Resuemen Latinoamericano*/ 7 de abril 2020 . — — — — — —
Tras las compras de emergencia cuestionadas
Renunciaron quince funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social
Después de que el ministro Daniel Arroyo le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de la Política Social reponsable de las compra más allá de los precios máximos establecidos por el Gobierno, se sumó el apartamiento de otros 14 funcionarios que dependían de su secretaría.
Ministro Daniel Arroyo.
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, 
le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo , el secretario de Articulación de la Política Social, quien había quedado en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer la compra de alimentos destinados a comedores con sobreprecios. Junto a él también se apartaron todos los funcionarios que dependen de su secretaría, completando un total de quince renuncias, en lo que representa una fuerte señal de reacción dentro del Gobierno al escándalo desatado, tras la firme advertencia del Presidente de que no «apañaría corruptos» en su gobierno.
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En tanto, el secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, fue identificado como el primer responsable de la operatoria en la que se compraron fideos, azúcar, lentejas, aceite, harina y leche en polvo a valores por encima de los «precios testigos» fijados por la Sigen. El mismo Arroyo admitió el lunes que, «en el caso de azúcar y aceite, los precios están por arriba de los precios fijados», alegando que habían pedido rebajas pero que las empresas «se plantaron». Uno de los casos más resonantes fue el del aceite, comprado a la empresa Sol Ganadera a $157,80 la unidad de 1,5 litros, mientras que el producto puede encontrarse en Precios Cuidados a $98. En total, la compra de emergencia de alimentos destinada a los comedores y merenderos golpeados por la pandemia fue de más de 530 millones de pesos.
Además de Calvo, los renunciados son Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica; Fabio Frega, coordinador de Planificación de Abordaje Integral; Pedro Procopio, coordinador de Depósito Metropolitano, Ana Barcheta, directora Nacional de Emergencia; Carolina D´Ambrossio, coordinadora Técnica de Asistencia Social Directa; Florencia Plano, directora de Asistencia Crítica; Agustina Brea, directora de Asistencia Institucional; Gastón Lasalle, directora Nacional de Gestión y Asistencia Urgente; Cristian Escudero, director de Ayudas Urgente, Victor Oviedo, coordinador de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales, Ignacio Sabaini, coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes; Gabriel Giurliddo, director de Talleres Familiares y Comunitarios; Federico Ludueña, director Nacional de Articulación Social y Productiva; y Gustavo Cassieri, director de Asistencia para Situaciones Especiales.
Con la salida de Calvo y de los funcionarios de su cartera se dan las primeras bajas en el gobierno de Alberto Fernández quien, luego de que trascendiera la compra de alimentos con precios por encima de los máximos, salió a advertir que no «apañaría corruptos» en su gobierno. Dijo también que se frenaría el pago de los productos que adquiridos a valores mayores a los precios fijados y que, a partir de entonces, el tope para cualquier compra sería el de esos precios máximos.
Efectivamente, según informaron desde el Ministerio de Desarrollo, se realizó una revocatoria de la compra de azúcar y aceite ‑los productos con más diferencias de valores- y en los próximos días se abrirá un nuevo proceso licitatorio. «Se va a modificar el circuito administrativo que tiene el ministerio. La idea es abrir las licitaciones para que participen todas las empresas que quieran porque aquella compra, al ser de emergencia, no había sido una licitación abierta, sino una compulsa de precios en la que participaron once empresas de alimentos y de lácteos», indicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.
Calvo ya había sido removido de su cargo el año pasado por el intendente Mariano Cascallares, luego de que se difundiera a través de las redes sociales un video en el que aparecía supuestamente recibiendo un soborno de la empresa de seguridad «Líderes». «La Justicia desestimó la denuncia, nunca se avanzó en el proceso porque no encontraron irregularidades», sostuvieron desde el Ministerio de Desarrollo Social. Además de su cargo en la secretaría de Almirante Brown, Calvo había formado parte del equipo de Alicia Kirchner cuando ella era ministra de Desarrollo Social.
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Entre las empresas que participaron de la compra se encuentran Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y MH Accurso SRL, muchas de las cuales ganaron decenas de licitaciones en los últimos años. En respuesta a algunas de las críticas por el cobro de precios que superaban los «precios testigos», el Grupo L ‑un conglomerado de empresas que participó de la licitación- emitió un comunicado en el que indicaba que ellos habían sido «invitados» por el Ministerio de Desarrollo Social para participar de la licitación y que el valor cotizado de los productos había sido definido en base a un contexto de escasez y debido al «costo de implementación de una logística de emergencia».
Como respuesta al escándalo generado, el gobierno emitió un decreto que estableció que en todos los procesos de compra «en los que se hubiera realizado el acto de adjudicación y hubiera obligaciones de pago pendientes de cumplimiento», se procederá a pagar «exclusivamente hasta el monto correspondiente respetando los precios máximos”. La decisión entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Informe: María Cafferata.
Daniel Arroyo echó al funcionario que autorizó la compra de alimentos más caros
Se trata de Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo. Había adquirido paquetes de fideos y aceite a un costo mayor a los precios máximos y testigos.
El ministro Daniel Arroyo echó al funcionario que autorizó la compra de alimentos con precios más caros. Se trata de Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo.
El Ministerio había adquirido paquetes de fideos y aceite a un costo mayor a los precios máximos y testigos. Ayer el presidente Alberto Fernández pidió revisar esa compra de alimentos que irán a los barrios más carenciados por la pandemia del Coronavirus.
La noticia confirmada por voceros del Ministerio de Desarrollo que conduce Daniel Arroyo, quien ayer fue respaldado públicamente por el mandatario nacional en una entrevista en TN, donde se destacó su «honestidad», según palabras de Fernández.
En una entrevista con el programa Desde el Llano, el mandatario dijo también que «si hubo un acto de corrupción» en la compra de alimentos será «el primero que lo va a perseguir» porque su intención «no es apañar a un corrupto» en su gobierno. «Creo en la honestidad de Daniel Arroyo», dijo Alberto Fernández sobre el titular de la cartera de Desarrollo Social, que dispuso abrir una investigación para saber qué pasó con esa operatoria. Y cayó el primer funcionario.
Según explicó el Presidente, «las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y la cartera de Desarrollo Social tuvo que enfrentar el dilema entre alimentar a la gente y pagar más, o no hacerlo». «Esto habla de la cartelización de ciertos sectores «, dijo Alberto Fernández, que de todos modos dejó claro que «si hay acto de corrupción» vinculado a esta compra será «el primero que lo va a perseguir».
En el caso de fideos, es necesario aclarar que la compra fue por kilogramo y no por paquetes envasados de 500grs. En el Boletín Oficial hoy se publicó la resolución 159⁄2020, que rectifica en esa línea lo planteado en la resolución 152⁄2020.
— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo)
April 6, 2020
Ayer Arroyo intentó explicar la compra desde el Estado y afirmó en un mensaje en redes sociales: «Desde el Ministerio de Desarrollo Social convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de 8 a 11 millones de personas».
Y aclaró: «En el caso de fideos, es necesario aclarar que la compra fue por kilogramo y no por paquetes envasados de 500grs. En el Boletín Oficial hoy se publicó la resolución 159⁄2020, que rectifica en esa línea lo planteado en la resolución 152÷2020».
Daniel Arroyo revoca polémica compra de aceite y azúcar y no descarta más cambios en Desarrollo Social
Tras la salida un funcionario de su cartera, el ministro convocó a una nueva licitación en sintonía con el pedido de Alberto Fernández de que no supere los precios máximos.
Por LUCAS BO
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, decidió revocar la compra de aceite y arroz para comedores que se hizo, según admitió la cartera, a precios superiores a los de referencia. Esta medida la tomó tras echar al funcionario responsable de esta adquisición. Además, desde la cartera no descartan que en las próximas horas haya nuevas novedades en torno a este tema.
Fuentes cercanas al ministro le aseguraron que se está preparando una nueva licitación para la compra de 1.700.000 botellas de aceite de litro y medio y 640 mil paquetes de azúcar de un kilo. Arroyo había aclarado que en el caso de los fideos se pagó 84 pesos por kilo y no por paquete de medio kilo, en lo que fue una respuesta a una polémica que se desató en las redes sociales por los valores que el Gobierno aceptó pagar. «Azúcar y aceite que los precios están por encima de los precios testigo de la Sigen, que no contempla la logística. Se evaluó que claramente había que comprarlo igual porque estamos en emergencia», dijo el funcionario.
La situación generó una fuerte polémica, que derivó en la decisión del presidente Alberto Fernández de no pagar la compra al precio establecido originalmente. La nueva licitación estará sujeta a la disposición que saldrá en breve en el Boletín Oficial y que apunta a que ningún precio a abonarse en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios podrá ser superior a los Precios Máximos establecidos por la Secretaría de Comercio.
Arroyo avanza en este nuevo proceso luego de pedirle la renuncia al secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, un ex funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown, responsable de la compra de esa partida de alimentos de casi 400 millones de pesos, que incluyó fideos, azúcar y aceite. Desde el ministerio explicaron que el despido se debió a que gue Calvo quien «tomó la decisión de avanzar con la compra» de los alimentos.
El Ministerio de Desarrollo Social sumó refuerzos millonarios para confrontar con la pandemia, que se sumaron los recursos destinados a mitiga la emergencia social que ya padecía el país. La distribución de esos recursos provocó tensiones hacia el interior de la coalición gobernante, sobre todo en sectores que cuentan con representación en el ministerio. En las últimas horas, por caso, Juan Grabois ‑dirigente de la UTEP, que conduce varias secretarías– cargó contra el Gobierno por la polémica compra. Cerca de Arroyo aseguran que duele el «fuego amigo», pero prefieren enfocarse en la investigación interna sobre el caso, por lo que no se descartan otros cambios en la cartera.
Víctor Fera, sobre las compras de alimentos de Desarrollo Social: «Alguien hizo mucho daño»
Víctor Fera se refirió a la polémica licitación publicada ayer en el Boletín Oficial y dijo que «alguien, que no es Arroyo, quitó mi marca de la licitación».
Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y de Marolio, habló con El Destape Radio sobre la polémica licitación publicada ayer en el Boletín Oficial: «Yo respaldo al Presidente y a Arroyo y no tengo dudas de que es una persona de bien. Pero alguien hizo mucho daño».
«Alguien, que no es Arroyo, quitó mi marca de la licitación. Y eso hace quedar mal al Presidente, a Arroyo, a todos», afirmó Fera y quiso demostrar su apoyo a Alberto Fernández y su compromiso con el país; pero dijo que le «enojó muchísimo lo de ayer».
El dueño de Maxiconsumo comentó: «Yo le vendí a Desarrollo Social a $24 en diciembre el paquete de fideos de medio kilo».
El empresario también se refirió al proyecto de ley que busca ponerle un límite a la rentabilidad de los grandes supermercados: “Mientras que el supermercado no pierda plata me parece bien ponerle un límite a la rentabilidad». «Me parece lógico que se privilegie cobrarle a la gente que más tiene», consideró Fera y remarcó que «estamos viviendo una emergencia y si no colaboramos no podemos vivir».
Supermercados y Superricos: cuánto ganan, cuánto evaden, cuánto podrían aportar
El oficialismo tiene una batería de proyectos en gateras para financiar la lucha contra el coronavirus e impedir la especulación.
El Gobierno trabaja en estas horas en varios proyectos para recaudar fondos necesarios para enfrentar la pandemia de coronavirus. Los proyectos, aún en etapa de elaboración, tienen 3 ejes: un impuesto extraordinario a las fortunas que se beneficiaron con la amnistía fiscal de Mauricio Macri en 2017; un límite a la rentabilidad de los supermercados que obtienen en Argentina más ganancias que en otros países; y, para retrucar la operación cacerola, un tributo para los legisladores cuyos patrimonios superen los 20 millones de pesos.
Los proyectos tienen una justificación económica pero otra, no menos importante, que es la cultural. La económica es clara: en la Argentina post macrista el Estado precisa fondos y hay que buscarlos donde están. La cultural, por su parte, implica empujar el debate obligado que generó la pandemia de coronavirus: la necesidad de reformatear el sistema económico de concentración y fuga hacia guaridas fiscales.
Pese al parate del Congreso, desde el oficialismo que comanda Máximo Kirchner quieren pulir los proyectos para que no tengan fisuras ni grietas por las cuales los ejércitos de abogados de las corporaciones y los millonarios cuelen recursos judiciales. Quieren, además, que la oposición aporte en la redacción. Y quieren, por último, que esto no quede en una discusión pública de unos días sino que se vote. Los tiempos del aislamiento obligatorio determinarán esto último.
Superricos
Según reveló Horacio Verbitsky, uno de los proyectos que desarrolla el Frente de Todes es un impuesto extraordinario a quienes ingresaron al blanqueo de 2017. Es más: Verbitsky entrevistó a Alberto Fernández, le consultó al respecto y el presidente le dijo “que le parece más razonable el proyecto del diputado Máximo Kirchner de gravar con un impuesto excepcional a quienes participaron en el blanqueo de capitales de 2017 que la propuesta del Juntos por el Cambio de reducir un 30% las remuneraciones de los dirigentes políticos”.
Un dato importante es que el blanqueo de Macri no implicó el regreso de los fondos al país, sino el pago de apenas el 10% de lo declarado. Por obvias razones, tampoco generó trabajo ni inversión. No fue una novedad. En el libro “Las islas del Tesoro”, donde se relata la historia y las consecuencias de las guaridas fiscales, su autor Nicholas Shaxson cuenta: “en 2004, el gobierno de George W. Bush ofreció a sus amigos corporativos la posibilidad de repatriar las ganancias pagando una tasa impositiva de apenas el 5% en lugar de la tasa normal, que era del 35%. Más de 360.000 millones de dólares afluyeron de regreso a Estados Unidos, y gran parte de esa suma se volcó a la recompra de acciones e incrementó las bonificaciones de los ejecutivos. De acuerdo con la organización investigadora sin fines de lucro Ciudadanos por la Justicia Fiscal, ‘no hay evidencia de que la amnistía haya agregado un solo puesto de trabajo a la economía estadounidense’”. Macri no inventó nada, solo aplicó recetas vencidas.
Lo que sí generó esa amnistía fue un perdón de miles de millones de pesos en impuestos que esas fortunas no pagaron durante años. En Argentina el monto blanqueado fueron 116.800 millones de dólares y 157.000 inmuebles. Pero todo secreto. Los nombres de los evasores raramente se conocen. De hecho, el blanqueo macrista tenía como norma el secreto de quienes ingresaran. Las investigaciones de Verbitsky y de El Destape lograron revelar algunos de los nombres. Verbitsky publicó que blanquearon Alfredo Coto ($7.000 millones), Marcela Rocca (prima de Paolo, $6.900 millones), Marcelo Mindlin ($770 millones), Gianfranco Macrí ($622 millones), Nicolás Caputo ($465 millones), Daniel Novegil (CEO de Techint, $557 millones), Javier Madanes ($867 millones), entre otros. El Destape, los miembros del holding Macri y de Techint.
En otros países esto funciona diferente. Lo relata Gabriel Zucman, uno de los principales especialistas mundiales en investigación económica y guaridas fiscales, en su libro “La riqueza oculta de las naciones”. «No pocos países practican el name and shame (exponer a la vergüenza pública): el fisco estadounidense tiene un sitio web en que revela con lujo de detalles las cuentas ocultas de ex clientes del UBS. España adoptó (…) una ley que prevé sanciones potencialmente superiores al 100% de los activos disimulados ‑es decir, además de perder sus cuentas, los evasores se exponen a que se les embargue la casa, por ejemplo«, cuenta Zucman.
La idea de un impuesto a las fortunas circula entre los académicos e investigadores sobre la riqueza. “La clave radica en crear un impuesto global progresivo sobre las fortunas”, propone Zucman, uno de los principales especialistas mundiales en investigación económica y guaridas fiscales. En su libro “La riqueza oculta de las naciones”, donde explica cómo funcionan las guaridas fiscales y qué hacer con ellas, Zucman propone cuestiones que se vinculan a la situación actual. “Los gobiernos abandonaron la ambición de gravar la riqueza porque temen que sea ocultada”, asegura. Propone que se cree un registro financiero mundial que “permitirá deducir un gravamen sobre el capital que pondrá fin a la evasión de los ultrarricos”. En Argentina ya existe ese registro, o al menos en parte, y es el listad de los que se acogieron a la amnistía fiscal que ejecutó Mauricio Macri, bautizada por las usinas de propaganda PRO como blanqueo. Lo tiene la AFIP.
La evasión de los superricos no es un invento argentino. La merma en las finanzas estatales que generan las guaridas fiscales tampoco. Para Zucman, “con la desaparición de la opacidad financiera, los Estados recuperarán la soberanía que les fue arrebatada por los paraísos fiscales y, con ella, los medios para actuar contra el estallido de las desigualdades”. El cálculo que hace este especialista es que “el fraude de los ultrarricos cuesta cada año 130.000 millones de euros a los Estados en el mundo entero”. Si estos datos son correctos, lo que blanquearon los ricos argentinos no está tan lejos.
A la idea de Máximo Kirchner hay que sumarle la de la CTA, que propuso la creación de un Fondo de Emergencia contra la pandemia de Coronavirus. ¿De donde sacar dinero? De donde hay: los más ricos del país.
“Estamos convencidos de que al pueblo argentino le asiste el derecho a reclamarle a los que más tienen, un esfuerzo que sea proporcional a la riqueza que detentan” plantea el comunicado de la entidad comandada por Hugo Yasky. La propuesta es concreta: “Si de las cincuenta personas más ricas de la Argentina, según el listado de la revista FORBES publicado por Infobae en abril de 2018, aportaran por única vez el 1,5% de sus fortunas personales valuadas en conjunto en 70.040 millones de dólares, se estarían reuniendo en ese Fondo 1.050 millones de dólares. Es decir, un monto equivalente al que haría falta para adquirir 90.000 respiradores o 50.000 equipos para test de coronavirus o poco más de 1.000.000 de internaciones en terapia intensiva”. Que un grupo minúsculo acapare tamaña riqueza demuestra la rentabilidad extraordinaria que obtienen de unos precios a todas luces inflados.
Supermercados
En El Cohete a la Luna, Verbitsky publicó que la idea de Máximo Kirchner es poner “un tope a las ganancias de los supermercados, como porcentaje sobre su facturación, que oscilaría entre 2,5% y 4%, según el modelo de Francia y Gran Bretaña”.
Los supermercados, parafraseando a Amado Boudou, son una de las grandes aspiradoras de dinero de las sociedades. La otra son las empresas de servicios públicos. Los supermercados ya no se limitan a la venta de alimentos, sino que diversificaron su oferta y desplazaron desde la gomería hasta la ferretería, desde las casas de línea blanca de electrodomésticos a los viveros y la jardinería. Ocupan grandes espacios urbanos, algo que está prohibido en muchos países, inclusive en los de origen de algunas de las cadenas extranjeras. Y las ganancias que obtienen en Argentina superan holgadamente las que logran en Estados Unidos y Europa.
Hoy los supermercados de Estados Unidos tienen una ganancia del 1,3% antes de impuestos y del 1,2% luego de pagar impuestos. Se ve que los impuestos son bajos. Los datos son del Food Marketing Institute, organización que comparte siglas con la versión hispana del Fondo Monterario Internacional. Pero este FMI alimentario no es una institución financiera sino el resultado de la fusión de la National Association of Food Chains y Super Market Institute, dos organizaciones vinculadas a la industria de los supermercados desde la década del 30.
Según sus datos, en 1984 los supermercados tenían una rentabilidad del 1,15% luego de impuestos. Eso se redujo al 0,71% en 1988 – 1989, trepó luego hasta un pico de 1.91% en 2006 – 2007 y luego decayó hasta los niveles actuales del 1,2%.
La rentabilidad de los supermercados no es un tema reincidente. La clave es que ganan en Argentina mucho más que en sus países de origen. Por ejemplo, en 2014 el profesor de finanzas públicas Ricardo Rotsztein exponía en su blog los casos de Carrefour, de origen francés, y Cencosud, de Chile.. La discusión en ese entonces era la implementación de Precios Cuidados que impulsaban el entonces ministro de Economía Axel Kicillof y su secretario de Comercio Augusto Costa, hoy piloteando la provincia canibalizada que dejó Maria Eugenia Vidal.
En su trabajo, Rotsztein mostró el caso de Carrefour, que a nivel global tenían una relación beneficio neto/ventas del 1,6%, pero que “fue de 4.3% en Latino America mientras que en Francia fue del 2.6% y en Europa del 2.4%”. En el caso de Cencosud, el mismo texto expone: “mirando la memoria 2012 de Cencosud, grupo chileno de retail que en Argentina maneja Jumbo y Disco, vemos que (…) a relación beneficios/ventas llega al 3.7%”.
Los datos actualizados son similares. En 2018, último balance disponible, a nivel global Cencosud tuvo una ganancia sobre ventas de casi 2% de margen, pero en Argentina sus márgenes son mayores. Allí aclaran que tuvieron que “empezar a contabilizar a Argentina como economía hiperinflacionaria”. Esta corporación chilena abrió su primer Jumbo en Argentina en 1982, luego sumó Unicenter en 1988 y se diversificó con Easy, Blaistein y Plaza Vea, entre otros negocios. Hoy tiene 21 supermercados„ 8 Easy, 2 Blaistein, 2 shoppings, y 62 terrenos improductivos por más de 3 millones de metros cuadrados, todo según sus balances. En 2018 contaban con 23.297 empleados, mil menos que en 2017.
Carrefour tiene 88 hipermercados, 97 supermercados y 405 carrefour express. En Latinoamérica, durante 2019, tuvo un margen operativo del 5,7%, un poco menor en Argentina. Los casos de Coto o La Anónima, de capitales locales, en sus balances están por debajo de esos números. Serán, sin embargo, un actor clave en la discusión.
Compra de alimentos: ¿Qué dice el DNU de Alberto Fernández que fija límites a las licitaciones?
Alcanzará a los procesos no adjudicados y a los que sí lo fueron pero tienen pagos pendientes.
El gobierno nacional dispuso que las compras efectuadas por el Estado no podrán tener montos superiores a los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior.
Ésto se aplicará a los procesos de compra de emergencia que se encuentren en curso y no fueron adjudicados hasta la fecha, así como en los que ya fueron adjudicados pero tienen obligaciones de pago pendientes. En esos casos, se pagará hasta el monto correspondiente estipulado por los precios máximos
Además, se instruyó a los titulares de los ministerios y de los organismos descentralizados a realizar, en aquellos procesos que no se encuentran concluidos, las diligencias necesarias para que se respeten, en todos los casos, los precios máximos.
Ante los exponenciales aumentos de precios durante la pandemia, el 20 de marzo la Secretaría de Comercio Interior dispuso la fijación de precios máximos de venta al consumidor a los valores vigentes al 6 de marzo y por 30 días seguidos, con posibilidad de prórroga.
Resulta necesario que se garantice el cumplimiento de la norma por parte de los comerciantes, sostiene la normativa en sus argumentos, pero también que el Estado se ajuste en sus compras a esos precios, «en particular cuando se trata de la adquisición directa de bienes y servicios que son necesarios para atender la emergencia».
En ese contexto, teniendo en cuenta que se agilizaron compras en medio de la crisis sanitaria, se determinó conveniente limitar las contrataciones de emergencia a los precios máximos dispuestos el 20 de marzo o los que se establezcan en un futuro.
*Fuente: El destape/Agencias
