Resumen Latinoamericano, 26 de julio de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical , Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA, Agencias.
Médicos advierten: «el sistema está en un punto de saturación»
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud señaló que «el sistema sanitario está entrando en un punto de saturación» y remarcó que la ocupación es mucho más elevada que el 65% que se informa.
26/07/2020
«El sistema sanitario está entrando en un punto de saturación», abre un preocupante texto que difundió este fin de semana la Federación Sindical de Profesionales de la Salud.
La dirección del Hospital Posadas, establecimiento de referencia nacional, el más grande del país, acaba de admitir que las 70 camas de terapia intensiva se han ocupado. «La habilitación de camas de UTI pediátricas (recurso utilizado también en Mendoza en el Hospital Notti) corrobora en los hechos que ese presunto 65% de ocupación es, en realidad, mucho más elevado», advierten los médicos.
Aseguran que «Existen dificultades en todo el AMBA para la habilitación de camas suplementarias con personal en vías de capacitación, dado que la disminución de trabajadores por contagios y aislamientos no cesa de aumentar».
«Más de 300 trabajadores en el Posadas, más de 100 en el Argerich son parte de los casi 11.000 infectados en el orden nacional, la mayoría en el AMBA», especifican.
«Al igual que en Italia y España los establecimientos sanitarios desbordados se han convertido en lugares de alta circulación viral. Los testeos masivos y aislamientos recién están comenzando con lo cual el personal asintomático sigue siendo fuente de contagio», explican los profesionales.
Mirtha Jaime, referente de CICOP-Fesprosa del Hospital Posadas, sostuvo que «ante la escasez creciente de personal, en particular en enfermería, las autoridades están ofreciendo módulos (horas extras) a trabajadores que ya tienen cumplidas largamente las horas semanales máximas de trabajo. Esto los expone al agotamiento psicofísico, y por ende a la perpetuación de la cadena de contagios».
«Este no es un problema de ciudad o provincia. El AMBA se comporta como un todo y las autoridades deben tomar cartas en el asunto, recurriendo incluso a las camas del sector privado y la seguridad social. Si se busca tapar agujeros sobreexplotando al personal, sea este de planta, contratado, residentes o concurrentes, el sistema estallará aun más rápido. No se puede cortar el hilo por lo más delgado», agregó Jaime.
«Desde Fesprosa estamos participando activamente con propuestas en el plan nacional de protección de los trabajadores que funciona en el Ministerio de Salud de la Nación y en el Comité de Emergencia de nuestro Hospital. Si lo realizado hasta aquí no es suficiente debemos redoblar los esfuerzos en resguardo de la salud y la vida de nuestros trabajadores y nuestros pacientes», finalizó.
Empresas recuperadas reclaman más subsidios y alertan por desalojos
La crisis impacta de manera diferente sobre cada una pero coinciden en la necesidad de más fondos, condonación de deudas e impuestos, y que el Estado las considere como proveedoras.
Por Alfonso de Villalobos – 26 de julio de 2020
Dentro del universo de cooperativas de trabajo, que explica unos 170 mil empleos, las empresas recuperadas representan un sector particular. En general, emergen de luchas y ocupaciones de las plantas abandonadas por sus dueños, cuya continuidad es garantizada por la gestión de los trabajadores. La organización y la lucha están en sus genes.
Son alrededor de 400 unidades productivas del más amplio espectro que explican unos 20 mil puestos de trabajo. La primera fue la metalúrgica IMPA, en 1998. Un número importante surgió en la crisis de 2001 – 2002 y se han convertido en una salida recurrente frente a fraudes y vaciamientos empresarios. Orgullosas, consideran que son una forma de mostrar que es posible una sociedad sin patrones.
El sábado 19 se reunió uno de los espacios que las agrupa y que tiene como epicentro las tres plantas ceramistas situadas en las afueras de la ciudad de Neuquén. Allí se agrupan otras fábricas como Madygraf, las textiles Brukman y Neuquén y la alimenticia La Terre de Mendoza.
El encuentro, con cerca de 80 participantes, avanzó en la unificación de los reclamos basados en la necesidad de más subsidios para los trabajadores y para la capitalización y renovación tecnológica de las fábricas, condonación de impuestos y deudas a las empresas energéticas, tarifa diferencial, y la exigencia de constituirse como proveedores preferenciales del Estado. Pero el reclamo esta vez se concentró en el rechazo al desalojo que pesa sobre Cerámica Neuquén, cuyo remate ya está dictado por un juzgado provincial.
Alejandro López, secretario general del sindicato ceramista de Neuquén, consideró que “todos (cooperativas o recuperadas) tenemos las mismas problemáticas. La principal es la falta de decisión política. Toda fábrica recuperada debiera ser expropiada y estatizada bajo control de los trabajadores”. Para López, “hemos demostrado que podemos generar puestos de trabajo, sostener la producción y darle una orientación social. El Estado no puede mirar para el costado”.
La declaración que emergió del encuentro también refiere a la situación del Hotel Bauen, que “vive hace años con una orden de desalojo pendiendo sobre sus espaldas”. Federico Tonarelli, uno de sus dirigentes y titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), señaló en diálogo con Tiempo que “la situación es muy crítica. El Bauen está atravesado por tres de las actividades más comprometidas: hotelería, gastronomía y espectáculos. La asistencia del Estado, como lo hace con las empresas de capital, es clave. Sin políticas que excedan las actuales, vamos a tener muchos problemas”. Otros agrupamientos del sector son FEDECABA, la CNCT y la FECOOTRA.
El Estado no incluyó a las cooperativas en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por el momento la cartera laboral reactivó el Programa de Trabajo Autogestionado (PTA), con subsidios de $ 6500 por trabajador por dos meses, ampliados a $ 16.500 por otros dos. La expectativa (y el reclamo) es que, al menos, se extiendan los PTA hasta diciembre.
El Ministerio de Desarrollo Social creó la Dirección de Empresas Recuperadas, designando a Eduardo “Vasco” Murúa, histórico dirigente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) quien, ahora, enfrenta el difícil desafío de dar respuestas a sus compañeros desde su lugar de funcionario. En diálogo con Tiempo, explicó que “la situación es muy dispar. Un 50% está trabajando bien pero la otra mitad está complicada”.
El dirigente explica que desde allí promovieron el programa Potenciar Trabajo, que otorga $ 8500 a cada trabajador y, también, el Manos a la Obra que inyecta capital y ya liberó los primeros fondos. Murúa reconoció que “lamentablemente tenemos una asimetría de recursos entre los privados y las recuperadas, pero estos planes se van a sostener hasta después de diciembre”. Y anunció que “con la Secretaría de Inclusión Social acordamos poner a las recuperadas como entidades públicas sin fines de lucro para que accedan a tarifa diferencial, y estamos peleando por la condonación de las deudas con las energéticas”.
Para el ceramista López, “los que gestionamos las fábricas y los que reclaman por sus derechos debemos unificarnos para mejorar la relación de fuerza contra los gobiernos y el FMI. Empalmamos con el Plenario del Sindicalismo Combativo, que no abandonó la lucha en toda la cuarentena. Los que gobiernan y los empresarios saben del complicado ejemplo que somos las recuperadas”.
La urgencia de defender Cerámica Neuquén
Cuando cerró en 2014, los obreros de Cerámica Neuquén no lo dudaron. El antecedente regional de Zanón y Stefani los llevó a la ocupación y la puesta en funcionamiento bajo gestión obrera de la empresa que empleaba más de cien trabajadores ceramistas. En 2018, sin embargo, un fallo del juzgado a cargo de Sergio Cosentino estableció el remate de la empresa para dar cuenta del reclamo de sus acreedores.
Por eso, el Encuentro realizado el sábado 19 de julio asegura en su declaración final que “lo más grave hoy es el intento de desalojo de Cerámica Neuquén».
Consultado sobre la problemática de las expropiaciones pendientes que, por caso, afectan también al Hotel Bauen, luego de que el expresidente Mauricio Macri vetara su ley de expropiación, el ahora director de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo “Vasco” Murúa, aseguró que “como director, solicito al Estado que se avance en las leyes de expropiación. No se puede hablar de trabajo si no lo sostenemos con leyes. El problema está concentrado en la provincia de Buenos Aires. El gobernador podría decretar la suspensión de desalojos por dos o tres años”.
Sin embargo, se lamentó, “hay una lentitud que se contradice con el discurso oficial”.
Tras una ola de cierres, gobierno, gremios y empresas acordaron buscan recuperar 15 mil empleos en el sector
El reciente cierre de tres fábricas autopartistas empujó el acuerdo entre Gobierno, empresas y gremios. Buscan recuperar los 15 mil empleos que se perdieron en los últimos años.
26/07/2020
El ministro de Desarrollo Productivo, Marías Kulfas, y los secretarios generales de los gremios mecánico (Smata) y metalúrgico (UOM), Ricardo Pignanelli y Antonio Caló, acordaron dar impulso «fuertemente» al desarrollo del autopartismo nacional, el aumento de las exportaciones y la promoción del proyecto de ley autopartista para declarar «estratégico» a ese sector para el país.
Lo confirmó a Télam el titular del Smata, Ricardo Pignanelli, quien recibió a Kulfas y al secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Shale, en la sede gremial de la avenida Belgrano al 600 de Buenos Aires.
Pignanelli, Caló y el secretario adjunto del Smata, Mario Manrique, solicitaron al Gobierno que «la industria automotriz sea declarada de interés estratégico», y señalaron la necesidad de que reciba «incentivos» para que «se adopten medidas que contemplen a la totalidad de la cadena de valor que integra» la actividad.
«El autopartismo debe tener un rol protagónico, para lo cual es preciso determinar reglas claras para su posterior competitividad. Existe en la industria gran calidad de mano de obra e inversión tecnológica, por lo que se impone encarar un plan integral para ser más competitivos a nivel macro y micro», puntualizaron los gremialistas ante los funcionarios nacionales.
También expresaron la necesidad de realizar todos «los esfuerzos para alcanzar esos objetivos», y enfatizaron que «la industria automotriz es de vital importancia para que la Argentina genere divisas y puestos de trabajo genuinos».
Los dirigentes gremiales añadieron que la totalidad de los sectores involucrados deben encarar «una tarea integral para lograr competitividad macro y microeconómica a fin de afrontar las negociaciones y acuerdos de comercio internacional correspondientes», puntualizaron en declaraciones a Télam.
«Esos acuerdos deben ser de largo plazo y tener respaldo legal para lograr inversiones sustentables que desarrollen una industria sólida», concluyeron.
Del encuentro también participaron el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Daniel Herrero (Toyota), y los de las terminales Fiat, Cristiano Rattazzi; Ford, Martín Galdeano; General Motors, Federico Ovejero; Mercedes Benz, Manuel Mantilla, y Peugeot, Rodrigo Pérez Graciano, y, a través de zoom, lo hizo Andrés Ramírez Rojas (Scania).
Por su parte, las firmas autopartistas agrupadas en la Asociación de Fábricas Argentina de Componentes (AFAC) habían solicitado que la industria sea declarada de «interés estratégico» y que esa decisión sea respaldada por medidas que incluyan una ley de incentivo para inversiones en nuevas tecnologías, investigación y desarrollo de componentes.
Lo reclamó AFAC, que propuso acciones correctivas sobre factores determinantes para el sector, que tuvieron «una performance indeseada durante los últimos diez años».
Los factores a abordar, según esta asociación patronal se relacionan con la seguridad jurídica, la presión impositiva, la normativa exportadora, las condiciones laborales, la protección arancelaria y la competitividad, entre otros.
Denuncian que la gigante de perfumes Givaudan oculta 10 casos de Coronavirus
Trabajadores de la planta radicada en el conurbano bonaerense denunciaron que la multinacional no hizo la desinfección ni reportó los casos a las autoridades municipales de la localidad de Munro. Quejas ante la inacción del delegado sindical.
27/07/2020
La gigante multinacional de origen suizo Givaudan, experta en aromas, esencias y sabores alimenticios, cuenta con una planta instaurada en la localidad bonaerense de Munro. Los trabajadores denuncian que ante 10 trabajadores con hisopado positivo de COVID-19 la empresa no hizo la desinfección que debería ni dio parte a las autoridades municipales.
Los trabajadores están preocupados ante la falta de comunicación de la empresa. Son unos 50 operarios en la planta, otro tanto de administrativos y otros sectores.
«El jueves pasado informaron del primer caso, un responsable de seguridad e higiene, que aproximadamente ya no venía a la fábrica desde el 13 de julio, después cómo tuvo un cuadro de neumonía, ahí le hicieron el test. Luego ya empezó ha haber casos de trabajadores el jueves y viernes hasta el día de ayer, miércoles, que confirmaron dos más, haciendo el número de 10 confirmados, de distintos sectores de producción.», relata uno de los empleados.
A los trabajadores les corresponde el Sindicato de Trabajadores Perfumistas pero denuncian que la presencia gremial no colabora: «El sindicato no aparece nunca, el delegado que hay está alineado con la empresa. De parte del sindicato no hay intervención», dispara el operario.
Luego de 10 meses de abandono, los trabajadores de La Nirva van por la conformación de una cooperativa
Los dueños de la popular fábrica de alfajores de La Matanza la vaciaron y sus trabajadores resisten. «Hace 2 meses estamos bancando y esperando solución. Necesitamos producir», explica Marcelo Cáceres, delegado sindical de Pasteleros en la empresa.
27/07/2020
«Alfajor Grandote?Doble, Triple sabor», quién no habrá escuchado ese jingle en la radio. Lo cierto es que tanto ese producto como el alfajor La Recoleta se producían en La Nirva, la histórica fábrica de alfajores ubicada en Lomas del Mirador, La Matanza, corazón del conurbano bonaerense.
Si se producían en tiempo pasado, o habrá presente y futuro no lo saben sus trabajadores. Al día de hoy, se mantiene con ellos una deuda salarial de 18 millones de pesos, y una estafa que ha sido sistemática con pago de cheques a 60 y 90 días, y la falta de registro de sus cargas sociales hace un buen tiempo, por parte de los dueños de la empresa, Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Los mismos son propietarios en distintas cadenas del rubro gastronómico como My Urban Food, Amaratotto, y también se dedican al servicio de comidas en transporte: áereo, terrestre y marítimo.
Cuando el 8 de Junio de este año, los propietarios de Productos La Nirva S.R.L se encontraron en el Departamento de Justicia de La Matanza con representantes del Sindicato de Pasteleros, el Agente Fiscal y una instructora judicial, aún no se sospechaba el desenlace de esta historia. Allí en el acta labrada y certificada por los presentes puede leerse: «?Finalmente, todos estuvieron de acuerdo en que lo esencial es retomar las actividades laborales junto al pago del 100% de lo adeudado».
Un ex delegado del Sindicato de Pasteleros en la empresa con 12 años de trayectoria, Marcelo Alejandro Cáceres, dialogó con Agencia de Noticias Solidarias detallando la situación: «Llevamos meses de audiencia en La Plata. Al día de hoy, después de 2 meses de bancar en la vereda con frío, lluvias, y en mi caso una denuncia penal por usurpación, sólo recibimos bolsones de mercadería del municipio de La Matanza, y aún ninguna ayuda ni del Gobierno Nacional ni del provincial. Nuestro camino es la conformación de la cooperativa, pero será largo, por lo pronto, continuamos en asamblea permanente».
Las cifras en La Nirva impactan: 10 meses sin cobrar, 3 sin aportes jubilatorios, y una permanencia de 58 de los 160 trabajadores y trabajadoras que supieron integrar la planta en el mejor momento.
«Tal fue la estafa que si ingresas a ANSES figuramos al día con todo. Las necesidades son muy grandes, esta semana una compañera falleció y la familia no podía pagar el sepelio, hubo otro caso de una compañera imposibilitada de comprar sus remedios oncológicos por la carencia de obra social. Hay mucha bronca, pero también claridad de lo que necesitamos: producir. Nosotros hacemos alfajores, podemos trabajar con colegios, con comedores comunitarios, merenderos, etc», concluyó.
Ola de contagios entre los azucareros que piden mayores controles y una baja en los ritmos de la zafra
Los trabajadores jujeños emitieron un comunicado de prensa solicitando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para frenar el pico de contagios que están viviendo en la provincia. Aseguran ser conscientes de la necesidad de hacer la zafra pero «entendemos que si se continúa al ritmo actual, el nivel de contagio dentro de las empresas va a ser masivo».
26/07/2020
Así lo indicaron en un comunicado de prensa respecto a preocupaciones que fueron transmitidas al ministro de Salud jujeño, Gustavo Bohuid, con quien ayer mantuvieron una reunión virtual.
«Se dejó aclarado que si bien la situación y comportamiento de los Ingenios Ledesma, Río Grande y La Esperanza no es igual, las preocupaciones son comunes», indicó el texto.
Sobre el aumento de los controles, señalaron que «si bien sabemos que las empresas han establecido protocolos de actuación y/o comportamiento para el personal, solicitamos se arbitren los medios necesarios para que cumplan estrictamente y se establezcan sistemas de control conjunto«.
Por otro lado, pidieron que se establezcan procedimientos para que las empresas y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a través de laboratorios privados, dispongan un sistema de testeo rápido y eficiente para los trabajadores con síntomas o sospechosos y para sus vínculos estrechos.
«Como trabajadores somos absolutamente conscientes de la necesidad de la realización de la zafra, pero entendemos que si se continúa al ritmo actual, el nivel de contagio dentro de las empresas va a ser masivo», sostuvieron en el tercer punto del reclamo al solicitar una disminución en el ritmo de trabajo.
Finalmente, además de pedir que se emita un informe diario del estado de los trabajadores del sector, ofrecieron las instalaciones de las organizaciones para transformarlas en hospitales de campaña con el objeto de mantener aislados a quienes tengan síntomas o definidos como contactos estrechos.
En el caso de Ledesma, se confirmaron hasta el miércoles pasado 48 casos positivos, dentro de un universo de alrededor de 6.000 trabajadores, según informó la empresa, que detalló que 178 obreros guardan aislamiento preventivo por ser contactos estrechos de enfermos de Covid-19.
Además, se indicó que se decidió sacar de funcionamiento uno de los tres trapiches con los que lleva adelante su molienda de caña de azúcar, y detener al menos dos de los once frentes de cosecha, lo que implica reducir 30% la producción.
Ante la multiplicación de contagios en empresas de distintos rubros en Jujuy, anoche el gobernador Gerardo Morales, promovió la creación de Comités de Emergencias institucionales, en los que intervengan los trabajadores y los Comité de Emergencia locales.
COTO ocultó los síntomas de otro trabajador y la esposa falleció de Coronavirus
(Por Ana Flores Sorroche @anisjoplin) Los trabajadores de la sucursal Retiro denuncian que «el trabajador, a pesar de haber manifestado tener síntomas, era obligado a concurrir a su lugar de trabajo e insistentemente pedía ser hisopado y aislado por miedo a contagiar su familia.» La mujer no tenía condiciones de riesgo y era madre de una niña.
26/07/2020
La sucursal 160 de Retiro de la cadena de supermercados COTO tuvo que lamentar una víctima por Coronavirus debido a la desidia de la empresa frente a la pandemia que las y los trabajadores y delegados denuncian incansablemente. Un trabajador manifestó síntomas, pidió que se active el protocolo para que le hagan el hisopado y lo lleven a aislamiento, pero se lo negaron. Su esposa se contagió y lamentablemente falleció el viernes.
InfoGremiales conversó con el delegado de la sucursal que más casos de COVID-19 positivos acumula: «El compañero se contagió en el trabajo. Lo llamé y lo primero que me dijo fue que lo estaban obligando a trabajar. ‘Les dije que me sentía mal, que tenía miedo por mi hija, por mi señora, nunca me hicieron caso’. Estamos muy angustiados y con mucha bronca.»
Esto no es nuevo. La sucursal de Retiro queda a metros de la entrada a la Villa 31, que sufre un alto nivel de personas infectadas desde fines de abril. Tanto es así que, según consignó Infobae, el Ministerio de Salud de la Ciudad realizó allí el primer estudio de seroprevalencia dando como resultado que la prevalencia del virus en el barrio es de 53,4% y que por cada caso confirmado de COVID-19, otros nueve vecinos fueron IgG positivos, lo que significa que tuvieron el virus pero fueron o asintomáticos u oligosintomáticos, es decir, que presentaron síntomas muy leves y no realizaron una consulta médica.
De ahí el pedido insistente de las y los trabajadores para que alguien competente intervenga: «Nosotros hemos llevado un petitorio al gobierno de la Ciudad, a Fernando Cohen (Director General de Protección del Trabajo) le hemos dicho ‘Te dije la otra vez que tenemos 20 casos, andá, hacé algo’ y me decía ‘No, yo ya fui’, me boludeaba. Tenemos 45 casos ya.», aseguró Castro muy dolido.
A estos pedidos se suma unacausa penaliniciada por un fiscal federal que encontró «motivos suficientes» para formular las imputaciones por presuntas «conductas delictivas» de la empresa Coto y un reclamo de Diputados Nacionales al Poder Ejecutivo Nacionalen el que piden informes oficiales sobre cantidades de personas infectadas en supermercados y que se identifique si se establecieron rutas de contagios, si hubo testeo a contactos estrechos y piden copia de los protocolos empresariales.
Las y los delegados de base son quienes ponen la cara y sobretodo el cuerpo ante las irregularidades de la cadena de supermercados COTO, que se visibilizan ya grotescas sumando el contexto de la pandemia. «No vamos a parar esto. A mí me pegaron por denunciar los casos de COVID-19. Una vez hicimos una asamblea y la empresa mandó a 50 personas de seguridad a separarnos y decirnos que si no la levantábamos nos quedábamos en la calle. Y cuando denuncié me vinieron a cagar a palos», recordó Castro.
En el comunicado, el personal de la sucursal responsabiliza a la familia Coto y al dirigente mercantil: «No es la primera muerte que, para satisfacer su avaricia, DON ALFREDO carga sobre sus espaldas y si Ramón Muerza, quien se adjudica el título de representar a los trabajadores de COTO, se hubiera ocupado en este tiempo de hacer cumplir los protocolos, hoy esta muerte se hubiera evitado«, disparan.
Mientras tanto, esta semana el INDEC informó que la venta en supermercados y grandes cadenas mayoristas aumentó en mayo un 54,8% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas online, por su parte, aumentaron un 276,2%, también comparando con mayo de 2019.
Gremios advierten que YPF mandó a bajar 30% las contrataciones y pone en riesgo la continuidad de las firmas
La Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos advierte que la orden de reducir las compras pone «en riesgo la salud financiera de las empresas contratistas» y si estas empresas no se advienen a recortar costos entonces les avisaron que «se rescindirá el contrato y se buscará otra empresa».
26/07/2020
La Federación que unifica a los diferentes sindicatos petroleros de YPF del país sacó un comunicado para denunciar que la empresa ordenó a su sector Compras reducir «por consenso o forzosamente» el costo de las contrataciones de servicios en, al menos, un 30 por ciento en cada contrato.
El nombre que se lleva todos los señalamientos es Fernando Giliberti parte del directorio de la «etapa de transición», para no decir de ajuste.
Esta decisión afecta fuertemente a las pequeñas y medianas empresas contratistas y «pone en riesgo su salud financiera» en caso de cumplir con el objetivo.
Además, desde la Federación denuncian que «verbalmente, se les manifiesta que si no se avienen a firmar esa imposición, se rescindirá el contrato y se buscará otra empresa para que brinde ese servicio».
«Todo ello pone en evidencia una mala gestión por parte del autor intelectual de este programa», afirman en un texto que lleva las firmas de Ramon Garaza y Antonio Cassia.
En el comunicado aseguran que Giliberti «pretende entorpecer el trabajo de la Comisión Tripartita» creada por iniciativa del SUPEH y el CEO «con la finalidad de buscar alternativas que permitan optimizar los contratos, sin poner en riesgo las fuentes de trabajo, ni la sustentabilidad de las empresas nucleadas en CEPERA».
Por ello la Federación confirmó que no respalda nada que no alla salida de la comisión tripartita y repudió lo que calificó de acciones «coercitivas» por parte de YPF.
Por las demoras de hasta 16 horas en los controles, Camioneros paraliza el transporte de mercadería en el norte del país
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros cumple desde las 0 de hoy un paro de choferes de camiones de larga distancia en el norte argentino, en repudio a las «demoras de hasta 16 horas que vienen sufriendo los choferes en los controles sanitarios por coronavirus».
25/07/2020
El secretario gremial de la Federación, Pedro Mariani, explicó a Télam que «el maltrato viene en particular del personal policial, que tiene a los choferes retenidos hasta por 16 horas en lugares donde no tienen condiciones ni siquiera de ir al baño».
«Estamos de acuerdo con los controles y creemos que deben hacerse pero no pueden tener más de una hora esperando a los choferes porque ellos no tengan personal o les falten kits», indicó el dirigente gremial.
Según un comunicado de prensa de la federación, la medida fue decidida «ante el atropello que vienen sufriendo los choferes camioneros en las rutas del norte argentino y luego de haber llamado a buscar soluciones a todos los gobernadores e intendentes».
«Hacer cumplir un protocolo no debe ser el hostigamiento, maltrato o sufrimiento del trabajador, que a pesar del riesgo sigue recorriendo toda nuestra Argentina desde el comienzo de la pandemia, para que a ningún argentino le falte un plato de comida en la mesa», indica la gacetilla.
En ese sentido, Mariani puntualizó que «desde las 0 horas de este sábado se ha tomado la decisión de dejar de recorrer las rutas y declarar un paro total de actividades de la larga distancia», aunque expresó su deseo de que «la situación se normalice en el transcurso del día».
Desde el gremio que conduce Pablo Moyano, Mariani agregó: «Hemos pedido en varias oportunidades el cuidado de los choferes y esto es responsabilidad de los que gobiernan cada provincia o cada municipio por el desprecio total a nuestros compañeros».
El dirigente puntualizó que los principales inconvenientes se produjeron en los limites de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán.
«No puede ser que haya dos efectivos policiales para controlar a 500 camiones», sintetizó.
Ollas populares de los trabajadores de bingos para reclamar el pago de salarios adeudados
Las protestas se desarrollaron en las puertas de más de una decena de salas de la empresa Codere. Reclamaron el cobro de los sueldos de junio y el aguinaldo.
26/07/2020
Trabajadores de una decena de salas de juegos de la provincia de Buenos Aires protestaron con ollas populares para reclamar el cobro de los sueldos de junio y el aguinaldo.
Las protestas se desarrollaban este mediodía con la instalación de ollas populares frente a los bingos de de Lomas del Mirador (La Matanza) y Lanús.
«Son los bingos de la empresa Codere, que tienen atrás de sus accionistas a los denominados fondos buitres, que recaudan una fortuna desde hace muchos años y ahora ante esta emergencia nos vienen a decir que no tienen plata para cumplir con sus obligaciones¨, afirmó a Télam el secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara), Ariel Fassione.
El dirigente afirmó que «el Gobierno y los trabajadores están haciendo el máximo esfuerzo en la delicada situación del país, pero si la contraparte no asume su responsabilidad haremos lo necesario, tanto legal como gremialmente para que lo cumpla».
En ese sentido, informó que las protestas se extendieron «a más de una decena de salas de la provincia de Buenos Aires que están en condiciones similares».
El sindicalista adelantó que la próxima semana «se concretarán movilizaciones en bingos de otras empresas en la que los empleados aún no han terminado de percibir la primera cuota del aguinaldo y las diferencias generadas por el cobro del ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).
Las protestas de los trabajadores de los bingos se desarrollaron en la sede los bingos Mirador, ubicado en Juan Manuel de Rosas 30 de Lomas del Mirador, y en Lanús, en Hipólito Yrigoyen 4450, de esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires.
Las manifestaciones de los trabajadores del sector continuarán el miércoles próximo en el Bingo Avellaneda y seguirá posteriormente en los bingos de Berazategui; Quilmes y Moreno, en el sur del conurbano bonaerense.
Trabajadores de plataformas en Argentina: la lucha en tiempos de pandemia
Por Mg. Sonia Filipetto y Mg. Darío Romano
El caso de los repartidores de plataforma encierra una enorme contradicción. Una actividad realizada por trabajadores precarizados, desprotegidos y expuestos como nunca a una infinidad de riesgos, es considerada esencial en tiempos de pandemia.
El mundo del trabajo está cambiando en línea con mutaciones mayores del capitalismo global. Uno de los cambios más destacados viene representado por las nuevas modalidades de relación laboral que se originan en el trabajo a través de plataformas. Nick Srnicek en Capitalismo de plataformas (2018) las define como “infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen” y como un nuevo modelo de negocios que ha devenido en un nuevo y poderoso tipo de compañía. Algunas de las nuevas plataformas tecnológicas que ofrecen la prestación de diversos servicios en Argentina son las de Uber, Cabify, Zolvers, MercadoLibre, Rappi, Glovo, Pedidos Ya, entre las principales.
Las plataformas tienen puntos en común con muchas modalidades laborales existentes, pero la mediación de la tecnología digital da lugar a nuevas formas de trabajo que se caracterizan por el corrimiento de límites en varios niveles tales como: jornada de trabajo, salarios, autonomía y control, entre otras, lo que plantea múltiples preguntas en el campo de la regulación (Del Bono, 2020). Si bien la precariedad laboral tampoco llega con las plataformas, al haber irrumpido en Argentina en un contexto de desempleo creciente y retribución salarial en descenso, su progresiva implantación se presenta como una agudización de los problemas ya presentes en el mercado laboral argentino, especialmente para los jóvenes. En este contexto es donde se vuelve prioritario seguir con atención el accionar de estas empresas que representan una nueva forma de empleo para un conjunto de trabajadores muy presentes en las ciudades.
PROPUESTA
En este ensayo se relatan las iniciativas y sucesos más importantes en torno a las plataformas de reparto o delivery en el contexto del AMBA como de algunos debates presentes en materia regulatoria. Estas empresas comparten características en sus formas de inserción en el mercado, en el origen externo de sus capitales, en sus modalidades de organizar y gestionar el trabajo, así como, en las formas de explotación y precarización de los trabajadores, desconociendo cualquier tipo de relación y regulación en materia laboral. Se trata de las empresas Pedidos Ya, Rappi y Glovo autodenominadas “plataformas colaborativas” que proveen servicios de tanto de reparto como de mensajería.
Al tratarse de una relación laboral aún no regulada no existen estadísticas oficiales, no obstante, se calcula que existen cerca de 160 mil trabajadores de plataformas digitales en todo el país, incluyendo a las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, según se indica de un informe realizado durante 2019 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De esos 160 mil, cerca de 60 mil son trabajadores de reparto. A partir del mencionado estudio conocemos algunas características de la fuerza laboral que emplean. Por ejemplo, sabemos que los trabajadores tienden a ser más educados que la población ocupada general, que casi 4 de cada 5 trabajadores de plataformas digitales son hombres, con una edad promedio de 38 años. Como así también que para la mayoría de las personas encuestadas (60%), la plataforma es su principal fuente de ingresos y es determinante para sostener sus gastos habituales.
El contexto del aislamiento ha puesto en relieve las problemáticas y conflictos de este colectivo de trabajadores dada su condición de trabajadores esenciales. Cuando Rappi lanzó una campaña publicitaria para promocionar a sus trabajadores como “Rappi Héroes” de la pandemia, la Asociación del Personal de Plataformas (APP), gremio inscripto en el Ministerio de Trabajo en 2018, emitió un comunicado para responderle: “No somos héroes ni heroínas, queremos insumos de seguridad”. Otro gremio activo en el debate sobre la materia es la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM).
La salud misma es una clara faceta de la inseguridad relacionada con la profesión de los repartidores. Además de la desprotección frente al virus están los accidentes de trabajo, el desgaste mismo que supone el trabajo físico y el aire contaminado que respiran en las grandes urbes: entre los resultados del proyecto “Life + Respira” de la Universidad de Navarra y financiado por la Unión Europea, se concluye que los ciclistas están expuestos entre dos y tres veces más a los gases contaminantes que los peatones.
En 2019, representantes de las empresas Rappi, Pedidos Ya y Glovo, miembros de los sindicatos (aunque con distintas posiciones) y la Defensoría del Pueblo consensuaron medidas para evitar “el grave riesgo a la seguridad en la vía pública y la afectación a la integridad de los conductores de bicicletas que prestan servicio de reparto a domicilio”. En el fallo del juez Gallardo se da cuenta de un acuerdo presencial. El principal punto era que las empresas se registren dentro del Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMyC) para regularizar el funcionamiento y cumplan sus requisitos básicos de seguridad para funcionar. En caso contrario, el funcionamiento quedaría prohibido. Ni el Ejecutivo porteño ni las empresas cumplieron, por lo que el juez obligó al Gobierno a suspenderlas.
Está claro que buena parte de la desventaja de estos nuevos empleos y del comportamiento asociado a las empresas radica en que las relaciones laborales no se corresponden con las tradicionales: los lugares de trabajo no son el del típico empleo industrial fordista. No hay una jornada mínima de horas de servicio a prestar de manera predeterminada y se emplean medios tecnológicos en los que operan dudosas combinaciones algorítmicas de premio/castigo y asignación del trabajo y las remuneraciones. Por otra parte, los intercambios que tienen lugar dentro de las plataformas enmascaran la externalización de los costos comerciales en los trabajadores. Los trabajadores tienen como requisito contar con las herramientas necesarias para realizar el trabajo: smartphone con ciertas características, bicicletas o motos. Otra de las principales características de estos nuevos empleos es que el empleador no está claramente identificado físicamente. En este sentido, las plataformas refuerzan el concepto de trabajador autónomo. Su tendencia a incorporar trabajadores por cuenta propia – frecuentemente bajo alusiones a términos como “asociados” o “colaboradores”, ha generado polémicas sobre la naturaleza de estas relaciones contractuales.
En el ámbito de las estadísticas del trabajo, ya existe una nueva conceptualización (OIT, 2018, artículo 35): Los contratistas dependientes son trabajadores que suscriben acuerdos contractuales de índole comercial (pero no un contrato de empleo) para suministrar bienes o servicios para otra unidad económica o a través de ella no son empleados de dicha unidad económica, pero dependen de esta para la organización y ejecución del trabajo, los ingresos, o para el acceso al mercado. Son trabajadores empleados por beneficios, quienes son dependientes de otra entidad que ejerce control sobre sus actividades productivas y que se beneficia directamente del trabajo que ellos realizan.
En la Argentina, la Ley 5.526 de 2016 de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como “ley delivery”, tipifica la modalidad de operación de los servicios de reparto a domicilio y define que los repartidores, en este tipo de empresas, han de ser trabajadores dependientes. Sin embargo, aún no se ha logrado la efectiva implementación de la ley y se han emprendido varias acciones legales contra ella (OIT, 2019). Para la exitosa implementación de estas recomendaciones, es esencial avanzar en la definición básica del estatus legal de los trabajadores, y así poder determinar con qué derechos laborales cuentan y quién tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de estos derechos. Esto puede conllevar la definición de nuevas figuras jurídicas que reflejen la combinación de elementos de dependencia y de autonomía que caracteriza la situación de muchos trabajadores que tienen este tipo de ocupaciones.
INICIATIVAS EN MARCHA
Durante 2020, el Gobierno Nacional retomó su proyecto de ley para regular el trabajo en las aplicaciones de reparto. La Secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, llevó adelante la iniciativa y este proceso quedó interrumpido por el aislamiento en el mes de marzo del corriente año. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo le incorporó un capítulo que incluirá a los repartidores en el régimen general de la seguridad social, con prestaciones de salud y aportes jubilatorios, y una habilitación a la AFIP para ejercer un control en tiempo real de la distribución de tareas por parte de las aplicaciones. El proyecto recibió críticas desde los gremios que agrupan a los trabajadores del rubro. Estas radican en la propuesta de una vinculación novedosa pero no asociada a la relación de dependencia que establece el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo y que se asimila más a la de otros estatutos como el del peón rural o al del trabajador de la construcción. Otro aspecto en controversia es el hecho de cederles a las empresas una mayor potestad en el manejo de los tiempos de disponibilidad de los repartidores, un aspecto clave a la hora de definir el salario básico de la actividad.
En tiempos de pandemia, todo se ha agudizado. El 29 de mayo de 2020 se llevó a cabo el tercer paro de repartidores en la Ciudad de Buenos Aires. Los y las trabajadoras de reparto de las aplicaciones Rappi, Glovo y Pedidos Ya, se manifestaron una vez más en el centro porteño para exigir el pago doble “acorde al riesgo que asumimos”, mejoras laborales y elementos de higiene que los proteja de los contagios sumándose a una lucha de escala global. Los trabajadores y las trabajadoras de las aplicaciones están autorizados a circular porque son considerados servicios esenciales, pero lo hacen sin contar con las condiciones mínimas de protección frente al virus. La única respuesta de las empresas fue lanzar promociones de “entrega sin contacto” y “envío gratis”. El conflicto se agudizó luego de que un joven trabajador de la app Glovo fue atropellado en el partido de Avellaneda, aunque ya son cuatro los jóvenes precarizados de delivery que pierden la vida en los últimos meses. La accidentalidad de los repartidores es permanente. Las crónicas tienen nombres propios. Las víctimas comprenden a jóvenes cuyos casos se relatan en el cuadro 1 y se suman a otros casos fatales que tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires en 2019 que tuvieron eco internacional.
Cuadro 1. Accidentes de trabajos asociados a las apps de delivery en Argentina entre 2019 y 2020.
Miguel Ángel Machuca, un joven repartidor de la aplicación Glovo, estaba trabajando en la entrega de un pedido con su motocicleta, cuando fue embestido por un camión en la Avenida Mitre en el partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Los vecinos que presenciaron el accidente indican que la ambulancia tardó 45 minutos en llegar y no pudieron reanimarlo.
Franco Almada falleció atropellado en la localidad bonaerense de Bernal mientras trabajaba para Pedidos Ya. Tenía 19 años. “No sabemos si Franco tenía puesto el casco. La Policía nos dijo que sí, pero en el hospital nos dijeron lo contrario. Tal vez no lo tenía abrochado y del golpe se le salió. El casco tenía raspones” relató la hermana de Franco a los medios. La policía busca dar con el paradero del conductor, que se dio a la fuga.
Ramiro Cayola Camacho circulaba en la Ciudad de Buenos Aires por la zona de Retiro con la caja de Rappi en su espalda cuando un camión Iveco lo atropelló y lo mató en el acto. El joven tenía 20 años y era oriundo de Quilmes. Según la autopsia, presentaba politraumatismos con hemorragia interna y externa.
Emma Riosendaulv Joncka era un joven de 23 años de nacionalidad haitiana que salió por la noche a hacer repartos. Era estudiante de la Universidad Nacional de Rosario y optó por esta salida ocupacional para sostenerse económicamente en tal ciudad. Fue impactado por un colectivo mientras se trasladaba en moto. Por circunstancias que se investigan, se produjo un fuerte impacto que le ocasionó la muerte en el acto por un traumatismo de cráneo grave. “Me llamaron, fui hasta el lugar, pero los médicos dijeron que ya no había más nada que hacer”, comentó Kesler Jean Mary, referente de la colectividad haitiana en Rosario. También, el compañero de Emma agregó: “De la empresa no se presentó nadie, ni nadie se comunicó, al menos, por el momento”. Una multitud de compañeros de Emma marcharon por la rosarina calle Carlos Pellegrini para pedir justicia.
Fuente: Elaboración propia en base a crónicas periodísticas.
Frente a este escenario, emergieron iniciativas. Por ejemplo, en el proyecto de ley de la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez presentado en el mes de abril de 2020 se señala:
ARTÍCULO 1°. – Los titulares de Plataformas Electrónicas o Digitales que brindan su servicios con base en el desarrollo de tecnologías de dispositivos móviles, utilizando el sistema de posicionamiento global y plataformas independientes para conectar usuarios que demanden el traslado de bienes o servicios, deben proveer a los trabajadores y las trabajadoras que presten esas funciones mediante el uso de la misma aplicación, de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) consistentes en guantes descartables o guantes de látex o nitrilo, barbijos y alcohol en gel o solución al 70% de alcohol.
ARTÍCULO 3°. – El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, por parte de los titulares de Plataformas Electrónicas o Digitales, será sancionado conforme las pautas establecidas por el artículo 32 de la Ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo).
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, los Legisladores y Legisladoras del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para que las empresas de transporte de bienes y alimentos (Rappi, Glovo, Pedidos Ya, entre otras) garanticen el suministro de elementos de higiene básica a sus repartidores. Por su parte, el oficialismo porteño ingresó en junio del 2020 un proyecto de ley girado a las comisiones de Tránsito y Transporte, Justicia y Asuntos Constitucionales para avanzar en la regulación de la actividad que generó fuertes repercusiones y polémicas.
El proyecto inicial preveía una serie de modificaciones en el Código de Tránsito y Transporte, legitimando el servicio de repartidor y mensajería por Plataforma a medida de las mismas, consolidando su esquema de negocios, ganancias y el fraude laboral que opera en la actualidad. Se definía a la Plataforma como mero intermediario entre clientes, empresas proveedoras de alimentos u objetos, y los mensajeros/repartidores, caracterizando a estos últimos como trabajadores autónomos que ofrecen su servicio de forma independiente.
Respecto a las modificaciones a la Ley 5526⁄16 que preveía el proyecto del interbloque Vamos Juntos, desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que conduce Marcelo Pariente, manifestaron que “es un burdo intento de legalizar el modelo laboral que las empresas de plataformas pretenden imponer, en clara violación a la histórica normativa laboral argentina”. Además, indicaron que “los funcionarios en lugar de hacer cumplir dicha normativa deciden reformarla a medida, a capricho de las multinacionales, en claro perjuicio de los trabajadores y trabajadoras de la actividad… Hace apenas 4 años y en esta misma legislatura, fue avalada por los trabajadores, presentada por el oficialismo, acompañada por la oposición, y votada por unanimidad.” y agregaron: “la misma nunca fue respetada; y peor aún, resultó ignorada en su aplicación por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires que preside el Señor Rodríguez Larreta.”
Finalmente el jueves 16 de julio de 2020, los legisladores del bloque del Frente de Todos se abstuvieron pero aprobaron algunos artículos de la Ley. Entre los intercambios con el oficialismo se estableció, entre otras cosas, que los repartidores deben estar habilitados y contar con seguros laborales, asimismo se consiguió la prohibición de los sistemas de premios y castigos a los trabajadores. También se consiguió regular las comisiones. La ley obliga a las empresas a retrotraer las comisiones a los valores que se cobraban en marzo, además de ponerle un tope del 15% de la venta. También se logró quitar requisitos para los repartidores como la acreditación de la nacionalidad o residencia definitiva, y la constitución de domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Se estableció la obligación de entregar a los repartidores elementos de seguridad e higiene como cascos, barbijos y alcohol en gel por parte de las empresas de Plataformas.
Más allá de estas modificaciones, el proyecto continúa generando rechazo entre los repartidores, quienes se manifestaron frente a la Legislatura sosteniendo que su trabajo continúa precarizado. Las quejas más importantes por parte de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) son:
Se crea un permiso de trabajo para los repartidores quienes deberán renovar anualmente una habilitación. El proyecto incluye sanciones especiales por no tener habilitación iguales a las previstas para quienes circulan en contramano o alcoholizados. Las sanciones incluyen multas, la retención de la moto y de la licencia de conducir.
La obligación prevista para las aplicaciones es constatar que los repartidores cumplan con los requisitos para estar habilitados. El proyecto contiene hasta la obligación de despedirlos si no se cuenta con la habilitación al día (tramitada eventualmente por los trabajadores mismos).
Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor legal de la APP agregó que “esta ley es un retroceso porque desconoce la figura de la empresa al calificar a la plataforma como intermediaria. No es un avance en términos de derechos sino que retrasa el camino para el reconocimiento de algún tipo de vínculo laboral ya que las empresas lo desconocen y consideran que los repartidores son microempresarios”. Claro está que la asociación aboga por la conformación de un estatuto de manera urgente.
REFLEXIONES FINALES
Tanto los trabajadores como las empresas están cumpliendo una imprescindible función social que permite la llegada a los hogares de productos que las personas necesitan. La diferencia es que a los repartidores nadie los protege del coronavirus, a pesar de que distribuyen a domicilio alimentos, medicamentos, artículos de limpieza y todo lo que los integrantes de la sociedad necesitamos para sobrevivir y para cuidarnos frente a la pandemia.
Frente a este esquema de desprotección social, si no trabajan no cobran y, además, pierden puntos en la app que les proporciona los pedidos. Es muy posible que durante esta temporada impere más que nunca la ley del más fuerte, o más bien la de los más precarios que tienen que salir a pedalear por necesidad. Como sociedad, no podemos quedarnos impávidos cuando miles de trabajadores no tienen la cobertura básica y elemental para hacer su trabajo de manera segura, especialmente, cuando se trata de una actividad esencial en donde la relación de dependencia entre los repartidores y las empresas de plataformas es evidente y debería estar regulada por la ley de contrato de trabajo. No existen lagunas o vacios legales que justifiquen la actual situación.
Cabe destacar que además de las iniciativas que aquí se relatan, entre otras de las propuestas que se han ido difundiendo localmente está la creación de una plataforma público-cooperativa. La creación de plataformas cooperativas ‑con respaldo estatal- permitiría incidir en un punto clave, monopolizado hoy por empresas privadas con recursos financieros suficientes para capturar la inteligencia colectiva: gestar infraestructura digital básica para mediar entre productores (y/o comerciantes), trabajadores y consumidores. Y con esa base fomentar una economía de plataformas genuinamente popular.
Un ejemplo concreto de intervención a nivel internacional lo constituye el de los repartidores en la ciudad de Bologna, quienes tuvieron el apoyo de organizaciones sindicales, de plataformas locales preexistentes y del gobierno local para elaborar una carta de derechos de los trabajadores (conocida como Carta di Bologna) más tarde devenida en ley.
Dadas las circunstancias actuales, vemos con expectativa la iniciativa del gobierno nacional para generar un nuevo estatuto para trabajadores de reparto de plataformas digitales bajo demanda que adecue la normativa laboral existente a las particularidades de la actividad. Sin un avance en este plano, la proyección es una agudización de los problemas ya presentes en el mercado laboral argentino, particularmente en aquellos segmentos de la sociedad con más dificultades para acceder al mercado de trabajo formal como sucede en el caso de trabajadores jóvenes y migrantes.