Nunca en la historia europea, fuera de periodos de ocupación extranjera, un país ha soportado un «diktat» semejante proveniente del exterior. Los drásticos planes de austeridad impuestos a Grecia por lo que se llama la «troika» (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) han sido ratificados casi inmediatamente por una mayoría de parlamentarios que se han visto forzados a hacerlo.
Este fenómeno inquietante quebranta los principios de base de la vida común. Primero el de la soberanía, segundo el del proceso democrático de decisión, tercero el de la solidaridad.
Ningún tratado no dio hasta ahora poderes a la «troika»… Es una especie de gobierno supranacional nacido de la crisis de la deuda soberana, que en realidad sirve para decidir lo necesario para pagar a los acreedores ‑es decir los bancos privados- de los Estados endeudados, actualmente Grecia. Impone planes de pago acompañado de «curas» de austeridad, sin ningún poder de control del Estado deudor, practica el chantaje respecto a la ayuda financiera vital para este país virtualmente en quiebra. No acepta ninguna discusión. En realidad, este gobierno no tiene ejército, pero posee un arma de destrucción masiva: el dinero.
Así, la soberanía está muerta y el proceso democrático de decisión paralizado, ante el chantaje a la ayuda financiera, las instancias democráticas se ven obligadas a inclinarse.
El bocazas de Daniel Cohn Bendit que, a pesar de estar muy mediatizado, no representa más que un grupo minoritario en el Parlamente Europeo, ha denunciado «los talibanes neoliberales que reinan en Europa». ¡Muy bien! Ya ha tardado en darse cuenta: olvida que ha militado en favor del modelo liberal europeo presente en todos los tratados desde el de Maastricht. Además, sabe muy bien que ninguna formación política importante representada en esta Asamblea le tomará en serio. Es ese tipo de contradicción que debilita cualquier oposición a la doctrina dominante. ¡El tiempo de la demagogia se ha acabado! Sobre todo si se tiene en cuenta que Dany justificó unos días más tarde el famoso MES (Mecanismo Europeo de Estabilidad, es decir, la segunda parte del tratado «Merkozy»)…
El 12 de febrero, el Parlamente griego adoptó el nuevo plan de rigor preparado por el ministro de Finanzas Evangelos Venizelos a la demanda de la «troika» para desbloquear un nuevo préstamo de 130 mil millones de euros a Atenas. El plan será presentado el 15 de febrero en el Eurogrupo, cuya aceptación es necesaria para que Grecia pueda lanzar una oferta pública de reestructuración de su deuda con sus acreedores privados el 17. El plan prevé una reducción del 22% del salario mínimo (que será de 586 euros brutos para 14 meses), la supresión de 15.000 empleos públicos en 2012, nuevos recortes en las jubilaciones complementarias y en los salarios de los funcionarios, así como la reducción del presupuesto de la seguridad social, del ejército y la privatización de cuatro empresas del Estado.
¿Es algo voluntario? Reducción de salarios, supresión de empleos públicos, privatizaciones. Estos planes se aplican por donde pasan los «talibanes neoliberales». En efecto, esto no es nuevo. Cada vez que se han impuesto desde fuera planes de reestructuración van en la misma dirección. Empezó en 1973 después del golpe de Estado en Chile. Los «talibanes» eran en esa época los golden boys de la escuela de Chicago.
La austeridad impuesta a la fuerza a Grecia, pero también, muy pronto, a todos los Estados de la zona euro es absurda. El economista Jean-Paul Fitoussi en Le Monde del 16 de febrero explica: «Esta cabeza de cola de las estrategias europeas ‑luchar contra una insuficiencia de la demanda a través de una política de austeridad con el fin de aumentar la oferta- es, lo mínimo que puede decirse, enigmática». ¡No tanto, Sr. Fitoussi! ¿Esta política absurda, violenta, destructora no forma parte de una estrategia muy elaborada? Difícil de contestar, pero está claro que todo va en la misma dirección y que ninguna fuerza política intenta cambiar nada de nada.
En todo caso, todos están de acuerdo en admitir que el última plan impuesto a Grecia es el más violento de todos. Algunos, como el italiano Monti, piensan incluso que se ha ido demasiado lejos. Lógico: ¡nadie tiene ganas de ver estallar una revolución en su país!
Pero, en una bella unanimidad, el mecanismo es adoptado por el Eurogrupo el 21 de febrero.
¿Estos tratados, estos planes, estas nuevas medidas, para qué sirven exactamente?
El plan «Merkozy» estaba inscrito en la evolución europea desde hace tiempo. Se encontraba en el pacto «de estabilidad y de crecimiento» (PSC) adoptado por el Consejo Europeo de Amsterdam en 1997, cinco años después del tratado de Maastricht que fundó el euro.
Este pacto es un instrumento de coacción y de coordinación de políticas presupuestarias de los países de la zona euro para evitar los déficits presupuestarios excesivos. Impone a los Estados de la zona euro tener presupuestos próximos al equilibrio o excedentarios. El PSC comporta dos tipos de disposiciones:
La vigilancia multilateral, disposición preventiva: los Estados de la zona euro presentan sus objetivos presupuestarios a medio término en un programa de estabilidad actualizado cada año. Un sistema de alerta rápida permite al Consejo Ecofin, que reúne los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión, de dirigir una recomendación a un Estado en caso de derrapaje presupuestario.
El procedimiento de déficits excesivo, disposición apremiante, ver represiva, se pone en marcha desde el momento en que un Estado sobrepasa el criterio de déficit público, es decir el saldo presupuestario acumulado de las administraciones centrales, locales y de la seguridad social, fijado en el 3% del PIB, excepto en circunstancias excepcionales. El Consejo Ecofin dirige entonces recomendaciones para que el Estado acabe con esta situación. Si no lo consigue, el Consejo puede decidir sanciones: presentar la situación ante el BCE que puede decidir una multa a pagar al Tesoro Público, siendo la cantidad fijada por la ley (de 0,2 a 0,5% del PIB del Estado en cuestión) si el déficit excesivo no desaparece.
Una declaración anexionada al Acta final del tratado de Lisboa prevé una reforma del Pacto de estabilidad y de crecimiento, sin que eso signifique que se cuestiona el futuro de este Pacto. Este Pacto de estabilidad nunca ha sido aplicado hasta la crisis griega a petición de Alemania y de Francia… los dos países que habían sido los inductores. Sin embargo, el PSC queda en vigor según el modelo inicial.
La crisis de la deuda soberana lo ha despertado. El 28 de diciembre de 2011, el Parlamente europeo aprobaba seis textos ‑el famosos «six packs»- que fueron oficialmente adoptados el 16 de noviembre por el Consejo y que refuerzan el pacto de estabilidad. Se habló en ese momento de la fundación de una «gobernanza económica europea». Este «six packs» está compuesto por seis textos que comportan tres disposiciones principales.
1) Reforzar el pacto de estabilidad y de crecimiento así como la parte de las sanciones
Los tres primeros textos buscan a mejorar el pacto de estabilidad y de crecimiento y de reforzar las sanciones inherentes a este pacto.
2) Creación de un procedimiento de desequilibrio macro-económico
Seguidamente, dos textos añaden nuevos instrumentos, puesto que las reglas de vida en común en la zona euro no cubrían las realidades macro-económicas. Por ejemplo, en lo que se refiere a España e Irlanda que respetaban muy bien la disciplina presupuestaria impuesta por Europa y que se han encontrado en dificultades a causa del endeudamiento privado después de que estallara la burbuja inmobiliaria en España y del endeudamiento de un banco en Irlanda. Se trata del control de los desequilibrios macro-económicos.
3) Aumentar los marcos presupuestarios nacionales
El sexto texto es una directiva que los Estados miembros deberán trasladar a su derecho interno. Se les invita a mejorar su marco presupuestario nacional. Por ejemplo: tener institutos estadísticos independientes, órganos de control de la hacienda pública independientes para verificar que las hipótesis de crecimiento planteadas por el gobierno son realistas, etc.
Además, aumentar las sanciones en materia presupuestaria, estas disposiciones tienen por objetivo socializar las deudas privadas. Es lo que pasó con las deudas de los bandos en 2008 y que tuvo como consecuencia un aumento considerable de la deuda pública, y por consiguiente el aumento de la deuda aumenta el déficit del Estado.
Todo está orientado hacia la problemática de la deuda, es decir del interés del sector bancario. Así, se ha introducido una noción de «umbral de alerta» en relación a ciertos indicadores económicos. Este umbral de alerta tiene por objetivo prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos susceptibles de perjudicar la sacrosanta estabilidad de la Unión Europea.
Así, en materia de intercambios comerciales, el umbral se ha fijado en el 4% del PIB para la balanza deficitaria, y del 6% del PIB en el caso contrario, en el caso en el que Estado tuviera un excedente corriente. O sea, que hay clemencia hacia los países exportadores. Esto concierne sobre todo a Alemania.
Los umbrales se han fijado por los flujos de créditos al sector privado (25%), el aumento anual del precio inmobiliario (6%), la tasa de paro, etc.
La última parte se refiere a los instrumentos de vigilancia económica, como los institutos de estadística, por ejemplo, que deben ser «independientes», es decir privados.
Este famoso dispositivo «six packs» no constituye una política europea común. Enmarca la política económica de cada Estado miembro en límites que constituyen garantías en el único interés de los bancos. No constituye en ningún momento un instrumento europeo de recuperación económica. El PSC reforzado por el «six packs» implica la palabra «crecimiento». Este término no aparece en ningún momento en esta nueva caja de Pandora reglamentaria. ¡Y no es un azar! Por otra parte, los mecanismos de vigilancia son privatizados y por lo tanto están únicamente al servicio del sector bancario.
Con tales disposiciones, es inútil chillar como una rata ante las famosas agencias de notación…
Se puede ver claramente qué es esta mentalidad bancaria, lo increíble que es, en este ejemplo.
Veamos la respuesta puramente tecnócrata del francés Benoît Cœuré, nuevo miembro del directorio del BCE, en la entrevista de Jean Quatremer, corresponsal de Libération en Bruselas, a la pregunta sobre la injusticia de la diferencia de intereses de los préstamos de la BCE a los Estados y a los bancos privados denunciado hace algunas semanas por Michel Rocard y el economista Pierre Larrouturou: «Los préstamos de la BCE a los bancos no son de la misma naturaleza que los que los bancos comerciales conceden a la economía o a los Estados. Los primeros son, esencialmente, préstamos a corto término […]. Sobretodo, son préstamos perfectamente securizados […]. En cambio, los préstamos a los Estados son muchas veces a largo término, algunas veces a treinta o cincuenta años. Y presentan riesgos…». ¡Cuando se ve la situación de algunos bancos en Europa, especialmente de Dexia, es bastante audaz hablar de «seguridad»! En estas declaraciones se nota el odio visceral hacia el Estado considerado como un factor de riesgo. Más grave, el interés general está ausente en este análisis financiero que no tiene en cuenta más la situación a corto término.
El salvamento no puede venir de esa gente. La independencia del BCE acordada por el tratado de Maastricht es un grave error. El señor Cœuré habla como un banquero del sector privado, como si la Institución que codirige fuera un organismo financiero ordinario.
En realidad, todo esto no tiene nada que ver con la construcción europea. Es la puesta en marcha de un poder supranacional asociado al todo poderosos sector bancario. Su embrión ya existe: se le llama la «troika».
Un tratado inútil y peligroso
Además, todo esto no funciona. Estos nuevos reglamentos no aportan ninguna solución al crisis de la deuda soberana. Solo sirven para garantizar la supervivencia del sector bancario y los intereses de algunos Estados miembros de la Unión. La negativa obstinada de Merkel de poner en marcha los euro-bonos, las dificultades de puesta en marcha del Fondo Europeo de Solidaridad financiera han llevado el tándem «Merkozy» a imponer la adopción de un nuevo tratado, el Tratado sobre la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TSCG) y el «Mecanismo Europeo de Solidaridad» (MES) que se discutieron después de julio de 2011 y que fueron aprobados por el Consejo el 2 de febrero de 2012.
Este nuevo tratado es inútil y peligroso. Es inútil porque el «six-packs» ya ha reforzado el poder coercitivo de la Comisión en materia de «disciplina» presupuestaria.
Es peligroso porque poner en marcha un sistema intergubernamental y rompe el método comunitario y todo lo que podía ser común a escala de la Unión Europea. La Comisión Europea cuyo papel era la de ser la «guardiana de los tratados» se convierte, a la vez, en policía y tribunal de los Estados miembros. Esto es algo que molesta a ciertos comisarios, como el finlandés Olli Rehn, encargado de los asuntos económicos.
Este proyecto de Tratado prevé:
- bajar el nivel de déficit presupuestario al 0,5% del PIB, dejando sin embargo el procedimiento de sanción por déficit excesivo aplicable a los únicos déficits superiores al 3% del PIB;
- obligar a los Estados firmantes a aplicar una regla de oro constitucional que les obligue a respetar el nivel del 0,5%;
- enviar, por parte de los Estados que estén bajo una tramitación por déficit excesivo, a la Comisión un programa de asociación económica;
- reforzar el nuevo procedimiento de decisión, llamado de «mayoría invertida»[1], aplicable únicamente a los miembros de la zona euro;
- un procedimiento con el objetivo de que todas las grandes reformas de política económica consideradas por los Estados miembros de la zona euro sean debatidas y coordinadas a escala de la zona euro.
El MES es la «troika»
Al segunda parte es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, o MES, adoptado definitivamente el 2 de febrero de 2012. Completa el TSCG y para estar en él los Estados están obligados a aplicar las medidas de austeridad presupuestaria inscrita en el Tratado.
Dotado de personalidad jurídica, el MES podrá entablar un acción judicial. El MES, que tiene la sede en Luxemburgo, está dotado de estatutos propios de una institución internacional beneficiando de las inmunidades propias a las instituciones internacionales. Por lo tanto no debe rendir cuentas al Parlamento Europeo, ni a los parlamentos nacionales, ni a los ciudadanos de los Estados miembros y no puede ser en ningún caso objeto de ningún tipo de diligencias. Está eximido de cualquier obligación impuesta por la legislación de un Estado miembro. El MES, sus bienes, fondos y haberes gozan de inmunidad ante cualquier procedimiento judicial.
El objetivo del MES es de «movilizar recursos financieros y de proveer, bajo unas estrictas condiciones» un apoyo a la estabilidad de uno de sus Estados miembros que tuviera graves dificultades financieras susceptibles de amenazar la estabilidad financiera de la zona euro. A este fin, está autorizado a pedir fondos. Su capital se fija en 700 mil millones de euros.
Los Estados miembros, por este tratado, se comprometen «de manera irrevocable e incondicional» a proporcionar su contribución al capital del MES. Se comprometen a abonar los fondos pedidos por el MES.
Cuando un Estado miembro solicita una petición de apoyo a la estabilidad, es la Comisión Europea conjuntamente con el Banco Central Europeo (BCE) quien se encarga de evaluar el riesgo para la estabilidad de la zona euro, de evaluar, en colaboración con el FMI ‑es decir la «troika»- la viabilidad del endeudamiento público del país demandador y de evaluar las necesidades reales de financiamiento de este último. Vemos bien que, a través del MES, la «troika» es institucionalizada.
Cuando el MES decide conceder una ayuda a la estabilidad, es la Comisión Europea, conjuntamente con el BCE y el FMI, la que negocia las condiciones para esta ayuda. Esta negociación sebe inscribirse en el respeto del pacto presupuestario (TSCG). La «troika» se encarga de que se respeten las condiciones impuestas.
Los gobiernos signatarios de este tratado han creado un monstruo institucional contra el cual los Estados mismos y a fortiori los pueblos se encuentran completamente impotentes. Así, se continúa, bajo la presión del mundo de las finanzas y de los negocios, el desmembramiento de la sede de la soberanía popular, el Estado, en beneficio de las instituciones que escapan a su control.
Este proyecto significa simplemente el fin de lo político. Limitar los déficits al 0,5% del PIB por una disposición constitucional ‑la famosa regla de oro- es lo mismo que obstaculizar cualesquier poder político. Es fundamentalmente contrario a los principios democráticos de base que defiende que una asamblea elegida por sufragio universal ‑por lo tanto, representando al pueblo- pueda decidir sobre todas las disposiciones que juzgue necesaria a su política. La limitación del déficit inscrita en las leyes fundamentales es lo mismo que excluir las inversiones públicas, cualquier disposición nueva relativa a la seguridad social, por ejemplo.
Estos dos tratados, el MES y el TSCG, confirman que la construcción europea se ha alejado definitivamente del ideal democrático. Instauran que los Estados y los pueblos estén bajo una total y completa tutela financiera y presupuestaria, sin que haya a cambio una soberanía europea.
Un federalismo de coacción
Continuamente se repite que esta avalancha de nuevas reglamentaciones «refuerza el federalismo». Sería necesario ponerse de acuerdo sobre esta palabra. El «federalismo» no es simplemente transferir la soberanía nacional hacia una entidad supranacional.
Esta política refuerza el déficit democrático, especialmente por la regla de la «mayoría inversada» que da a la Comisión poderes exorbitantes (véase la nota 1) sin ningún tipo de control. Además de poner bajo tutela los Estados miembros que tengan déficits estimados demasiado elevados, divide Europa en dos, puesto que el proceso de decisión no será el mismo para los Estados miembros de la zona euro y para los otros. Finalmente, según numerosos juristas, este nuevo tratado no respecta los tratados europeos existentes. Esto puede significar simplemente el fin de Europa.
En realidad, la crisis financiera desemboca en la perspectiva de una Unión Europea a dos niveles: uno federal (la Comunidad) con los Estados que escogen la moneda única al precio de perder una parte más grande que nunca de su soberanía; la otra confederal (la Unión) con todos los otros Estados que han preferido quedarse en una simple zona intergubernamental de librecambio. Este poder «federal» militado a los Estados de la zona euro sería en realidad un «federalismo de imposición» dando todo el poder a los mercados ayudados por una policía «eurócrata», sin ningún control parlamentario, lo que es contrario a la idea federalista.
¿Hacia el final de Europa?
El proyecto de los tratados «Merkozy» anuncia ya una división de la Unión puesto que dos países no se han adherido: la Gran Bretaña y Chequia. El verdadero-falso balón de oxígeno acordado a Grecia el 20 de febrero no cambiará sin duda nada. Los «diktats» de la «troika» llevarán sin duda a Grecia a salir de la zona euro, el gobierno alemán lo desea manifiestamente. Esto significa la expulsión de un Estado miembro, puesto que las disposiciones relativas a la moneda única son la base del tratado de Maastricht confirmado por los tratados siguientes hasta el de Lisboa. la ausencia de dos Estados miembros en el proyecto del nuevo tratado y la expulsión de otros no significa más que el fin de la Unión Europea. Otros Estados están amenazados de expulsión de hecho como Italia y Portugal.
El nuevo «big brother» se llama «mercados financieros». Es peor que todos sus predecesores.
Pierre Verhas
24 de febrero de 2011
http://www.legrandsoir.info/trop.html
Traducido del francés por Boltxe kolektiboa.
[1] Mientras que antes una recomendación de la Comisión debía, para ser adoptada, estar explícitamente apoyado por el Consejo, ahora es la lógica inversa la que predomina.
En efecto, mientras que la mayoría cualificada sirve para adoptar una posición «en favor de alguna cosa», la regla de la «mayoría inversada» significa que las sanciones propuestas por la Comisión no pueden ser impugnadas por el Consejo que por mayoría cualificada. Esta nueva forma de decisión, no prevista en los tratados ha sido anunciada por Herman Van Rompuy el 27 de septiembre de 2010:
«Siempre que sea posible, las reglas de toma de decisión respecto a las sanciones deberán ser automáticamente basadas en la regla de la mayoría invertida, lo que implica que una proposición de la Comisión es adoptada excepto si es rechazada por el Consejo».
Esta automaticidad excluye cualquier deliberación parlamentaria de cualquier tipo que sea. Es una negación pura y simple de los principios más elementales del federalismo que prevé una cámara de representación de los ciudadanos con poderes esenciales.
Esto significa además que un recurso contra una sanción de la Comisión es casi imposible. Si los déficits de las finanzas públicas son prohibidos y se hace al precio del déficit democrático.
