Es sabido que a Baltasar Garzón lo tienen envuelto en un asunto judicial en que se le imputa el delito de prevaricación por el que le podrían condenar a 20 años de inhabilitación. El hecho: iniciar un procedimiento para investigar los crímenes del fascismo español desde 1936 a 1952, en que imputa a 38 bandidos dirigidos por el exgeneral Francisco Franco (ver Gaceta 22 de julio de 1936) un delito imprescriptible de lesa humanidad y responsables de un delito continuado de secuestro dado que decenas de miles de republicanos aún no han aparecido después de ser detenidos y conducidos a lugares desconocidos de los que no han vuelto jamás (se hallan en las cunetas y barrancos de España).
Los acusadores contra Garzón son falangistas con mando en plaza, pues al día de hoy mantienen su partido legalizado aun a pesar de la indeseable Ley de Partidos del año 2002. Cualquiera que sea la acusación y la ideología que profese tiene ese derecho y por tanto nada se puede objetar, y si alguien considera que su ideología fascista le invalida para presentarse ante los tribunales que los legisladores “demócratas” cambien la ley (en otros países –Alemania, p.e.- no pueden actuar como tales nazis). Pero el poder, el Gran Poder, está imbuido de ideología fascista – banqueros, empresarios, políticos, gobernantes, clerigalla, jueces, fiscales, abogados, periodistas, escritorzuelos, enseñantes…- que con gran descaro han favorecido la promulgación de leyes que criminalizan a cientos de miles (millones) de personas en España. Contra estas leyes no he visto que protestaran los que ahora salen a defender al “juez estrella” del “todo es ETA”, por el que han ido a parar a la cárcel personas más dignas que él, y a quienes les han destrozado la profesión que ejercían y hasta la propia vida.
Ha sido cazado por las leyes demofascistas, las mismas –que ahora tan injustas les parecen- fueron aplicadas en sentido lato (y estricto) contra ciudadanos cuyo único “crimen” era –es- luchar contra el sistema económico y político imperante. Los seguidores del bandido Francisco Franco son más –muchos más de los que estuvieron el otro día en el cementerio acompañando a “Petón”- pues basta mirar las disposiciones legales del Gobierno actual y pasado, a los miembros de las Cortes –empezando por su presidencia- y al Tribunal Supremo, para comprender que el franquismo (el fascismo español) sigue dirigiendo la convivencia. Fascismo es la “doctrina Parot” (idea de ese juez de la AN cuya sala penal preside); fascismo es la Ley de Partidos de 2002; fascismo es la sucesiva reforma del Código Penal (léase el art. 508 y piensen los trabajadores si pueden ser condenados a prisión con ese artículo en la mano de un juez como Garzón que suponga que “todo es crimen”); fascismo es acabar con la persecución de delitos de lesa humanidad para salvar a los gobernantes del Estado Judío de Israel, fulminando de ese modo la justicia universal; fascismo es la aplicación del FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) e igual de fascista callar ante tal ignominia sabiendo que existe (esto es para que tomen nota los de la Plataforma de Apoyo a Garzón y juristas anexos); fascismo es aceptar los presupuestos políticos de la Ley de Amnistía de 1977 donde igualaron a verdugos y víctimas como si ambos tuvieran la misma responsabilidad criminal; fascismo la aplicación retroactiva de las leyes penales perjudiciales para el justiciable; fascismo es investigar la vida de una persona y aportar como hecho criminal si estuvo en el entierro de un amigo; fascismo es esa ley de Memoria Histórica que no persigue a los criminales franquistas, vivos o muertos (a los muertos tampoco los sacaríamos de sus tumbas como al Papa Formoso después de un Sínodo Horrenda, sólo se aplicarían las disposiciones de régimen constitucional republicano perdiendo todos ellos el “grado” que usurparon durante los últimos 70 años). (Interminable sería la relación de actos, leyes, y dictados todos ellos amparados en la “democracia borbónica”).
Cazado por los fascistas es víctima de esas mismas leyes que el propició, defendió, y usó contra quienes él entiende que son sus enemigos. O participa de la misma ideología que sus perseguidores actuales –en todo o en parte- o ha sido el tonto útil haciendo el trabajo sucio aplicando las mismas leyes (el “espíritu legal” del que está informado todo el aparato legal y jurídico) mientras los más recalcitrantes se frotaban las manos sin dar la cara (“que haga, dejadlo, que haga”). Me resulta muy provechoso para la limpieza del sistema judicial, y de la legislación, que se persiga a uno de los suyos porque de ese modo, se desvelará algo que permanecía escondido: que vivimos en el demofascismo.
Yo no apoyaré a este imputado; que con su pan se lo coma; y que reviente junto con todo el sistema político-legal que se ha montado en el post-franquismo (“todo atado, y bien atado”, dijo el gran dictador). Ahora prueba en sus propias carnes el látigo que él tantas veces usó para encarcelar a personas inocentes de todo cargo. Que el Tribunal Supremo es una caterva de trileros lo sabe quien está al tanto de sus sentencias; que el Tribunal Constitucional –al que acudirá en amparo- es un jaula de grillos en que todos cantan desde la noche del fascismo (juraron en su mayoría los Principios del Movimiento Nacional); que el Gobierno –sea quien sea quien lo presida- es el brazo armado del demofascismo no hay quien lo niegue (como dijera el gran Enrique Santos Discépolo). La indignación de algunos por esta persecución no deja de ser una indignación parcial, pues se olvidan de las víctimas de las leyes que el propio Garzón ha utilizado, cuando no propiciado de modo directo o indirecto (Ley de Partidos Políticos de 2002) favoreciendo el desarrollo y ampliación del sistema político y legal que nos toca soportar y contra el que pocos, muy pocos –aún- se alzan cada día.