“Los profesionales aquí presentes, en representación de los 768 profesionales del àmbito de la salud que hemos firmado el Manifiesto en defensa de la salud del Colectivo de presos políticos vascos, queremos manifestar lo siguiente:
Como resultado de la reflexión realizada estos últimos meses, hemos constatado con gran preocupación que la situación sanitaria de los presos de este colectivo ha empeorado alarmantemente. En efecto, hemos observado que desde que el citado Manifiesto se dió a conocer en los diferentes ámbitos de nuestra profesión hasta la fecha la situación ha ido deteriorándose y lo que es más preocupante, la situación tiene visos de emperorar aun más. Es más, somos precisamente aquellos de nosotros que en su día hemos asistido durante años a estos presos los que mejor hemos observado esta deriva en la situación sanitaria de estos presos.
Ante la gravedad de la situación, entendemos que es no sólo necesaria, sino también obligatoria la difusión del presente Manifiesto en todos los ámbitos de nuestra sociedad. He aquí resumidamente la razón de nuestra preocupación:
1.-A pesar de que durante años hemos denunciado la precaria y muchas veces negligente asistencia sanitaria que se les ofrece a los presos en las cárceles, hemos constatado que la situación no ha variado: la dureza de las condiciones de vida de estos presos, que no remite ante los problemas de salud de los mismos; las contínuas dificultades, trabas y denegación sistemática de visitas a los médicos y prisólogos de confianza de los presos enfermos; la vulneración de derechos fundamentales de los presos enfermos: negigencia en la asistencia, vulneración sistemática del derecho a la intimidad y confidencialidad en las consultas, el desprecio a la dignidad del enfermo, la denegación sistemática de la libertad a los presos con enfermedades graves e incurables que se prolonga en años, y un largo etcétera.
2.- Además de la persistencia de estos factores negativos para cualquier paciente, la política especial que se aplica hoy en día a los presos políticos vascos redunda claramente en el empeoramiento de la gravedad de su situación. En efecto, a las detenciones, redadas y encarcelamientos masivos de ciudadanos vascos de los últimos años hay que añadir la cadena perpetua que se aplica de facto a los presos políticos vascos; todo ello generará sin lugar a dudas situaciones muy graves en lo relativo a la salud de los presos. Así, la edad media de este colectivo de presos aumentará indefectiblemente en los próximos años, con todas sus consecuencias en el campo de la salud. De este modo, siguendo los parámetros que rigen la evolución de la salud en nuestra sociedad, es evidente que un número significativo de estas personas desarrollará algún tipo de enfermedad a corto plazo. De la misma manera, aquellos que en este momento estan enfermos sufrirán un empeoramiento en su salud debido a la edad y los años de encierro acumulados hasta el punto de terminar su condena con algún tipo de enfermedad grave e incurable. Y, por último, aquellos que en este momento sufren una enfermedad grave e incurable de cualquier índole tienen un riesgo muy alto de fallecer antes de cumplir la condena en su totalidad. Esto es, se hallan sometidos a una pena de muerte en prisión encubierta. O como ha ocurrido en algunos casos, condenados a fallecer al poco de salir en libertad.
3.-Estos últimos casos son los que nos preocupan especialmente, aquellos que a pesar de sufrir una enfermedad grave e incurable se les ha denegado sistemáticamente la libertad: Jon Agirre Agiriano, de 67 años de edad, con 29 años cumplidos; , con intervenciones quirúrgicas en su haber, sufre de artrosis generalizada y diabetes principamente, además de falta de visión y grave riesgo coronario derivado de la diabetes. José Miguel Etxeandia Meabe, de 50 años, condenado a largos años; sufre de trastorno obsesivo-compulsivo desde hace años, agravado con un cuadro de ansiedad aguda; José Ramón Foruria Zubiladea, de 60 años, condenado a largos años de prisión; padece un cáncer de vejiga con importante reactivación en los últimos años. Gotzone López de Luzuriaga Fernandez, de 50 años, con más de 20 años en la cárcel y condenada a cumplir 30 años efectivos; sufre un cáncer de mama que precisa de un tratamiento y control estricto. Juan José Rego Vidal, de 71 años, lleva más de 15 años en prisión; cuadros de angina de pecho, enfermedad coronaria muy grave, diabetes y enfermedades derivadas de la misma, como pérdida importante de visión entre otras. Josu Uribetxeberria Bolinaga, de 54 años, condenado a 30 años de cumplimiento efectivo; cáncer de riñón con nefrectomía incluida que precisa de un control y condiciones de vida estrictas y adecuadas. Preso que padece un trastorno esquizofreniforme, con síntomas psicóticos y cuadro depresivo, condenado a 30 años de cumplimiento efectivo. Hay que reseñar también el caso de José Luis Elkoro, de 75 años de edad, diagnosticado de cáncer de próstata, y el de Juan Pablo Dieguez, de 67 años, recientemente intervenido de un carcinoma de próstata.
Además, entendemos que la alarma está más que justificada si atendemos a los casos más recientes: Juan José Rego, que a primeros de este años tuvo que ser ingresado urgentemente y cateterizado por una enfermedad coronaria muy grave, tras padecer varios episodios de angina de pecho; Igor Gonzalez, que padece una enfermedad psíquica grave, que a últimos del año pasado intentó quitarse la vida y, como se denunció en su día, el mismo día fué trasladado de cárcel. En efecto, hay que constatar la actitud claramente negilgente de la administración carcelaria en ambos casos, poniendo en grave peligro la vida de ambos enfermos.
Ni que decir tiene que unas personas con estos cuadros deberían de estar en libertad y en unas condiciones de vida acordes con las enfermedades que padecen. Pero la administración penitenciaria ha desoido una y otra vez toda petición en este sentido, limitándose en algunos casos a aplicar una fórmula que en nada favorece a la salud de estas personas: la denominada prisión atenuada, que les confina en sus domicilios bajo unas condiciones de vida muy similares a la cárcel. Es evidente que la única condición indispensable a aplicar a estas pesonas enfermas es la de disponer del derecho a sobrellevar su enfermedad y terapia sin ningún tipo de control ni cortapisas externas.
Y para finalizar, pasamos a enumerar la lista de las peticiones que hemos firmado y consensuado los profesionales de la salud:
1.-La Administración Pública, los responsables de las prisiones y las instancia judiciales deben de garantizar una asistencia sanitaria adecuada y digna a toda la ciudadanía.
2.-Por encima de consideraciones penales o legales, y por encima de cualquier política penitenciaria, toda persona, aun estando presa, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano/a a una sanidad integral y de calidad.
3.-Pedimos que las y los presos políticos vascos tengan acceso a una asistencia sanitaria adecuada y digna, sin obstáculo ni restricciones.
4.-Pedimos que en el caso de los y las presas políticas vascas, también se les garantice la visita de médicos y psicólogos de confianza.
5.-Teniendo en cuenta la influencia que tiene en el proceso terapeútico el entorno familiar y afectivo, pedimos que las y los presos políticos vascos tengan acceso a una asistencia adecuada en Euskal Herria, para el correcto diagnóstico y tratamiento de sus enfermedades.
6.-Pedimos la inmediata puesta en libertad de los y las presas políticas vascas que sufren enfermedades graves e incurables.
Por todo ello, y para finalizar, solicitamos el apoyo de la sociedad vasca a las diferentes iniciativas en relación a las peticiones arriba citadas”.
