Resumen Latinoamericano, 25 de enero de 2021.
Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias.
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La educación pública como derecho o como producto propagandístico
La propuesta de retorno a las clases presenciales desata un debate en el seno de la comunidad educativa acerca de cómo hacerlo desde la responsabilidad y no como una estrategia de campaña
Gustavo Terés* y Damián Guerra** | Los y las trabajadoras de la educación estamos transitando diez meses de pandemia, como el conjunto de la población. Como todos, también, hemos tenido que adecuar nuestro trabajo al contexto sanitario y, a pesar de las múltiples manifestaciones de resistencia, hemos visto degradados nuestros derechos, entre ellos el acceso y continuidad del empleo, la caída del salario real, la superposición de los espacios y tiempos de trabajo y de vida.
Como dijimos, atravesamos situaciones comunes al conjunto de la clase trabajadora y, a su vez, hemos tenido que enfrentar los avatares de la conducción política del Estado, del gobierno nacional y provincial en primera medida, y de gran parte de la dirigencia política que ha sido corresponsable de la sanción de leyes, decretos y reglamentaciones que redundaron en ajustes y vulneración de derechos para lxs trabajadores y estudiantes
Nada nos separa ni debe separar de lo que el común del pueblo está transitando, no tenemos privilegios ni pretendemos tenerlos. El desgranamiento y la atomización de la clase trabajadora solo atenta contra nuestros intereses comunes, no debemos permitir que nuestros empleadores (el Estado o los privados) acumulen poder en nuestra fragmentación.
La educación como producto propagandístico
La docencia santafesina ha asistido este año al encuentro entre decisiones políticas de ajuste y vulneración de derechos con abierta indiferencia, falta de empatía y desconocimiento del funcionamiento orgánico y efectivo del sistema educativo. A eso debemos sumar una deliberada política de comunicación informal de las resoluciones ministeriales a través de los medios de comunicación.
Así, mientras transitamos la pandemia, el gobierno aprovechó para recortar derechos y para construir imágenes falsas de lo que efectivamente sucedía con la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. La circulación masiva de la fotografía de la única escuela rosarina que decidió acatar la vuelta a la presencialidad en fin de año es un ejemplo de la intención de manipulación de la opinión pública a partir de la distorsión de los hechos; mientras los funcionarios daban conferencias de prensa, las escuelas que los rodeaban permanecían cerradas y de paro.
No aceptamos que nos metan en una falsa grieta
El Estado y los acólitos de siempre han intentado sistemáticamente ubicar a la docencia santafesina en una suerte de grieta donde nosotros, docentes y asistentes escolares, estaríamos en contra de volver a las aulas, a nuestros puestos de trabajo.
Esas falsas grietas no son más que especulaciones de un gobierno que evalúa la política pública a partir de los “likes” y la imagen de encuestas. Muy lejos están esas encerronas de las necesidades de la comunidad. No se trata de “presencialidad sí, o presencialidad no”, sino de construir mancomunadamente un retorno a las escuelas que resulte seguro para familias y trabajadrxs, con el acuerdo y seguimiento de sanitaristas, sindicatos y comunidad educativa para asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema. Como sostenemos desde el comienzo de la pandemia: “Cuidamos nuestras vidas, defendemos nuestros derechos y organizamos la solidaridad”.
Las vacunas son solo una fracción de respuesta al problema
El Estado afirma que docentes y asistentes escolares estaríamos vacunadxs para el inicio de clases que sería en formato bimodal presencial-virtual. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTAA) de Rosario estamos convencidxs que la vacunación es un gran instrumento de prevención e inmunización comunitaria, y apostamos a que se realice cuanto antes. Creemos, no obstante, que en lo inmediato no resolverá la problemática en su totalidad. Los títulos y frases rimbombantes tienen fecha de vencimiento si no se actúa seria e integralmente con cronogramas precisos, pautas claras y presupuestos acordes. Quienes trabajamos en el sistema educativo debemos tener conocimiento del programa del gobierno para poder planificar y diagramar nuestro trabajo.
Insistimos, las escuelas no son solo maestrxs o profesorxs en sus puestos de trabajo, no se trata de una puesta a punto de la producción. Docentes y asistentes escolares desarrollamos nuestra tarea junto a otrxs sujetos y vinculados a otras instituciones; vecinos, proveedores, familias, personal de mantenimiento edilicio, centros de salud, clubes, asistencia médica de urgencias, fotocopiadoras, transporte urbano de pasajeros, etc., hacen a la vida escolar. No somos una isla sino un centro de anudamiento de la vida en comunidad.
Si durante los últimos diez meses el gobierno no ha resuelto temas estructurales de muchas escuelas con problemas pre-pandemia; si durante diez meses no ha intentado resolver la conectividad para vastos sectores de la población que no contaban con los materiales, servicios y soportes necesarios para la virtualidad; si durante diez meses solo ha gastado energía en fraccionar y debilitar a la docencia a través de decisiones ambiguas y contradictorias, informales e incongruentes; cómo podemos creer amablemente que en algo más de un mes se darán respuesta a todas las demandas del sistema.
Necesitamos asegurar los medios de cuidado y bioseguridad; construir protocolos completos y funcionales; normativizar de manera contundente y sin ambigüedades aspectos del sistema que están condicionados por el contexto de excepcionalidad; garantizar los puestos de trabajo necesarios para las tareas de sanitización de los espacios escolares y para el funcionamiento efectivo del sistema bimodal (presencial-virtual a la vez); regularizar la obra social respecto de autorizaciones de medicamentos y estudios clínicos, de alta complejidad y, específicamente, de Covid (detección y anticuerpos, etc.).
La educación pública es un derecho de los niños, niñas y jóvenes
Creemos que la degradación de la institución democrática es consecuencia del abono permanente que hace la propia casta política. Cuando todo es reducido a una imagen artificialmente construida y realmente inexistente, se redunda luego en un aumento continuo de desconfianza e indiferencia por parte del pueblo sobre la cosa pública. La educación es un derecho y el orden democrático exige su defensa integral.
Solicitamos entonces la convocatoria inmediata a una mesa de trabajo que aborde la problemática vigente, urgente oficialización de canales de comunicación e información, atención de las necesidades efectivas del sistema considerando contexto, niveles y modalidades, y presupuesto acorde a las necesidades urgentes y extraordinarias que el contexto requiere, entre otras.
Lxs trabajadorxs de la educación hemos estado siempre convencidos del rol social de nuestra tarea y conscientes, a su vez, de que se nos ha golpeado más que reconocido. Así mismo, somos maestrxs y profesorxs que elegimos la docencia cada día, que trabajamos comprometidamente por la educación pública aunque sin apostolados. No somos ingenuxs ni sumisxs.
Volver a las escuelas, a la presencialidad, implica garantizar una vuelta responsable y segura para todos y todas. Siempre estuvimos, estamos y estaremos a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, esperamos que los gobiernos recapaciten y hagan lo suyo, la educación no puede someterse a la imagen o una agenda electoral.
*Gustavo Terés es secretario General de la CTA Autónoma Santa fe y de Amsafe Rosario
**Damián Guerra es militante de Amsafe Rosario y CTA Autónoma Rosario
Elaborado por la Secretaría de Comunicación de la CTA Autónoma Rosario y publicado en Agencia CTA
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LA NAVE DE LOS LOCOS
Con políticas escalonadas el país no sale del pozo donde nos dejó Macri
El viejo truco del Imperio
Con una ceremonia militarizada como nunca antes asumió Joe Biden. En la región latinoamericana se festeja la derrota del trumpismo con el mismo grado de escepticismo con que se prevé un cambio de política en esos países. La crisis que generó el ajustado triunfo demócrata, en el marco de una de las elecciones más concurridas de la historia americana, muestra una contradicción no resuelta que sigue latiendo y promete estallar de alguna manera.
Los discursos políticos pueden engañar a mucha gente, pero mandar a centenas de miles a la muerte por causa de una pandemia ninguneada termina por no resistir el análisis. La hegemonía americana ha llegado a su punto más crítico y esta crisis política no se ha de resolver con buenas intenciones y proclamas de unidad. La mortandad humana extendida por todo el planeta, con la aceleración de contagios compitiendo con la vacunación masiva, se va convirtiendo en el tema dominante pese a los negacionismos sistemáticos impulsados desde los monopolios informativos.
No es lo mismo hacer propaganda por un mal candidato que vender la muerte misma. Como en la guerra, la conciencia de la muerte cercana se convierte en dominante por encima de todas las otras razones. La crisis social, el estancamiento económico y las luchas por la igualdad racial han calado muy hondo en la sociedad americana con una fuerte polarización y el resurgimiento de supremacistas organizados dispuestos a la acción directa. Esta situación no se resuelve súbitamente y hace prever que en el futuro inmediato los Estados Unidos se verán ocupados en resolver su crisis interna y eso permita condiciones para el fortalecimiento de experiencias nacionales y regionales similares a las de principios de este siglo más acá de sus fronteras.
De acá no se va nadie
Si le creemos al griego Nicos Poulantzas, el Estado no sería un espejo de las relaciones sociales de producción sino que es relativamente autónomo y sólo así puede concentrar el rol de regulador del orden social del régimen. Entender las formas del Estado y sus instituciones sirve para comprender la capacidad propia de sus mecanismos, contradicciones y fallos.
En el Estado de la actualidad, el concepto de Gobierno abarca organismos y personas a los que institucionalmente les está derivado por el pueblo –o quienes se arroguen su representación– el ejercicio del poder. Dejando de lado las formas degeneradas como la oligarquía o la demagogia, excluyendo de suyo las tiranías, la democracia formal representativa como forma de gobierno, su política, el régimen, el sistema de gobierno, comprenden un conjunto que podemos denominar teoría del Estado o, burguesamente hablando, derecho constitucional. Parecido pero distinto a la política.
“Seamos realistas, pidamos lo imposible”. Grandes problemas exigen imperiosas soluciones para dotar al país de soluciones de fondo. Los objetivos de la clase trabajadora y pobladores sumergidos en la pobreza, o casi –todo ello en paralelo con las necesidades urgentes– reclaman el concurso de todas las fuerzas que integraron el frente electoral que ganó las elecciones en el ya lejano 2019. Todavía más: hacerlo junto con otros espacios que pueden aportar a la lucha contra los diversos y camaleónicos formatos económicos y corporativos de quienes detentan el verdadero poder.
Los actores con protagonismo productivo, carga sindical o territorial y social deben aportar a la creación de empleo, la recuperación productiva y la reducción de la pobreza. Pero no en silencio. Para encontrar una salida sustentable políticamente, que contenga los intereses y las soluciones para los sectores más vulnerables, urge retomar la senda convocada por Alberto Fernández cuando invitó a la ciudadanía militante a reclamar ante diferencias o errores. Pasando por el difícil desfiladero de no darle pasto a la oposición cerril de la derecha ni plantar la bandera del “hasta aquí llegué”.
En ese mar encrespado navega la Argentina, con sus lógicas políticas domésticas repetidas una y otra vez hasta el infinito sin ofrecer un nuevo proyecto que recree la esperanza. Una derecha cerril y desenfrenada que sólo sabe de matanzas y represión jugada a dinamitar al gobierno que se impuso por voluntad de las mayorías y que sin dudas volverá a hacerlo en estas elecciones de medio término. Una clase media oscilante y confundida que reclama soluciones económicas sin atreverse a bancar políticas que afecten los intereses más concentrados y un movimiento obrero que aparece con elementos de una nueva generación de trabajadores que transitaron desde el ajuste macrista al aislamiento en plena pandemia, sin encontrar la forma de articular una política para el conjunto de la clase trabajadora.
Laburantes vacunados pero no reconocidos
A cada intento de organizarse por abajo desde la solidaridad con los que luchan vienen las respuestas de arriba buscando pretextos para dividir y seguir manteniendo privilegios personales y negocios de los pocos que representan al conjunto. Si algo mostró la pandemia es la fragilidad del sistema de salud. Tanto la pública como la privada y el sistema de obras sociales sindicales evidenciaron sus limitaciones y desafían al conjunto a reordenar los abundantes recursos que se destinan al cuidado y su aplicación en cada situación.
Cerca del 9% de la masa salarial de los trabajadores registrados se destina a las obras sociales, el 10% de esa masa a los programas especiales y altas complejidades. Ese es el botín que disputan un puñado de dirigentes nacionales, subordinando los programas reivindicativos frente a los gobiernos de turno en función de obtener ese beneficio. Eso explica la virulenta reacción a los dichos de CFK en el balance a un año de gestión de gobierno.
Los trabajadores de la salud que fueron la vanguardia humana frente a la peste no logran que se reconozca su rol irreemplazable y siguen padeciendo los bajos salarios de los gobiernos, de las clínicas y sanatorios y de los dirigentes sindicales que los emplean. Con los mismos recursos de que se dispone se puede lograr un sistema mucho más eficiente e igualitario. El cuerpo de los trabajadores esenciales es el último elemento a considerar en las decisiones políticas. Los negacionistas de la oposición y los oportunistas del gobierno lanzan consignas sin ninguna garantía para la salud de los que se exponen. Clases presenciales como sea y docentes como obstáculo para lograrlo es de un reduccionismo cercano al desprecio. Hay funcionarios que no funcionan y otros que funcionan para atrás.
Dejar la salud de la población y la producción de remedios en manos de las grandes empresas es lo mismo que pedirle al zorro que cuide a las gallinas. En la post-pandemia deberíamos aspirar a que la atención médica y la industria farmacéutica pasen a ser actividades manejadas por empresas estatales.
El futuro del gobierno nacional y el del movimiento sindical recorren el mismo calendario. No le alcanza al Presidente con un sindicalismo complaciente que no genere conflictos, porque el frente de tormenta viene del lado del poder económico concentrado. Para ganar elecciones alcanzaría con impedir la división de los sectores que le dieron la victoria. Para llevar adelante las transformaciones que permitan sustentar un proyecto político transformador necesita un movimiento obrero unido y comprometido con dicho proyecto. La presente cúpula sindical, especuladora, no lo garantiza.
África mía
La Nación, el reservorio ideológico de la más rancia oligarquía, acaba de descubrir un fenómeno de africanización del Conurbano (sic). Redes sociales estalladas de indignación tratando de explicar lo discriminatorio y racista del análisis pasaron por alto lo inmanente de esta clase parasitaria que nos domina. Los africanos no son de ahora. Cuando la asamblea del año ’13 otorgó la libertad de vientres dio un paso fundamental para terminar con la esclavitud. Las guerras de la independencia hicieron lo suyo y la población afrodescendiente quedó cerca de la extinción. Los nuevos inmigrantes generan el mismo sentimiento y los convierten en el símbolo de lo detestable. El Conurbano con su composición de pobreza y su adhesión histórica al peronismo ocupa ese espacio de desprecio y de peligro. Orgullo nacional debería generar el desprecio de los eternos colonizadores de las potencias de turno.
Cuando el origen provinciano no alcanza para lograr impacto en la discriminación se apela a los orígenes continentales para calificar al diferente. Los “cabecitas negras” se han incorporado al acervo cultural y ya no generan el violento rechazo. Por eso africanizar el Conurbano es la nueva modalidad para definir el territorio a excluir. Formado al calor de la primera industrialización peronista, padeció todas las consecuencias de las ráfagas de ajustes de los ‘90 y hoy es un conglomerado que supera en población a cualquier otra provincia. Pintarlo de negro es el comienzo de una campaña racista en pleno desarrollo.
El comienzo de la vacunación masiva puede ser el momento para arrancar con “la nueva normalidad”. Tironeado por la presión anticuarentena, el gobierno puede utilizar esta energía para lograr un fuerte impulso a la actividad productiva. En un año electoral donde los discursos políticos invitan al olvido, es una buena oportunidad para recrear los viejos congresos de la producción y sentar a la mesa del acuerdo a los empresarios nacionales que dependen del mercado interno (que a su vez es hijo del consumo popular) para establecer equilibrios entre precios, tarifas, salarios y una sólida política desmonopolizadora para sacar a los formadores de precios del monopolio de sus caprichos.
Juntos, pero no revueltos
Con una perspectiva independiente desde el punto de vista de los más golpeados por la crisis y la pandemia, la lucha de los salarios por ganarle a la inflación apenas gasta pólvora en paritarias que se firman y se desvanecen en el corto plazo. La inflación galopante llevó a las grandes empresas formadoras de precios millonarios aportes estatales que hubieran servido para poner en marcha el aparato productivo.
Todas las medidas peronistas “contra el agio y la especulación” mencionadas por Cristina en su libro Sinceramente carecen de un sustento en el sistema legal que Alberto pondera. Otra vez la reforma judicial en el tapete. Cuando Juan Perón en 1953 hizo “tronar el escarmiento”, la detención de “agiotistas” y “contreras” no frenó la embestida patronal. El “exceso de consumo” ubicó el ahorro desde 1952 como tema central en el escenario, con la capacidad de cumplir un papel central. Muy distinto es el marco de pandemia. De aquel apotegma “se vende lo que sobra” al lockout patronal del campo por el maíz hay un largo trecho.
La actual Ley de Abastecimiento se usó en el marco de una emergencia pero tiene farragosos límites en el contexto de una secretaría que vació casi todas las áreas de control y de la poca colaboración de gremios, municipios y provincias. A pocos metros de la recta electoral, la funcionaria Paula Español no alcanza a moderar los desbordes de los formadores de precios con su diezmado ejército de inspectores con escaso respaldo de la artillería legal. Los trabajadores de ATE, minoría en ese sector ante el mayoritario UPCN, ven con desazón que la política gremial se basa en cadenas de favores y no en participación directa de los gremios en una política de Estado.
Español y su equipo de jóvenes entusiastas necesitan un arsenal de controles y sanciones contra los especuladores que siempre hacen su agosto cuando la economía se desmadra. No es con políticas escalonadas como el Presidente Alberto Fernández sacará al país del pozo profundo donde lo dejó Mauricio Macri. Se impone un programa en todos los terrenos y un campo popular movilizado para romper la inercia.
Con la reglamentación de la ley de teletrabajo y su gusto a arena entre los dientes, el debate en el sindicalismo comprometido con los trabajadores y el gobierno popular promete ser muy ruidoso, Una vez más el movimiento de los trabajadores se verá obligado a contrapesar las imposiciones de los poderosos que operan por dentro y por fuera del gobierno.
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DESEMPLEO Y BAJOS SALARIOS
La pérdida de puestos de trabajo y la caída del salario obstruyen la recuperación
En la Argentina afectada por las políticas recesivas y el covid-19, en el segundo trimestre de 2020 se perdieron 3.757.000 puestos laborales, de los cuales 289.000 correspondieron a asalariados registrados, 1.695.000 a asalariados informales y 1.774.000 a trabajadores por cuenta propia. El personal doméstico sufrió una pérdida de casi 600.000 puestos, la construcción casi 400.000 y hoteles y restaurantes 304.000 empleos.
Este desplome no se recuperó mayormente en la segunda parte del año. Sí lo hizo en algunos sectores, pero empeoró en otros, dado que el Producto Bruto Interno descendió en 2020 con respecto a 2019 en torno a un 10%, siendo la mayor caída del PIB que se tenga registro. Para peor, 2019 fue un año recesivo.
Con una población de algo más de 45 millones de habitantes, la tasa de actividad se estima en un 47%, esto quiere decir que más de 22 millones de personas están en condiciones de trabajar. Sin embargo, siempre al segundo trimestre de 2020, solo se registran 11.762.000 ocupadas, de las cuales 9.475.600 personas son asalariadas, incluyendo al sector privado (en junio de 2020, se contabilizan 5.781.000 personas asalariadas en el sector privado), sector público y el trabajo en casas particulares y, 2.287.000 tienen trabajos independientes (monotributistas y autónomos), por eso el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) alcanzo a unos 8.970.000 beneficiados
Por lo tanto, se producen serios desequilibrios entre la tasa de crecimiento de la población y la tasa de acumulación del capital, que es la causa central de desempleo en los países atrasados. En estos casos, la receta de bajar salarios no es la solución porque como en la amplia mayoría de los países no industrial. E, el camino es invertir en máquinas y equipos de última tecnología para generar puestos de trabajo y aumentar la producción y la productividad del trabajo.
En la Argentina de comienzos de 2021, el salario promedio de bolsillo (neto) de los trabajadores industriales, es menor a 700 dólares por mes, a razón de 3,5 dólares la hora. No solamente es uno de los más bajos de nuestra historia, sino que incluso, como pedía Paolo Rocca en 2015, es menor al que se paga por igual trabajo en Brasil y, sin embargo y obviamente, no podemos competir con Brasil en la mayoría de la producción manufacturera. Y por supuesto menos que menos con los países desarrollados cuyo salario promedio ronda los 2.200 dólares mensuales, pero son mucho más productivos por las maquinas, equipos y tecnología que poseen, a lo que se le suma una infraestructura en rutas, trenes, puentes, represas, etc. etc. moderna y de gran magnitud.
Las cadenas globales de valor son administradas por las empresas transnacionales[1] y representan en torno al 80% del intercambio mundial. Menos del 30% de las exportaciones de la Argentina ingresan en esas cadenas como mero proveedor de alimentos o de metales, donde el 60,9 % de las exportaciones argentinas se dividen tan solo en cinco productos primarios con bajo valor agregado.
Esa situación implica que todo el superávit comercial y la inmensa masa de ganancia de un sector privilegiado (constituido por los que controlan mercado cautivo apropiándose de una renta extraordinaria), no se transforma en inversión, generando dos factores adversos: falta de puestos de trabajo (y con ello presión a la baja de los salarios) y fuga de capital (invierten económica y financieramente en el exterior).
El rol del Estado
El objetivo final de la política económica es lograr el pleno empleo y la mayor equidad en la distribución del ingreso. Nuestra Constitución Nacional lo determina claramente cuando desde el Preámbulo sostiene: “Promover el Bienestar General”, y también en su Ley 24.013 de Empleo. Entonces, la política económica en el sentido amplio de la palabra, es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para orientar, influir y/o conducir la economía de los países, y como toda estrategia debe responder a un plan global, esto es grandes objetivos y las distintas medidas que se deben adoptar para cumplir con esos objetivos, cuyo fin último es la plena ocupación y con una remuneración que supere la línea de pobreza.
El economista Sergio Arelovich, asesor de La Federación de Trabajadores Aceiteros de la República Argentina, afirma que el Estado debe intervenir para garantizar ingresos dignos a los trabajadores en cumplimiento de la Constitución Nacional y de la ley 24.013 de Empleo, cuyo artículo 135 crea el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El inciso c de dicho artículo, le confiere al Estado la facultad de aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil, para afirmar textualmente “Si de deudas de la democracia se trata, resta decir que tanto el Estado como cierto sindicalismo se han mostrado poco exigentes al momento de hacer cumplir la normativa que garantiza a los trabajadores el grado de dignidad que se les debe reconocer por su condición de creadores de riqueza”[2].
Según el INDEC, la Canasta Básica Total de noviembre de 2020 (siempre es el último dato publicado) para una familia constituida por matrimonio y dos hijos requiere de un haber mensual de $ 51.776. Y el salario mínimo vital y móvil impuesto por la Resolución 4/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación del 16/10/2020 y sin fundamentar porqué, se fijó para octubre y noviembre de 2020 en $ 18.900 y a partir del 1° de diciembre 2020 de $ 20.587,50 por mes. Es obvio que una gran cantidad de trabajadores formales y no formales perciben remuneraciones por debajo de la Canasta Básica Total, trabajan y son pobres.
Desde el punto de vista económico la principal función del Estado es regular la actividad, establecer las reglas de juego, qué es lícito y qué es ilícito, qué es blanco y que es negro y apuntar al pleno empleo y al crecimiento con la mejor distribución del ingreso posible. Por eso John M. Keynes distingue entre el beneficio de los empresarios y el de la sociedad y afirma que la causa del desempleo se encuentra fuera del mercado laboral. De hecho, este último, es un mercado cuyo comportamiento es pasivo, en el sentido de que el equilibrio en el mercado laboral se deriva de fuerzas externas a él. La curva de productividad marginal debe considerarse como tal, no como una curva de la demanda de trabajo por parte de los empresarios en relación con los salarios.
Dentro de esa función de regular la actividad económica, el Estado debe, antes que nada, preservar el valor de la moneda, que es la antítesis de la devaluación. El tipo de cambio ya lo modificó violentamente el gobierno de Cambiemos que en tan solo tres meses del 25 de abril al 24 de julio de 2020 devaluó un 100%. Pero parece que no fue suficiente, porque este gobierno fijó un dólar oficial comercial tipo vendedor por el Banco de la Nación Argentina de $ 59,91 el 2 de enero y el 30 de diciembre de 2020 su precio fue de $ 89,67, conformando un ajuste cambiario del 49,67%, que repercute directamente en el precio de los alimentos y por ende en el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones y, en forma excesiva cuando proporcionalmente el gasto en alimentos es mayor sobre el ingreso.
En todo caso debería adoptar decisiones como hizo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que procedió a suspender temporariamente la registración de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para el producto maíz, cuya fecha de inicio de embarque sea anterior al 1° de marzo de 2021, con el fin de preservar su destino al mercado interno.
El Estado nacional y los provinciales deben regular la actividad comercial y financiera y cobrar impuestos directos como los que creó la Ley 27.605 de Aporte Solidario, pero no por única vez, sino todos los años y, las provincias cobrar impuesto inmobiliario rural que representa menos del 0,4% del PIB. Es una vergüenza que la tierra más fértil del mundo aporte menos del 0,4% del PIB. E indirectos como son los derechos de exportación (retenciones), somos una sola Nación y no puede haber trato preferencial para nadie (artículo 16 de la Constitución Nacional).
Todo ello en un marco en que se aumenten los salarios y el empleo a través de la obra pública nacional, provincial, municipal y de estímulos a las empresas de creación de puestos de trabajo (esencialmente a las PyMes que son las que proporcionalmente más trabajo generan), que se aumenten las remuneraciones, de modo que ningún trabajador en actividad o pasividad perciba un ingreso mensual menor a la canasta básica total del INDEC, es decir por debajo de la línea de pobreza.
Mayor salario y mayor empleo fortalecen al mercado interno, al que se destina más del 70% de lo que el país produce, máxime cuando la presión de los exportadores, de los fugadores de capital y del FMI es a una devaluación permanente de nuestra moneda, garantía de valorizar las divisas, pero a costa del empobrecimiento de nuestro pueblo.
Solo recomponiendo los salarios (incluidas jubilaciones y pensiones) y el empleo la Argentina volverá a crecer, y es responsabilidad de los Estadoe, en primer lugar la Administración Nacional y luego las provincias y municipios. Lo demostró Néstor Carlos Kirchner: “El PBI se conforma de consumo, inversión y comercio exterior. En los ’90, se probó la teoría del derrame y no funcionó. Ahora lo armamos como se arman los buenos equipos de fútbol: de abajo para arriba. Tenemos que lograr que los cuarenta millones de argentinos sean consumidores plenos. El crecimiento del consumo demanda una mayor inversión. Estos dos ítems, consumo e inversión, impulsan las exportaciones: el consumo te da mayor escala de producción y la inversión, mayor eficiencia. Ambos bajan los costos y permiten competir a nivel internacional. Así crecen consumo, inversión y exportaciones y la economía vuela”.
Cualquier otra alternativa es funcional al poder económico consolidado y significa seguir beneficiando a una minoría parasita y rentística, como, salvo raras excepciones, se vienen beneficiando desde la dictadura militar hasta el presente, a costa de la exclusión y la marginalidad de nuestro pueblo
