Pablo Quintana /Resumen Latinoamericano, 15 de febrero de 2021
Mapuches: Integrantes del Lof en Resistencia Cushamen, en los tribunales de Esquel durante intervalo del juicio (Fotografía Nicolás Palacios) .
En la sala del segundo piso de los tribunales de Esquel se puede observar la presencia de mapuches. Sin embargo, no están en el banquillo de los acusados. Su imagen contradice a la reciente historia punitiva.
En el asiento del acusado ante el tribunal, ubicado a la derecha del pequeño salón, está el integrante de la Infantería de la Policía de Chubut, el oficial Javier Solorza. Es el único imputado de la causa que intenta dilucidar la feroz represión del 11 de enero del 2017 en el Pu Lof Resistencia Cushamen. El proceso judicial ya cumplió una semana desde que se inició y continuará tras el fin de semana largo.
Es un juicio atípico en tiempos complejos. Atípico porque se invirtieron los roles y quienes suelen ser los acusados son víctimas que esperan justicia del Estado por los hechos atroces cometidos contra la comunidad a lo largo de ese verano violento, que presagiaba hechos de enorme gravedad, como lo que sería más adelante la desaparición de Santiago Maldonado. Complejo porque las medias sanitarias modifican todo el escenario.
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En la carátula del expediente judicial puede leerse «Pcia. del Chubut c/Solorza Javier Alberto. Delito: Lesiones leves y graves agravadas por abuso policial». La estrategia de la defensa es clara: que fueron emboscados y atacados con piedras por los mapuches y ante esa situación reaccionaron. El segundo punto de la defensa es que cada uniformado fue responsable de los disparos dirigidos a la cara de las víctimas. De esta manera intenta evitar que recaiga todo el peso sobre la figura de Solorza como autor de las atrocidades cometidas esa tarde de enero.
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Solorza está acompañado por su abogado defensor, Daniel Sandoval, luce una camisa blanca impoluta y notables tatuajes en su cuerpo. Se lo ve distendido, dialoga a menudo con su asesor letrado, le muestra su teléfono y en los intervalos pareciera intercambiar mensajes con su celular.
Enfrente tiene a la fiscal María Bottini; Paola Bagnato por la Defensa Pública, que interviene como querellante; y la abogada Sonia Ivanoff que también asiste a las víctimas. A su derecha y en el centro del salón se encuentra el juez José Luis Ennis.
Como público asistente están las propias víctimas, tres de las cuales no pasan desapercibidas. Fernando y Fausto Jones Huala, ambos hermanos del preso político y lonko de la comunidad Facundo Jones Huala, junto a Emilio Jones (primo del líder que está encarcelado en Chile) lucen trariloncos en sus cabezas. Esas vinchas realizadas con lana de oveja, con diseños geométricos o figuras de aves u otros animales. Detrás de ellos está Malvina Encinas, la cuarta víctima de la represión, que sufrió un golpe físico en la cara interna del antebrazo izquierdo. Fue la más leve de las lesiones de quienes soportaron el accionar violento de los efectivos policiales. Después, es visible la presencia de un integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos. La ONG es la única que asiste como veedora del juicio que se desarrolla sin demasiada repercusión mediática.
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Algo más que la humanidad de Solorza está en el banquillo de los acusados. Está en discusión la violencia institucional en una provincia como Chubut, que acumula un triste historial. Quizás el hecho más emblemático fue el que vivió la comunidad de Corcovado entre el 8 y el 15 de marzo del 2009, cuando un grupo de la GEOP irrumpió y genero un cuasi estado de sitio en el lugar. O la desaparición de Iván Eladio Torres a manos de la policía en octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, que le valió al Estado argentino una condena de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esas conductas se repiten a lo largo de la reciente historia provincial. El presente se materializa en la figura del polémico ministro de Seguridad de Mariano Arcioni, Federico Massoni. Sólo habría que recordar que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tuvo que interponer un habeas corpus colectivo y preventivo en medio de la pandemia para que el gobierno de Chubut se abstuviera de cercenar más allá de lo adecuado la libertad ambulatoria de los ciudadanos. El hecho fue escandaloso, porque previamente se había difundido un audio del jefe de la policía trelewense que llamaba a «meter gente en cana» a pedido del ministro.
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A pesar de ser considerado un juicio oral y público, poco de esto tiene. La cuestión sanitaria impide la presencia de medios de comunicación en esa pequeña sala. En la primera jornada, sólo reporteros gráficos pudieron tomar algunas muestras fotográficas y por un breve instante estuvo presente quien realiza la cobertura de prensa por parte del Ministerio Público Fiscal. La APDH-Regional Esquel presentó un escrito ante el Director Oficina Judicial, Rodolfo Barroso, en el que expresan preocupación «atento que, so pretexto de medidas de seguridad por Covid19, no se ha permitido el ingreso de la prensa o se ha restringido sumamente su participación, vulnerando el derecho a la información pública, justamente respecto de un juicio donde se ventilan hechos muy graves que llevaron aparejados «lesiones graves»: tratos crueles y degradantes por parte de efectivos policiales sobre miembros de una Comunidad Mapuche- Pu lof en Resistencia Cushamen que a su vez trajeron aparejadas situaciones muy graves acaecidas en años siguientes».
El escrito sostiene que «es un derecho de la comunidad toda, en el contexto de un Juicio Oral y Público como este, contar con la información de profesionales de prensa que puedan realizar su trabajo de la mejor y más adecuada forma posible, siempre siguiendo los protocolos establecidos».
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La primera jornada contó con el testimonio de quienes resultaron con graves heridas y del propio imputado. El integrante de Infantería que estaba a cargo del grupo de operaciones que atacó a los mapuches leyó un escrito previamente elaborado. Pidió que haya justicia para las víctimas, pero agregó que se pueda «determinar de manera técnica, precisa y científica quien ha sido el verdadero responsable de las lesiones sufridas». «En aquella intervención – se atajó Solorza – se utilizaron al menos cinco escopetas y cada efectivo policial debe responder por su armamento». Ese verano de 2017 el policía se presentó en la fiscalía de Esquel donde denunció que habían sido emboscados, pero la acusación se desestimó por inadmisible.
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Las deficiencias para poder escuchar a los testigos de las partes online son notables. La falta de una buena conectividad en los tribunales provoca que las conexiones por momentos sean engorrosas, poco claras. Una contracara incluso de lo que sucede en los tribunales federales de Esquel. La imagen del testigo se congela en la pantalla. Contesta, pero la conexión defectuosa, provoca ‘delay’ en la comunicación y las imágenes se distorsionan. Es necesario hacer una llamada telefónica para terminar con el testimonio. Desde la querella ven con preocupación estas limitaciones técnicas porque presumen que esto pueda favorecer al único imputado ante la duda que logre ocasionar. De los más de 70 testimonios, muchos de ellos se intentan realizar de manera virtual.
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El juicio evoca los hechos. Refresca la memoria de unos y otros. Los violentos hechos ocurridos en torno al territorio recuperado por los mapuches vuelven como diapositivas. Es imposible no prolongar los recuerdos y rememorar la figura de Santiago Maldonado; el mentón destrozado de Emilio Jones y su sangre en el rostro; la información del traslado de urgencia de Fausto Jones Huala hacia Bariloche con traumatismo de cráneo y perdida del habla. Todo es muy reciente y sensible. La médica Elvira Gauna se quiebra por momentos en su testimonio. Recuerda las lesiones, el stress postraumático, los niños, las mujeres en el territorio. Afuera de Tribunales un puñado de mapuches cobijados bajo la sombra de un árbol en tardes de intenso calor patagónico aguardan resultados. Esperan una vez más que la justicia winka les devuelva algo de todo lo sufrido y lo que les han quitado.
FUENTE: El extremo sur de la Patagonia
