Fernando Tebele, Giselle Ribaloff y Pedro Ramírez Otero /Resumen Latinoamericano /1 de mayo de 2020
Ya son varias las personas contagiadas de COVID-19 en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, aún sin contar los casos no oficializados por el Gobierno porteño. En estos lugares a los que no llega el Estado, son las organizaciones sociales y trabajadores y trabajadoras de la salud quienes se hacen cargo de llevar adelante el protocolo sanitario brindando asistencia a los vecinos y vecinas. En el programa Hasta que vuelvan los abrazos se puntualizaron las problemáticas que enfrentan los sectores más invisibilizados de la Ciudad con los testimonios de Sebastián Zubizarreta, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Lilian Andrade, parte de la Asamblea de La Poderosa y vecina de la Villa 31.
El virus COVID-19 ya llegó a las villas y a los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno porteño decidió no oficializar algunos de los casos de contagios confirmados y el Estado brilla por su ausencia a la hora de brindar la asistencia que las personas necesitan. La consigna de quedarnos en casa no puede aplicarse con la misma lógica para personas que viven en un barrio urbanizado o residencial que para los vecinos y vecinas de los barrios populares. Allí, permanecer encerrados en sus casas implica permanecer hacinados y no salir muchas veces implica no comer. Con los primeros casos de COVID-19 positivo, además, es necesario aplicar el protocolo sanitario de aislamiento al infectado y dar aviso a las personas que estuvieron en estrecho contacto con él o ella, que en estos casos pueden ser bastantes. Sebastián Zubizarreta, referente del FOL, contó que en la última semana 12 personas, trabajadoras de un comedor popular de la Villa 31, fueron infectadas. Ante la ausencia de toda respuesta del Estado, son las organizaciones las que se ocupan de llevar adelante el protocolo sanitario y asistir a las familias: “En el medio de esta situación, la contención y servicios que damos las organizaciones es mucho más profundo. Desde que se inició la cuarentena hemos tenido que crear nuestras redes y protocolos específicos para poder afrontar esta situación. No hemos cerrado ningún comedor, al contrario, los comedores han duplicado sus asistencias. A pesar de la inexistencia de la asistencia estatal, sostenemos estos espacios. Una familia en cuarentena en un barrio popular no tiene para comer, porque se le acaba la changa y la posibilidad de trabajar”, reflexionó Zubizarreta y contó sobre el caso de una compañera del FOL que se contagió y cómo aplicaron su propio protocolo para asistirla a ella y a las personas con las que habían estado en contacto: “Los contagios han llegado a los barrios. Queda en evidencia la falta de protocolos específicos de parte del Gobierno de la Ciudad. Una compañera estaba viniendo a cocinar todos los días. Se enteró que a una vecina que vive al lado de su casa le había dado COVID positivo. Como ella estaba con síntomas y es grupo de riesgo por ser asmática se hizo los análisis. La aislaron preventivamente y le dio positivo. Inmediatamente nos lo informó a nosotros. Hicimos una lista con las compañeras que habían estado en contacto con ella durante los últimos días. Llamamos a cada una para informarlas. Las compañeras mismas decidieron autoaislarse en sus viviendas y lo comunicamos al Gobierno de la Ciudad. Cuando se presentó la gente del Gobierno nos dijo que lo que habíamos hecho estaba bien. Les dimos la lista de las 12 familias para que se las pudiera asistir mediante kits de limpieza y alimentos. Al día de hoy, lo único que hicieron fue llamar por teléfono a ver cómo estaban. Nosotros nos encargamos de llevarles el almuerzo a las familias y las asistimos con los medicamentos e insumos necesarios. Seguimos exigiendo que les hagan los testeos a esas compañeras. No hay testeos para los casos en los barrios populares”, denunció.
Sebastián explicó también por qué el protocolo que aplica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es efectivo en los barrios populares: “El criterio del protocolo del Gobierno porteño no aplica a los barrios populares porque el grado de cercanía y posibilidad de tener aislamiento no es la misma que la de un barrio urbanizado o residencial de la Ciudad. En los barrios populares, cuando salen a comprar alimentos se cruzan las personas en el pasillo. Además es muy difícil sostener la cuarentena porque tienen que salir a hacer algún laburito para ganarse el peso del día. Si se quedan en cuarentena, no pueden adquirir alimento”, argumentó.
Otra función importante de las organizaciones sociales es dar contención psicológica a los infectados y las infectadas de COVID-19. Muchas veces, sufren discriminación e incluso violencia por sus propios vecinos y vecinas: “Venimos trabajando en la contención humana. En los barrios hay temor en reconocer síntomas. Ante la falta del Estado, de información, de un sistema de salud cercano, se infunde el temor. Hay casos de gente con síntomas que no quiere salir por miedo a ser perseguido o que lo estigmaticen. Tratamos de trabajar mucho en la contención. Desde el cuidado hasta la comunicación. Cuando se difunde la información de algún contagio, la gente se moviliza en un sentido negativo y estigmatizante. La gente se acerca a las casas y pretende echarlos, sacarlos del barrio. Eso es una clara ausencia del Estado, que tiene que estar presente y dar una respuesta integral, que no sea solo la reacción de la gente”, sentenció Zubizarreta.
La invisibilización de la problemática
La Villa 31 no es el único lugar con personas contagiadas de COVID-19. La 1−11−14 también tiene decenas de casos, pero no tienen la misma trascendencia. Para el referente del FOL, esta distinción que hace el Gobierno porteño es adrede y responde al objetivo político que persigue la gestión de Larreta: “En la villa 1−11−14 está pasando algo gravísimo. El Gobierno de la Ciudad no está formalizando los casos. Hay más de 40 casos de contagio y no se reconocen. Se vienen pateando la pelota entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Salud. Los que estamos en los barrios sabemos que hay más casos que los reconocidos. Estamos mirando más lo que pasa en la Villa 31 porque en términos de vidriera política al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le genera muchísimos más costos cualquier cosa que pase ahí. Es el modelo de urbanización y el caballito de batalla de la gestión de Larreta. La 1−11−14 está en el Bajo Flores, más olvidada y estigmatizada. Lo mismo con la 21 en Barracas. Todo lo que sea de Avenida Rivadavia para abajo es bastante invisibilizado por esta gestión. Allí el gobierno ni siquiera da estadísticas ni informes oficiales de los casos que atienden. No sabemos la cantidad de contagios efectivos que hay, por lo que no sabemos a qué cantidad de personas hay que aislar. Es indispensable la acción del Estado para formalizar y tomar medidas al respecto, concluyó.
Lilian Andrade, parte de la Asamblea de La Poderosa y vecina de la 31, brindó un testimonio que sirve para confirmar que la situación en las villas es sumamente crítica. El abandono estatal viene de mucho antes que se desatara la pandemia, pero la propagación del virus acentuó gravemente las problemáticas cotidianas: “Tenemos un montón de situaciones bastante complicadas. Estamos preocupados y preocupadas, con esas ganas de salir a denunciar, a problematizar o incluso de buscar soluciones para plantear. No es solo poder visibilizarlo sino buscar soluciones en conjunto con los vecinos y las vecinas. Las medidas que se tomaron no son las que necesitan o puede tomar el barrio. Las condiciones no son las mismas en todas las villas”, dijo. Y explicó: “Aumentó la demanda de traslados de los CeSAC. Al comienzo el colapso era más alimentario que otra cosa. Los comedores a nivel nacional triplicaron su demanda. Ya antes no dábamos abasto y hoy se triplicaron las demandas. Esta semana ya podemos hablar de un colapso sanitario. El virus ya llegó a las villas. Se está aumentando la demanda de las salitas a los hospitales y nosotros exigimos una solución. Las ambulancias no entran a las villas. Nos dijeron que van a poder cubrir los mismos horarios que se manejan de lunes a viernes, quizá con mejor atención. ¿Qué pasa a la noche, o los sábados y domingos? ¿No podemos enfermarnos porque no pueden trasladarnos? Nuestros propios vecinos con los carritos de cartonear o los remiseros son los que generalmente nos llevan y nos salvan la vida. Otro interrogante es qué vamos a hacer con los grupos de riesgo. No solo las personas mayores. Hay embarazadas, personas con problemas respiratorios y cardíacos y personas con capacidades diferentes. Para ese grupo se necesitan 1500 camas. Los curas villeros pusieron 300 camas. Faltan 1200 camas. Propusimos al Hotel Bauen, que está totalmente dispuesto a poner a disposición sus camas. Se sumarían 100 camas más. Es un hotel cooperativo. Seguimos esperando respuesta”, expresó Lilian.
La situación en los Centros de Salud y el acceso a la educación
“Hoy hay una prioridad respecto a los casos. Las condiciones en las que están atendiendo no son para nada las mejores. Las condiciones generales del barrio para el aislamiento son las peores. Para el contagio son las mejores. Tienen que atender en un lugar reducido. Van (a atenderse) vecinos que vivimos 10 u 11 en una casa de 4×4. Ya venimos del hacinamiento. Estamos sin agua hace días. Cómo podemos respetar algo tan básico que nos vienen pidiendo desde la televisión y de los distintos medios como es lavarnos las manos para prevenir el contagio. Cómo lo hacemos si no tenemos agua. No podemos aguantar este virus”, remarcó.
Consultada por cómo se sostiene la educación en los barrios, Andrade explicó lo complicado que se torna estudiar o tomar clases en un contexto donde casi todas estas cuestiones se han volcado al ámbito virtual: “Acá es muy difícil tener acceso a una computadora y a internet. Se puede hacer la tarea en un celular, pero entonces tenemos que decidir entre comprar un plato de comida, comprar un barbijo o un jabón, o cargarle crédito al celular. Si sos grupo de riesgo se suma el costo de los medicamentos. Es muy difícil garantizar la educación. Hoy se está haciendo todo online. Hay vecinos y vecinas que no saben lo que es el mail. Es imprescindible no solo para la educación sino también para hacer trámites”, señaló y relacionó el mismo problema a la hora de realizar denuncias por violencia de género: “Lo mismo pasa si una está encerrada con el violento en su casa y no puede ir a hacer la denuncia. Primero tiene que tener un celular con internet. Encima, la página no reconoce la dirección de las villas. Estamos inhabilitadas para poder hacer las denuncias”, manifestó.
Por último, Lilian contó la inmensa tarea que generan desde los barrios populares a la hora de ayudar a los vecinos y vecinas, y pidió soluciones concretas para estas problemáticas: “Crecemos viendo cómo nuestras mamás o nuestras abuelas levantan una olla popular. Nos explican que sin esa olla popular quizá la cuadra no come. Crecemos viendo eso, aun sin el nombre de una organización. Generalmente somos mujeres las que levantamos las ollas y sostenemos los comedores populares. Al formar parte de la Asamblea (de La Poderosa) generamos redes de contención psicológica por la violencia, por el hambre y demás; no solo hacia adentro del barrio sino también en otras villas y otros barrios ya sean en Capital Federal, a nivel nacional e incluso latinoamericano. Todo lo que atravesamos históricamente no son problemas que surgieron ahora con la cuarentena, son problemas de pobreza estructural. Es un problema mucho más amplio. Queremos soluciones estructurales. Cuando vivís hacinada es muy difícil quedarte en tu casa. Necesitamos buscar soluciones a esta precariedad y a este abandono”, cerró.
La Retaguardia*
🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff/Pedro Ramírez Otero✏ Redacción: Diego Adur💻 Edición: Pedro Ramírez Otero📷 Foto de portada: mundovilla.com