Por Oscar H. Avellaneda. Resumen Latinoamericano, 10 de enero de 2021.
El portal Las2orillas informó que el semanario francés “Le Paisiene” publicó un detallado artículo del caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, sobre su «presunta» responsabilidad en la formación del grupo paramilitar «Los Doce Apóstoles», por el que aún está en juicio en Colombia.
El abogado Daniel Prado, quien es el apoderado de una de las familias víctimas teme que el caso quede impune y por tanto lo escaló internacionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
El grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” tomó ese nombre porque uno de sus integrantes era un sacerdote.
Cometieron centenares de asesinatos contra todos aquellos que consideraron delincuentes, cómplices de la guerrilla, agitadores sociales o consumidores de drogas. Fueron parte de la llamada “limpieza social” de las personas políticamente incómodas en Colombia.
La siguiente información es tomada de una entrevista con el abogado Daniel Prado, realizada en diciembre de 2018:
–¿Cuál es la vinculación de Santiago Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles?
-Se le vincula con la muerte de Camilo Barrientos en 1994, conductor de una “chiva”, que es un transporte público que lleva personas por las veredas a los mercados. Y se le acusa de haber creado, financiado y ser parte de la estructura del grupo paramilitar.
–¿Está relacionado el presidente Álvaro Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles, al igual que su hermano?
-Cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia, legaliza estos grupos de “vigilancia privada”. Aunque pasan a ser legales, unos años después tiene que ilegalizarlos por la cantidad de abusos a los Derechos Humanos que cometen las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia].
-Los grupos de “vigilancia privada” son los que comienzan a hacer las campañas de “limpieza social” en Colombia. Este es el proceso de cómo surge el paramilitarismo y de cómo el paramilitarismo llegó a tener una gran incidencia en la política colombiana.
Podemos plantear que Álvaro Uribe llegó a la presidencia gracias a toda la actividad del paramilitarismo que se origina a finales de los 80 y de los cuales su hermano hacía parte, como ha dado cuenta el proceso.
Igualmente, los bienes donde se hicieron estas actividades son de propiedad tanto de Álvaro Uribe, como de su hermano.
–¿La casa donde se reunían Los Doce Apóstoles pertenecía a los dos hermanos y no solo a Santiago?
-Sí, son haciendas que son de propiedad de los dos, del grupo familiar. Hay otros procesos que hablan de paramilitares que prestaron seguridad a los hijos de Álvaro Uribe Vélez desde esa época.
La incidencia del paramilitarismo en la política colombiana en los últimos años ha sido impresionante, llegaron a tener presidente.
–¿La CIA archivó unos documentos que vinculan a Uribe con Pablo Escobar? ¿Cuál era esa relación?
-Se habla que hay una lista que dice que Uribe era del Cartel, el número 82. No sería rara esta relación con el mundo del narcotráfico porque la familia de Uribe está ligada por vínculos de sangre con los Ochoa.
En esa familia hay una línea de descendencia que corresponde a los narcotraficantes integrados en el cartel de Medellín, liderados por Escobar.
Era de público conocimiento la relación de su padre con el mundo del narco y específicamente con esa dinastía. Hay una foto en un libro escrito por Fabio Ochoa Vázquez en la que se ve al hermano de Álvaro Uribe en compañía de Fabio Ochoa Vázquez.
Ambos tenían un primo en común: Mario Vélez Ochoa. Lamentablemente, el mundo económico de Colombia pasa por el narcotráfico. Es una actividad que es notoria.
–¿Era estrecha la relación entre la policía, el ejército y los grupos paramilitares?
-Las investigaciones que se han hecho sobre la permanencia de estos grupos en las haciendas de la familia Uribe Vélez establecen que contaban con la colaboración de la fuerza pública, es más, en la hacienda “La Carolina” había una base de hombres del ejército colombiano que permaneció allí por más de 20 años. En 1989 la vendieron a la gobernación de Antioquia para hacer una base de entrenamiento. Eso implicó que el hermano y el presidente tuvieran guardia de la fuerza pública en su casa, lo que supone la utilización corrupta del ejercicio de la administración pública.
Eran soldados pagados por toda la ciudadanía colombiana. Eso es una forma soterrada de generar corrupción, donde el Estado presta seguridad a un político en sus propiedades particulares.
Es comprensible que un expresidente tenga seguridad propia hacia su persona, pero no en otros ámbitos. Sin embargo, Álvaro Uribe presentaba la “seguridad privada” como la mejor arma contra los grupos insurgentes. Claro, contra los grupos insurgentes y contra la sociedad civil organizada.
En la medida en que el paramilitarismo tuvo como estrategia, para ganarse el apoyo de la ciudadanía, las campañas de limpieza social. Eso generaba políticas criminales que buscaban eliminar a aquellas personas que, por su condición social, pudieran atentar contra la propiedad privada y la moralidad. Y así, las políticas de “seguridad” comienzan a eliminar a personas incómodas y se centran en el control social. En atemorizar a la sociedad.
–¿Cuáles han sido las amenazas que ha sufrido usted por su trabajo como defensor de los DDHH en Colombia?
-Se pueden dar circunstancias de amedrentamiento como son la presencia de hombres armados, algún tipo de acoso, seguimientos, llamadas, etcétera. En otro momento me aflojaron las cuatro llantas de mi vehículo particular, pero es algo a lo que los colombianos que hacemos este tipo de cosas estamos acostumbrados.
Para la comunidad internacional es difícil poder entenderlo, pero nosotros sabemos que si nos dejamos amedrentar por esto, nos toca salir al exilio. Es una forma de sacarlo a uno de su entorno, de su arraigo, y hay que luchar contra eso. Los Pueblos tienen que tener la dignidad suficiente para denunciar este tipo de delitos independientemente del poder que tengan quienes los cometen. Es parte de la dignidad del ser humano.
¿Está usted acogido a algún servicio de seguridad o vigilancia por parte ‑del Estado?
-Tras unos estudios de riesgo, consideraron que mi nivel de riesgo era extraordinario. Como medidas de protección, me ofrecían un celular, un hombre a pie y un chaleco antibalas. Nunca las acepté. A raíz de una decisión de la Comisión Interamericana de DDHH, le ordenan al Estado colombiano brindarme unas condiciones de seguridad y, en este momento, tengo un esquema que consta de dos hombres y un vehículo blindado. Este tipo de medidas no te van a salvar la vida si quieren asesinarte. Lo que en algún momento puede ejercer algún tipo de presión es que la comunidad internacional le exija al Estado colombiano el respeto por la vida de los defensores de los DDHH, en este caso por la mía también.
–¿El paramilitarismo sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Colombia en nuestros días?
-El paramilitarismo, que sigue existiendo en Colombia, ha mutado a pequeños actores. El problema para Colombia es la actitud que han asumido Uribe y su partido político frente a esos Acuerdos.
En el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una de las campañas de limpieza social más conocidas bajo el nombre de los ‘Falsos Positivos’. Se establecía un sistema de recogida de personas que estuvieran en situación de calle, jóvenes desempleados o incómodos por su participación política para confinarlos en camiones, vestirlos de guerrilleros y después ejecutarlos.
Le vendían la idea a la sociedad colombiana de estar combatiendo a las FARC, cuando realmente ejecutaban civiles. Buscaban reforzar esa imagen del presidente como hombre fuerte que prometía seguridad al país mejorando las estadísticas del combate de los militares contra los grupos armados.
–¿Iván Duque supone un cambio como sucesor de Uribe respecto a estas políticas de “seguridad nacional”?
-Duque es la representación de Álvaro Uribe Vélez. Podríamos decir que Álvaro Uribe gobierna en cuerpo de Iván Duque. Fue quien lo eligió, el que hizo la campaña electoral, es todo. Tú no puedes desligar a Iván Duque de Álvaro Uribe: hay una relación muy estrecha entre los dos. Duque hace lo que Uribe quiere que se haga en el país.
–¿Cómo actúa la comunidad internacional ante eso?
-Parte de la sociedad europea sigue recibiendo al expresidente como si fuera un hombre de mucho honor y eso, de una u otra forma, es olvidar estos delitos. Se privilegia la necesidad de comercializar con un país, se pierde la dignidad y se sienta uno en la mesa con un hombre que tiene sus manos untadas de sangre. Habría que plantearse si es válido que esa persona entre al territorio de otros países hasta que no se den los resultados de esas investigaciones.
El mundo debe en algún momento cerrarle la puerta a todo aquel que tiene delitos de lesa humanidad hasta que se resuelva su situación judicial, hasta que las autoridades digan si fue o no responsable.
Son miles los campesinos que han tenido que salir de Colombia, son miles los muertos a manos de paramilitares como en la masacre de La Granja, concluía Daniel Prado en esa entrevista.
El periodista colombiano Guillermo Cano decía: “Nadie puede estar en una piscina sin mojarse”.
En medio del proceso que se lleva contra del ganadero Santiago Uribe por su participación en la conformación de Los 12 Apóstoles, que es el inicio del paramilitarismo en el país, previo a Las Convivir, el Tribunal de Antioquia ha dado validez al testimonio de Eunicio Pineda, uno de los testigos claves que respaldaría las denuncias y destrabaría el juicio, al respecto, el abogado representante de las víctimas, Daniel Prado señala que con esta decisión, se acerca el final de un caso que aportaría justicia y verdad al país y a las personas afectadas.
El fallo del Tribunal de Antioquia es respaldado por la opinión de los médicos psiquiatras de Medicina Legal quienes concluyeron que Pineda, estaba «en óptimas condiciones para declarar», descartando un caso de esquizofrenia, tal como arguyó en su momento el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados enfatizando que «se trata de un caso de estrés postraumático debido a las torturas a las que fue sometido», explica Prado.
Para Prado, «la estrategia ha sido minimizar el número de pruebas que señalan a Santiago Uribe como responsable» y aunque el Tribunal de Antioquia no da valor a las pruebas de Eunicio, pues no es de su competencia sí permite que se continúe con el proceso, lo que conduciría a los alegatos finales y finalmente al fallo o decisión final que tome el juez, «estamos próximos, es satisfactorio saber que un juicio tan importante como este está a punto de terminar», afirma.
Si bien el testimonio de Pineda es clave para resolver el origen de los 12 Apóstoles, el abogado aclara que desde 1996 hay personas que vienen declarando sobre la existencia del grupo paramilitar y la vinculación de Santiago Uribe, «otra cosa es que las autoridades no le hayan dado la importancia a estos testigos como la que tiene ahora».
Prado afirma que pese a que el riesgo es latente, por tratarse de un juicio en contra de una persona influyente como Santiago Uribe, existe «un compromiso con el país y que estos hechos no queden en la impunidad, hemos asumido como ciudadanos la posibilidad de que se cuente la historia».
Agrega que pese a las amenazas y presiones que existen en contra de su persona y las víctimas, solo queda seguir con el proceso tal como ha ocurrido con otros casos en los que se ha buscado ocultar la verdad o generar miedo en los testigos.
Con el final de este proceso tan cerca y a la espera de los alegatos finales, Prado sabe que la defensa de Uribe podría acudir a otras acciones dilatorias para retrasar un dictamen. «El perjuicio que se ha causado con estos delitos de lesa humanidad no solo ha afectado a las víctimas, cada uno de los ciudadanos de este país es víctima de estas conductas», puntualiza el abogado.
Daniel Prado, quien está asociado a la Comisión de Justicia y Paz, ha sido blanco de diversos seguimientos en desarrollo del proceso penal al que se encuentra vinculado el ganadero Santiago Uribe. Hace un año, el 30 de enero de 2020, en su residencia se encontró un dron con capacidad de realizar grabaciones de sonido y video.
Fuente: PaCoCol