Por Regina Pérez, Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021.
Organizaciones impulsan la campaña #AguaEsVida en contra de la criminalización de cuatro defensores del agua de la Costa Sur que fueron denunciados por la entonces gestora comunitaria del ingenio el Pilar.
Karina Alejandra Imeri, quien se identificaba como gestora comunitaria del ingenio el Pilar, ubicado en San Andrés, Retalhuleu, denunció en 2017 a cuatro integrantes de la Junta Directiva del Consejo de Comunidades Organizadas de Retalhuleu y Champerico. Aunque una jueza dictó falta de mérito a favor de los comunitarios en 2019, la querellante apeló en una Sala en Retalhuleu que ordenó al Juzgado repetir el proceso, audiencia que se realizará el 22 de octubre.
Los defensores denunciados son Flavio Vicente y Vicente, Anabella España, Abelino Salvador Mejía Cancinos y Virgilio García Carrillo, señalados de los delitos de coacción, amenazas y retención ilegal. Ellos habían sido nombrados como representantes de las comunidades para participar en mesas técnicas con autoridades y dueños de las empresas cañeras y palmeras.
El 24 de noviembre de 2017, pobladores de la comunidad Nueva Candelaria realizaron una protesta porque ingenios como Tululá, Magdalena y El Pilar les habían hecho ofrecimientos para proyectos que no cumplieron. Además, uno de los ríos donde las señoras lavaban su ropa y extraían agua, Canillas, se secó, por este hecho se presentó una denuncia en el Ministerio Público. Esa situación enojó a la gente, que procedió a detener varios carros de trabajadores de dichas empresas que pasaban por la comunidad.
De acuerdo con Vicente, ellos fueron llamados a mediar entre los pobladores y trabajadores de las empresas. En ningún momento estaban participando en la protesta.
“Fuimos a mediar, a pedirles que por favor no hicieran nada fuera de la ley, tenemos derecho a manifestar porque la ley lo permite, y desde ahí generó la señora esa denuncia, que nosotras la retuvimos, que la mantuvimos en un cuarto oscuro”, indicó.
Eddy Aspuac, abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, que ha ejercido la defensa de los comunitarios, dijo que en 2019 la jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal les declaró falta de mérito, sin embargo, Imeri López apeló en una Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Retalhuleu que resolvió que había suficientes indicios para ligarlos a proceso.
El 22 de octubre será la audiencia en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia en Retaluleu, donde los cuatro defensores podrían ser ligados a proceso. “Es posible que los liguen por los tres delitos, por detenciones ilegales, amenazas y acción”, dijo Aspuac, quien confía en que puedan darles una medida sustitutiva ya que no hay agravantes.
Las y los defensores “son los que ponen el pecho” ante los abusos
De acuerdo con Aspuac, el objetivo de las empresas al realizar estas demandas es permear las actividades que lesionan los derechos humanos, como la contaminación de ríos y otras prácticas como la zafra. No existe un mecanismo que diga el impacto que tienen estas prácticas y que permita sancionar estos actos que lesionan los derechos humanos, manifestó.
“Los defensores de derechos humanos son el único mecanismo para que las comunidades puedan denunciar”, dijo el abogado, y es por eso, afirma, que las empresas los criminalizan para callar y detener a las comunidades que alzan su voz, denunciando las violaciones que se dan.
Según Julio González, del Colectivo Madre Selva, una de las organizaciones que impulsan la campaña #AguaEsVida, las y los defensores de derechos humanos que han sido criminalizados es por defender los derechos de las comunidades, “ellos son quienes ponen el pecho, dan la cara y merecen no solo respeto sino justicia”.
González denunció el actuar del sistema de justicia, “con cortes que han sido cooptadas por gente corrupta, mediocre, que falsifica títulos ¿Qué justicia podemos esperar? Y eso sí es relevante porque el poder que tienen estas empresas, el poder económico les da sentencias favorables y lamentablemente son los defensores los que resultan pagando con cárcel por defender derechos”, dijo.
De acuerdo con Aspuac, en los Juzgados de Primera Instancia Penal los jueces hacen carrera judicial y tienen cierta independencia. Pero en el caso de las Salas, integradas por magistrados que son electos por el Congreso, ahí debe haber una corriente fuerte de particulares y empresas, como es por elección les conviene quedar bien con quienes tienen el poder económico y político. Eso se refleja en sus resoluciones, dijo.
La problemática causada por la captación del agua en la Costa Sur, ha llevado a las y los vecinos a presentar varias denuncias en el Ministerio Público (MP), como las presentadas por el secamiento del río Canillas, en la aldea Candelaria, Retalhuleu, el desvío del río Bolas, en la aldea El Rosario, Retalhuleu; por desvíos de los ríos Ixpatz, en Monte Cristo Champerico, San Lucas y Río Manacales y el secamiento de pozos artesanales en la Laguna La Jocotada, en La Jocotada, Retalhuleu, entre otras acciones más realizadas por líderes comunitarias.
Comunidades de la Costa Sur, cercadas por el “infierno verde”
En la Costa Sur, la expansión de la caña se dio tras la crisis económica del 2008, que aumentó el precio del petróleo, tras lo cual los empresarios vieron una oportunidad en la fabricación del etanol, un derivado de la caña, señaló González, del Colectivo Madre Selva.
La expansión de la caña agarra más fuerza, mientras más tierra, más producción y empiezan a abarcar la mayor cantidad de tierra en la Costa Sur, lo cual deja a muchas comunidades sin posibilidad de arrendar tierra para sembrar. Esta situación, según el ambientalista, ha generado un desplazamiento de la población hacia Estados Unidos, que sin posibilidades de desarrollo migran.
Los que se quedan viven una situación muy difícil, los cañeros utilizan no solo plaguicidas, sino también herbicidas que se disuelven en el aire, lo rocían con avionetas y contamina el agua. El uso de madurativos en diferentes épocas del año afecta los cultivos, incluyendo frutales, lo que dejan sin medios a la población, porque pierden cosechas y producción.
Así es como las comunidades se quedaron cercadas por el “infierno verde”, porque solo ves plantaciones de caña, incluso acabaron con los pocos árboles que formaban los bosques de galerías en los ríos, los ríos son secuestrados y eso implica la pérdida de agua en la época más seca. En invierno, las cañeras liberan aguas tóxicas lo cual provoca graves inundaciones que se dan en la Costa Sur, dijo González.
Eso ha provocado un déficit de agua por la gran demanda que tienen las cañeras.
Vicente, el líder comunitario denunciado, indicó que a raíz de que las empresas cañeras se aprovechan de los ríos y secaba sus pozos artesanales, ellos emprendieron la defensa del agua.
Las empresas cañeras no solo secan los pozos artesanales sino que también contaminan el aire, con las fumigaciones aéreas que realizan y el uso de agroquímicos que perjudican sus siembras y cosechas.
Ante esta situación, las comunidades los eligieron como sus líderes en una mesa técnica con autoridades y representantes de las empresas, que no llegó a buen término ya que no satisfacía los reclamos de la población. “Nada más era una estrategia para ver quiénes eran los líderes para poder denunciarlos” señaló Vicente.
El reclamo de las comunidades era que las empresas liberaran los ríos. Incluso llegamos a un acuerdo que si ellos querían regar su siembra que lo hagan en la noche, de manera limitada, no obstante, ellos talaron árboles. “Si la caña diera en el río, lo sembraban en el río” indicó Vicente, en referencia a cómo opera esta industria, dijo.
La contaminación de las aguas y la muerte de especies acuáticas aún persiste, sin embargo ahora la gente no se atreve a alzar la voz, indicó. “¿Por qué? Porque nosotros estábamos denunciados y no hay quien se atreva a decir “vamos a ver lo ríos”, como que hay algo que temen”, concluyó Vicente, en referencia a la denuncia en contra de ellos que ya lleva cuatro años.
Fuente: Prensa Comunitaria
