Por Maira López, Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021.
Elevaron el reclamo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cargo de Magdalena Odarda, quien pidió una pronta respuesta por parte de las autoridades educativas de Nación y la provincia.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta aún sostiene la disposición 40⁄21, que habilita el cambio de modalidad en el Colegio Secundario con Itinerancia N° 5185. Allí se estableció que una de sus cinco aulas, la del paraje El Bobadal, pasa de ser pluriscurso a multicurso, lo que provocó la reducción en la carga horaria de las profesoras y la unificación de todos los niveles en un solo espacio.
Las medidas adoptadas fueron repudiadas por la docencia y los integrantes de las comunidades indígenas, que elevaron el reclamo hasta el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El organismo que preside Magdalena Odarda pidió una pronta respuesta por parte de las autoridades educativas de la Nación y la provincia, pero aún no tuvo novedades.
Por tal motivo,las comunidades anunciaron que la semana entrante realizarán una movilización en la capital salteña. Sostienen que la medida adoptada por la cartera de Matías Cánepa es autoritaria, discriminatoria y no se realizó la consulta previa, libre e informada que corresponde a los pueblos originarios. Denuncian además persecución y el hostigamiento hacia los maestros que dieron a conocer la situación.
La mujer wichí Octorina Zamora, que viene haciendo un seguimiento de la educación en los pueblos indígenas de la provincia, dijo a Salta/12 que la disposición provincial pretende generar una baja calidad en el nivel educativo en las comunidades; además, es «un atropello» porque se comete ante poblaciones vulnerables, como lo es el Pueblo Wichí en el Chaco salteño. «Sabemos que en el nivel secundario se tiene que tener una base académica para aspirar a otros niveles como el terciario y universitario, y aquí nos lo sacan», expresó.
Zamora fue convocada el 25 de septiembre por las propias comunidades, ya que desde hace años viene reclamando por una ley de educación de gestión comunitaria indígena en Salta, ante la desigualdad que se da en la población originaria. En este caso el colegio secundario está a 75 kilómetros de la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín.
Lo que pudieron saber las familias es que el cambio de modalidad fue por la baja matrícula en El Bobadal. Pero también temen que ocurra lo mismo en las aulas de Pacará, Tonono, Kilómetro 17 y Lapacho I. En cada paraje, se lleva adelante lo que se conoce como pluricurso, es decir, que 1° y 2° año se dictan juntos; 3° y 4°, por otro lado; y 5° año, tiene su cursada propia. Y con el multiaño, se reúnen todos los niveles en un solo curso.
El cambio no fue notificado formalmente a la comunidad, sino que fue advertido por los docentes cuando fueron a cobrar su sueldo y vieron que tenían menos horas contabilizadas.
Si bien la disposición se dio en abril, recién se anotició a los profesionales y a las familias el 28 de agosto, es decir, en la mitad del ciclo lectivo. Eso fue en un encuentro entre la comunidad educativa y la directora de la institución, Nora Mariel Ruiz, quien aseguró que el cambio en El Bobadal, se produjo por «la baja matrícula de alumnos». Informó que todos los meses envía el estado de asistencias a la cartera de Educación, dando a entender que desde allí se toman las decisiones sobre cambios en la modalidad.
Pero en el acta del encuentro se dejó constancia de que la docente Carolina Sierra leyó la disposición 40⁄21, que «establece que es el directivo quien solicita la transformación de aulas». Para que en un paraje no se dé la «transformación» a multiaño, jerga utilizada cuando se produce el cambio de la currícula, debe existir una matrícula de 25 alumnos, número que puede llegar a cumplir Tonono, pero no El Bobadal donde hay solo 8 estudiantes. Sin embargo, ese es el número histórico que tuvo esa sede desde su inauguración, en 2011.
Zamora denunció que desde Educación de Salta se toman decisiones «autoritarias» que van a contramano de las poblaciones originarias. También aseguró que la directora Ruiz actuó de manera inconsulta con sus propios docentes. «Esto merece el repudio generalizado hacia la actitud de la docente, que no contempló la base educativa, académica y la dignidad laboral de sus colegas», expresó.
Fueron los maestros y las maestras quienes denunciaron públicamente la situación, ya que además de afectar la calidad educativa, también se afecta su propio trabajo. Con las «transformaciones» adoptadas, algunos docentes pierden horas que tenían con el pluricurso porque son absorbidas por otros. Por ejemplo, con el pluricurso existían tres docentes de matemáticas: uno, por 1° y 2° año; otro, por 3° y 4°, y un tercero por 5° año. Con el multiaño, sólo habrá uno en cada sede.
En una nota anterior de este medio, el director del Nivel Secundario de la provincia, Gabriel Tejerina, sostuvo que la disposición habilita a las escuelas con baja matrícula a reorganizarse en multiaños o pluricursos. «Eso asegura que la gran mayoría de docentes no quede cesante», explicó. En esta ocasión, ninguna autoridad educativa de la cartera de Cánepa, quiso emitir una opinión al respecto. Y la docencia denunció un incremento en la persecución y el hostigamiento de parte de Ruiz.
Zamora anunció que ante la falta de respuestas, dirigentes originarios se movilizarán la semana entrante a la Capital salteña para hacer una denuncia pública. «Parece que el Ministerio (de Educación de Salta) no se sensibiliza, no nos escuchan y nosotros seguimos sosteniendo que se deroguen las disposiciones», sostuvo.
«Cerrar las escuelas no debe ser el proyecto de un gobierno, que por un lado, habla a un joven indígena (por Maximiliano Sánchez, nominado al premio que se otorga al mejor estudiante del mundo) y por el otro, le da con un palo a otras escuelas al negarle que haya más recursos humanos en las comunidades», añadió. En ese sentido, exigió que se refuerce la educación en las comunidades originarias para contar con más profesionales que trabajen en favor de ellas.
Sostuvo que en la actualidad en Salta, existe un sistema educativo deficiente porque si realmente se aplicara la Ley de Educación Nacional, «hoy tendríamos más médicos, más abogados, más maestros» pertenecientes a pueblos originarios. Por eso reiteró que no se debe dar aval alguno a las nuevas disposiciones ministeriales, ya que en vez de avanzar en favor de la educación indígena, está aplicando un retroceso.
Aseguró que el gobierno de Gustavo Sáenz «busca tenernos más analfabetos, que tenernos con un título universitario». «Es muy repudiable porque lo hicieron a espaldas de los docentes y de los pueblos originarios, sabiendo que las únicas víctimas son nuestros estudiantes», subrayó.
Acción contradictoria
El INAI intervino a partir de la denuncia de los profesores y el 15 de septiembre envió una nota a la subsecretaria de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación de Nación, Verónica Piovani, con copia al ministro provincial, Matías Cánepa. En el escrito, Magdalena Odarda señaló que el argumento del cambio de modalidad por «la baja matrícula y una población dispersa» choca con el decreto nacional 1385⁄18, de creación de los colegios rurales, «que contempla la organización en diversas aulas». El INAI señaló que la disposición 40⁄21 atenta contra calidad de la educación y el decreto nacional.
Odarda recordó que las comunidades de Salta consideraron que la disposición es discriminatoria «hacia los diversos Pueblos Originarios Wichí, Guaraní, Toba, Chorote, cuyos jóvenes tienen derecho a “aprender”, como lo consagra la la Constitución Nacional.
También sostuvo que la decisión local va a contramano de los parámetros normativos de la Ley de Educación Nacional, ya que en el apartado que hace referencia a la educación rural se establece la obligación de promover la igualdad de oportunidades, “las cuales surgen en contradicción y en actitud discriminatoria en relación a las posibilidades que presenta un alumno de zona urbana. Ya que el estudiante rural solamente cuenta con un docente dentro del aula y el cual solo imparte un espacio curricular».
En la copia que Odarda envió a Cánepa agregó que la disposición daña económicamente a los profesores, ya que la reducción de la currícula implica una baja salarial debido el recorte de horas cátedra. «Lo expuesto deja en evidencia que la directora Ruiz tampoco se deja interpelar por la transformación de la vida cotidiana, fenómeno sustantivo de lo social, que la pandemia del COVID 19 ha generado», manifestó.