se contaba con las facultades para expedir tal autorización”, añaden los denunciantes, y explican que los operarios se rehusaron a concurrir a sus puestos incluso a pesar de que en esa condición perciben “menos del 50% de sus remuneraciones”, tanto por temor a un posible contagio como por “la determinación de no contribuir al quebrantamiento indebido del sistema preventivo de confinamiento”.
Asimismo, al estar al tanto de la denuncia, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, negó haber expedido autorización alguna para la ampliación de actividades en la planta de Ternium y alegó que “la municipalidad no tiene las facultades para habilitar o no una actividad que está regulada en la emergencia por el Poder Ejecutivo nacional”.Qué dice Techint
La empresa respondió a la denuncia. En diálogo con El Destape, uno de sus voceros indicó: «El Centro Productivo Canning perteneciente a Ternium cuenta con todas las habilitaciones necesarias para operar, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 297, las Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete nº 429 y 450, y resolución de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de fecha 23÷3÷2020».
Además, afirmó a este portal que Techint «en sus actividades da íntegro cumplimiento al Protocolo de Higiene y Seguridad Emergencia COVID-19 que ha sido implementado en la planta, con estricto apego a las normas vigentes».
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Los repartidores paran este viernes: reclaman un aumento y mejores elementos de higiene
Al igual que hace dos semanas, se movilizarán desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo. Dicen que por la pandemia de coronavirus bajó su trabajo, pero aumentó su exposición al contagio.
4 de Mayo de 2020
Trabajadores repartidores de Glovo, Rappi, Pedidos Ya, Uber-Eats, entre otras empresas de reparto a domicilio, convocaron a un paro general para el próximo viernes, con movilización en distintos puntos del país, en reclamo de un «aumento salarial del 100 por ciento» y para denunciar su precariedad laboral en el sector, agravada por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
Así lo informó Maximiliano González, de la Asociación de Trabajadores de Reparto (ATR), quien recordó que la medida de fuerza fue resuelta en una asamblea de los trabajadores del sector «donde por unanimidad se votó un nuevo plan de lucha, por los reclamos ya conocidos de elementos de seguridad e higiene, y por un aumento del 100% del pago por cada envío» de mercaderías.
«Hemos decidido además sumarnos al reclamo de justicia por Emma y Franco, repartidores muertos en horario de trabajo, y por la reincorporación inmediata de todos los trabajadores desvinculados por luchar», añadió el vocero.
Los trabajadores y trabajadoras de la ATR realizarán el paro de actividades el próximo viernes, con movilización ‑a partir de las 11- desde el Obelisco porteño a la sede del Ministerio de Trabajo, ubicado en la avenida Callao al 100 de esta ciudad.
El mes pasado, también, los trabajadores nucleados en la ATR se sumaron al primer paro mundial de los trabajadores del sector por las mismas reivindicaciones.
«Estamos reclamando en el marco de la pandemia, un aumento del 100 por ciento de cada viaje que realizamos porque nos han bajado los pagos, nos bajaron los viajes y nos estamos exponiendo con nuestra vida cada vez que salimos a trabajar», explicaron en un comunicado.
Anunciaron también que durante la movilización del viernes próximo exigirán que se les provea de «elementos de higiene en calidad y en cantidad, alcohol en gel, barbijos y guantes».
Con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la protesta de los Trabajadores de Reparto se desarrollará también en Mar del Plata, Corrientes, Neuquén, Rosario, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, distritos donde tiene representatividad la ATR, explicaron los voceros.
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Preocupación en los canillitas porque las ventas cayeron 60%
Los canillitas jujeños sufrieron la caída del 60% en la venta de diarios por la pandemia del coronavirus, que además cortó su habitual circuito comercial y el trato directo con sus clientes, mientras que tuvieron inconvenientes en algunos casos para ocupar sus paradas en la vía pública por los miedos al contagio.04/05/2020 00:01:00
«Las ventas se han ido por el piso porque la gente tampoco podía salir a la calle a comprar», dijo a Télam Rolando Canchi, un conocido vendedor de diarios y revistas de Jujuy.
El canillita contó que la actividad que desarrollan está exceptuada por el decreto presidencial por considerarse «esencial» pero igualmente esto no les permitió mantener las ganancias.
«Normalmente, los vendedores retiran de las distribuidoras 25, 30 o 100 diarios pero la venta apenas representa ahora la mitad de eso», afirmó el trabajador, que tiene su puesto en la puerta de un supermercado del barrio Ciudad de Nieva, de esta ciudad.
Con un movimiento comercial casi nulo por el aislamiento obligatorio, con cierre de negocios, bares, cafeterías, oficinas y paseos públicos, el recorrido habitual de los canillitas se vio además limitado por las medidas de prevención por el coronavirus.
La cuarentena puso al descubierto las condiciones precarias de una actividad que apenas garantiza los ingresos diarios necesarios para subsistir, sin un salario fijo, sin contención y, como ocurre con otros trabajos independientes, que no cuentan con un apoyo institucional o gremial en la provincia.
«Nos sentimos desprotegidos, nuestro sindicato (Sivedraj) atraviesa por un estado de acefalía. La situación golpea a muchos compañeros que, al no poder vender diarios y revistas, han tenido que asistir a comedores comunitarios, mientras que otros se apoyaron en sus familiares», relató Canchi.
A esas dificultades se suman los protocolos de seguridad que les permiten trabajan sin exponerse al coronavirus: los trabajadores tuvieron que implementar el uso de barbijos, el acceso a alcohol en gel y también una provisión de guantes.
Raúl Gutiérrez, un canillita de 59 años, contó a Télam que en promedio vendía cerca de 30 diarios entre los de circulación local y los periódicos nacionales, pero a causa de las medidas de aislamiento ha tenido una «merma de más del 60%».
«Al comienzo de la cuarentena sentía temor de salir a trabajar por los contagios, pero a pesar las medidas que se están tomando soy consciente de que la salud está primero», dijo.
Como muchos de sus compañeros, la situación lo golpea pero se mostró optimista y contó que aprovechó estos días para compartir más tiempo con su familias y para poner en condiciones la bicicleta con la que realiza los repartos.
«Nosotros desempeñamos una actividad esencial porque pasamos a ser un vínculo con la gente, los lectores, a quienes les garantizamos la libertad de información», aseguró el canillita vecino del barrio Mariano Moreno, con más de 40 años en el oficio.
Pero la cosa está dura y lo confirma también Víctor Villafañe, propietario de un puesto de venta de diarios y revistas en pleno centro capitalino desde hace 20 años, que comentó que vienen trabajando solo mediodía porque «no se vende» además de que «no llega la mercadería».
«Antes de esta crisis sanitaria, yo tenía asegurada una venta mínima de 20 diarios y ahora es menos de la mitad», contó a Télam.
«Todavía nos estamos adaptando a los cambios, nos cuesta como a todos, pero hay esperanza de que esto mejore si se sigue flexibilizando la cuarentena en especial del sector comercial», expresó.
Los canillitas entrevistados se refirieron a los inconvenientes que atravesaron varios de vendedores, especialmente los ambulantes, luego que «la policía los desalojó de sus habituales paradas en las calles tal vez por desconocimiento ya que la actividad está permitida», opinaron.
En solidaridad con sus compañeros, un grupo de canillitas difundió un comunicado en el que denunciaron «hostigamiento» por los reiterados episodios.
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Pese a que no dejó de producir, Arcor lanza recortes salariales a sus empleados
La gigante alimenticia le recortó los salarios a los empleados de licencia. Pese a que no dejó de producir ni de facturar, dejó de pagar los plus y el presentismo al personal en grupos de riesgo.04/05/2020 14:07:00
La poderos gigante alimenticia Arcor lanzó con los salarios de abril un recorte para todos aquellos que están comprendidos dentro de las licencias que estipuló el Gobierno Nacional en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Coronavirus.
La firma se niega, quebrantando el principio de igualdad de derechos, a abonar las licencias de los trabajadores que poseen niños y niñas a su cargo.
Además, decidió de manera unilateral no pagar el presentismo y el diferencial por hora nocturna a quienes forman parte de los grupos de riesgo, por lo que están en uso de licencia forzada.
La situación fue condenada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación que decidió el «estado de alerta» en la compañía.
El gremio que lidera Rodolfo Daer catalogó el accionar de las empresas que integran el Grupo Arcor de «mezquino y especulativo».
Además le demandaron a la empresa «un reconocimiento salarial adicional, similar al que se otorgó a otros trabajadores exceptuados del aislamiento, para los operarios y operarias que prestan servicio diariamente durante la vigencia de la cuarentena para garantizar la producción de alimentos en medio de la pandemia».
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«Nos hubiese gustado que se respetara el decreto que decía que a todo el mundo en cuarentena se le pagaba el 100%»
La UOM La Matanza salió a cruzar la decisión del gremio nacional de pactar suspensiones con recortes salariales. Advirtió que los salarios de los metalúrgicos «son bajos» como para encima recortarlos.04/05/2020 17:22:00
Debido a la retracción productiva de la metalmecánica a partir del inicio de la cuarentena y la consecuente paralización de las fábricas, el sindicato de metalúrgicos UOM y las cámaras del sector empresarial firmaron un acuerdo para el pago del 70 por ciento del salario bruto, que representa el 86 por ciento del neto, para los trabajadores sin tareas durante la cuarentena.
La rubricación llegó horas después de lo firmado por la CGT y la vigencia del entendimiento será por un cuatrimestre. Además incluye un compromiso de mantener todas las fuentes de trabajo.
«Este acuerdo genera una situación un poco diferente al acuerdo anterior que quiso hacer nuestro secretario nacional con el 75 por ciento neto; es un poco mejor, pero volvemos a decir que no estamos de acuerdo. Nos hubiese gustado que realmente se respetara el decreto del Presidente donde decía que a todo el mundo en cuarentena se le pagaba el ciento por ciento de los salarios», advirtió el secretario General de la UOM de La Matanza, Hugo Melo, en declaraciones al medio local El1 Digital.
El descuento salarial para los metalúrgicos será de aproximadamente un 14 por ciento del salario neto, cifra que mejora el 25 por ciento que se había fijado como tope en el acuerdo UIA-CGT. «Ese 70 por ciento del salario bruto mejora un poco la situación, pero no soluciona los problemas», objetó Melo.
«Lo vemos diferente al acuerdo que se quiso firmar anteriormente, pero seguimos reiterando que los salarios de los trabajadores son bajos; realmente, no vemos que los empresarios hagan un esfuerzo para ayudar en todo esto»consideró el gremialista.
«Nos parece un poco complicado que se sigan haciendo esta clase de acuerdos» agregó y aclaró: «Trataremos, en La Matanza, de aplicarlo de la mejor manera posible».
Por otra parte, el dirigente señaló que «aquellas plantas que están produciendo algo, que están medianamente trabajando con alguna dotación mínima, se está logrando que de alguna forma se le pague el ciento por ciento».
«Cada empresa, cada planta, tiene una situación diferente, y, aunque estamos trabajando, la situación nos está prácticamente pasando por arriba a todos. Estamos tratando de encontrarles solución a todos y a cada uno de los problemas que están ocurriendo», prometió.
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La confitería París cerró y despidió a sus empleados por Whatsapp
La Confitería París, casi una tradición platense, cerró y le comunicó por a sus empleados esa determinación por Whatsapp. Los empleados esperan que reabra en unos meses.04/05/2020 15:39:00
La tradicional Confitería París, ubicada en la esquina de 7 y 49 en La Plata, confirmó que cerró sus puertas. Los trabajadores de la empresa se vieron sorprendidos ya que no fueron notificados formalmente al respecto y reclaman respuestas.
Según especificó InfoCielo, a las 8 de la mañana del sábado se reunieron frente a las persianas bajas de la confitería. «Me enteré por un mensaje de Whatsapp que estábamos siendo despedidos», contó Omar Dipuy, chofer y delegado de los trabajadores en el Sindicato de Pasteleros, y agregó: «Hasta que no nos manden un telegrama, vamos a seguir estando presentes. Además, todavía nos deben el sueldo de abril».
En la jornada de hoy tienen una reunión con el sindicato, que «ya mandó al Ministerio de Trabajo lo que corresponde».
La confitería había cerrado sus puertas al público a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para continuar con la actividad habían preparado ciertos menues que la gente podía pedir y se los enviaban. Por esta razón, la mayoría de los trabajadores seguían yendo, a excepción de los mozos. «La entrada de plata era otra, pero algo se movía», contó Omar.
La confitería cuenta con empleados que están hace varios años, como es el caso de Omar, que «el 20 de julio cumpliría 28 años trabajando acá. Creo que se están aprovechando de la situación para echar gente que tiene mucha antigüedad. Para mí en dos o tres meses van a volver a abrir».
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Proponen una ley para regular el teletrabajo y garantizar derechos de quienes hacen home office
Un proyecto de ley para crear un régimen jurídico del teletrabajo en relación de dependencia fue presentado hoy en el Senado de la Nación desde el Frente de Todos, en medio de los cambios en la modalidad de empleo que se produjeron en los últimos dos meses como consecuencia de la pandemia de coronavirus.04/05/2020 12:55:00
La senadora del Frente de Todos María Eugenia Catalfamo explicó que «es fundamental garantizar los derechos de las personas trabajadoras» ya que en el actual contexto «no existen leyes que regulen esta modalidad de trabajo».
«Con esta iniciativa buscamos impulsar el trabajo a distancia en el sector público y privado, sin dejar de lado los derechos de los trabajadores y trabajadoras«, afirmó.
El proyecto apunta a un plan de reconversión digital para las personas empleadoras mediante el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
«Pensamos, especialmente en las juventudes, en las personas con discapacidad o movilidad reducida, en los mayores de 60 años y otros grupos vulnerables», especificó.
La legisladora puntana dijo, además, que el teletrabajo incrementa la productividad y genera un impacto positivo en el ambiente porque, al utilizar menos el transporte público, se reduce el consumo de combustibles fósiles, entre otros beneficios.
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Gremio de visitadores médicos cerró suspensiones pero con salarios al 100%
A pesar de no poder desarrollar sus actividades con normalidad debido al contexto de la pandemia, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica acordó con las cámaras empresarias farmacéuticas el pago total de sus salarios.04/05/2020 10:08:00
Esta semana la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPMRA), cuyo secretario General es Salvador Agliano y su Secretario General Adjunto es Ricardo Peidro, acordó con las cámaras empresarias farmacéuticas CILFA y COOPERALA suspensiones, según el artículo 223 bis de la LCT, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo con el pago total de los salarios netos mensuales.
El 80% será de carácter no remunerativo y el 20% restante, debido a la asignación de tareas de un día por semana, será remunerativo. El acuerdo respecto del porcentaje mayor implicará un ahorro impositivo para las empresas.
Asimismo, se garantizan los puestos de trabajo y habrá una contribución patronal de emergencia de 2 mil pesos por cada afiliado a la obra social del gremio de APMs.
Debido al contexto de la pandemia, el distanciamiento social y el aislamiento preventivo y obligatorio, los agentes de propaganda médica, antes conocidos como visitadores médicos, no pudieron deambular por los centros de salud cumpliendo con sus tareas. Recién a partir del comienzo de la cuarentena administrada, empezaron a abrir algunos pocos consultorios y la actividad está empezando a operar nuevamente, una vez por semana.
Según consignó el portal especializado Pharmabiz, en el documento del acuerdo, que se espera sea homologado por la cartera laboral, se determinó que las partes volverán a reunirse 15 días antes del vencimiento del acuerdo para evaluar los pasos a seguir.
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El Gobierno reperfila la distribución e inyecta un salvataje de 4 mil millones de pesos a las obras sociales
El Gobierno nacional oficializó este lunes una inyección de casi 4.000 millones de pesos a las obras sociales que administran los gremios en la Argentina, en medio de la pandemia de coronavirus Covid-19.04/05/2020 09:15:00
A través de la Resolución 420⁄2020 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud aprobó el procedimiento de pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.).
El pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, que tiene saldos pendientes a la fecha, alcanza a unas 265 obras sociales por un monto total de 3.969.603.912 pesos.
Así el gobierno cumple con un pedido que le había sido expresado por la Confederación General del Trabajo ante la abrupta caída de ingresos que están registrando las obras sociales en medio de la pandemia.
Hace una semana había circulado un borrador con el mecanismo de distribución de fondos que había causado malestar en los grandes gremios por cómo se otorgaban. Por eso tuvo que reperfilar los números y dejar conforme a la cúpula cegetista.
El pago referido será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se presenten en el futuro.
El monto a distribuir por beneficiario para cada uno de los Agentes del Seguro de Salud variará de acuerdo al valor de la cápita de ingresos que posea la Obra Social que surgirá de la división del total de aportes y contribuciones por la población calculada.
Por ello, se establecieron cinco grupos:
(1) El más bajo corresponde a los Agentes del Seguro de Salud con cápitas inferiores al 60% del promedio general del sistema;.
(2) el segundo a los Agentes del Seguro de Salud con cápitas entre el 60,01% y el 99,99 % del promedio general del sistema;.
(3) el tercero las que se encuentran entre el 100 % y el 105 % del promedio del sistema;.
(4) el cuarto las que sus cápitas de ingresos se encuentran entre el 105,01% y el 130%;.
(5) y el quinto grupo las que sus cápitas de ingresos superan el 130% del promedio general del sistema.
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«Nosotros no vamos a reducir el salario para nada, porque las cosas aumentaron un montón»
El líder de camioneros, Hugo Moyano, se distanció de lo firmado por la CGT y confirmó que «nosotros no vamos a reducir el salario para nada, porque las cosas aumentaron un montón».04/05/2020 00:05:00
El líder camionero, Huog Moyano, tomó distancia del acuerdo firmado por la CGT con la UIA que estipuló una baja de los salarios, y saludó la paritaria rubricada por los aceiteros que, en plena pandemia, lograron un aumento de salarios: «son muy luchadores».
En alusión al gremio aceitero conducido por Daniel Yofra, el dirigente camionero señaló que «ellos siempre tuvieron buenos salarios porque siempre fueron muy luchadores. Me parece perfecto porque las cosas que escasean y toman más valor y es lógico que lo tengan los que lo producen que son los trabajadores».
En declaraciones a Radio Rebelde, Moyano, se diferenció de la CGT: «A nosotros no nos cabe».
«Lo que firmó la CGT no tiene incidencia sobre todas las organizaciones porque, si bien pertenecemos a la CGT, no estamos adheridas a esta conducción», sentenció Moyano, y se lamentó: «no sé lo que han hecho».
«A nosotros eso no nos cabe, es para gremios que tendrán que adaptar los salarios a la situación que se vive», confirmó el ex titular de la CGT.
«No puede venir alguien de otra organización a decir cuánto tenemos que bajar el salario. Nosotros no vamos a reducir el salario para nada, porque las cosas aumentaron un montón y no es responsabilidad del trabajador», agregó Moyano.
Por último señaló: «Queremos apoyar al Gobierno pero es fácil para el dirigente que se baje el salario porque total, el que se perjudica, es el laburante», concluyó Moyano.
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Tras más de una década, el parate económico congeló la paritaria trimestral de Smata
Era una tradición en la actividad que se sostuvo incluso en los 4 años de Cambiemos. El parate económico congeló la última actualización. Esperan que se reactive cuando las plantas vuelvan a producir.04/05/2020 00:03:00
El aislamiento social, preventivo y obligatorio sigue mostrando su impacto implacable en el mercado de trabajo. Es que el parate económico congeló prácticamente todas las negociaciones salariales del sector privado, con excepción de aceiteros y aguas y gaseosas, dos gremio que continuaron trabajando.
Los que sintieron fuerte el golpe fueron los mecánicos. El gremio que lidera Ricardo Pignanelli, y que sostiene desde hace más de una década una metodología de recomposición salarial particular, enfrió sus negociaciones.
Se trata de una paritaria trimestral que los mecánicos lograron preservar incluso de los embates de cambiemos a las organizaciones gremiales. Hasta el momento no hubo golpe político que pudiera voltearla.
Pero el Coronavirus la detuvo. Por estas horas debía discutirse un nuevo trimestre y ya avisaron en las plantas que las discusiones están congeladas hasta nuevo aviso.
La especulación de los operarios es que se reactivarán a medida que se vuelva a los lugares de trabajo. Y eso está ocurriendo lentamente en estas semanas.
De hecho en la importante planta que Toyota tiene en Zárate, y que emplea más de 5 mil operarios, ya se están acondicionando las normas de seguridad e higiene para volver a producir el 18 de mayo. Con mayor limpieza, distanciamiento social, un sólo turno y horarios rotativos de comida, ingreso y salida, se alista el retorno a los puestos de trabajo.
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Entre prórroga y estatización, los gremios defienden el trabajo en el fin de la concesión de las terminales portuarias
El próximo 15 de mayo vencen las concesiones de las terminales portuarias privatizadas en 1992, durante el Gobierno del ex presidente Carlos Menem y luego prorrogadas en varias ocasiones. Este fin de las concesiones se produce en un momento muy delicado no solamente por la crisis económica mundial derivada del coronavirus, que ha impactado en las operaciones comerciales de todo el mundo, sino también por algunos cambios en el esquema productivo al interior de los grupos operadores de las terminales (Dubai Ports Word, Maersk y Hutchinson Ports) que han generado una fuerte preocupación gremial respecto de la posible pérdida de cientos de puestos de trabajo.
El Gobierno de Alberto Fernández canceló el proceso licitatorio armado a las apuradas por el macrismo, que buscó adelantar el fin de las concesiones a diciembre de 2019, concentrando el esquema actual de tres empresas en una sola operadora (con un claro direccionamiento para que gane PSA, una empresa con base en Singapur vinculada al “hermano del alma” del ex presidente Mauricio Macri, el empresario Nicolás Caputo), que hubiera podido obtener hasta 50 años de concesión. El proyecto de Cambiemos preveía también la construcción de una nueva “isla portuaria” de 120 mil metros cuadrados sin estudio de impacto ambiental alguno, en un millonario negocio que además abría la puerta a la utilización de los actuales terrenos operativos para la construcción de un “Puerto Madero 2”, en otra fabulosa oportunidad inmobiliaria para la Ciudad de Buenos Aires. Después de descartar esta opción, denunciada como un brutal negociado por los gremios portuarios y diversos organismos y especialistas, se llega al final de las concesiones sin una clara perspectiva de futuro para el principal puerto del país.
La historia de la operación portuaria nacional sufre un cambio radical durante la gestión de Carlos Menem, que finalmente con el decreto 817 de 1992 dispone la transferencia de los puertos fluviales y marítimos a las provincias en las que se hallaban emplazados, abriendo la puerta a la privatización de los puertos existentes y a la creación de nuevos atracaderos. La única excepción a esta norma fue el puerto de Buenos Aires que mantuvo su estatus federal. La privatización de las terminales portuarias de carga y descarga le generó en su momento al país apenas un ingreso de 13,3 millones de dólares (según la investigación del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, en base a información oficial). Las concesiones fueron prorrogadas en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner y nuevamente en 2018, cuando el macrismo unificó las distintas fechas de fin de contrato con una conclusión común en el 15 de mayo de 2020.
En la actualidad las principales operadoras son Dubai Ports Word, un holding estatal de Emiratos Árabes que bajo la figura de Terminales Río de la Plata (TRP) opera las terminales 1, 2 y 3; el gigante danés Maersk, que con la empresa PM opera la terminal 4, y Hutchinson Ports, inmenso grupo portuario asiático dueño de Bactssa, que opera la Terminal 5. Pero este esquema sufrió un grave cambio el pasado 4 de marzo, cuando Maersk confirmó la decisión de terminar la relación contractual con TRP y trasladar, a partir del 15 de mayo, su “servicio Samba” (que conecta Buenos Aires con las terminales de carga de Rotterdam, Londres, Hamburgo, Antwerp, Algeciras, Santos, Paranaguá, Montevideo, Itapoá y Tánger) a la Terminal 4. Hasta el momento todas las terminales tenían programado cerca de uno de estos grandes arribos semanales de contenedores, pero el traslado decidido por Merck desequilibra las operaciones de TPR, poniendo en riesgo hasta 800 puestos de trabajo, según la denuncia de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra), que a pocos días de ese anunció incluso lanzó un paro de 48 horas luego levantado por la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.
Pese a las declaraciones del gigante danés de garantizar una “transición ordenada”, incluso absorbiendo a los trabajadores del servicio Samba en su nuevo destino de la Terminal 4, desde la Federación se presentó una denuncia contra lo que se consideran prácticas monopólicas de Maersk ante la Comisión Nacional de la Competencia. También se le reclamó a las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP) que se adopten “las acciones necesarias para evitar la concentración progresiva y las prácticas anticompetitivas que quiere llevar adelante el grupo Maersk” y se apliquen “medidas para que se distribuyan de manera equitativa los barcos que ingresan al puerto de Buenos Aires y al de Dock Sud. El planteo fue bien recibido por el titular provisorio de la AGP, José Beni, que busca que el Estado juegue un rol en el ordenamiento de las operaciones de los privados.
Luis Rebollo, secretario de Prensa de Fempinra, explicó que el grupo danés “concentra mediante un sistema de integración vertical el control de la Terminal 4, conjuntamente con el 75 por ciento del movimiento marítimo y de carga”. En el mismo sentido, Roberto Coria, titular del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la Republica Argentina (SGyMGMRA), en diálogo con Estado de Alerta, definió a Maersk como «monopolio». Respecto del futuro inmediato, el gremialista amplió: “Nosotros estamos participando muy seriamente, tiene que haber una competencia de los operadores portuarios. Y si tenemos dos terminales que sea con la garantía de que los cerca de 2.500 trabajadores del sector pueden instalarse en esas empresas. Hoy el Puerto alberga cerca de 10 mil trabajadores (2.500 en forma directa e indirectamente al resto, compuesto por trabajadores de vigilancia, gastronomía, aduana, etc.) ¿Qué decimos nosotros? Que el Estado debe tener un proyecto donde se contemple todo esto”.
Aunque extraoficialmente circula la versión de una posible prórroga, el pasado 29 de abril desde la AGP se hizo llegar a las tres operadoras el pedido de que designen a un titular y un suplente para operar como «enlaces» con la autoridad portuaria para realizar los inventarios correspondientes y la entrega de información relacionada con el fin de las concesiones, «dado que al respecto la Autoridad Administrativa concedente aún no ha dispuesto prorrogar los contratos».
En este contexto, todas las opciones están teóricamente abiertas, desde la continuidad del funcionamiento actual con tres grandes operadoras hasta la estatización o renacionalización, como perspectiva de máxima. El esquema por el que podría inclinarse el ministro de Transporte Mario Meoni, sin embargo, pasaría por una prórroga por dos años de las operaciones de las terminales portuarias (planteando la exigencia de algunos cambios reclamados por los gremios portuarios) hasta poder avanzar en un plan más de fondo sobre el futuro del puerto, que podría incluso incluir hasta un traslado a otra locación de la ribera bonaerense. Por supuesto, estos planes mayores de infraestructura requerirían de la concurrencia de múltiples factores nacionales e internacionales, desde una situación más favorable que la pandemia actual hasta una exitosa renegociación de deuda argentina que permita la recuperación de un ciclo de crecimiento.
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Jefatura de Gabinete descartó recorte salarial para trabajadores estatales suspendidos
Este lunes el Gobierno nacional descartó que se vayan a aplicar descuentos salariales a los trabajadores estatales suspendidos en el marco de la cuarentena obligatoria. Desde la Jefatura de Gabinete añadieron que el porcentajes de empleados públicos que no está cumpliendo tareas por el aislamiento social es mínimo.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero descartaron tajantemente que se vaya a aplicar algún tipo de descuento a los empleados públicos como el que acordó la semana pasada la Confederación General del Trabajo (CGT) con la Unión Industrial Argentina (UIA) para rebajar en un 25% el pago a los trabajadores que no estén cumpliendo tareas por la cuarentena.
Aunque el alcance del acuerdo firmado por empresarios y gremialistas apuntaba sólo al ámbito privado, el titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la CGT Andrés Rodríguez había planteado que “no resulta irracional una rebaja de sueldo del 20% en la medida en la que sea pactado actividad por actividad”. Luego de estas declaraciones, numerosos sectores empresariales comenzaron a exigir un gesto estatal en el mismo sentido.
Según datos oficiales, sólo el 14% de la plantilla estatal está cumpliendo sus funciones en forma presencial, mientras que el 63% lo hace en forma remota, mientras que un 17% estaría de licencia por pertenecer a grupos de riesgo o tener que dedicarse al cuidado de los mismos y apenas un 5% habría quedado sin funciones (especialmente empleados del sector mantenimiento, cadetería, atención directa al público, etc.). Los datos corresponden al análisis de 84 jurisdicciones de la órbita nacional (sobre las 112 existentes), en las que prestan funciones más de 125 mil trabajadores.
Aunque con estas declaraciones se descarta un posible recorte salarial a los estatales, por otro lado tampoco cobrarán las sumas fijas o no remunerativas previstas para algunos sectores esenciales en el marco de la pandemia (como integrantes de fuerzas de seguridad o personal de salud). En ese marco, se acerca el momento de apertura de paritarias, en busca de una recomposición salarial que permita recuperar la caída del salario real durante los últimos años del macrismo.
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Entre Ríos flexibiliza la cuarentena: Se habilita la apertura de los comercios minoristas y oficios
El gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet anunció que en su provincia se flexibiliza la cuarentena a partir de la apertura de los comercios minoristas y la posibilidad de que trabajadores de oficios vuelvan a la actividad.
“Es muy importante poder contar con actividades comerciales que van a poder desarrollarse en forma minorista y también de otros oficios. Pero también quiero mencionar expresamente que en caso de verificarse en alguna ciudad situaciones epidemiológicas que lo ameriten, automáticamente se suspenderán estas habilitaciones y seremos muy estrictos», señaló el mandatario.
Asimismo, aclaró que en caso de que no se cumplan los protocolos sanitarios o se detecten contagios «se volverá a fojas cero». «Por eso es que apelo a la responsabilidad de cada uno y también decir que habrá un control permanente y que habrá sanciones en caso de incumplimiento”, agregó.
Dada la evaluación realizada por el Comité de Emergencia Sanitaria, a partir de este lunes los municipios de #EntreRios podrán habilitar comercios minoristas y oficios. Será responsabilidad de cada autoridad local controlar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Además comentó que el estado que presenta hoy la provincia desde el punto de vista de la pandemia “es controlado”, y que no se han verificado casos de circulación activa, aunque hubo un incremento de circulación de casos que se han producido en las últimas horas y que fueron anunciados oportunamente.
Bordet mencionó que en este tiempo la provincia ha podido desarrollar la ampliación del sistema de salud, y se ha podido lograr un mayor equipamiento y mayores camas: “Esto fue frutos sin lugar a dudas de una política que se siguió adelante estrictamente con criterios sanitarios, con un equipo trabajando y también ha demostrado lo que significa el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha dado un muy alto resultado en la provincia», afirmó.
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La precarización laboral no hace cuarentena
Trabajadores del programa Envión denuncian la precarización laboral en medio del aislamiento obligatorio debido al virus COVID 19. “Llevamos 22 meses sin aumento de sueldo por parte del Gobierno de la Provincia. En la mayoría de los municipios las modalidades de contratación violan las leyes laborales, funcionamos en sedes que se caen a pedazos, que ponen en riesgo nuestra salud y la de los pibes que las transitan, y en muchos municipios, nos encontramos expuestos al clientelismo que mezcla la política pública con los intereses particulares de diferentes grupos partidarios”. Por ANRed
Trabajadores de la programa Envión, programa socioeducativo provincial destinado específicamente a miles de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, denuncian las condiciones de precarización laboral en la cual desempeñan sus tareas.
“Llevamos 22 meses sin aumento de sueldo por parte del Gobierno de la Provincia. En la mayoría de los municipios las modalidades de contratación violan las leyes laborales, funcionamos en sedes que se caen a pedazos, que ponen en riesgo nuestra salud y la de los pibes que las transitan, y en muchos municipios, nos encontramos expuestos al clientelismo que mezcla la política pública con los intereses particulares de diferentes grupos partidarios” expresaron mediante un comunicado el Colectivo de Trabajadorxs Envión.
La situación de crisis sanitaria debido al virus COVID 19 expone las dificultades en el acceso a los derechos de los sectores mas perjudicados. Tanto los trabajadores, como los beneficierios del programa Envión se encuentran en una situación preocupante. “La pandemia mundial nos encuentra, como a tantos compañeros, trabajando en los barrios, acompañando sin recursos las urgencias de los pibes y sus familias, gestionando solicitudes de paliativos a una crisis coyuntural que se instala sobre una pauperización estructural. El parate de la economía informal profundiza las carencias en los barrios, tanto de participantes jóvenes como de trabajadores del programa. Ante eso, la solidaridad entre vecinos y organizaciones es nuestra propuesta” agregaron.
Asimismo los trabajadores denuncian que el valor de los salarios ha quedado desactualizado ya que hace 22 meses que no reciben un aumento. “La última promesa de aumento que oímos, hacía referencia a una vaga mejora para el mes de marzo. Pero, como sabemos, marzo trajo para todos los laburantes la orden de guardarnos en casa, y para este colectivo en particular, la necesidad de pausar las acciones ya programadas para ponernos a listar las respuestas que el Estado debería darnos para poder llevar esta cuarentena de un modo menos angustiante. Los participantes y tutores con quienes trabajamos necesitan como mínimo la duplicación de las becas, al día de hoy $800 ó $400 si perciben AUH y $1900 respectivamente y la regularización de los pagos”.
Asimismo explicaron “a esto hay que restarle lo que cada trabajador abona de monotributo. El mínimo es casi $2000, el pago de Ingresos Brutos, y los profesionales el pago de sus respectivas matriculas. Nuestros ingresos de bolsillo, en gran parte de los municipios, no llegan siquiera al salario mínimo establecido por ley. Cobramos $16.875 a febrero de este año. Todo esto agravado por las condiciones contractuales y de infraestructura que no cumplen con lo que las legislaciones laborales dictan”
Finalizaron “nuestro trabajo es garantizar el ejercicio de los derechos de los jóvenes, entonces si nuestros derechos laborales son vulnerados, se vulneran los derechos de los jóvenes. Esto es un llamado a la solidaridad y a la difusión para instalar urgente al Programa Envión y al reclamo de sus trabajadorxs organizados y en lucha en la agenda pública de los estados provincial y municipales”.
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El viernes 8 de mayo habrá un nuevo paro de repartidores por mejores ingresos y condiciones laborales
Tras una asamblea nacional virtual, repartidores y repartidoras de apps votaron un paro de seis horas y una movilización para el viernes 8 de mayo. En la Ciudad de Buenos Aires concentrarán a las 11 en el Obelisco porteño, para luego marchar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (sede Callao 114), donde a las 13.30 realizarán una conferencia de prensa. La medida se replicará en otras ciudades del país. En medio de la pandemia fueron declarados servicio escencial, pero sus salarios no aumentan y las empresas que los emplean no les proveen los elementos de higiene y seguridad necesarios. “Sumamos el reclamo de justicia por Emma y Franco, repartidores muertos en horario de trabajo, y la reincorporación inmediata de todos los desvinculados por luchar”, agregaron. La medida continúa el paro internacional de 24 horas del 22 de abril, realizado por repartidores y repartidoras de las apps Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats y Deliveroo en Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y España, ahora redoblan la apuesta. Por ANRed.
La decisión se tomó en una asamblea nacional virtual de repartidores y repartidoras de apps que tuvo lugar el miércoles 28. Alí se votó un nuevo plan de lucha con paro y movilización para el viernes 8 de mayo, “por los reclamos ya conocidos de elementos de seguridad e higiene, y aumento del 100% del pago por envío”, según anunciaron en un comunicado conjunto Glovers Argentina y Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR). “Sumamos reclamo de justicia por Emma y Franco, repartidores muertos en horario de trabajo, y la reincorporación inmediata de todos los desvinculados por luchar“, agregaron.
En la Ciudad de Buenos Aires desde las 11 concentrarán en el Obelisco porteño, para luego movilizar a la sede de Callao del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Callao 114). La medida de lucha se replicará en diferentes ciudades del país, anunciaron.
Entrevistada por ANRed, Micaela, trabajadora repartidora de Pedidos Ya e integrante de ATR, amplió: “después del paro del día 22 lo que hicimos fue llamar a una asamblea, donde participaron trabajadores a nivel nacional de varias provincias y ciudades. Y votamos un nuevo plan de lucha que comienza con un paro el día 8, de seis horas, en principio, obviamente, porque como los trabajadores de reparto no tenemos sueldo fijo, porque somos monotributistas, y si no trabajamos no comemos. Entonces, el paro sería de seis horas para que el resto del día podamos hacer algo de plata, sin dejar de visibilizar nuestros reclamos”.
“Sería un paro con caravana en las principales ciudades. En capital sería a las 11 desde el Obelisco hasta el ministerio de Trabajo en Callao – detalló – Creemos que el Ministerio de Trabajo nos tiene que recibir y hacer valer nuestros reclamos y que las patronales los cumplan”, remarco. Y agregó: “además de los elementos de salubridad a cargo de la empresa y el 100 por ciento de aumento del pago por envío, sumamos la reincorporacion y revinculación de todas las cuentas que se dieron de baja después del paro del 8 (que en todos los países fue como represalia a los trabajadores que se organizan y reclaman), y justicia por Emma y Franco, que son dos trabajadores de Pedidos Ya que en estos días de cuarentena resultaron muertos por la precarizacion laboral y no por el coronavirus, corriendo de un lado para el otro, sin cobertura médica, sin ART ni nada“, expresó.
La medida se da luego del contundente paro internacional del 22 de abril, que fue para visualizar cómo “la pandemia en curso puso de manifiesto e incluso profundiza cada día más las condiciones de super explotación y precarización laboral de los trabajadores de reparto en todo el mundo”, sostuvieron en un comunicado conjunto trabajadores y trabajadoras repartidoras de las apps de Rappi, Glovo, Perdidos Ya, Uber Eats y Deliveroo, entre otras, nucleados en la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers Unidos, de Argentina, Glovers Costa Rica, Glovers Elite Guatemala, Repartidores Perú y Ecuador y Glovers Unidos de España.
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CABA: la dirección del Hospital Piñero persigue a profesionales de la salud por denunciar falta de insumos
Foto: Andrés D’Elía
La asamblea de trabajadores y trabajadoras del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” del barrio porteño de Flores denunció que la dirección del hospital inició una persecusión contra Laura Costa, enfermera de la Unidad de Clínica Médica N° 3, y Wladimir Tintaya, enfermero de la guardia, luego de que lograran publicar en el diario La Nación una nota titulada “Coronavirus: “si nos contagiamos, ¿quién cuidará a los pacientes?”, donde denuncian la falta de insumos en la institución. “El Dr. Rivero, junto al subgerente de Enfermería, Marcelo Alanís, y el responsable del departamento de Enfermería, Manuel Barreiro, les notificó formalmente que quería pruebas de lo declarado, cuando deberían ser más bien las autoridades del Hospital y el Gobierno de la Ciudad y todos los responsables de garantizar la salud de los trabajadores y la población, quienes den muestras de que se está en condiciones para atender en esta pandemia y garanticen los recursos necesarios en cantidad y calidad para ello. Que taparnos la boca no signifique callarnos”, sostienen. Por ANRed.
Con los lemas “Que taparnos la boca no signifique callarnos la boca” y “Basta de persecusión laboral”, la asamblea de trabajadores y trabajadoras del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, que se encuentra en el sur del barrio porteño de Flores, denunciaron que las autoridades del hospital persiguen a los y las trabajadoras de la salud por denunciar la falta de insumos en la institución. Para recolectar firmas y adhesiones en apoyo a su lucha, lanzaron un formulario y también la casilla de mail asambleatrabajadorxspinero@gmail.com
“Laura Costa, enfermera de la Unidad de Clínica Médica N° 3, y Wladimir Tintaya, enfermero de la guardia, hicieron pública en el diario La Nación, en una nota el día 23⁄4 titulada ‘Coronavirus: “Si nos contagiamos, ¿quién cuidará a los pacientes?’, por la cual son perseguidos por la Dirección del Hospital“, denunciaron desde la asamblea de trabajadores y trabajadoras. “El Dr. Rivero, junto al subgerente de Enfermería, Marcelo Alanís, y el responsable del departamento de Enfermería, Manuel Barreiro, les notificó formalmente que quería pruebas de lo declarado, cuando deberían ser más bien las autoridades del Hospital y el Gobierno de la Ciudad y todos los responsables de garantizar la salud de los trabajadores y la población, quienes den muestras de que se está en condiciones para atender en esta pandemia y garanticen los recursos necesarios en cantidad y calidad para ello”, remarcan.
El hecho es considerado por la asamblea como un “ataque” contra quienes se organizan por los derechos de los y las profesionales de la salud y los y las pacientes. “Rechazamos el proceder de la Dirección del Hospital y exigimos urgentemente que se retiren las acciones realizadas, ya que va en contra del derecho a la libertad de expresión y de organización”, sostienen, y agregan que persecusiones de este tipo “no pasan sólo en el Hospital Piñero, sino también en el Hospital Penna, el Hospital Pirovano y tantos otros”. Además, hacen un llamamiento a “la más amplia solidaridad” y “a las organizaciones de DD.HH., sociales, sindicales y políticas para que den su apoyo y se pronuncien al respecto”.
Los y las trabajadoras del Hospital Piñero y el Área Programática se vienen organizando ya desde el 18 de abril frente a la declaración de la crisis sanitaria, exigiendo el cuidado de su salud y de los y las pacientes. “Nos organizamos de forma virtual y presencial, participamos por ejemplo de la jornada del 28⁄4 convocada por ATE y otras organizaciones ante la falta de insumos en los hospitales – rememoran – Lo hacemos porque estando en la primera línea contra la pandemia, vemos en la tarea que realizamos todos los días la falta de equipos de protección personal (EPP) y de criterios unificados de intervención”. Asimismo, denuncian que han tenido compañeros y compañeras contagiados o con sospecha de contagio por COVID-19, “en varios sectores (terapia intermedia, guardia traumatología, CESAC 44 y 14) y en no todos se procedió al aislamiento y testeo correspondiente, exponiendo de este modo a más trabajadores y trabajadoras, y todo por el mismo salario de miseria”, denuncian.
“Estos son los motivos que explican la alta tasa de contagios entre trabajadores y trabajadoras de la salud: la negligencia de las autoridades hospitalarias y gubernamentales correspondientes”, remarcaron.
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“El teletrabajo significa, para muchos, trabajar a destajo”
El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos analiza en qué medida la pandemia produjo una invasión del mundo laboral sobre los espacios personales. Además, qué aspectos del teletrabajo llegaron para quedarse y por qué se avizora una pelea por el “derecho a la desconexión”.
Redacción Canal Abierto | En las últimas horas salió a la luz un proyecto de ley presentado por el Frente de Todos para regular el teletrabajo. Según su autora, la senadora María Eugenia Catalfamo, el “home office incrementa la productividad y genera un impacto positivo en el ambiente al utilizar menos el transporte público, entre otros beneficios”.
No caben dudas, la cuarentena aceleró los tiempos de un debate tan necesario como inevitable. La urgencia producto de la pandemia Incluso legitimó rápidamente la idea del teletrabajo como la panacea laboral, tal como se desprende de la frase de la legisladora oficialista o las conclusiones de los medios hegemónicos a “un nuevo paradigma laboral” que “llegó para quedarse”.
Sin embargo, todavía son numerosos los aspectos polémicos y cuestiones a discutir al respecto, empezando por derechos laborales básicos como son los límites a la jornada y a la cantidad de trabajo, el derecho a la desconexión, las condiciones adecuadas sobre el espacio físico en que se realizan las tareas, etc. Para conocer más sobre los beneficios y perjuicios del trabajo remoto, Canal Abierto dialogó con el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos.
¿Qué cambios representa el teletrabajo para el mundo laboral y los trabajadores?
En primer lugar, hay que decir que estamos viviendo una experimentación masiva de algo que ya venía siendo un debate en materia de relaciones laborales: el teletrabajo o trabajo remoto. No es algo nuevo. Viene implementándose en algunos sectores, sobre todo a partir de avances tecnológicos en áreas que ya no necesariamente necesitan de un espacio laboral específico.
No hay que pensar una sola faceta del teletrabajo ‑que para unos puede ser dormir más a la mañana o trabajar por las noches‑, sino de manera sistémica: jornadas laborales, mecanismos de control más sofisticados e impersonales, etc.
Es un fenómeno que se inscribe en un aumento de la tercerización y deslocalización productiva.
Por un lado, no caben dudas de que no cualquier trabajo puede ser teletrabajo, y por otro, que no cualquier trabajador está en condiciones de acceder a las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. ¿Entendés el trabajo a distancia como una suerte de privilegio peligroso o condicionado?
Efectivamente, son muchas las tareas y procesos productivos que no pueden teletrabajarse o desarrollarse a distancia. Ahí sigue habiendo un obstáculo físico o técnico que va a seguir estando. Uno puede pensar, por poner un ejemplo, en la recolección de naranjas, a menos que se desarrollen máquinas que sean manejadas a distancia para recolectar frutos.
Surge otro debate cuando pensamos en una persona que no pueda realizar su trabajo, ya no porque las condiciones técnicas generales se lo impidan, sino por razones de acceso individual a una computadora, conexión a internet, por las condiciones habitacionales. Estos trabajadores están experimentando un mayor temor a reducciones salariales o a la pérdida de sus puestos. Sólo en ese sentido el teletrabajo hoy aparece en términos de privilegio. Pero hay que tener mucho cuidado con esto: porque es cierto que aún desde antes de la cuarentena, muchos empleadores venían planteando el teletrabajo como un beneficio para los trabajadores. Sus principales defensores ponen el acento en las supuestas ventajas del trabajo a distancia: la reducción de costos ‑económicos y de tiempo al disminuir el uso del transporte público, por ejemplo‑, una alimentación mas saludable y una mayor “conciliación” de la vida familiar y la vida laboral. De hecho, y esto se plantea en estos términos, implicaría un avance en la igualdad de género, al permitir a las mujeres desarrollar una actividad laboral en simultaneo con las tareas reproductivas. Desde ya, uno observa que varias de estas cuestiones no sólo implican ciertas trampas, sino que directamente esconden nociones muy peligrosas para los trabajadores y trabajadoras.
¿Cuáles son los principales riesgos del teletrabajo?
Creo que podemos separar esta cuestión en dos dimensiones: una tiene que ver con las relaciones individuales del trabajo y otra vinculada al impacto sobre la organización colectiva. Sobre la primera, es muy claro que se desdibuja la idea de una jornada laboral limitada. Esa idea de que con el teletrabajo podríamos organizar el trabajo, administrarlo y distribuirlo a lo largo del día como mejor me convenga, puede en un principio aparecer como una ventaja real. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, esa jornada de trabajo se va desdibujando y dejamos de saber cuánto tiempo estamos trabajando. Es decir, experimentamos una jornada laboral continúa, donde la lógica empieza a ser el trabajo a demanda: ya no es que a uno le asignan tales o cuales tareas y uno las organiza en el día, sino que las tareas van llegando en cualquier horario es el empleador el que va mandando los requerimientos y ajustando los tiempos de respuesta.
Por otro lado, quiero referirme a este argumento falaz que reivindica el teletrabajo como una vía facilitadora para que las mujeres accedan al mercado de trabajo, cuando en realidad termina consolidando esa doble o triple jornada de trabajo productivo y reproductivo.
Otra cuestión es que mucha gente no siempre tiene un espacio en su casa donde trabajar tranquilos, sino molestar o impedir las actividades del resto de la familia. O bien, el problema de la invasión de lo laboral sobre espacios comunes de la casa como la cocina o el living.
Si lo pensamos en forma más sistémica y asociamos la jornada de trabajo con los mecanismos de control y distribución del trabajo, podemos pensar situaciones más complejas: por ejemplo, que la cantidad de trabajo que cada uno recibe esté en función de la rapidez con la cual responde, que esto redunde en mas tareas y en una mayor distancia salarial respecto de mis pares.
Una suerte de trabajo a destajo…
Definitivamente. Estamos hablando de un sistema de trabajo a destajo que hoy ya existe, por ejemplo, a través de las plataformas de delivery. El teletrabajo permite que se generalice o extienda el trabajo a destajo sobre actividades que hasta hace poco nos parecían impensadas. Por poner otro ejemplo, pensemos en un docente que hoy trabaja a distancia y al que empiezan a calificar por la cantidad de exámenes que corrige, y que en función de eso se le asignan más o menos alumnos y salarios diferentes.
¿Cómo podemos contrarrestar esta dislocación de los tiempos de trabajo?
Como medida de seguridad, uno debería poder apagar el Whatsapp. Es decir, a determinada hora, ejercer un derecho a la desconexión. Todos sabemos que esto es muy difícil, y el trabajo sigue llegando.
Incluso cuando no existe la presión de resolverlo en el momento, muchas veces resolvemos inmediatamente una tarea para ‑por ejemplo- no hacerla mañana. El problema es que mañana va a seguir llegando trabajo.
Tenemos que volver a pensar en aquella lucha histórica por las 8 horas de trabajo: no era sólo para limitar el tiempo de explotación de nuestra mano de obra, sino por un tiempo de descanso y esparcimiento por fuera del ámbito laboral. El teletrabajo está desdibujando ese derecho.
Hablabas de los efectos e implicancias del teletrabajo desde un punto de vista colectivo…
Si de por sí ‑cuando los trabajadores están físicamente en un mismo lugar- es complejo sortear los obstáculos que ponen los empleadores para la organización colectiva, las dificultades se potencian cuando trabajamos a distancia.
¿Cómo identificamos la existencia de una injusticia si estamos solos frente a una computadora? ¿Cómo hago para ver en los otros lo que me está pasando? ¿Cómo planteamos un reclamo?
Muchas veces, la forma de ver que uno está sufriendo una injusticia no surge a partir de lo que uno ve, sino producto de la mirada de los otros. Esto es mucho más difícil a distancia, y un desafío muy grande para las organizaciones sindicales.
Sin dudas, situaciones como estas tienden a debilitar las instancias de organización colectiva y lograr un mayor control sobre la fuerza de trabajo.
¿Qué particularidades del teletrabajo llegaron para quedarse?
Desde hace tiempo, distintos desarrollos tecnológicos e informáticos vienen impulsando una tendencia hacia el teletrabajo. Por lo tanto, negarse rotundamente a realizar cualquier tarea a distancia parece muy difícil.
Sin embargo, son varias las organizaciones sindicales que ya venían discutiendo esta cuestión desde antes de la pandemia. Entre otras cosas, para intervenir en la regulación de estos procesos y así garantizar derechos: por ejemplo, poner límites a la jornada y a la cantidad de trabajo, el derecho a la desconexión, las condiciones adecuadas sobre el lugar físico en que se realizan las tareas, la voluntariedad por parte del trabajador a someterse o no a esta modalidad laboral.
Creo que es tiempo de que los trabajadores aborden esta cuestión desde sus organizaciones, con sus perspectivas, y que no sólo circule el discurso de quienes venden el teletrabajo como la panacea que vino a resolver todos los problemas del mercado laboral.
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Detectan trabajo en condiciones insalubres en cosecha de yerba mate
Inspectores del Ministerio de Trabajo y Empleo realizaron relevamientos en la localidad de Garuhapé centradas en el control de las condiciones laborales de los trabajadores de la cosecha de yerba mate.
Uno de los objetivos del organismo provincial es la búsqueda constante de concientización a los empleadores para garantizar condiciones de salud y seguridad de los trabajadores tareferos.
En el operativo realizado en Garuhapé, los inspectores detectaron condiciones insalubres incongruentes con lo establecido en la normativa vigente. La infraestructura no cumplía los estándares mínimos establecidos en la Ley de Trabajo Agrario 26.727.
Asímismo se constató que los trabajadores rurales no contaban con la ropa de trabajo adecuada y realizaban sus tareas en condiciones insuficientes. Por tal motivo, se labraron las actas correspondientes.
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Fate: investigan un caso confirmado de Covid-19 en la planta de San Fernando
Se trata de un empleado que desempeña tareas de vigilancia y control en la portería de la fábrica. Interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro a cargo del Juez Lino Claudio Mirabelli.
Victor OttoboniTrabajador de Fate | Sec. de Prensa y Actas del Sutna
El pasado viernes, junto a Enzo Pozzi con quien somos parte de la Comisión Directiva del Sutna y con Hernán Minguez, delegado de sector, realizamos una denuncia en la Justicia Federal de San Isidro, junto a nuestros abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), ante el caso confirmado de Covid-19 de un empleado de seguridad que desempeña tareas de vigilancia y control en la portería principal de la fábrica Fate de San Fernando, contratado por la empresa ARPA. Quedo radicada en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo del juez Lino Claudio Mirabelli.
Denunciamos que la patronal de Fate, que viene violando la cuarentena obligatoria desde que empezó y que se viene negando a presentar ante el SUTNA y el Ministerio de Trabajo el protocolo de seguridad, hace ingresar a la planta trabajadores de limpieza, mantenimiento y otros sectores poniendo en serio riesgo su salud.
Violó en este caso el protocolo del Ministerio de Salud, ya que no tomó ninguna medida para aislar a todas las personas que tuvieron contacto con el empleado de seguridad, que era quien recibía a los ingresaban a la empresa, les entregaba elementos de protección personal como barbijos sin guantes y también controlaba los bolsos al personal que salía de trabajar.
Fate llego a intimar por telegrama a los trabajadores de la guardia de mantenimiento de Fate que decidieron no ir a la planta tras confirmarse el caso de COVID-19, pretendiendo que se presenten a trabajar igual, bajo amenaza de sanciones.
Tomamos conocimiento que ordenaron hacer limpieza y desinfección del sector de portería a cuatro trabajadoras de la contratista Lim-pia, poniendo en riesgo la salud de ellas, de sus compañeras y de sus familias, lo que muestra el desprecio por la vida de los trabajadores.
Éste accionar demuestra, una vez más, que FATE pone por delante el interés económico de su dueño Madanes, a la salud de todos los trabajadores y sus familias e incluso la comunidad de San Fernando.
Por esto, además de que se investigue lo sucedido hemos reclamado que la justicia ordene la desinfección total de la planta y la realización de test a todas las personas que estuvieron ingresando a la Planta en la semana previa a la detección del caso positivo.
El Fiscal de la causa, Federico José Iuspa, adhirió a la denuncia y solicito que se instruya la causa, se realicen las medidas preventivas respecto al personal de la Planta y se realicen determinadas medidas de pruebas.
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Los trabajadores del diario Clarín repudian el pago en cuotas de sueldo que les impone el holding más rico de la Argentina
Los trabajadores del diario Clarín se movilizaron para repudiar el pago ilegal en cuotas de salarios que impuso el holding más poderoso de la Argentina, y por supuesto, el que más facturó en lo últimos cuatro años, además de ser beneficiado con normativas ilegítimas que le permitieron seguir ampliando su capacidad oligopólica. En declaraciones a la Televisión Pública, el delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Francisco Rabini, explicó la grave situación a los que son sometidos por el megagrupo, que aprovecha la pandemia del Covid-19, que no lo ha perjudicado económicamente en nada, para ajustar más a sus empleados y precarizarlos:
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“Pollo” Sobrero: “Algunos dirigentes gremiales parece que representan a los empresarios”
Sindical / BsAs. 8º Sec. electoral / realpolitik /2 personas /1 tema04MAY
Para el secretario General de la Unión Ferroviaria Sección Oeste, algunos sectores del sindicalismo no actúan correctamente durante la pandemia. También, criticó “la mano blanda que está teniendo Alberto Fernández con esos que se están abusando”.
Rubén “Pollo” Sobrero, secretario General de la Unión Ferroviaria Sección Oeste, dialogó con RADIO REALPOLTIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el rol que cumplen los sectores gremiales en la crisis del coronavirus y analizó las medidas del presidente.
A continuación, lo más destacado de la entrevista.
RP.- ¿Qué visión tiene de las críticas al transporte público en Argentina en cuanto al peligro por el coronavirus?
En todo el mundo, un transporte donde todo el mundo va apretado es un arma de contagio muy grande. No sólo por el tema del coronavirus, hasta un resfrío, una gripe o cualquier cosa. Ahora, están tomando muchas precauciones. La posibilidad que te da que viaje poca gente, comparado con el día a día, te permite tener una limpieza distinta a la de otros momentos.
Nosotros sabemos que somos un servicio público, lo que tenemos que tratar es brindar una cobertura para que todo aquel que está yendo a trabajar pueda llegar a sus trabajos.
Una de las preocupaciones que tenemos es que vemos que cada vez hay más gente en la calle, hay mucha presión desde el sector de la construcción para que salgan a trabajar, y tiene que ver con la discusión que hay todos los días, hay gente que cree que la plata es más importante que la vida, y actúan de esa forma. Por ejemplo, vas al supermercado y todos los días te aumentan los precios, se aprovechan de esta situación. U otros parásitos que tenemos en la sociedad, como algunos empresarios, que aprovechan para bajarte los sueldos. Los grandes empresarios, que han hecho fortunas, ahora van a recibir que el 50 por ciento del salario del trabajador se lo va a pagar el Estado, pero no les alcanza eso, tienen que ir más allá, y rápidamente algunos dirigentes gremiales les ofrecen bajarle el 25 por ciento. Esas actitudes muestran la calandria que tenemos de algunos dirigentes, que me dan asco. En vez de representar a los trabajadores parece que representan a los empresarios.
RP.- ¿Cómo ve la postura que ha tomado Alberto Fernández hasta hoy?
Yo estoy de acuerdo con la cuarentena. Lo que no estoy de acuerdo es con la mano blanda que está teniendo con esos que se están abusando de la pandemia.
No entiendo como nosotros seguimos dando vueltas con el impuesto a las riquezas, que se aplica en todo el mundo, y acá no le tocás el bolsillo a los ricos ni a los poderosos. Los trabajadores tienen que pagar el 10 por ciento de su salario en impuesto a las ganancias y ellos no tocan el 1 por ciento, cuando tendría que ser el 10 como hacemos nosotros.
Lo queremos para que, cuando haya que afrontar el pico de la pandemia, tengamos los hospitales con todos los artículos de necesidad, con los médicos bien cuidados, es fundamental.
RP.- Se habló de la posibilidad de un estallido social, ¿cree que esto es cierto?
Hoy yo no veo eso. Veo preocupación, miedo, un sector que está planeando cómo consigue el día a día, el que vive de hacer changas la está pasando mal, pero no veo ese fantasma de un estallido. Al menos hoy, hay que entender que esto es el día a día. Ningún país va a salir sin graves consecuencias en sus economías, hasta los más poderosos.
Muchas veces esos miedos se utilizan para otras cosas. Hay mucha gente que está queriendo romper la cuarentena, mucha presión de muchos sectores de la sociedad.
Yo estoy de acuerdo en casi nada con Alberto Fernández, pero hay una cosa en la que coincido: de la economía se vuelve pero de la muerte no. Hay que poner en imagen eso, lo demás es discutible y pelearemos lo que hay que pelear. La cuarentena es fundamental que se mantenga.
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Asamblea Residentes Y Concurrentes Caba
Frente a la falta de equipos de protección, el creciente contagio del personal de salud, los recortes y el congelamiento de sueldos, la precarización laboral y el pluriempleo… Este martes 5/5 a las 18 hs nos reunimos residentes y concurrentes de CABA, Provincia y Nación por Zoom.
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