Imaginemos que un periodista recibe importantes informaciones sobre unos disidentes de ETA. Una fuente anónima le informa de que dichos disidentes van a cometer un atentado y que disponen de un zulo cuya ubicación promete facilitarle pronto.
Sigamos imaginando que el periodista no da parte a las autoridades, y que ese anunciado atentado se produce, provocando una víctima mortal. Tras ello, la fuente anónima cumple su promesa y facilita al periodista la ubicación exacta del antes mencionado zulo donde éste encuentra material claramente vinculado al atentado.
Pocas dudas caben sobre cuál sería la reacción de las Fuerzas de Seguridad y la Justicia española. El periodista sería llamado de inmediato a declarar, y no le permitirían acogerse al secreto profesional para evitar revelar su fuente. Además, le lloverían las críticas, e incluso las demandas penales, por no haber advertido del atentado.
Ahora bien, ese escenario sucedió en realidad, con la única diferencia de que no se trató de disidentes de ETA, sino de los GAL, y la reacción de las Fuerzas de Seguridad y la Justicia española no fue la que acabo de describir, sino que miraron descaradamente a otro lado, como en tantos otros casos de guerra sucia.
Sucedió cuando se cometió el último atentado reivindicado usando las siglas GAL, el que causó la muerte en Hendaia, el 24 de julio de 1987, de Juan Carlos García Goena. Un crimen que sigue impune, pese a que en su día el General Sáenz de Santamaría reconoció durante un juicio que se sabía quién lo hizo, y por qué lo hizo
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Significativamente, ningún juez mostró entonces interés alguno en hacerle al General la más mínima pregunta al respecto, y tampoco ha habido un solo juez que se haya interesado nunca por el sorprendente hecho de que un periodista fuese informado antes del atentado de que éste iba a cometerse y de la existencia de un importante zulo ligado al mismo.
En efecto, tres meses antes de que se produjera el atentado, un informador anónimo apodado Pedro se puso en contacto con el periodista Ricardo Arqués y empezó a revelarle importantes datos sobre los GAL que habían dejado de actuar en febrero de 1986, se suponía que para siempre. Fue entonces cuando le hizo aquella sorprendente revelación sobre el atentado que iba a cometerse en Iparralde, y le habló de un zulo cuya exacta ubicación le facilitó más tarde.
Gracias a ello, Arqués, y otro conocido periodista, Melchor Miralles, localizaron el zulo y hallaron en el mismo material claramente vinculado al atentado, como una bomba-lapa idéntica a la usada en el mismo, y el comunicado de los GAL inicialmente previsto para reivindicarlo. Un comunicado en el que no se mencionaba en absoluto a García Goena, sino a un refugiado vecino suyo, Juan Bautista Argote, que todo indica era el verdadero objetivo.
Aquel informador anónimo, Pedro, explicó a ambos periodistas que fueron el subcomisario José Amedo y sus hombres quienes cometieron el atentado, y les enumeró las razones que habían tenido para cometerlo, dejando muy claro hasta qué punto conocía no sólo los entresijos del mismo sino también a sus autores.
No fue, además, la única fuente que incriminó a Amedo en aquel asesinato, puesto que también lo hizo su entonces amante, Inmaculada Gómez, pese a lo cual la Justicia española consideró que no había pruebas suficientes para condenarlo.
Sea como fuere, abundan los indicios que apuntan a su culpabilidad en dicho asesinato, y no ha ayudado precisamente a disiparlos el hecho de que Amedo se haya dedicado a elaborar y difundir una pista falsa al respecto. Una falsa pista, publicada en su día como gran exclusiva por el diario El Mundo, según la cual un fotógrafo de Hendaia llamado Patxi facilitó a quienes colocaron la bomba-lapa una foto de García Goena que les permitió identificarlo y atentar contra él.
Esa mentira se cae por su propio peso, porque el verdadero objetivo de los asesinos no era él sino su vecino Juan Bautista Argote, como se puede comprobar en el comunicado de los GAL que los antes citados periodistas hallaron en el zulo y reprodujeron en la página 298 de su libro Amedo: el Estado contra ETA.
Por eso me resulta tan incomprensible que la viuda de García Goena, Laura Martín, se empeñe en seguir esa falsa pista, en lugar de solicitar a los jueces de la Audiencia Nacional que llamen a declarar a Melchor Miralles y Ricardo Arqués en relación a todo lo que les contó Pedro en su día, antes y después de que se cometiera aquel último atentado reivindicado usando las siglas GAL. Y que traten de identificar al informador anónimo, y a quienes se escondían tras él.
Tampoco entiendo que no solicite a los jueces que interroguen al respecto a Amedo, que afirma saber quién filtró a ambos periodistas aquellos datos tan reveladores. Según él, fue un policía francés apodado Jean-Louis que colaboró muy activamente con él en la guerra sucia y cuya identidad preserva a toda costa, porque teme con razón que se tire de ese hilo.
Además, en su último libro, Cal viva, Amedo afirma que Jean-Louis estuvo involucrado en el asesinato de García Goena, por lo que difícilmente se entiende que no sea interrogado sobre la identidad de dicho policía francés, y sobre otros muchos aspectos de la guerra sucia que ha dado sobradas muestras de conocer muy bien.
Profundizando en esa vía, sí que veo factible obtener pruebas contra los autores materiales de aquel crimen, y espero de todo corazón que Laura Martín termine también por verlo, porque de lo contrario Amedo se saldrá con la suya.
Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de Estado
12 de mayo de 2016