Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021.
Numerosas denuncias afloran después que policías desalojaran por la fuerza una protesta contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos reclaman por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal en Guatemala.
Miles de miembros del Ejército, de la Policía Nacional Civil (PNC), de la marina y de la Fuerza Aérea, imponen un estado de sitio en contra de población civil que exige sus derechos.
La dramática situación ha llevado a manifestaciones como esta, reclama Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas, quien afirma que “estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los Gobiernos autoritarios”.
“Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor”, afirma la abogada.
Violación
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades, dice el asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, Eddy Aspuac.
Hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural.
“¿En qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca sólo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los originarios de estas tierras», reclama a nombre del Bufete para Pueblos Indígenas.
Quizá lo más grave es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo, pero a la vez imponga un estado de sitio? En un Estado “democrático” como el que tenemos, esto es insostenible, denuncia Aspuac.
La Corte de Constitucionalidad (CC) canceló la licencia minera y extractiva por medio de una sentencia, sin embargo. los camiones custodiados por cientos de agentes de la Policía Nacional Civil se pasean cargados con ferroníquel.
Es el irrespeto por la vida de los pueblos indígenas y a las propias leyes guatemaltecas. En tanto el ministro de Gobernación, Gendri Reyes Mazariegos, fue quien solicitó apoyo al ejército para enfrentar a personas civiles, mujeres y adultos mayores en El Estor.
Ocurre en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz. La violencia contra el pueblo Q’eqchi’ se vive en el área donde se instaló de facto la minera.
Estado de sitio
Cristóbal Pop habla con convicción y también con temor, pues el poblado de unos 100.000 habitantes permanece sitiado. «Tengo cuatro hijos y esos hijos míos van a sufrir la consecuencia por la minería. De mí depende el futuro de esos hijos míos».
Numerosas denuncias afloran después que policías desalojaran por la fuerza una protesta contra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.
«Para mí es una empresa que a la larga nos trae muerte», dice Pop, quien es el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de El Estor. Recuerda que los peces abundaban en el lago de Izabal, pero se han reducido por los deshechos que se arrojan desde la mina, activa desde 2014.
Los lugareños no han dejado de protestar por ello. Recuerdan particularmente el enfrentamiento de mayo de 2017, cuando los pescadores acusaron a la minera, ante la extensa mancha roja que apareció en el lago. En la protesta murió de un tiro el pescador Carlos Maaz y Cristóbal Pop fue prisionero.
Tan solo a 6 kilómetros (km) del pueblo está el presidente de la minera, el ciudadano Dmitry Kudryakov. Él dice que las acusaciones de contaminación son «especulaciones» de un «pequeño grupo» opositor, que no es representativo de El Estor.
No obstante, el estado de sitio ha sido considerado como una intimidación y criminalización de la lucha de los pueblos originarios.
La policía despejó la manifestación, disparando con armas de fuego y con gases lacrimógenos sobre los reclamantes en la carretera de acceso a El Estor.
Durante casi tres semanas, la población antiminera en resistencia impedía el paso de camiones hacia el yacimiento, donde no se puede continuar la actividad extractiva según el fallo judicial.
Hubo enfrentamientos y heridos de bala. El Gobierno hizo su parte, suprimió por 30 días el derecho de manifestación. Estableció un toque de queda y desplegó a más de un millar de policías y soldados fuertemente armados que patrullan las calles, detienen y cachean a quien le parezca.
Prensa Comunitaria
El corresponsal de Prensa Comunitaria, periodista Juan Bautista Xol, fue detenido en su casa en El Estor, Izabal. Todos, hasta los miembros de la PNC, conocen su labor durante los hechos en el Estor: la cobertura periodística frente a los desmanes de las autoridades contra la comunidad Q’eqchi’.
La emisora informa en idiomas Q’eqchi’ y en español acerca de las denuncias de las comunidades en resistencia, que se oponen a las operaciones mineras de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel CGN-PRONICO.
La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas reclama a la PNC por impedir a periodistas locales las transmisiones de todo tipo en El Estor.
Detrás ha llegado la demanda de organizaciones, medios, periodistas y columnistas de Guatemala. Requieren el respeto a la libertad de prensa y reclaman el derecho a ejercerla, frente a las acciones de hostigamiento, agresión y obstaculización de su ejercicio.
Una ola de allanamientos se ha desatado en contra autoridades indigenas y personas que objetan explotación minera ilegal en
#Estor
pic.twitter.com/cgml0OTW0H
— Santiago Botón 🇬🇹 (@SantiagoteleSUR)
A través de la prensa comunitaria se han conocido los detalles. Como el allanamiento de la casa de Olga Marina Che, autoridad del Consejo Ancestral. Ella había aparecido en varias fotografías durante la represión de la Policía contra la resistencia pacifica de la comunidad Q’eqchi’.
Citan el caso de Domingo Caal, un anciano de 86 años de edad, quien fue detenido en El Estor y acusado por la PNC, MP, por participar en la manifestación. Marcado por la Policía y luego liberado tras denuncia pública. Caal es maya hablante q’eqchi’, un artista.
La denuncia es sostenida por parte de la periodista q’eqchi’, María Guarchaj, quien porta sus atuendos originarios en las redes sociales. “Los pobladores claman por solidaridad ante este acoso permanente”, declaró.
En las redes también apareció la detención del defensor del Lago de Izabal y del Gremio de pescadores artesanales del Estor, Eduardo Bin. La PNC uso una orden de captura del año 2017, cuando Eduardo Bin fue criminalizado por la mina CGN-PRONICO.
Contra el indígena
La orden contra el pueblo indígena de El Estor fue dada por el Gobierno de Alejandro Giammattei. Mucho tiene que decir su pueblo, cuando el presidente ha sido también el peor evaluado en Latinoamérica por manejo de pandemia.
La dirigente indígena maya-quiché, Nazaria Tum Sanic, quien pasó diez años resistiendo en la montaña los ataques del Ejército de Guatemala, es actualmente presidenta de La Voz de la Resistencia, una organización de mujeres que lucha por su participación activa y organización en las comunidades.
Tum Sanic define la situación de Guatemala. “El panorama actual, en pocas palabras, es que en vez de dar pasos hacia adelante estamos regresando hacia atrás. El nuevo plan del Gobierno es la reubicación de los destacamentos militares. No podemos hablar de paz, hablamos de guerra”.
“La represión sigue, hay desaparecidos, secuestrados, amenazados. Es una guerra, solo que la forma de actuar ha cambiado, camuflan la represión. El Gobierno está firmando contratos con multinacionales que ocupan las tierras y desalojando a los campesinos. Las hidroeléctricas y las mineras acaban con los recursos naturales y propagan enfermedades”.
Los mayas nunca se fueron
Los descendientes de los mayas nunca se fueron. Si su tenacidad ya sorprendió en 1524 al conquistador Pedro de Alvarado ‑la Corona española tardaría 173 años en controlar el territorio que ahora es Guatemala‑, hoy pervive en este país centroamericano una mayoría social de origen indígena que, en los últimos años, ha impulsado un movimiento popular contra la impunidad de sus gobernantes.
En días recientes, tras la mediación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Guatemala recuperó un fragmento de Estela Real Maya, que había sido saqueada y subastada en Paris, Francia, hace casi 60 años del yacimiento arqueológico de Piedras Negras.
La pieza, de 48 por 46 centímetros y 18 kilos de peso, honra al rey número cuatro de Piedras Negras, «Señor Tortuga», que llegó al trono en el año 729 y se expondrá a partir de ahora en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. Pero este es solo un fragmento pétreo de la historia de expropiación, que es la misma que se vive ahora en El Estor.
La sabiduría de los pueblos indígenas puede ayudar a recomponer el caos del mundo contemporáneo, afirma el poeta maya‑k’iche Humberto Ak’abal, uno de los autores más importantes de Guatemala. “En la medida que otros pueblos y culturas abran su pensamiento, podrán aprovechar mejor esa riqueza; los indígenas somos algo vivo, presente, cotidiano, no estamos sólo en los libros”, dijo.
Aclara que el arte poético ha sido en su caso un arma de resistencia, más que de insurgencia. No obstante, le tocó vivir atrocidades durante los más de 30 años de guerra civil en su país natal.
“Mis abuelos sufrieron mucho de eso; sin embargo, su ejemplo es lo que me ha servido, porque, no obstante todos los sinsabores por los que atravesaron, mantuvieron el valor de nuestras lenguas, nos las heredaron; ellos ya descansan en paz y nosotros continuamos, seguimos hablándolas, y ahora yo más comprometido que nunca, dice el poeta en resistencia maya‑k’iche Humberto Ak’abal,
La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, dijo que para que el país supere la norma de la impunidad y el silencio “ahora el camino se vislumbra largo, pero ya no en soledad. Llega una Guatemala totalmente distinta a la que nosotros crecimos”.
Es la lucha de todos los que creen, como se narra en El Popol Vuh (del k’iche’ popol wuj: libro de la comunidad, que debemos defender la ‘casa común’).
En estos momentos, El Estor continúa bajo estado de sitio. Las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue de 500 agentes en el municipio para efectuar patrullajes continuos, retenes vehiculares, allanamientos, ejecución de órdenes de capturas.
Fuente: TeleSUR
