Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020.
En Colombia, reactivar la economía tras la pandemia no se traduce en la creación de empleos verdes, ni naranjas, ni de ningún color. Para el Gobierno Nacional, significa reactivar la economía colonial. A través de dos proyectos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pretende reanudar la acumulación de tierras baldías de la Nación en manos de empresarios, en contra de la implementación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz.
El problema de la gran concentración de la tierra en Colombia no solamente está en el corazón de la violencia histórica contra el campesinado y los esclavos liberados, sino que sigue siendo el motor de los asesinatos de líderes y el desplazamiento forzado de millones de personas en todo el país.
Ante este problema agrario estructural, el movimiento campesino ha protagonizado luchas importantes de recuperación, democratización y liberación de tierras en los años 1970 y 1980, que pretendían provocar une reforma agraria distributiva que diera respuesta al despojo y al acaparamiento de tierras por parte de los latifundistas.
En la actualidad, con lineamientos directos desde Washington, el gobierno ha decidido priorizar el campo colombiano como espacio para la recuperación económica del país. Con miras a cumplir con la implementación, no del Acuerdo de Paz, sino de la estrategia estadounidense de Colombia Crece, la ANT es hoy la que anuncia grandes cambios para la ruralidad colombiana.
Dos proyectos de acuerdo, de la ANT, proponen establecer nuevas reglas de ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías a través de las Zonas de Desarrollo Empresarial. Estos proyectos pretenden crear una excepción a la Ley, creando una figura que permita a empresas agropecuarias acumular tierras sin un determinado límite de extensión. El objetivo de estos proyectos de la ANT es liberalizar la tenencia y uso de los baldíos de la Nación para beneficio de los latifundistas de siempre.
Estos proyectos privatizadores de las tierras baldías, las cuales deben ser destinadas a garantizar derechos y a brindar justicia a los sin tierra y a los despojados, van en contra del orden constitucional.
Por un lado, desconocen el artículo 64 de la Constitución, que obliga al Estado a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, y a brindar servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, crédito, comercialización de los productos, entre otros, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida del campesinado.
Por otro lado, cambios de esta naturaleza a la adjudicación y uso de las tierras baldías de la Nación, exigen una discusión amplia, con diálogo intercultural, entre el campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades afros, y lógicamente el Congreso de la República.
La garantía del derecho a la participación de los pueblos étnicos ante cualquier decisión que afecte sus derechos, se vuelve efectiva a través de la consulta previa. Asimismo, el Consejo Directivo de la ANT que emitió esas propuestas de acuerdo está de facto usurpando competencias del Poder Legislativo.
El territorio de Colombia le pertenece a la Nación. La Madre Tierra no puede ser considerada una mercancía que se vende al mejor postor.
La tierra es el origen de la vida, es nuestra morada, es la madre que nos nutre, nos abriga y cuida de nuestra salud y la de las generaciones futuras. De ella han brotado los frutos de nuestra cultura y marcado los hitos de nuestra historia. Las tierras baldías no son, ni serán, el botín de los despojadores en su guerra contra el Pueblo colombiano.
Nos resistimos a que nuestra Tierra sea acaparada, explotada y destruida por intereses privados y extranjeros. La lucha por la vida, por la tierra, por los derechos y por la soberanía alimentaria, une a comunidades campesinas, indígenas, afros, urbanas, une a todo el Pueblo colombiano.
Fuente: Cuarto de Hora
