Resumen Latinoamericano, 2 de mayo 2020
La contradicción entre lo público y lo privado en la sanidad
La gran cantidad de muertes evitables de las últimas semanas ha
permitido que muchas personas tomen conciencia – y esa es una de las
pocas cosas que hay que agradecer a la actual epidemia – de las enormes
carencias de la sanidad pública y de que éstas son el resultado de un
largo proceso de desmantelamiento. Y es obvio que el mortífero virus no
es responsable de ello.
El residente del gobierno ha llegado a plantear una «Reforma
Constitucional para blindar la sanidad pública» y para «tener un sistema
de salud mucho más fuerte». Su propuesta evidencia el inexistente valor
práctico de los derechos sociales (sanidad, vivienda, educación,
trabajo, etc) reconocidos en la Constitución, más allá de haber servido
de anzuelo a un pueblo incauto al que le hicieron creer durante la
Transición que todo eso serviría para entrar en el paraíso del «estado
del bienestar». Esas declaraciones no suponen más que un brindis al sol,
dado que se necesita una mayoría de al menos de dos tercios del
Parlamento para reformar la Constitución. Y es evidente que no va a
contar con los votos, no sólo de la derecha, sino del propio PSOE, como
veremos más adelante.
En el mismo sentido, algunos medios de comunicación están promoviendo
una recogida de firmas llegando a proponer que la financiación mínima
de la sanidad pública sea el 7% del PIB, garantizada por ley.
Más allá de las buenas intenciones que pueden guiar estas propuestas –
aunque en el caso del presidente del gobierno no cabe alegar ignorancia
– la realidad es mucho más compleja. En este trabajo pretendo aclarar
que el incremento de la partida presupuestaria destinada a la sanidad no
sirve para eliminar las causas fundamentales de la precariedad del
sistema sanitario público.
Detrás de la sanidad se mueven poderosísimos intereses privados que,
de hecho, estarían encantados con un aumento sustancial del gasto
sanitario porque, al final, acabaría en sus bolsillos.
El prestigioso epidemiólogo Usama Bilal[1] afirma en una reciente entrevista[2] que
las causas fundamentales de que el Covid – 19 esté golpeando en el
Estado español más fuerte que en otros países no están en lo que hemos
hecho en los últimos tiempos, sino en decisiones políticas que se vienen
tomando desde hace treinta años. Él es uno de los muchos científicos
españoles que tuvo que emigrar para desarrollar su profesión porque aquí
la política científica obedece al principio «que inventen otros», más
si cabe en una especialidad médica como la epidemiología centrada en
descubrir las causas sociales de la enfermedad.
Efectivamente la degradación del sistema sanitario tiene una larga
historia que no ha sido sólo fruto de la desidia de los gobiernos, sino
muy al contrario, de decisiones políticas activas y trascendentales
destinadas a debilitar la sanidad pública y cuya importancia se ha
ocultado sistemáticamente.
Para poder comprender este proceso es importante aclarar algunos
conceptos. La sanidad pública y la sanidad privada no son compartimentos
estancos, y mucho menos complementarios. En realidad están tan
íntimamente relacionadas que son un binomio inseparable. La relación
entre ambas es muy semejante a la que se establece entre hospedador y
parásito, clave – por cierto – en el estudio de las enfermedades
infecciosas.
El parasitismo, recordando la biología, es un tipo de simbiosis en la
cual el parásito depende del huésped y vive de él depauperándolo, sin
llegar a matarlo. El parásito obtiene beneficios y el hospedador, daños.
Los ectoparásitos: las aseguradoras privadas y los conciertos.
La evidente analogía para cualquiera que analice el asunto con
independencia de criterio, es decir, que no tenga intereses vinculados
al capital privado, llegó a constituir un axioma, incluso para el PSOE
de los últimos años del franquismo. En su programa político se afirmaba,
por ejemplo, que era imposible desarrollar una sanidad pública de
calidad sin nacionalizar la industria farmacéutica.
Pocos años después, en 1982, tras la victoria del PSOE por mayoría
absoluta, esta afirmación se vería confirmada exactamente al revés. El
dirigente más destacado del PSOE en materia de sanidad, Ciriaco de
Vicente, un hombre capacitado y con planteamientos de izquierdas, no fue
designado ministro como se esperaba. La poderosa industria farmacéutica
le hizo saber a Felipe González que De Vicente no tenía su confianza.
En su lugar fue nombrado Ministro de Sanidad Ernest Lluch, un hombre muy
cercano a Farmaindustria, la asociación empresarial de la industria
farmacéutica establecida en España.
En estas condiciones no es de extrañar que la Ley General de Sanidad
eliminara artículos muy importantes, que sí aparecían en los primeros
borradores, como el sometimiento del Medicamento a la planificación
general del Sistema Nacional de Salud o la prohibición expresa de los
conciertos con entidades privadas.
En la actualidad casi el 12% del gasto sanitario público estatal va
destinado a conciertos, una proporción en constante crecimiento y mucho
mayor en Comunidades Autónomas como Cataluña y Madrid.
El incremento exponencial de la contratación de la sanidad pública
con empresas privadas se ha desarrollado en sentido contrario de la
inversión y el desarrollo de los servicios públicos. Con el argumento de
disminuir las listas de espera se ha concertado masivamente la
realización de intervenciones quirúrgicas de mediana o baja complejidad,
muy rentables, en clínicas privadas que en muchas ocasiones están muy
por debajo de los estándares de calidad exigibles y a las que se permite
seleccionar pacientes. Es evidente que para la sanidad pública quedan
todas las intervenciones costosas y aquellas personas con patologías
múltiples o de edad avanzada.
Las enormes listas de espera – sobre todo la espera para diagnóstico –
como expresión de la degradación de la sanidad pública han producido
otra consecuencia enormemente lucrativa: la escalada meteórica de las
pólizas de seguros privados. Las cifras para 2019 eran las más altas de
la historia: 10 millones de personas. El escándalo mayor es la gran
cantidad de instituciones públicas que pagan, con dinero también
público, pólizas privadas a sus miembros y familiares[3]. A ello ha contribuido notablemente la aplicación de importantes deducciones fiscales[4] aplicables a autónomos y empresas desde 2016 y vigentes en la actualidad. Es el zorro guardando las gallinas.
Volviendo al símil biológico las empresas aseguradoras privadas, cuya
buena salud depende del deterioro de la sanidad pública con el apoyo
impagable – o no – de decisiones de variopinto color político, serían
ectoparásitos (como las garrapatas o los piojos). Estos ectoparásitos se
desarrollan en el exterior del hospedador, la sanidad pública, al igual
que las empresas que prestan servicios sanitarios con sus propias
instalaciones y recursos, aunque ya hemos visto la importante quinta
columna con la que cuentan en el interior en el caso que nos ocupa.
Y en sanidad no se trata fundamentalmente de que el dinero público,
salido de nuestros bolsillos, vaya a enriquecer a unos cuantos, sino de
que ese suculento negocio se hace a costa de vidas, de muertes
prematuras y perfectamente evitables. Al respecto no se puede olvidar la
dramática situación que se ha vivido en los hospitales públicos
obligados a no atender pacientes mayores de 70 años por falta de
recursos mientras la sanidad privada exhibía instalaciones de cuidados
intensivos disponibles[5]…
a precios de mercado. Ni el gobierno estatal, ni ningún gobierno
autonómico ha movido un dedo para intervenir todos los recursos
necesarios, a pesar de que el primer Decreto de Estado de Alarma preveía
esta posibilidad.
Como buenos parásitos aprovechan la debilidad del oponente. En todos
los medios de comunicación asistimos al escarnio de una intensificación
de la publicidad de aseguradoras (Sanitas, Adeslas, DKV, etc) que
ofrecen atender a personas enfermas mayores de las clases sociales que
pueden permitirse ese gasto.
Los endoparásitos: gestión privada con financiación pública.
La historia de los endoparásitos, de la penetración del capital
privado en la sanidad pública es más compleja. Es una guerra de
trincheras. Es la consecuencia de la crisis general del capitalismo que
ve caer sus beneficios en sectores productivos y se refugia en el
paraíso dorado de los servicios públicos.
El camino de la privatización se inicia en la década de los 90, con
la eufemísticamente llamada externalización de partes esenciales de un
hospital como son los servicios de limpieza, lavandería, cocinas o
seguridad, y no ha cesado de ampliarse a laboratorios, radiodiagnóstico,
celadores, etc.
El pistoletazo para la entrada masiva de capital privado en la
sanidad lo dio la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley
15⁄97 de nuevas formas de gestión, que contó con los votos del PP
(gobernando en minoría) el PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria. ¿Puede
imaginarse mayor consenso político? Pues aún hubo más. Al día siguiente
de la votación la Federación de Sanidad de CC.OO. mostró su satisfacción
por tan amplio acuerdo en torno a una Ley clave para «modernizar» la
sanidad pública.
¿Puede soñar el capital algo mejor que contar con financiación
pública, tener la clientela asegurada, poder imponer condiciones de
precariedad laboral, supeditar los recursos ofertados a la obtención de
beneficios y seleccionar pacientes rentables?
A ese escandaloso privilegio, que suponía multiplicar por seis en el periodo de concesión la inversión realizada[6],
se apuntaron las empresas constructoras en ruina tras el estallido de
la burbuja inmobiliaria, la gran mayoría vinculadas a la trama Gurtel[7], multinacionales de la sanidad privada y fondos de capital-riesgo[8].
Los datos acumulados que expongo a continuación explican el horror
vivido en los hospitales durante esta epidemia. En la sanidad pública
madrileña, desde 2008 se viene produciendo una brutal disminución de
personal, acelerada con la creación de los once nuevos hospitales de
gestión privada y financiación pública. Se han perdido más de 7.000
trabajadoras y trabajadores, de ellos 3.000 sanitarios con licenciatura o
diplomatura[9], y permanecen cerradas cerca de 3.000 camas.
El análisis de este proceso, complejo, pero que es indispensable
conocer, desborda los objetivos de este artículo y ya ha sido realizado[10],
aunque este riguroso análisis no haya trascendido a los grandes medios
de comunicación. Este silencio no sorprende si se tiene en cuenta que
esta información desenmascara intereses políticos y empresariales que, a
su vez, contribuyen decisivamente a la financiación de esas mismas
empresas de comunicación.
La industria farmacéutica: parasitismo absoluto
Puede decirse sin temor a exagerar que la industria farmacéutica
tiene en sus manos las riendas fundamentales de la política sanitaria.
En este caso su funcionamiento sería más parecido al de un virus:
penetra en la célula, modifica su funcionamiento y depende de ella para
su multiplicación. Es lo que se conoce en biología como parasitismo
absoluto.
La industria farmacéutica no sólo controla la cuarta parte del gasto
sanitario público total, cerca de 25.000 millones de euros, sino que
tiene una influencia decisiva en la formación del personal sanitario,
dirige la totalidad de la investigación (se investiga y se fabrica lo
rentable[11],
no lo eficaz), y en la práctica controla la prescripción de
medicamentos. Hay un indicio que ayuda a explicar este escándalo
cotidiano: muchos altos cargos del sistema sanitario, del más variopinto
color político, proceden de multinacionales del medicamento o pasan a
ser reclutados por éstas[12].
El asunto central no es que el gasto farmacéutico sea elevado, sino
que se calcula que el 50% de los medicamentos prescritos no son
necesarios[13] y
además provocan multitud de efectos indeseables, entre ellos miles de
muertes al año. El hecho de que los fármacos más prescritos, con mucho,
sean los ansiolíticos y antidepresivos da idea de hasta qué punto se
está medicalizando el malestar social.
El caso más escandaloso ha sido el de los hemoderivados, para los que
la OMS recomienda encarecidamente una industria pública estatal. La
obtención de sangre por parte de las multinacionales farmacéuticas
mediante pago en dinero o en beneficios penitenciarios a quienes la
apaortan (sectores de la población con alta prevalencia de infecciones)
ha sido responsable de la transmisión de infecciones tan graves como la
Hepatitis B y C o el SIDA.
El negocio privado fuera de la sanidad pública.
Espero haber contribuido a aclarar que el asunto no se resuelve sólo
con aumentar el presupuesto de la sanidad pública. El estado de salud de
una persona enferma parasitada por una tenia no mejora aumentando la
ingesta alimenticia.
Junto al incremento de recursos estrictamente públicos es
imprescindible eliminar el negocio privado de la sanidad pública. Es
radicalmente falso que la «complemente». El objetivo prioritario de la
obtención creciente de beneficios, consustancial a la empresa privada,
es estrictamente opuesto al de la sanidad pública: mejorar el estado de
salud de toda la población. Y el capital privado para desarrollarse
necesita socavar, debilitar y, en definitiva, subordinar el
funcionamiento del sistema a sus intereses. Exactamente igual que los
parásitos.
Para construir una sanidad pública potente no valen propuestas
grandilocuentes como la Reforma de la Constitución, que por otro lado
son imposibles dada la correlación de fuerzas política. El camino es
relativamente más sencillo, si de verdad existiese voluntad política. En
primer lugar, es necesario llevar a cabo un cambio normativo y
desarrollarlo con todas sus consecuencias: derogar el artículo 90 de la
Ley General de Sanidad, que permite los Conciertos con empresas
privadas, y derogar por completo la Ley 15⁄97 de Nuevas Formas de
Gestión. Ambas leyes, aunque son utilizadas ampliamente por el PP y las
derechas nacionalistas, tienen el sello del PSOE.
Junto a ello, para empezar a enfrentar el mayor parásito de la
sanidad pública, es preciso crear una industria farmacéutica pública que
se ocupe de la investigación, fabricación y distribución de, al menos,
los 433 medicamentos considerados esenciales por la OMS[14]. Y no sería imposible, tomando como base la experiencia del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
Negocio privado y sanidad pública son incompatibles. En estas
semanas, y lo más duro está por llegar, estamos comprobando
dolorosamente que el capitalismo no funciona. La vida es otra cosa.
Ángeles Maestro. Red Roja
___________________
[1] Usama
Bilal estudió medicina en la Universidad de Oviedo y obtuvo el Máster
en Salud Pública en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Hizo
su tesis doctoral en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
(EE.UU.) y recibió en 2018 el premio «Early independence» del National
Institutes of Health.
[2] https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/29/usama_bilal_epidemiologo_turismo_masivo_nos_hace_muy_vulnerables_las_epidemias_105585_1012.html
[3] Entre
ellos, los dos millones de personas incluidas en MUFACE (funcionarios),
MUGEJU (jueces) e ISFAS (ejército y policía). Instituciones públicas
como Consejo Consultivo de Canarias, las Juntas Generales de Álava, la
antigua Comisión Nacional de la Energía, RTVE y el FROB, han tenido, o siguen teniendo para sus miembros y familiares seguros médicos privados pagados con dinero público. También la Asociación de la Prensa de Madrid, mantiene para sus afiliados este privilegio desde 1982. http://casmadrid.org/index.php/comunicados/381-asistencia-sanitaria-privada-con-fondos-publicos-privilegios-mantenidos-por-viejos-y-nuevos-partidos
[4] Para
los autónomos y sus familias la deducción por póliza de seguro de salud
es de 500 euros por persona y año. Las empresas desgravan el 100% del
gasto abonado por seguros médicos a sus empleados a efectos de Impuesto
de Sociedades, al ser considerado «gasto social». Para los trabajadores
no se considera retribución la prima del seguro de salud pagado por la
empresa y por lo tanto está exenta de tributación.
[5] https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/coronavirus-sanidad-privada-camas-uci-ocupadas-libres-9564
[6] http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/621-los-nuevos-hospitales-de-madrid-una-sangria-que-no-cesa
[7] http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/348‑2016-03 – 08-era-de-esperar-los-grandes-casos-de-corrupcion-politica-salpican-a-la-sanidad
[8] https://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/02/21/como-se-gesta-y-a-quien-beneficia-la-privatizacion-de-la-sanidad/
[9] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=65&titulo=COMUNICADOS
[10] Maestro, A. (2013) Crisis capitalista y privatización de la sanidad. Editorial Cisma. Disponible en: http://www.cismaeditorial.es/
[11] Con
frecuencia se dan situaciones de desabastecimiento de fmedicamentos
necesarios pero poco rentables que la industria farmaceútica deja de
fabricar. Recientemente ha saltado a los medios de comunicación la
escasez de medicamentos útiles para el tratamiento de algunos casos de
COVID-19, como la hidroxicloroquina o necesarios para la sedación, como
los relajantes neuromusculares. http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/enfermedades-relacionadas/escasez-hidroxicloroquina/
[12] https://www.dsalud.com/reportaje/el-fenomeno-de-las-puertas-giratorias-en-el-campo-de-la-salud/
[13] Joan
Ramón Laporte, catedrático de farmacología clínica es sin duda el mayor
experto en política del medicamento y una de las escasísimas voces no
sobornadas por la industria. https://www.elsaltodiario.com/industria-farmaceutica/joan-ramon-laporte-medicamento-covid19-10-euros-no-manos-privadas
[14] https://www.who.int/es/news-room/detail/27 – 02-2020-who-launch-e-eml