La izquierda abertzale considera «importante» la sentencia del Tribunal Supremo que «rechaza criminalizar el diálogo político». En ese contexto, reitera su apuesta por desarrollar un proceso en «el terreno estrictamente político y democrático», camino en el que «considera imprescindible la articulación de una mesa de partidos en la que estén representadas todas las formaciones políticas de Euskal Herria».
La izquierda abertzale hizo pública ayer una nota en la que, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, reitera su apuesta por el diálogo entre todos los partidos vascos, en igualdad de condiciones, para alcanzar «un escenario democrático». Señala, además, que su voluntad es que esa mesa «sea una realidad lo antes posible».
En su escrito, la izquierda abertzale señala que «considera importante la sentencia del Tribunal Supremo español que absuelve a los militantes indepen- dentistas Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberri, Olatz Dañobeitia y Juan Joxe Petrikorena y a Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares, ya que dicha sentencia rechaza criminalizar el dialogo político».
En sintonía con lo «manifestado históricamente», reitera que «el dialogo y la negociación son herramientas fundamentales de cara a la resolución del conflicto político que enfrenta a Euskal Herria con los estados español y francés, y de cara a crear un escenario de paz justa y duradera».
Como ha quedado patente en el proceso de debate desarrollado en su base, la nota recoge «la apuesta por poner en marcha un proceso democrático en el que la confrontación se desarrolle en el terreno estrictamente político y democrático».
El objetivo de dicho proceso es «la creación de un escenario democrático en el que todos los ciudadanos de toda Euskal Herria tengan todos los derechos garantizados y éstos sean respetados, y en el que cualquier proyecto político pueda materializarse si cuenta con el suficiente respaldo popular». Y, para eso, recalca que será necesario «el acuerdo entre todas las fuerzas políticas de Euskal Herria».
De cara a la consecución de ese acuerdo global, «la izquierda abertzale considera imprescindible la articulación de una mesa de partidos en la que estén representadas todas las formaciones políticas».
Según se afirma en la nota, «esa mesa tendrá que articularse tarde o temprano. La voluntad y el compromiso de la izquierda abertzale es la de seguir trabajando para crear las condiciones necesarias para que la mesa de partidos sea una realidad lo antes posible».
El PNV exige medidas
PNV y PSE también hicieron pública ayer su satisfacción por el contenido de la sentencia, aunque con matices muy diferentes. Los jeltzales reiteran su posición favorable al diálogo político, pero se fijan especialmente en otra cosa: «¿Qué va a hacer la Justicia para restituir el honor de las personas, entre ellas el máximo representante institucional del conjunto de la sociedad de la CAPV el entonces Lehendakari Juan José Ibarretxe, que fueron juzgadas sin base jurídica alguna?», pregunta.
Para el PNV, «el propio fallo y resolución del Tribunal Supremo desautorizan de tal manera a los magistrados del TSJPV que no sería lógico que ningún estamento judicial tomara medidas para impedir que situaciones como éstas puedan volver a producirse». A su entender,«la propia sentencia debe servir para que Ruiz Piñeiro no pueda volver a ser elegido presidente del TSJPV».
El PSE, por su parte, aseguró que es «evidente» que el Estado de Derecho «funciona». La portavoz de Lakua se pronunció en similares términos.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no sólo no atendió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo ‑como con dureza le reprocha éste en la sentencia conocida anteayer- sino que llegó a acusar a los imputados de «instrumentalizar» al Alto Tribunal cuando presentaron el archivo de la denuncia de Manos Limpias contra Zapatero para exigir que se pusiera fin al proceso.
En noviembre de 2006, el Tribunal Supremo rechazó la denuncia de Manos Limpias y fijó de manera contundente que «sería un fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal y la puesta en marcha de un proceso de la misma naturaleza, corregir la dirección de la política interior o exterior que el artículo 97 de la Constitución española encomienda al Gobierno democráticamente legitimado». Recogiendo este auto, la defensa del lehendakari Juan José Ibarretxe exigió el sobreseimiento de la causa, petición a las que se sumó la defensa de los dirigentes de la izquierda abertzale.
Los magistrados Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Nekane Bolado denegaron la petición, señalando que pretender evitar el procesamiento contraponiendo el auto del Supremo, «cuando lo cierto es que no existe oposición o contradicción entre una decisión y la otra, amén de resultar a todas luces improcedente, supone, en cierta manera, instrumentalizar al más Alto Tribunal, para socavar, sin motivos de sana razón que justifiquen la rectificación, la autoridad de lo decidido por otro órgano jurisdiccional».
El tono altivo de aquel resolución queda ahora más fuera de lugar aún al conocerse que el Tribunal Supremo da la razón a quienes según el TSJPV intentaban instrumentalizarlo. Pese a ello, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, afirmó ayer no sentirse «desautorizado» sino «corregido» por la resolución del Tribunal Supremo y defendió que «no se puede cortocircuitar» a los jueces «por lo que hacemos en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional», ya que supondría «cargarse el principio de independencia»
Cabe recordar que las defensas de Juan José Ibarretxe y los dirigentes de la izquierda abertzale recusaron a Ruiz Piñeiro y García para formar parte del tribunal que les iba a juzgar por haber conocido del caso, pero también por su declaraciones políticas públicas.
