Resumen Latinoamericano, 2 de abril de 2021.
El Acuerdo de Paz generó esperanza en miles de familias que subsisten de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito en medio del abandono estatal, que pensaron que había llegado la hora de sustituirlos a cambio de recibir apoyo para emprender proyectos productivos y vincularse a la economía formal. Sin embargo, cuatro años después, las promesas difícilmente han trascendido del papel y quienes se le midieron a promover esa iniciativa son amenazados y asesinados.
¡Setenta y cinco! Esa es la cantidad de personas defensoras de derechos humanos relacionadas con la sustitución de esos sembradíos ilegales que fueron asesinadas entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio del año pasado.
Esa alarmante revelación hace parte del informe La Sustitución Voluntaria Siembra Paz, que presentan hoy la Corporación Viso Mutop, la Asociación MINGA y el Programa Somos Defensores. La investigación colectiva señala que los hechos ocurridos entre 2016 y 2017 evidencian las dificultades de poner en marcha la implementación del Acuerdo de Paz, pero que los años posteriores reflejan “un escalamiento de la violencia, agudizado por el incumplimiento de los gobiernos de gran parte de lo acordado, especialmente en lo relacionado con el punto 4 ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’ y en el mismo sentido a la ausencia de una efectiva implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”.
En medio del relevo que ocurrió en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2018, cuando concluyó el periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010−2018) e inició el de Iván Duque Márquez (2018−2022), ese año se destaca como el más violento para quienes promueven la sustitución voluntaria.
Al hacer una revisión geográfica, se encuentra que los 75 asesinatos ocurrieron en 12 de los 32 departamentos del país. Los cinco territorios con mayor cantidad de casos son Antioquia, con 24; Cauca, con 18; Norte de Santander, con 8; Putumayo, con 7; y Nariño, con 5. El resto ocurrieron en Córdoba, Caquetá, Chocó, Meta, Valle del Cauca, Bolívar y Guaviare.
El informe llama la atención sobre un punto fundamental: los departamentos con la mayor cantidad de asesinatos de promotores de la sustitución coinciden con los lugares en los que han ocurrido operativos de erradicación forzada: con 71 incidentes entre la Fuerza Pública y familias cultivadoras, Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia, registran alrededor del 76 por ciento de los casos.
Esos enfrentamientos ocurren en medio de políticas contradictorias, pues un año antes de terminar su mandato presidencial, Santos retomó las erradicaciones forzadas mientras el PNIS empezaba a dar sus primeros pasos. Y esa figura fue retomada con fuerza por la administración Duque, que incluso busca regresar a las aspersiones áreas con glifosato.
Al respecto, el informe hace una advertencia: “Esos dos caminos se están transitando al mismo tiempo, con un gran problema y es que además de la lentitud en la implementación de la sustitución, a los campesinos se les está imponiendo la erradicación, incluso a quienes quedaron inscritos en el PNIS”.
En cuanto al manejo del Programa de Sustitución por parte del actual gobierno nacional, la investigación lamenta que “paralizó el avance del PNIS alegando que éste había sido mal planificado, sacó la dirección del PNIS de la Presidencia y la pasó a la ART, detuvo los escenarios de participación del programa, remitió todas las peticiones a los PDET, y se dedicó a suspender o expulsar familias con la excusa de algún requisito no cumplido, violando el debido proceso de las afectadas”.
Por otro lado, en cuanto a los responsables de los 75 asesinatos, como suele ser costumbre en las agresiones que sufren los líderes sociales en Colombia, se desconoce la autoría en la mayoría de los casos. Y también queda en evidencia el incumplimiento del punto de no repetición de la violencia, pues una buena parte de los casos se les atribuye a grupos que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de las Farc.
Esta investigación documenta cinco casos emblemáticos de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que han sufrido agresiones por apostarle al Acuerdo de Paz y, concretamente, a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. A continuación, las reproducimos en el siguiente cuadro dinámico.
Asociación Campesina del Sur de Córdoba
Emérito Digno Buendía Martínez
Comunidades de riberas del río Guayabero
Masacre de El Tandil
Marco Rivadeneira
De ese modo, una de las conclusiones más fuertes de este informe es que existen “tres grupos de población en riesgo actualmente: i) Quienes se oponen a la erradicación y por ello son victimizados. ii) Quienes fueron o son promotores del programa PNIS y no cuentan con garantías de cumplimiento por parte del gobierno y de seguridad en sus territorios. iii) Quienes construyen en sus territorios apuestas autogestionarias o lideran procesos de negociación para otros programas en lógica de sustitución o reconversión, aunque estén por fuera del PNIS”.
Y prosigue: “En todos los casos hay victimización de hombres y mujeres y, en algunos casos, de niños también. Dentro de las comunidades en mayor riesgo se encuentran indígenas y afrodescendientes, quienes vienen siendo atacados por actores de distinta naturaleza”.
Además de hacer esa radiografía sobre la violencia que padecen los promotores del proceso de sustitución, a lo largo de tres capítulos más, este informe detalla las luchas del campesinado por ser reconocido como un sujeto político y social, que ha padecido el olvido y la exclusión estatal; hace un recuento de las políticas de lucha contra las drogas en Colombia y sus efectos en el campo; y evalúa la implementación del PNIS y destaca iniciativas de sustitución propias de algunas comunidades.
Fuente: Verdad Abierta
