Los diez estadounidenses detenidos mientras intentaban pasar la frontera de Haití hacia Santo Domingo con un micro lleno de chicos de entre 7 meses y 14 años y sin sus documentos serán juzgados por “tráfico de niños, secuestro de menores y asociación para delinquir”, según lo anunció la Justicia de Haití, que ayer preveía tomar las primeras declaraciones. La duda es si serán juzgados en suelo isleño o si se los llevará a Estados Unidos ya que, tras el sismo, el único edificio del Ministerio de Justicia que sigue en pie está repleto de carpas.
Tanto las autoridades haitianas como los voceros norteamericanos indicaron que será el juez quien resolverá el lugar del proceso judicial, de acuerdo con las leyes locales. Por lo pronto, el país del norte ofreció “acceso consular ilimitado” a los integrantes de New Life Children’s Refuge (Refugio de Niños la Nueva Vida) que continúan detenidos en el edificio de la policía judicial. El Pentágono anunció que dejaba sin efecto la suspensión de los vuelos sanitarios para los heridos graves haitianos, es decir, retomaba la evacuación de heridos graves que eran derivados a hospitales estadounidenses.
“Es el juez quien decidirá si serán procesados aquí en Haití o en Estados Unidos, basándose en la ley haitiana.” Con esas declaraciones comenzó el día la ministra de Cultura y Comunicaciones, Marie Laurence Jocelyn Lassegue, a un día de que se conociera la noticia de la detención de los diez miembros de un grupo de baptistas estadounidenses que intentaba cruzar la frontera hacia República Dominicana con un colectivo donde llevaban 33 niños haitianos sin documentos.
Tampoco tardó en llegar la respuesta desde la Justicia haitiana. El fiscal interino de la principal corte de Puerto Príncipe, Mazar Fortil, adelantó que los integrantes de New Life serán procesados por “tráfico de niños, secuestro de menores y asociación para delinquir” y podrán enfrentar cargos por conspiración criminal. La incógnita parece ser el lugar donde se realizará el proceso judicial. En ese sentido, Fortil advirtió que es “demasiado pronto para saber” si el juicio se desarrollará en Haití o en los Estados Unidos.
Una de las razones para poner en debate el lugar del proceso tiene que ver con que la suerte de los edificios del sistema judicial haitiano no fue distinta de la de las casas de un millón de isleños que quedaron sin hogar. La sede de la Fiscalía es el único edificio del Ministerio de Justicia en pie, pero su patio está lleno de carpas y de damnificados. El argumento suena razonable a la hora de analizar el lugar del juicio, aunque no tanto a la hora de decidir el país.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ofreció “acceso consular ilimitado” a los diez norteamericanos que aún continúan detenidos en la sede de la policía judicial y “monitorea” la situación de los integrantes de la organización de Idaho, aunque el caso está en manos de las autoridades haitianas, según informaron ayer desde el Departamento de Estado.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Philip Crowley, indicó que desde la embajada estadounidense en Puerto Príncipe se les está asistiendo “de todas las maneras posibles” con el objetivo de “asegurarnos de que estos ciudadanos tengan una representación apropiada y evaluar que tengan un proceso justo y transparente”. Crowley también advirtió que el proceso depende de las autoridades haitianas y resaltó que “no hay constancia” de que este caso haya sido objeto de una “conversación específica” entre Washington y Puerto Príncipe.
Una de las líderes del grupo estadounidense, Laura Silsby Lavonne, aseguró durante los interrogatorios que sus planes eran “llevar a los niños para que reciban atenciones, comida y ropas” mientras se acababa de construir un nuevo orfanato en el balneario dominicano de Cabarete para los pequeños.
Mientras se resuelve el conflicto por la “buena intención” de llevarse a 33 niños de los cuales, una vez rescatados, muchos aseguraron tener familia, desde el Pentágono reiniciaron los vuelos sanitarios para los haitianos que resultaron con heridas graves tras el sismo del 12 de enero. Los vuelos habían sido interrumpidos desde el miércoles debido a que Estados Unidos no quería hacerse cargo del costo financiero. “Hemos determinado que podemos retomar esos vuelos indispensables”, una vez confirmado que hay centros médicos suplementarios disponibles tanto en Estados Unidos como en otros países, dijo la noche del domingo un portavoz de la Casa Blanca, Tommy Vietor.