A. Buisson /Resumen Latinoamericano /25 de abril de 2020
Cientos de miles de inquilinos ya no pueden pagar sus alquileres, en particular en la ciudad de Nueva York, donde los precios son exorbitantes. Heredera de las huelgas de alquileres del siglo XX, la «rent strike» de 2020 se diferencia por su amplitud.
Hay en marcha una revuelta en el 1234 de Pacific Street, un edificio sin historia de Crown Heights, un barrio del este de Brooklyn, Nueva York, donde la mayoría de los inquilinos de las 34 viviendas del inmueble no tienen la intención de pagar su alquiler este Primero de Mayo, fecha del próximo pago. Algunos han perdido sus trabajos a causa del Covid-19 y otros lo hacen por solidaridad con sus vecinos.
«Si alcanzamos un número importante, será más difícil para el propietario expulsarnos», afirma Anu Biswas, una de las organizadoras de esta huelga, una joven llegada de India justo antes de la crisis del covid-19 y sin empleo. Desde hace algunas semanas, ella y otro inquilino, Jacob Bernard, un camarero que perdió su trabajo en marzo, dejan mensajes a sus vecinos para movilizarlos. Aquí, los alquileres rondan los 2.200 dólares mensuales de media.
Los «rent strikers» (huelguistas del alquiler) del 1234 de Pacific Street no están solos. En todo Estados Unidos se multiplican los proyectos de huelgas bajo el título #CancelRent en Twitter. Un grupo nacional, Rent Strike 2020 3, solicita a los gobernadores de los Estados que autoricen la suspensión del pago de los alquileres y los gastos, además de la devolución de los préstamos hipotecarios. En su web, la petición alcanza ya cerca de 1,8 millones de firmas.
En otras grandes ciudades han aparecido iniciativas similares, como en Los Ángeles, Filadelfia, San Francisco y Atlanta. Este tipo de huelgas no es nada nuevo, pues a principios del siglo XX ya se organizaban con frecuencia en EEUU, para reclamar reparaciones en edificios descuidados por sus propietarios. Pero nunca han alcanzado tanta amplitud.
En Nueva York, donde viven 5,6 millones de inquilinos (sobre una población total de 8,4 millones de habitantes), se han puesto en marcha varios grupos para reclutar huelguistas antes del 1 de mayo a través de instrucciones online y videoconferencias. Reclaman, entre otros a la ciudad y al Estado, la congelación de los alquileres y la anulación de pagos durante cuatro meses. Según Cea Weaver, miembro de Upstate Downstate Housing Alliance 3, una coalición de grupos de inquilinos, son ya 95.000 personas las que han comunicado que no realizarán el próximo pago en solidaridad con sus vecinos insolventes.
«La cuestión es: ¿dejaremos a las personas que no pueden pagar el alquiler que lo hagan solas o lo haremos todos juntos?», nos explica Cea Weaver. «En Estados Unidos, la sociedad está organizada alrededor de los derechos del propietario y del acceso a la propiedad privada. Nosotros queremos que los inquilinos sean escuchados. Tenemos derecho al mismo respeto».
La Covid-19 ha supuesto un golpe de gracia en una ciudad donde los alquileres comerciales y de residentes continúan aumentando a lo loco desde la crisis económica de 2008. Según la agencia Douglas Elliman, el alquiler medio de la vivienda ascendía a 3.600 dólares (unos 3.300 euros) mensuales a finales de 2019. Antes de que la Covid-19 llegara a la Gran Manzana, el 44% de las familias inquilinas eran consideradas como «rent burdened» (arruinadas por el alquiler), según un estudio de 2018. Es decir, que el costo de su alquiler absorbía más del 30% de sus salarios. La mitad de ellos, unas 420.000 familias, gastaba en el alquiler más de la mitad de sus ingresos.
«La población y el número de empleos han aumentado estos últimos años en Nueva York, pero el parque inmobiliario no ha seguido el mismo ritmo y los precios han aumentado», explica Charles McNally, responsable de comunicación del Furman Center de la Universidad de Nueva York (NYU), un centro especializado en el estudio de la vivienda neoyorkina. «Por otra parte, a pesar de las buenas cifras de empleo, las familias con menos formación han sufrido la congelación de sus salarios».
En la actualidad, con cientos de miles de recién llegados al mercado laboral y con los alquileres por las nubes, los neoyorkinos más frágiles se quedan descolgados. Un reciente sondeo realizado por la web Property Nest 3 recogido por el New York Times, muestra que un 44% de los inquilinos encuestados ya no está en condiciones de pagar su alquiler en caso de que cesen sus ingresos (era un 39% en abril). «Nuestros miembros son taxistas, empleados de comercio y camareros. Han sufrido una importante pérdida de ingresos pero se les sigue pidiendo que pasen por caja», dice, indignada, Roksana Mun, responsable de estrategia en DRUM (Desis Rising Up & Moving), una asociación neoyorkina de trabajadores migrantes de Asia del Sur que milita a favor de la suspensión de los alquileres.
En Inwood, un barrio hispano del norte de Manhattan, Lena Meléndez, presidenta de la asociación de inquilinos de su edificio, trata también de movilizar a sus vecinos. Hasta ahora, siete de las 31 viviendas no van a pagar el alquiler el 1 de mayo. «La Covid-19 es un chollo para los propietarios de viviendas. Van a dejar que se mueran los inquilinos más pobres y así no tendrán que echarlos. Entonces podrán ser sustituidos por personas más acomodadas, de fuera del barrio, y así aumentar los alquileres», cuenta esta militante de origen puertorriqueño que ha crecido en la casa donde vive.
Moratoria de tres meses sobre los desalojos
Lena Meléndez, conductora de Uber, ha decidido dejar de trabajar porque padece diabetes, un factor de comorbilidad. Desde hace un mes está esperando cobrar el paro. Su marido trabajaba en la restauración, pero ha perdido su empleo. «Las ayudas no son suficientes para pagar un alquiler de 2.000 dólares», nos dice. Incluso en un edificio de tamaño medio como el suyo, la movilización es difícil. Lo hace a través de cartas por debajo de las puertas y videollamadas a través de la aplicación Zoom. Igual que otros en Nueva York, su edificio tiene viviendas sociales y otras a precio de mercado, con perfiles de residentes diferentes.
Y además aparece el miedo al propietario, el «landlord», como se llaman en Estados Unidos –literalmente «señor de las tierras» – , que podría echarles o decidir no renovar su contrato de alquiler. «La gente tiene miedo, sobre todo en las comunidades de migrantes. Ven a los propietarios como dioses y tienen miedo de hacer valer sus derechos. ¡Tienen que despertar!», dice Lena.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha intentado calmar los ánimos de los huelguistas diciéndoles que no pagar los alquileres pondría en peligro a los pequeños propietarios, que viven normalmente fuera de Manhattan. El gobernador demócrata del Estado, Andrew Cuomo, muy valorado por su liderazgo desde el comienzo de la crisis del Covid-19, tampoco ha arreglado las cosas. Para solucionar lo que él llama «el problema del alquiler», se ha limitado a anunciar, el pasado mes de marzo, una moratoria de tres meses para los desalojos, como han hecho otros gobernadores.
Dicha medida no gusta demasiado a los representantes de los inquilinos, señalando que nada impedirá la expulsión de los huelguistas cuando expire la moratoria. Tampoco están a favor de aplazar los pagos. «Seguramente, los inquilinos serán obligados a pagar los alquileres atrasados. Pero si hoy no tienen dinero, tampoco lo tendrán dentro de tres meses», afirma Anu Biswas, que paga 2.430 dólares por un piso de dos habitaciones. Biswas ha contactado con la compañía de gestión del inmueble (propiedad de un hombre de negocios que posee, según ella, «una cartera de unos cincuenta edificios estimados en 87 millones de dólares») para informarles de que no se pagarán los alquileres el Primero de Mayo. Sólo ha recibido una « respuesta imprecisa». Su vecino Jacob Bernard añade: «Yo veo las conferencias de prensa diarias de Cuomo e ignora una gran parte del problema: no tenemos medios de pagar el alquiler».
Los grupos de propietarios también han pedido ayuda a las autoridades, haciendo valer que, sin ingresos, no podrán ocuparse del mantenimiento de sus edificios. En el conjunto del país, 22,7 de los 45 millones de viviendas de alquiler son propiedad de pequeños inversores, a veces familias. A falta de medios, sus propiedades podrían ser vendidas a grandes grupos inmobiliarios. «Esos grandes propietarios son millonarios. Tienen 200 ó 300 edificios y no viven en Nueva York. Están en los Hamptons, una zona chic de las afueras, mientras que nosotros hacemos repartos», se revuelve Lena Meléndez. «Cuomo y De Blasio protegen a sus bases de donantes. Ignoran a las clases trabajadoras».
Correspondencia de Prensa*