Representantes del Observatorio Vasco de Derechos Humanos, Behatokia, han comparecido hoy en Bilbo para valorar el informe del Comité contra la Tortura de la ONU hecho público el viernes pasado tras examinar al Estado español, en el que le insta a abolir la incomunicación y a acabar con la tortura.
Iratxe Urizar, Edurne Iriondo y Julen Arzuaga han subrayado que una vez leído el informe «se puede constatar que al Comité contra la Tortura le sigue preocupando la impunidad de la tortura», así como «la utilización en sede procesal de las declaraciones formuladas por los detenidos en sede policial», así como que esas declaraciones se obtengan bajo el régimen de incomunicación.
Para Behatokia, el régimen de incomunicación es, precisamente, el que «peor parado» sale en el informe del organismo de la ONU, que sigue «especialmente preocupado por las limitaciones que provoca en el acceso y en el ejercicio de derechos y garantías fundamentales que se aplican universalmente a las personas privadas de libertad».
De hecho, según han explicado en la comparecencia, durante el debate que se dio en Ginebra expertos mostraron su preocupación por la postura que adoptó el Estado español a la hora de justificar que no se permite la entrada de abogados y médicos de confianza «por pertenecer al entorno de la propia banda armada», un comentario que, según ha indicado Iriondo, «sentó realmente mal al conjunto de expertos» de la ONU.
Para el observatorio vasco, cuando el Comité de expertos de Naciones Unidas menciona en su documento que la incomunicación «vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los malos tratos y actos de tortura», sugiere que el Estado español «no opera en ese sentido como un Estado de Derecho».
Prevención
Otro elemento que han querido destacar del informe es «su preocupación por las medidas de prevención de la tortura», entre ellas la designación del Defensor del Pueblo para ejercer la labor de Mecanismo para la Prevención de la Tortura.
En ese apartado, han revelado que la propia adjunta del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava, compareció ante el Comité contra la Tortura en sus debates «justificando el régimen de incomunicación», por lo que Behatokia se pregunta «si ese organismo puede ejercer de Mecanismo para la Prevención de la Tortura, dependiente de las Naciones Unidas, oponiéndose a las propias recomendaciones de la ONU».
Los representantes de Behatokia han recordado el Comité contra la Tortura ha vuelto a subrayar con su último informe «la persistencia de la tortura y su facilitación por el régimen de incomunicación», así como la existencia de «una pendiente resbaladiza o una situación de degradación continua de los derechos más elementales» en el Estado español, algo que, según recuerda, «ya pusieron sobre la mesa» los diferentes informes hechos públicos por el Comité para la Prevención de la Tortura, el Relator contra la Tortura Theo Van Boven y su sucesor Manfred Novak, el Comité de Derechos Humanos o, más recientemente el Relator para la Promoción de los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista Martin Scheinin y el Grupo de Trabajo para las detenciones arbitrarias con el relativo al caso de Karmelo Landa.
Ante ello, sin embargo, las autoridades españolas «nuevamente miran hacia otro lado», según denuncia Behatokia.