El juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno ha abierto una investigación tras las denuncias de torturas de los detenidos en la última semana, según han dado a conocer abogados de los arrestados. José Camacho ya ha recibido el alta y se encuentra en prisión.
26/02/2010 13:22:00
HERNANI-. Los abogados Haritz Eskudero y Arantxa Aparicio y familiares de las personas detenidas en las operaciones desarrolladas desde principios de año han comparecido en Hernani y han ofrecido datos estremecedores: 21 personas han denunciado torturas y cuatro de ellas han requerido la evacuación a un centro sanitario como consecuencia del trato recibido durante el periodo en el que han estado incomunicadas a manos de distintos cuerpos policiales y de la Guardia Civil.
El último hospitalizado, el hernaniarra José Camacho, recibió el alta médica el miércoles y ya se encuentra en prisión.
Los abogados han denunciado que mientras sus defendidos han permanecido incomunicados su trabajo ha estado limitado, no les han informado sobre los detenidos y no han podido personarse en la causa. Desde el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ni siquiera han contestado a la petición de los familiares de que se aplicaran a los arrestados las medidas previstas para evitar torturas.
Junto a ello, han señalado que el forense elaboró todos los días un parte médico en el que se recogían las denuncias de torturas de los detenidos y han denunciado que a pesar de que el juez recibió todos los días ese parte, decidió mantenerles la incomunicación e incluso prorrogarla hasta el máximo posible.
Una vez que fueron conducidos ante el juez, los arrestados relataron los tormentos sufridos ante Ismael Moreno quien, según han informado los letrados, ha abierto una investigación dada la verosimilitud de las denuncias.
Las instituciones, «ciegas, mudas y sordas»
En la comparecencia, un representante del movimiento pro amnistía ha censurado que las principales formaciones políticas y las instituciones se mantienen «ciegas, mudas y sordas» ante una realidad tan cruel. «No hay declaraciones, ni manifestaciones ni condenas», ha constatado.
Ha subrayado que el Estado español utiliza «la tortura para lograr objetivos políticos», para ello recurre a «todos los instrumentos que tiene para obtener la mayor efectividad del uso de la tortura, por un lado, y negar y esconder su existencia, por otro».
«Por medio de la tortura obtienen información política y policial; logran inculpaciones, que son utilizadas posteriormente como pruebas contra los ciudadanos que han sido detenidos y torturados», ha señalado.
Además, han denunciado que la declaración realizada mientras permanecen incomunicados en dependencias policiales tiene muchas veces más valor que la realizada ante el juez y han acusado a los medios de «silenciar sistemáticamente» la realidad de la tortura.
Consideran, por ello, necesario continuar movilizándose en contra de la represión.