Resumen Latinoamericano, 28 de diciembre de 2020.
Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA y otras agencias.
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UNA HUELGA POR EL FUTURO
Grandes empresas buscan castigar a los trabajadores y provocar conflictos para imponer condiciones
La lucha de los aceiteros, que ya lleva dos semanas largas de duración, es el conflicto más importante del año. Dos centenares de barcos están fondeados en el Paraná sin recibir la carga con un costo de 25.000 dólares por día y por barco. CIARA, la cámara empresaria, balbucea explicaciones no convincentes para sus negativas. Glencore, la multinacional suiza con sede en Bélgica, capitanea el lote de los empresarios más duros y nada de lo que reclaman los sindicatos les cae bien. En general suelen acatar los términos del convenio colectivo. Esta vez no lo hicieron para precipitar la medida de fuerza.
A la Federación le están ofreciendo un acuerdo cercano a lo que piden, pero solo informalmente. A San Lorenzo no le quieren reconocer el “bono pandemia” para dividir los reclamos, a pesar de que la unidad gremial en esta oportunidad fue la nota dominante. El Ministerio de Trabajo dio por agotada la negociación sin intimar a los gremios a morigerar las medidas de fuerza, lo que demuestra claramente que la pulseada es entre el gobierno y las cerealeras.
Discuten el control de la Hidrovía que pretende obtener el Estado, la estafa de 600 millones de dólares de Vicentin contra bancos extranjeros y acreedores locales y el escándalo del contrabando triangulado con Paraguay que necesita una autoridad pública lejos de los puertos. Es un pliego de demandas que no se puede ventilar y por eso apelan al escándalo político. La firmeza de la protesta comienza a preocupar a todos y el acumulado de los días caídos se va convirtiendo en una bola de nieve de difícil manejo.
Para Daniel Yofra, a diferencia de la huelga de 2015 que duró 25 días, esta vez lograron un avance en la unión sindical a partir de la unidad de acción con el sindicato aceitero de San Lorenzo que conduce Pablo Reguera, con el sindicato de recibidores de granos y otros sindicatos, como el de Dragado y Balizamiento del ex triunviro Juan Carlos Schmid, que los acompañó en todo momento, y cuya federación de marítimos, portuarios y navales (Fempinra) paralizó todos los puertos de la zona martes y miércoles. Recibieron también el respaldo de la CGT de San Lorenzo y el Movimiento Obrero Santafesino (MOS), que mantienen un vínculo muy estrecho con aceiteros San Lorenzo y la Federación.
“Hasta ahora, las cámaras patronales no han tenido la intención de arreglar el conflicto. Son empresas de alta rentabilidad, con súper ganancias durante veinte o treinta años. El gobierno debería exigirles que presenten los balances, como lo establece la ley de negociaciones colectivas, y entonces el gobierno se daría cuenta de lo que ganan y les exigiría que se sienten a negociar”, aseguró Daniel Yofra.
«Las patronales presentaron una propuesta de aumento a los aceiteros que no recompone los salarios de este año y es escalonada durante 8 meses y no remunerativa”, cuestionan desde las tres organizaciones que llevan adelante el paro. La protesta siguió incluso durante Nochebuena y Navidad. El Ministerio de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia de conciliación –la número 17, según fuentes de la cartera laboral— que tendrá lugar el martes 29 a las 11 en la sede porteña de Leandro N. Alem 650.
La cantidad de actividades generadas en las exportaciones de cereales y derivados es tal que los efectos colaterales de la huelga desatan solidaridad y apoyo y todos aspiran al triunfo obrero para pelear lo suyo. De la misma manera CIARA, ámbito donde se reúnen las grandes firmas a planear la explotación, sueña con una derrota de los trabajadores para imponer sus condiciones de trabajo y sus salarios a la baja. La huelga es política porque el reclamo económico no preocupa a las patronales y la aprovechan para presionar al gobierno. Los resultados de las grandes luchas se miden en conquistas y en organización. Aceiteros ya ganó. La unidad sindical exhibida es el primer corolario de la lucha, que demostró épica obrera y templanza política. Resta saber si es por puntos o por KO.
El amanecer colectivo
La movilización por sus derechos de inmensas masas de la población mundial desplaza sus ambiciones desde las peticiones económicas y sindicales hacia la política. Sin que se consagre en el terreno de la organización con sus propios partidos –aunque genera crecientes movimientos de pertenencia — , la movilización de asalariados, campesinos, poblaciones pobres y protestas alternativas en las grandes ciudades busca un nuevo nivel de comunicación, un nuevo debate que extienda la democracia hacia su faz más directa y una extensión de la conciencia masiva para consolidar los triunfos momentáneos de las protestas contra los peores estigmas de las relaciones humanas del siglo XXI. El aislamiento individual obligado por la pandemia suele generar la idea de que el vecino es un enemigo; la huelga general de un cuarto de millón de almas en la India señala el amanecer colectivo rumbo a la redención social.
Racismo, represión, trabajadores que defienden sus conquistas, derechos humanos conculcados, revolución de las mujeres, ecología, aborígenes, desaparecidos, millones de desplazados por guerras y opresiones religiosas como en Myanmar con los rohingyás (los “menos queridos del mundo” según la BBC). Luchas tribales o raciales en África, minorías intensas que reclaman su derechos LGBTIQ, banderas nacionalistas de minorías oprimidas. Luchan los jóvenes condenados a vivir pedaleando en trabajos precarizados que dependen de un celular y una bicicleta. Estallan las mujeres sometidas al patriarcado por el derecho al aborto o a la vida y los migrantes esclavizados o personas víctimas de trata. Todo sirve. Pero el sistema tarda en entregar su vida útil desde que sus fuerzas productivas han dejado de crecer.
Defensa ante atropellos racistas de las fuerzas de seguridad como el movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos y otros países, lucha de los jóvenes chilenos y su primera línea contra los planes neoliberales emergentes del pinochetismo, huelgas contra monopolios transnacionales como Amazon en todas sus sucursales, heterogéneas disputas en Europa contra leyes laborales regresivas o el cambio climático. Votaciones masivas que retoman el derecho democrático de imponer las voluntades mayoritarias contra la dictadura de los jueces que nadie votó pero vetan candidaturas como en Ecuador, Bolivia y antes Brasil o Venezuela.
Un Frente en la coyuntura política
Tras la caída del Muro de Berlin, el neoliberalismo y su ataque al Estado de Bienestar en todo el mundo deja sin resolver todas las cuestiones pendientes del sistema. Lo que viene es el tiempo de los derechos y de las nuevas conquistas. Los patrones del mundo se van quedando sin argumentos. Ya no pueden decir que los obreros chinos trabajan por un plato de arroz y que para competir con ellos tenemos que resignar conquistas y derechos o que el mercado es más eficiente que el Estado para la productividad. Ellos dependen del propio Estado tanto o más que los trabajadores para realizar sus ganancias. Nuevas discusiones se están planteando en torno a la jornada de trabajo, el pleno empleo y la solidaridad social.
El discurso de Cristina Fernández en el acto de la Plata puso en foco los ejes de la etapa que viene. Ya no habrá vuelta al día 1 de la primera cuarentena. Es dominación neoliberal del poder concentrado o una nueva picada abierta por los sectores populares en la maraña de la crisis. Su pensamiento habla de un combate de ideas y apela a militarlas. Nada será dado si no se conquista. Para ello es necesario el protagonismo del movimiento obrero, renovadamente conducido, y de los sectores de la economía social buscando protección y estabilidad de este lado de la grieta. Los sectores medios, las pymes, los agricultores familiares, los comerciantes barriales y los profesionales liberales brindarán el volumen necesario para la tenida. Sin una derrota clara del poder hegemónico la crisis no desaparecerá.
Soluciones conjuntas a problemas variados
El año se fue en un claro intento de restauración en varios frentes con un final abierto. En lo económico, se desató el nudo gordiano del endeudamiento con los bonistas privados, pero permanece inconclusa la deuda con el FMI. La reactivación ha dado las primeras señales de vida en el último trimestre –diluida en la anualización— donde la dura recesión heredada permaneció como tal por la cuarentena. La mayor apertura y el rebote estará sujeto a la vacunación y a la segunda ola. En lo judicial el gobierno cortó el circuito pernicioso entre los servicios de inteligencia y las causas armadas por el macrismo contra las principales figuras que se le oponían, en especial Cristina Fernández, aunque las consecuencias subyacen en varias causas residuales y las víctimas no se han liberado de sus consecuencias: sigue habiendo presos políticos en la Argentina.
En lo social, pese a los esfuerzos económicos, la pobreza ha aumentado y la ayuda alimentaria directa a los comedores está en niveles históricos. La recesión de arrastre más la paralización económica por la cuarentena bajó el piso de partida y el año que viene arrancará de más abajo aún.
En lo laboral hubo diferentes escenarios. En la primera etapa fue la resistencia que ofrecieron los sindicatos a los intentos patronales de poner en marcha la producción a como dé lugar. Aparecían las siderúrgicas como actividades esenciales porque producían hojalatas para la industria de la alimentación. Lidiaron con resoluciones municipales que las avalaban cuando el gobierno nacional no las había declarado esenciales. En una segunda etapa fue la negociación con la cúpula de la CGT para rebajar el salario convencional a los trabajadores tanto por razones individuales como por rama de actividad. No son pocos los que sólo percibieron durante estos meses lo que el gobierno otorgaba por las ATP. Otras patronales absorbían total o parcialmente ese monto en la suma que debían abonar: todo un cuadro de maniobras en detrimento del ingreso obrero.
Desde que Techint decidió desvincular a más de 1.200 trabajadores de las obras que venía realizando se desató una silenciosa ola de despidos disfrazada o no de retiros voluntarios. Donde hubo resistencia, como en el frigorífico Penta de Quilmes, la patronal manejó la policía local sin otra instancia superior para desatar una desaforada represión a quienes reclamaban el cobro de las quincenas adeudadas. Son apenas dos ejemplos.
No pago de los salarios a los empleados públicos. El caso de la provincia de Chubut es el más denunciado, pero no el único. La prohibición de protestar por el ASPO sirvió para retrasar durante meses los salarios y aguinaldos de empleados públicos. El caso más escandaloso fue el no pago del bono de los trabajadores de salud decretado por el gobierno nacional e ignorado por empleadores públicos, privados y de obras sociales.
El Ministerio de Trabajo Nacional y los de varias provincias no demostraron eficacia para presionar a las empresas a normalizar los vínculos laborales y pagar los salarios adeudados. Conciliaciones obligatorias que languidecían en el tiempo sin tomar forma de acuerdos. Audiencias virtuales con ausencias de la parte patronal que nunca era obligada a presentarse: varios casos en Córdoba de los que hemos dado cuentas durante semanas obligaron a la acción directa de los sindicatos sin la debida protección legal.
Resistir la gran estafa
Pocos sindicatos actuaron solidariamente con trabajadores que no representan directamente. Como contraejemplo los trabajadores de la Algodonera Avellaneda de la ciudad de Reconquista, perteneciente al grupo Vicentin, lograron concitar el apoyo activo de la Federación de Aceiteros de Daniel Yofra, con el apoyo de la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, de la Corriente Federal de Héctor Amichetti y del líder de los Camioneros Pablo Moyano. En muchas otras ocasiones ese apoyo no llegó y los cañeros o tabacaleros de Salta, Tucumán y Jujuy, o los mineros de Neuquén y de Jujuy, pelearon en soledad en contra del cierre de las fuentes de trabajo. Esta disparidad de compromisos continúa presente en la disputa por la normalización de la CGT convocada para el primer semestre del 2021.
Según el diario Tiempo Argentino: “Para el fiscal rosarino Miguel Moreno ya está probado que Vicentin estafó a sus acreedores. Ese delito puede conducir a una acusación más grave aún, que incluya otros, como falsificación de balances, asociación ilícita o administración fraudulenta. Determinar la imputación final y deslindar las responsabilidades individuales son las tareas que vendrán en lo inmediato, tras una semana que arrancó con varios allanamientos e incluyó inéditas medidas cautelares, como el congelamiento de cuentas bancarias y la interdicción de cajas de seguridad para directores y ex directores de la compañía”. Está claro: no todos somos Vicentin.
Era esperable este escenario de conflictos como campo de batalla. Lo venían diciendo los más desbocados de la oposición política, como Mauricio Macri, la inefable Bullrich o los radicales PRO. La mesa de diálogo a la que convocó el gobierno sigue con las sillas vacías. El pliego previo de condiciones que no se escriben está sobre la mesa. Los grandes conflictos tempraneros que plantean los poderosos buscan definir la relación de fuerzas. Lo hizo Acindar en el año ’89 y lo repitió en el ’91. La Mesa de Enlace en 2008, las aceiteras en 2015, apenas asumió Macri, y lo repiten ahora. Buscan castigar a los trabajadores y obligarlos a entrar en largos conflictos para imponer condiciones políticas. Ni Cargill, ni Glencore, ni Dreyfus, ni Molinos resisten ningún archivo. Todas tienen frondosos prontuarios globales, acumulan gran experiencia en dañar y saben cómo hacerlo. La obviedad de este comportamiento no amortigua su gravedad; se trata de la gobernabilidad y de para quiénes se gobierna. La palabras de Cristina hablando sobre reactivación y cómo distribuirla siguen insultando el oído de los poderosos.
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Ciudad: Gremios y docentes denunciaron que quieren privatizar la educación
Legisladores de la oposición, gremios docentes y referentes de la comunidad educativa se expresaron en el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia que limita el acceso a jardines de infantes públicos a quienes no pueden pagar una institución privada. Y presentaron el pedido de juicio político para cuatro de los magistrados que firmaron el fallo.
Los magistrados apuntados son Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, que dieron sentencia definitiva sobre la demanda presentada por una mamá en representación de su hijo, quien inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto, que el gobierno porteño subsidie la cuota de una vacante en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.
De esta manera, el fallo dejó afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no permite que aquellas familias que no consiguieron una vacante en la educación pública por falta de la construcción de escuelas, tampoco puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido.
De hecho, la determinación viola el artículo 24 de la Constitución porteña, que exige “asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
La legisladora Lorena Pokoik del Frente de Todos, abrió la conferencia de prensa de este lunes al señalar que «este fallo es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en conquistas de derechos. Es un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública, no nos olvidemos que es el mismo gobierno que le pide a estos jueces que le hagan un fallo a medida, que es el mismo ejecutivo que intentó cerrar los 29 profesorados docentes, de cerrar las 14 escuelas nocturnas, el que intentó cerrar el jardín maternal del hospital del Ramos mejía y el que no cumplió con la construcción de las 54 escuelas». En el mismo sentido, la diputada porteña manifestó que «este gobierno tiene un fuerte desprecio por lo público, por la educación pública, que lo que hace es dejar sin escolarización a los estudiantes para hacer lo que el mercado le pide: pibas y pibes que salgan a laburar en un mercado precarizado».
Para Santiago Roberto (FdT), el fallo contradice a la carta magna de la Ciudad. Por so, apuntó: “Pedimos el Juicio político para 4 de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. El fallo de este Tribunal es inconstitucional porque viola el artículo 24 de la Constitución porteña, que dice que el Estado debe asegurar y financiar el derecho de los niños y niñas de acceder a la educación pública a partir de los 45 días de vida. Es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del gobierno porteño y representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes que, desde hace años, reclaman las familias que eligen la escuela pública. Lamentablemente para Larreta y la ministra Acuña la Educación pública no es una prioridad y encima tienen el respaldo de la mayoría automática en el TSJ”.
Por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), la diputada Myriam Bregman aseguró que «esta conferencia de prensa es una primera respuesta a este escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia y será seguramente el inicio de una serie de medidas que iremos tomando progresivamente porque este fallo no se puede aplicar y no hay que cumplirlo. Es un fallo inconstitucional que viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad y fundamentalmente viola todos los tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de derechos».
A su turno, la titular de prensa del sindicato docente UTE, Paula Caligna, afirmó que «en este momento Angélica Graciano, Secretaria General de UTE, se encuentra declarando en la causa que le abrió el gobierno porteño, que está siendo judicializada junto a otros compañeros de UTE y del gremio docente Ademys. Esta maniobra no es un hecho aislado, viene en conjunto con todo lo que hace el gobierno porteño, que utiliza a la justicia para ajustar en educación».
Por su parte el secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, afirmó que «este tribunal está subordinado al poder político, expresa las intenciones del gobierno de Larreta que pone como centro la educación privada y corre del centro de la escena lo que debe ser el acceso universal a la educación pública».
De la jornada también participó el gremio que nuclea a docentes privados SADOP, «expresamos el enérgico repudio al fallo de éste tribunal que responde a una misma matriz, que es el liberalismo económico, y desde la educación decimos que no: la educación es una sola y lo que tenemos que lograr es la inversión educativa ya que cada año hay menor presupuesto en educación», destacó la titular del gremio, Alejandra López.
De la conferencia estuvieron presentes además, las y los legisladores del Frente de Todos, Lucía Campora, María Bielli, Cecilia Segura, Laura Velasco, Victoria Montenegro, Juan Manuel Valdes, Leandro Santoro, Javier Andrade, Santiago Roberto, Manuel Socias, Matías Barroetaveña. Por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el legislador porteño mandato cumplido, Gabriel Solano, el legislador Pablo Almeyda, y la legisladora mandato cumplido Laura Marrone.
Entre las organizaciones presentes participaron, Cooperadores en Movimiento, con su titular Pablo Cesaroni; Micaela López Rodríguez, de La vacante es un Derecho; Amparo López, del Centro de Estudiantes del lenguas Vivas; Camila Carrillo del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno; y Ester Levy de FEDUBA. Entre las adhesiones se sumaron las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres Línea Fundadora; Familias de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Comisión Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la APDH y Argentina por los Derechos Humanos y Buena Memoria, entre otras.
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«Las ganas de pelear en defensa del salario mínimo y de la dignidad de nuestras familias están intactas»
Se cumplen 20 días de la huelga que llevan adelante tres gremios de la industria aceitera y de exportación de granos. Ante la negativa de las agroexportadoras de recomposición salarial, los trabajadores nucleados en la Unión Recibidores de Granos (URGARA), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) mantienen un paro ininterrumpido desde el 9 de diciembre. Dialogamos con Cristian Montaño, referente de la Federación, quien afirma: «la fuerza a los dirigentes, a los compañeros paritarios, nos la dan las bases, los compañeros que están en la fábrica, los que están todos los días en la huelga, en el piquete, haciendo el aguante». Además, resalta el valor de la unidad entre los gremios y explica por qué este conflicto pasó de ser salarial al político. Por ANRed.
El 7 de octubre, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) ‑que el 1° de octubre había sido beneficiada por la baja transitoria de las retenciones a la exportación de la soja y sus derivados- transmitió que la oferta salarial para las y los aceiteros era “cero”. Ante esta situación, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) convocaron a los sindicatos que la conforman a declararse en estado de asamblea e iniciar el trabajo a reglamento.
La primera huelga llegó el 13 de octubre. Al día siguiente, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles.
Pero el 14 de octubre también fue el día en que la Federación y la Unión Recibidores de Granos (URGARA) sellaron un acuerdo de unidad en la acción. Ambas entidades gremiales tenían las paritarias vencidas y reclamaban al sector agroexportador mejoras en las condiciones laborales y en higiene y seguridad. En el acuerdo, recalcaron: “hemos resuelto aunar esfuerzos y transitar un camino de trabajo conjunto, acompañándonos (…) Hemos resuelto coordinar nuestras acciones para conseguir nuestros objetivos”. Fue así que el 30 de noviembre y por 24 horas se inició la primera huelga nacional conjunta.
Dos días después, comenzó con medidas otro gremio del sector: el SOEA San Lorenzo, que representa a los trabajadores de los establecimientos que van de San Lorenzo a Timbúes, en la provincia de Santa Fe, y que comprenden en su conjunto el mayor complejo industrial oleaginoso del planeta.
Se inició con el pasar de los días y ante la falta de repuesta de las empresas, la huelga que hoy cumple 20 días: a las 6 de la mañana del 9 de diciembre, la Federación y URGARA relanzaron el paro y, el mismo día por la tarde, convocó a su vez el SOEA San Lorenzo. Todo el complejo agroexportador pasó a estar paralizado como nunca antes en décadas, de Bahía Blanca a Timbúes e incluyendo numerosas plantas en el interior.
El 14 de diciembre, tras una audiencia de más de diez horas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero sin respuesta a los reclamos, los tres gremios unificaron su pedido y formalizaron la alianza a través de una declaración titulada “Por un salario digno como manda la Constitución Nacional”, tomando como base una de las reivindicaciones históricas de la Federación: el Salario Mínimo Vital y Móvil, que no se basa en porcentajes de inflación ni en valores de canastas básicas, sino en el artículo 14bis de la Constitución Nacional y en el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Mañana a las 11:00hs habrá una nueva audiencia y será ya el día 21 de la huelga histórica.
Dialogamos con Cristian Montaño, trabajador de Oleaginosa Moreno Puerto Galván (Bahía Blanca, Buenos Aires) y Secretario de Prensa y Formación de la Federación, quien nos contó sobre el estado actual del conflicto.
-Los aceiteros sostuvieron en 2015 una huelga de 25 días. Hoy se cumplen 20 días de la que se inició el 9 de diciembre, con el plus además de ser una medida conjunta con otros dos gremios. ¿Cuáles son las fortalezas de los aceiteros para sostener esta medida de fuerza?
Nuestra fortaleza está principalmente en la organización de las bases. Desde que se recuperó la Federación en el 2009, se hizo un trabajo muy grande sobre las bases, en elecciones de delegados y en concientizar en la lucha y lo que es el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) para los trabajadores y trabajadoras.
Esa organización va desde abajo hacia arriba, concientizando a las bases, capacitando a los delegados y ellos a su vez bajando a sus compañeros las capacitaciones y la experiencia, enseñándoles las herramientas viejas del sindicalismo, como la huelga, los piquetes, las asambleas, la democracia obrera. No se puede lograr nada sin el esfuerzo de las bases.
Nosotros, desde la Federación, pensamos siempre lo mismo: esto es como una pirámide, en la cual la Federación está arriba en la punta y las bases están abajo, pero si las bases se corren, se dispersan, todo lo que es esa pirámide se desmorona. Siempre creemos que la fuerza a los dirigentes, a los compañeros paritarios, nos la dan las bases, los compañeros que están en la fábrica, los que están todos los días en la huelga, en el piquete, haciendo el aguante ahí.
De esta lucha llevamos 20 días. Como Federación, tenemos una experiencia previa de 25 días de huelga en un conflicto también salarial, la cual fue muy reconfortante porque después de esa lucha tan larga logramos doblarle el puño a las patronales y ganar esa batalla.
En esta batalla, que lleva 20 días y a la cual se han sumado dos gremios hermanos, los compañeros están más firmes, más sólidos, se siente más acompañados. La esperanza y las ganas de pelear en defensa del salario mínimo y de la dignidad de nuestras familias están intactas, por más que hayan pasado cinco años.
-¿Qué aportó a la lucha la unidad de los tres gremios?
Hoy se vive un contexto diferente a lo que fue la huelga del 2015. En el 2015, las patronales apostaron a doblegarnos y el gobierno en ese momento también, porque había puesto un techo a las paritarias. En el contexto de hoy, si bien el gobierno no está poniendo un techo ni nos pone palos en la rueda y actúa el Ministerio como debe actuar, las patronales se prepararon muy bien para darnos esta nueva batalla. No fue como en el 2015. Se prepararon mejor. En el 2015 estábamos en plena producción, en plena marcha de plantas, y era cuestión de tiempo que esas patronales se sentarán y negociarán. Hoy nos agarran en un momento de baja en la producción, con muchas de las plantas paradas, en reparaciones, pero porque es la época. No es la época de la cosecha gruesa donde nosotros tenemos más fuerza. ¿A qué voy con esto? La unidad entre los tres gremios aportó a la lucha.
Primero, el Sindicato de San Lorenzo porque negocia con las mismas patronales, tiene el vencimiento de paritarias iguales, ganan lo mismo que nosotros y tienen también un conglomerado muy importante del cual sale el 60, 70% de la molienda; el resto lo tenemos nosotros como Federación aceitera. Al estar nosotros parados y ellos también, toda la industria aceitera está paralizada.
URGARA también hace un aporte muy importante a la lucha. Nosotros si bien tenemos fábricas y algunos puertos, como el de Bahía Blanca o el Cargill en Rosario, el resto de los puertos los tiene URGARA, que es la rama del convenio colectivo de puertos privados. URGARA hace un aporte muy importante a la lucha porque ellos son los que hoy paralizan todos los puertos que nosotros no tenemos.
Es una unidad en la lucha en la cual los tres gremios aportan muchísimo porque se está parando desde la comercialización de granos, la industrialización, el valor agregado a la materia prima, y la exportación con veintidós, veintitrés puertos paralizados en todo el país. La unión de los tres gremios nos hizo mucho más fuertes.
-Ustedes afirmaron que con las ganancias que pierden las empresas en un solo día de paro se cubriría el monto para alcanzar la reivindicación salarial por la cual están llevando adelante la huelga, ¿cuáles pensás que son los motivos de fondo para que las cámaras empresariales sigan negando el aumento salarial?
El conflicto en el que hoy estamos envueltos los tres gremios ya pasó de ser salarial a ser un conflicto político. Si bien ha habido muchas declaraciones que dicen que estas empresas están perdiendo alrededor de 100 millones de dólares por día, no se entiende el por qué negar un aumento salarial con las pérdidas millonarias que está habiendo en este momento.
Me parece que es un problema más político, de presiones de estas grandes agroindustrias hacia el gobierno. No les alcanzó con que el Presidente Alberto Fernández bajará las retenciones gradualmente sino que van por más. En un momento, los gobiernos se sentaban con la Mesa de Enlace porque eran los que manejaban todo. Hoy me parece que la CIARA es la que maneja todo, los dólares que tanto precisa el gobierno.
Se han puesto primero en una postura de no querer negociar. Desde agosto que nosotros denunciamos la revisión paritaria y nunca quisieron negociar. Desde julio, URGARA con paritarias vencidas; le habían dado $15.000 a cuenta pero no tenían paritarias desde el año pasado. Hicieron todo un lobby, nos estuvieron arrastrando a los tres gremios para llevarnos a este conflicto. Lo que no pudimos hacer nosotros como gremios, reunirnos los tres en la lucha, lo hicieron las cámaras patronales, arrastrándonos a esto. Hoy estamos juntos, en la lucha, pero ellos también usan este conflicto para presionar al gobierno para que baje las retenciones y los impuestos, para presionar una devaluación de la moneda local, porque a ellos también les conviene ya que exportan en dólares pero acá pagan en pesos. Ellos se sienten los dueños de la pelota, son los dueños de los agrodólares, son los dueños de esos dólares que tanto está necesitando el Estado en este momento. Creo que hicieron toda esta jugada para sacar algún rédito al gobierno.
Los trabajadores quedamos en el medio de este conflicto, donde el Consejo Agroindustrial se reúne con el gobierno, le lleva una carta donde pide 50 puntos, en el medio está el conflicto salarial, que queda como aprisionado y se nos culpa a nosotros de que no hay liquidaciones por el paro, cuando ya no venían liquidando hace tiempo, de la época del gobierno de Mauricio Macri, quien les dijo que no liquidaran. Cuando este gobierno les hizo la baja de retenciones, también dijeron que no liquidaron lo que tenían que liquidar.
Estas empresas siempre van por más. La torta que ellos ganan cada vez la quieren engrosar más y no quieren repartir nada. Quieren tener cada vez más rentabilidad, más ganancias. No quieren repartir nada: ni un salario digno hacia los trabajadores ni lo que tienen que devolver al Estado. Quieren seguir dejando los dólares afuera, seguir teniendo empresas off-shore, no liquidar las divisas, quieren la baja de impuestos. Cada vez quieren engrosar más esa ganancia de estos capitales extranjeros y nosotros quedamos en el medio con un conflicto salarial, que con las pérdidas abultadas de miles de millones de dólares que se pierden por día no tiene relación.
El estudio que nosotros tenemos hecho es que de la empresa más grande a la más chica varía entre un 1, 2 o 3% sobre las ganancias el costo salarial. Pasó a ser algo más político, de reclamos al gobierno, y nosotros, los trabajadores, quedamos de rehenes en esta disputa.
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Paro de aceiteros: la interna empresaria estira el conflicto
Los trabajadores de uno de los sectores más rentables durante la pandemia rechazaron la oferta patronal y resolvieron continuar con una huelga que ya lleva 20 días. Qué reclaman los gremios y cuál es la interna que crece entre los empresarios. Mañana habrá una reunión clave en el Ministerio de Trabajo.
Redacción Canal Abierto | Los trabajadores del sector agroindustrial ratificaron este lunes el paro por tiempo indeterminado que mantiene paralizados desde hace veinte días todos los puertos exportadores de las empresas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, COFCO, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza (AGD), como así también a las plantas que proveen el mercado interno.
Desde los sindicatos aseguran que la diferencia más fuerte que subsiste entre ambas partes se resume en lo siguiente: ya resuelta la recomposición salarial del 2020, para el primer tramo del 2021 los aceiteros exigen un 25% de incremento con un único pago en enero.
Las empresas agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), por el contrario, ofrecen un aumento fraccionado en tres cuotas en los primeros siete meses del año próximo (13 en enero, 6 en abril y 6 en julio).
“Ellos dicen que no pueden pagar y eso es mentira, por eso nosotros queremos que la patronal se siente a negociar con los balances de las empresas. No sólo todavía no presentaron los de este año, sino que deben incluso de anteriores ciclos”, asegura a Canal Abierto el pro Secretario Gremial de la Federación Aceitera (Ftciodyara), Miguel Ferreyra. “De todas formas, no se trata de pedir dinero por el sólo hecho de que lo pueden pagar, queremos salarios dignos que cubran las necesidades de nuestras familias”.
El costo salarial ‑según los cálculos de Ftciodyara- oscila entre el 0,5 y el 1,5% de la facturación. Es decir que de cada $100, las empresas destinan en promedio $1 en salarios, contribuciones y otros aportes.
Hoy por hoy, un trabajador de la categoría más baja del sector gana $69.000 en mano. “Nosotros queremos que a partir del 1 de enero llegue a $92.000, pero las empresas ofrecen alcanzar esa cifra recién en julio de 2021”, detalla Ferreyra, trabajador del área de carga de camiones de la planta industrial de Tancacha, donde la empresa Bunge produce un promedio de mil toneladas diarias.
Según trascendió, no todas las empresas del sector sostienen posturas intransigentes. De un lado, AGD (Aceitera General Deheza) y Glencore sostienen una línea duras, sin voluntad negociadora, que en alguna medida se debe a la baja adhesión a la huelga en sus plantas. El resto de las gigantes cerealeras y aceiteras mantienen posturas dialoguistas, desesperadas por terminar el conflicto y continuar con la facturación.
El Ministerio de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia de conciliación –la número 17 – que tendrá lugar el martes 29 a las 11 en la sede de Leandro N. Alem 650.
Interna patronal
Históricamente, CIARA fue el representante de la voz patronal. Hoy la Cámara está más preocupada en jugar un papel más político al interior del Consejo Agroindustrial Argentino, en una clara disputa con la Sociedad Rural y las demás entidades que conforman la Mesa de Enlace.
Por su parte, el Ejecutivo nacional no piensa mover un dedo para alivianar esta nueva grieta que viene produciéndose al interior del mundo patronal. Es más, en lo que va del año, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras mantuvo cerca de 20 reuniones con un Gobierno.
Claro está, el acercamiento encubre pedidos y promesas a ambos lados del mostrador: por un lado, la CIARA reclama una reducción de retenciones y una flexibilización en las obligaciones de liquidar en Argentina los dólares de las ventas en el exterior; a cambio, las empresas prometen más inversiones y creación de puestos de trabajo.
CIARA y los gremios volverán a juntarse el martes, otra vez mediadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En esta oportunidad, los gremios no sólo volverán a presentar los porcentajes y cifras con las que vienen trabajando economistas y abogados que colaboran con la FTCIODyARA. Ahora también se suma el pago de los días de huelga que ya fueron descontado, y que en las bases vienen generando un fuerte malestar y presiones para alcanzar un acuerdo.
En la vereda de enfrente, todo indica que la cerealeras y aceiteras volveran a ceder tan sólo un margen de ganancias frente a los 100 millones de dólares que dicen perder por día fruto de la protesta. Sobre esta cifra, el titular del FTCIODyARA Daniel Yofra había chicaneado días atrás: “quiere decir que con un solo día de paro pagaban el sueldo anual de todos los trabajadores aceiteros”.
En el medio, y con miras descomprimir el conflicto y acelerar el ingreso de divisas, el Gobierno está dispuesto a acercar posiciones en una negociación que cada año suele marcar el techo para el resto de las paritarias.
“Hemos intentado dialogar en muchas ocasiones, pero cuando vamos al Ministerio de Trabajo nos encontramos con representantes de las empresas que se quedan mudos, no ofrecen contrapropuestas”, apunta Miguel Ferreyra.
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Apoyamos la lucha de los aceiteros
Los trabajadores aceiteros se plantaron ante el sector más concentrado de la economía argentina en una huelga histórica. Hace dos semanas, están protagonizando una pelea contra la empresa agroexportadora Dreyfus en Arroyo Seco, Santa Fe, y en todo el cordón agroindustrial, por una mejora salarial.
Es justo que estas empresas que venden en dólares y para las cuales el costo laboral representa alrededor del 1% de la facturación, mejoren las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras en relación a su ganancia. Recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo frente empresas que nunca dejaron de ganar, tiene que ser la prioridad para lo que viene.
Cuando otro sector de la economía se planta por derechos superiores al que puede aspirar hoy nuestro sector, el de la economía popular, es fundamental cristalizar la unidad de los trabajadores, ya que su ejemplo es el que mantiene arriba la vara de reivindicaciones de la clase trabajadora en su conjunto.
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Yofra: «El conflicto en el sector agroexportador puede ser un faro para la clase trabajadora»
El secretario general de la federación nacional de trabajadores del complejo oleaginoso se refirió a la pelea que puede marcar el mapa salarial de 2021
Los trabajadores del sector aceitero llevan adelante una histórica medida de fuerza a partir de un reclamo de recomposición en el sector más dinámico de la economía que es el de la agroexportación. La pelea influirá decisivamente en el panorama salarial y la situación laboral. Desde el 9 de diciembre, pararon las plantas de todo el país del complejo oleaginoso. La protesta se realiza encuentra en unidad de acción a la federación nacional que nuclea a los obreros del complejo oleaginoso, al Soea de San Lorenzo, y los recibidores de granos agrupados en Urgara.
Los aceiteros habían hecho punta en el caótico proceso paritario de este año, al acordar en abril un básico de $ 69 mil para un peón sin ningún tipo de adicional, lo cual representaba un aumento de un 25% del salario. También firmaron, y una cláusula de revisión en agosto. La magnitud de esa actualización forma parte de los reclamos y del conflicto, así como la pauta salarial para 2021 y los bonos de fin de año y por pandemia.
El gremio aceitero instaló la tradición de basar su reclamo de aumento en el monto de un salario mínimo, calculado según manda el artículo 14 bis de la Constitución y el 116 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, que cubra las necesidades del trabajador para una vida digna y no sólo una canasta elemental. El cálculo lo realizan en base al Indec. En agosto Resultó que en agosto el salario mínimo debía ser de $82 mil. Conforme avanzaron los desacuerdos, esa cifra se fue actualizando por efecto inflacionario, y hoy el gremio pide $ 87 mil y un cierre de $ 93 mil en enero. A ello se debe sumar el bono de fin de año, más el porcentaje de participación en las ganancias.
La negociación en base al valor de la fuerza de trabajo y no sobre porcentajes que persigan la inflación permite recuperar salario. Desde 2009 se acuerda en base a esa pauta el salario básico a nivel nacional. Pero ahora “las empresas se niegan y pretenden darnos un aumento que acompañe la inflación mes a mes pero con el salario de abril, lo que implica una rebaja salarial”, señaló Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA).
En diálogo con el programa radial La Banda Cambiaria, subrayó que ese tipo de petitorio se utiliza en Rosario desde 2006. “No es algo que nosotros cambiamos sobre la marcha, esa cifra es la que equivale a un sueldo para que todos los trabajadores, no sólo los aceiteros, puedan satisfacer las necesidades que indica la ley”, añadió el dirigente.
“Las patronales cada vez que tenemos una discusión salarial siempre dicen que no lo pueden pagar. Así son todas las patronales y no sólo éstas, que son de las más caraduras de todas, por el hecho de la rentabilidad que tienen y porque nosotros no hemos parado, hemos sido trabajadores esenciales durante la pandemia y lo seguimos siendo”, renegó Yofra.
Para el secretario general de la federación de aceiteros, el actual conflicto tiene un tinte político relacionado con el perfil ideológico de los empresarios. Recordó que el histórico paro de 25 días corridos en 2015 fue durante la presidencia de Cristina Fernández. En cambio, durante el gobierno de Mauricio Macri, que “fue el que más ajustó a la industria”, nunca se llegó a un paro porque siempre las empresas buscaron un arreglo. “Es extraño que hoy, estando este gobierno, esta gente se ponga más dura. Me parece que están especulando para tratar de lograr una baja de impuestos o una devaluación y nos quieren tomar de rehenes”, especuló.
“Nosotros dimos el argumento por el cual pedimos esa cifra, la patronal debería presentar los balances, como lo establece la ley, para demostrar en todo caso por qué no la pueden pagar”, ironizó Yofra, quien advirtió que los obreros van “a resistir como siempre hasta lo último, y veremos quién aguanta más”.
El paro superó los 15 días, se extendió durante la Navidad, y provocó que más de cien barcos esperen en el río para cargar. “Ellos dicen que pierden u$s 100 millones por día de paro, con eso pagarían a todos los trabajadores el sueldo de todo el años”, disparó el dirigente.
Yofra consideró que es la clase obrera la que debe determinar cuánto debe cobrar un trabajador para vivir dignamente, ajustándose a derecho. “De lo contrario, nos adaptamos al sistema que dice que tenemos que cerrar salarios por porcentaje de inflación, independientemente de si tenemos un sueldo de pobre, como si ese porcentaje te levantara el poder adquisitivo”, analizó.
“Los aceiteros queremos ser un referente de la clase trabajadora; no un referente gremial ni político, sino ideológico, queremos concientizar a todos los trabajadores tenemos la obligación de saber cuánto debemos cobrar para vivir dignamente”, subrayó.
Respecto de la unidad exhibida con los otros gremios en huela, Yofra señaló que “las patronales lograron lo que nosotros los dirigentes no lográbamos hacer. Venimos hablando hace mucho tiempo de pelear juntos, independientemente de los reclamos que cada sector haga y la patronal en su negativa y en su intransigencia nos ha unido”.
En ese sentido, la medida de fuerza es “un faro para el resto de la clase trabajadora, porque si esperamos a que las centrales sindicales se unan vamos a estar muchos años porque hay ambiciones desmedidas de poder”, remató.
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Demanda de ATE, UTE, AGTSyP y CTA‑T.
La OIT Investigará a Larreta
La OIT declaró la admisibilidad del reclamo efectuado por ATE, UTE, AGTSyP y CTA‑T, demandando a la Ciudad por no otorgar los elementos de protección a sus trabajadores y trabajadoras exceptuados del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Fuente: Télam
Desde los gremios de docentes, estatales y trabajadoras y trabajadores del subte, junto con la CTA‑T alegaron que “el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en su carácter de empleador, no otorga los elementos de protección e higiene personal a sus trabajadores y trabajadoras exceptuados del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado a raíz de la actual pandemia”.
Tras la demanda presentada, la Organización Internacional del Trabajo falló favorablemente y designará un Comité Tripartito para examinar la denuncia que, dicen desde UTE “está plagada de pruebas contundentes”.
“La respuesta de la OIT constituye la primera vez que logramos que un Organismo internacional de la tal magnitud adopte una denuncia de estas características ante los incumplimientos del GCBA en cuidado de sus trabajadores y trabajadoras”, afirman desde UTE.
El gremio docente sostiene también que “La desidia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue poniendo en serio riesgo la salud y seguridad, tanto física como psíquica, de los trabajadores y trabajadoras que día a día trabajan en condiciones precarias que se vieron intensificadas en la ardua tarea de la lucha contra el COVID-19”.
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“Los médicos tenemos un sabor agridulce con la pandemia y sentimos que la sociedad no nos ayudó”
Frente a una nueva alarma por la suba de la cantidad de contagios de Covid19, los especialistas intentan remarcar el mensaje de “cuidado” necesario para que la segunda ola de contagios nos llegue a los argentinos con un “plan de vacunación en marcha”, asi lo señaló en Estado de Alerta, el doctor Luis Cámera, médico miembro del comité asesor presidencial.
En ese sentido advirtió una vez más que “la gente se cansó, se agotó y no estamos cumpliendo los protocolos y le estamos colocando vitaminas y fertilizantes al virus, un error tremendo”, disparó el reconocido profesional de la salud.
“Mientras el virus goza de buena salud y es coherente políticamente, tiene un solo objetivo, no duda” personificó Cámera, por el contrario “nosotros dudamos, nos boicoteamos, damos vueltas y no comprendemos con qué nos enfrentamos, entramos en peleas internas, en cambio de opinión, en desajustes intelectuales, en misiones raras… y el virus tiene un solo objetivo, no viene, vamos a buscarnos la pelota adentro del arco todo el tiempo, creemos que le ganamos con la camiseta y el arquero ya se cansó de los goles que nos viene metiendo” parafraseó.
Su gran preocupación está centrada en que “vamos a tener un rebrote y va a venir más rápido la segunda ola cuando todavía no estamos en plan de vacunación”. Por eso hace falta que un actor nacional consiga las vacunas y que el ciudadano retrase la ola, entonces, cuando venga, ya estamos vacunados la gran mayoría de las personas que la podemos pasar mal, ese sería el escenario ideal”.
Eso ya parece algo muy difícil de lograr por lo que el médico señaló que “vamos a pagar un precio muy alto”, y «podemos sumar 20 mil muertos más hasta que nos vacunemos, una cifra horrible”, remarcó.
Consultado por los equipos médicos señaló que por ahora “están aguantando bien, se sienten bien” pero remarcó “un sabor agridulce, el otro día celebramos el día del médico y los médicos sienten que la sociedad no los ayudó, un sabor agridulce, lo digo así de una y si se enojan conmigo lo lamento mucho, pero hemos sentido que no nos ayudaron” y “hubo anomia de la sociedad”.
Por último el planteo “no es que uno intenta atemorizar, justamente estoy tratando de decir que si hacemos lío nos va a ir mal, y eso no es que uno quiere meter miedo a la gente», por el contrario «yo quiero que nos vaya bien, entonces hagamos cosas para que nos vaya bien porque vienen los peores meses y los países ricos se llevaron todas las vacunas, dejaron la estantería vacía, compraron más vacunas que la cantidad de habitantes que hay en el mundo” y para el resto se hace difícil conseguirlas.
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CERTIFICADO DE POBRE PARA ACCEDER A LA ESCUELA PUBLICA. INCONSTITUCIONAL Y VERGONZOSO.
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EL GRUPO OCTUBRE BLOQUEA SEÑAL DE LA RADIO COMUNITARIA FM RECONQUISTA
Por Federico Paterno
FM Reconquista es una radio comunitaria de José León Suárez y está en el aire hace 32 años y desde hace dos meses vienen padeciendo a la nueva emisora del Grupo Octubre, de Víctor Santamaría, Mucha Radio que esta tapando la señal de esta radio popular con mas tres décadas de trabajo. Están hechas las denuncias al Enacom y a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de FARCO, sin ninguna respuesta aún.
Margarita Palacios es fundadora de la emisora 89.5 desde 1988 y en comunicación con radio gráfica explicó: “Esta situación viene del año 2012, y desde el 28 de septiembre está hecha la denuncia por lo que ocurre con la radio. Esto es muy complicado para mi y toda la comunidad, para todos los que están esperando que haya una solución justa y democrática de este Gobierno, que supuestamente es un gobierno que nos escucha”. Por su parte el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) sentó posición y sobre este conflicto advirtió: “La emisora Mucha Radio, aparecida hace dos meses, está haciendo desaparecer la señal de FM Reconquista de José León Suárez. «A 11 años de su sanción», se destaca «ninguna radio comunitaria nacida bajo su vigencia en las grandes ciudades (denominadas como “zona de conflicto”) ha podido obtener todavía su legalidad. Muchas otras ubicadas en zonas rurales, o urbanas con disponibilidad de espectro, tampoco. Es necesario avanzar en una nueva normalización que garantice plenos derechos a todos estos medios del pueblo, como requisito previo para un ordenamiento que empiece a acercarse a la reserva del 33% del espectro que plantea la ley”.
La emisora comunitaria del Conurbano norte de Buenos Aires es cofundadora de FARCO y está compuesta y coordinada por la organización de las vecinas organizadas en Asociación de Mujeres La Colmena en el partido de San Martín. Tienen un fuerte trabajo territorial de capacitaciones y una trayectoria recorrida en los medios comunitarios que merece una respuesta urgente por parte de las y los funcionarios del área que corresponde. Esa es la única manera de diferenciarse del macrismo a la hora de gestionar.
El reclamo y la denuncia realizada por esta radio ‚cuentan con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Universidad Nacional de San Martín, Movimiento de Chicos y Chicas del Pueblo, entre otros.
El grupo Octubre encabezado por el dueño de Página 12, el sindicalista de SUTHER Víctor Santamaría, para conocerlo un poco más, es el mismo que tiene a les trabajadores de prensa del diario sin mejoras salariales y con pagos atrasados que desembocaron en reiterados días de paro en la redacción. Este grupo empresario, dueño también del nuevo canal periodístico IP Noticias, no sólo precariza en Página 12, sino que también aplasta medios de radio autogestivos sin importar nada al respecto.
Es urgente que el 33% del espectro que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tenga tratamientos por parte del actual gobierno y se pueda volver a discutir algo, que no solo hace cuatro años no se debate, y que es el lugar que merecen los medios alternativos y populares a la hora de comunicar, sino que es prioridad poder entender que sin medios comunitarios no hay democracia.
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