LAB sigue adelante con las movilizaciones para mostrar su oposición ante la reforma del sistema de pensiones que pretende impulsar el Gobierno español. En este contexto, hoy se han llevado a cabo dos concentraciones «ruidosas» frente a los parlamentos de Gasteiz e Iruñea para mostrar una vez más la oposición a dicha iniciativa. Aprovechando que se celebraban plenos en ambos parlamentos LAB ha entregado un documento a ambos grupos parlamentarios donde se recogen las reivindicaciones y las alternativas que defiende el sindicato.
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Reivindicaciones y alternativas de LAB 
GOBERNU ESPAINOLAK IRAGARRITAKO PENTSIOEN ERREFORMAREN AURREAN NAFARROAKO ETA EAE-KO PARLAMENTUEI ZUZENDUTAKO ESKAERA
A la atención de la Mesa del Parlamento:
El nacimiento del Estado de Bienestar es el resultado de un compromiso histórico,
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social y político. Una de sus características, radica en la consolidación de un sistema
de protección social mediante el desarrollo de sistemas públicos de sanidad,
enseñanza y vivienda y la atención a los sectores excluidos del mercado de trabajo,
así como un sistema de pensiones.
Durante los años 70 y 90 los sistemas públicos de pensiones fueron sometidos al
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ataque de un neoliberalismo que había tomado el poder y se proponía reducir a la
mínima expresión tanto el estado de bienestar heredado del keynesianismo como
las regulaciones públicas de la política económica.
Actualmente, el debate sobre el modelo social europeo está encima de la mesa. Un
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día sí y otro también, se escuchan voces desde las instituciones europeas poniendo
en cuestión los sistemas públicos de pensiones, y observamos y padecemos
continuas reformas que no hacen sino mermar y recortar derechos laborales y
sociales conquistados mediante las diferentes luchas obreras que a lo largo del
siglo XIX y XX se sucedieron.
Los Estados español y francés están inmersos en profundos y constantes cambios
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en dichos sistemas. Reformas anunciadas, que se impondrán en Euskal Herria y
afectarán a la clase trabajadora vasca sin tener opción a decidir.
Los sistemas de pensiones, están en manos de los Estados. Euskal Herria, no puede
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decidir nada en este sentido. En Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa, se aplica lo
decidido en París a falta de instituciones propias. Los Gobiernos de Nafarroa y de la
CAV, sumisos a los dictados de Madrid, se quedan impasibles ante el recorte de
derechos de los y las pensionistas.
En el caso del Estado español, el desarrollo de las políticas keynesianas y del
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propio Estado de Bienestar llega tarde. Su evolución no ha conseguido nunca
situarse en los parámetros de la UE, por lo que consolidación y reforma han estado
unidas desde el principio. En lo que respecta a gasto en relación al PIB se ha
mantenido una diferencia con el resto de Europa que ha ido aumentando en los
últimos años. El estado español dedica el 9% PIB al pago de pensiones, mientras la
media europea es del 14% del PIB.
Así, nos encontramos con un sistema de pensiones de reparto2, donde, las futuras
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pensiones se obtienen de una parte del salario. Es decir, el sistema de pensiones es
un programa público que proporciona una fuente de rentas (para cuando la
persona por una serie de circunstancias no pueda obtenerlas) y para obtener sus
beneficios, es necesario haber realizado pagos periódicos, cotizaciones. Esta parte
del salario se ingresa en la denominada Caja Única de la Seguridad Social y el
superávit es ingresado en el Fondo de Reserva. Dicho Fondo, es una pieza
demasiado preciosa para resistir los ataques del capital financiero y para no
intentar gestionar directamente dicho ahorro privatizando el sistema de pensiones.
En este sentido, para que este ataque pueda materializarse, y agudizándose en
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este contexto de crisis económica, un día sí y otro también, nos encontramos con
discursos y afirmaciones que ponen en duda la viabilidad del sistema y de esta
manera provocan que los y las trabajadoras coloquen sus ahorros en manos
privadas a través de los fondos de pensiones. Es decir, ponen en marcha campañas
permanentes para minar el sistema público y reivindicar los sistemas privados. La
ofensiva en este sentido de los intereses financieros es permanente.
Sin duda alguna, una y otra vez se juega y manipula con la viabilidad del sistema.
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En este sentido, si nos remitimos a muchos de los tantos informes elaborados
desde diversas instancias cuestionando el sistema, nos encontramos con que las
estadísticas de muchos de ellos anunciaban un cataclismo para el día de hoy, y en
vez de ello, asistimos a un superávit de la Seguridad Social estimado en 8.500
millones de euros.
La sostenibilidad del sistema no es una cuestión económica, es una cuestión de
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voluntad política, una cuestión de concepción del propio sistema, y eso es lo que
desde hace años está en solfa: la tendencia de las sucesivas reformas desde el
Pacto de Toledo, es la privatización del propio sistema.
Y el nuevo recorte de derechos que desde el Gobierno español se viene
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anunciando, va en esa dirección. La justificación de tener que adoptar esta medida,
es el peligro de la inviabilidad del sistema de pensiones a causa sobre todo, del
envejecimiento de la población. Y para ello, para justificar la sostenibilidad del
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Cotizaciones que pagan las personas trabajadoras activas para pagar las pensiones de las que están jubiladas en el
momento actual. Cuando estas personas en activo se jubilen, sus pensiones se pagarán con las cotizaciones de
quienes están trabajando en ese momento.
sistema, nos anuncian recortes alarmantes que mermarán de forma significativa el
sistema de protección social actual.
Las medidas que hoy por hoy han sido anunciadas, afectan entre otras a las
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siguientes materias: endurecimiento de los requisitos para acceder a una pensión
de viudedad, reforzamiento de la previsión social complementaria (impulso a los
seguros privados), culminación de la separación de fuentes del sistema (eliminación
total del principio de solidaridad), alargamiento de la edad de jubilación ordinaria o
legal ( de 65 años a 67 años), modificaciones en el cálculo de las prestaciones
(ampliación del período de cotización..), aumento del plazo de cotización mínima
para acceder al cobro…
Hablamos de medidas que endurecen brutalmente el acceso a una pensión, sobre
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todo para los colectivos más desfavorecidos como son, mujeres, jóvenes,
inmigrantes y personas con discapacidad. Estos colectivos tienen en común el
lastre precario con el que se caracterizan sus condiciones laborales – trabajos
temporales, fijos discontinuos, a media jornada.. – y obviamente la dificultad a la
hora de obtener una pensión es mayor. Es un nuevo ataque a los derechos
laborales y sociales de la clase trabajadora vasca que no podemos aceptar.
Actualmente, la media de las pensiones en Hego Euskal Herria, es
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aproximandamente de 876,24€. Según un informe publicado por la Fundación Ipar
Hegoa del sindato LAB, casi la mitad de las personas pensionistas viven en
situación de pobreza, y una vez más, las mujeres se llevan la peor parte,
encontrándose en situaciones de pobreza grave. Por lo tanto, si a día de hoy, este
es el panorama creemos sinceramente, que es esta reforma va a generar muchísima
inseguridad y unas bolsas de precariedad y pobreza de gran calado.
Para poder garantizar unas pensiones públicas y de calidad, las medidas a adoptar
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tienen que ir en otra dirección, en la dirección contraria; El problema, no es de
envejecimiento, es de cotizantes, es decir, de empleo. Por lo tanto, lo necesario,
no son los recortes que se plantean, lo necesario, son políticas de pleno empleo de
calidad para poder cotizar. Y cuanta mayor calidad tengamos, mayores serán
nuestros salarios, y mayores las aportaciones derivadas al sistema. Hablamos de
creación de empleo de calidad, que las personas que no tengan trabajo, puedan
acceder a él y acabar con la economía sumergida que supone cerca del 20 – 25% del
PIB, con el consiguiente ahorro de las cotizaciones por parte de la patronal. Se
debe facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral, con medidas que
favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar.
El modelo socio-económico del estado español está haciendo aguas por todas
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partes como sucede con su perfil democrático. Es hora de que en EH tomemos
nuestras propias decisiones tanto en materia política como socio-económica. Es
necesario un Sistema Público Vasco de Seguridad Social.
Por todo ello y con el objetivo de que las administraciones vascas asuman su
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responsabilidad de garantizar a la clase trabajadora vasca y ciudadanía en general
el derecho a la protección y bienestar social y, demandamos de este Parlamento:
1. Rechazar la reforma de las pensiones promovida por el Gobierno Español, dado
que será adoptada desde la exclusión de la mayoría sindical vasca y porque decae
en la garantía de acceso a unas pensiones dignas y rebaja su nivel de protección.
2. Impulsar un proceso de construcción de un marco normativo que nos permita
ordenar, regular y gestionar la política de protección social más adecuada a las
necesidades de nuestro tejido social, y gestionar los recursos financieros
procedentes de las cotizaciones de las empresas, trabajadores y trabajadoras
vascas en materia de Seguridad Social, empleo y Formación Profesional.
3. Sistema construido desde las mayorías sociales, sindicales y políticas vascas, con
plena capacidad normativa y financiera que nos garantice que si aquí vivimos y
trabajamos, aquí tenemos que tener el control y la decisión respecto a las
cotizaciones que nos descuentan todos los meses y las prestaciones que recibimos.
Un sistema vasco de seguridad social integral, que forme parte de un sistema más
amplio de garantía de rentas y protección social.
4. Incrementar sustancialmente vía fiscal y presupuestaria la dotación de recursos
públicos necesarios para mejorar las pensiones actuales y garantizar las futuras,
equiparándonos en gasto en pensiones a los países europeos de similar renta.
5. Iruñean – Gasteizen, 2010ko otsailaren 16an
