Ante la aparición sin vida del militante de ETA, Jon Anza, desde Corriente Roja, queremos en primer lugar ratificar nuestras condolencias a sus familiares y amigos.
Los grandes medios de comunicación, los mismos que han guardado un disciplinado silencio durante un año en torno a la desaparición de este militante abertzale, han resuelto dar el caso por cerrado en medio de abigarrados artículos de opinión y editoriales en los que se mezclaba lo que ocultaron hace un año, la propia desaparición, con su adhesión inquebrantable a las tesis del Ministerio de Interior.
Pero cualquier medio de comunicación que se precie de objetivo no puede dejar de reconocer que la muerte de Jon Anza sigue rodeada de muchísimas interrogantes. Según los datos facilitados por la policía francesa, Jon Anza desaparece el 18 de Abril de 2009 en Baiona, su familia denuncia la desaparición el 18 de mayo y un día después la procuradora de Baiona, Anne Kayanakis, abre la investigación por “desaparición inquietante”, encomendando su búsqueda a la policía judicial. Con una orden judicial de búsqueda, una campaña internacional denunciando su desaparición y responsabilizando a los gobiernos franceses y español de la misma, una persona como Joan Anza, con una notable ficha policial tras haber sido preso durante más de dos décadas ¿Cómo es posible que esté 11 meses en una morgue sin que nadie sepa nada?
Según la información de la familia, Jon se despide de su compañera el 18 de abril sin que, a partir de ahí, se volviera a saber nada de él. Según la policía Jon es encontrado en un parque de Toulouse con un infarto el 29 de ese mismo mes. ¿Donde estuvo entonces Jon Anza esos 11 días?
Tras la identificación el pasado día 12 de marzo del cadáver de Jon, se informa que “el cuerpo no presentaba lesiones externas, heridas, ni signos de violencia” y que la muerte le sobrevino por una afección cardiaca. Sin tan evidentes son esos datos, si es además prácticamente imposible demostrar torturas cuando ha transcurrido un año, cuando se ciernen un montón de interrogantes sobre la muerte del militante de ETA y hay una campaña internacional de denuncia ¿por qué se deniega algo tan sencillo como que pudiera estar presente en la autopsia un médico de confianza de la familia? Jon Anza, según el informe policial, reaparece el 29 de Abril en medio de una evidente crisis de salud, es ingresado en el Hospital Purpan tras su reanimación, donde murió. Si tan obvios son esos hechos ¿por qué aún hoy, en nombre del secreto judicial, se sigue denegando a la familia el historial clínico de Jon Anza?
Según se hizo eco de la noticia el diario El Mundo, el 20 de mayo, dos días después de que la familia de Jon Anza denunciara su desaparición, un grupo de guardias civiles abandonaba apresuradamente Toulouse, sin tiempo de recuperar dos pistolas que dejaron abandonadas bajo un colchón del aparthotel Adagio. Si este hecho no guarda relación alguna con la desaparición de Jon Anza, ¿Por qué el Ministerio de Interior no da una explicación a unos hechos tan extraños?
Lejos de resolver las interrogantes, el Ministro Rubalcaba ha decidido disipar las dudas a golpe de amenazas de procesamiento al que las plantee. Éste es el Estado de derecho del que presume el Gobierno y toda la corte mediática.
Sea cual sea la resolución de esas interrogantes, es un hecho cierto y probado judicialmente que en la década de los 80, desde el Estado se amparó, armó y financió el GAL, precisamente bajo un Gobierno del PSOE. Aquella actividad dejó un saldo de 26 asesinatos probados, pese a lo cual personajes de aquella trama como el comisario José Amedo o dirigentes socialistas implicados como Rafael Vera, son hoy reputados ciudadanos. De aquella actividad quedaran eximidos de responsabilidades políticas el Gobierno español y el francés.
Son estos hechos probados del terrorismo de Estado y las interrogantes que se ciernen sobre este caso, lo que hace más que lícita la certeza moral de que Jon Anza murió víctima de esa ley del talión que aplican los que se llenan la boca de democracia y Estado de derecho, pero viven intentando “resolver” los problemas de los pueblos desde las cloacas del Estado.
Corriente Roja nos sumamos a la exigencia de investigación en toda regla, que aclare sin el menor género de dudas todas las interrogantes abiertas sobre la muerte de Jon Anza. Exigir esa investigación debería ser una obligación de toda organización política, sindical o social que se denomine democrática, más allá de la opinión que le merezca el conflicto vasco.
La muerte de Jon nos reafirma en la imperiosa necesidad de una salida política y democrática del conflicto de Euskal Herria, en donde el pueblo vasco pueda decidir libre y democráticamente sobre su destino.
Coordinadora Estatal de Corriente Roja
