En un país donde la jactancia de las bandas criminales acumula en tres años más de 20 mil muertes, miles de desertores y lo más repudiable que pueda hacer un Estado en contra del pueblo, con saña cada vez más inaudita y donde quedan sin castigo las violaciones a los derechos humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, es lógico que emerjan conductas delictivas desde instancias del poder público.
El problema es que, como hay tantas pruebas, el gobierno simula y, más allá del discurso, desde el poder se auspicia la formación de grupos paramilitares o escuadrones de la muerte (EM) como los que actuaron en las masacres de 1968, del 10 de junio de 1971, la matanza de Acteal en 1997 y en el fusilamiento de 14 jóvenes en Ciudad Juárez el pasado 30 de enero.
Estos grupos de extrema derecha, conformados por militares, policías sin uniforme y civiles, que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos al gobierno y al sistema político o sospechosos de serlo, nacieron durante la guerra civil en Centroamérica cuando finalizó el conflicto militar a raíz de los convenios de paz.
Investigaciones sobre la actividad de los EM hacen pensar que estas estructuras clandestinas comenzaron como apéndices de los servicios de inteligencia de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas, para el caso que nos ocupa los llamados Gizes (Grupos de Información de Zona), que operan a discreción del mando.
La aplicación del método de grupos clandestinos, supuestamente alejados del gobierno y de las fuerzas militares del Estado, para no tomar responsabilidad alguna sobre sus acciones, se desarrolló a partir de la estrategia de USA para socavar al movimiento social que era la base de la lucha guerrillera en aquel período: guerra de baja intensidad.
La idea de conformar EM, su entrenamiento, financiamiento, dotación de armamento y asesoría en general fue proporcionada en forma de cobertura militar y de seguridad; véase en México la alianza de seguridad (ASPAN) y el Plan Mérida firmados por Bush-Fox-Calderón.
Las unidades del Ejército y de la policía tenían bajo su cargo al menos un escuadrón que tomaba información de los organismos militares y ejecutaba acciones de asesinato y secuestro sobre blancos seleccionados, extorsión, amenazas y todo tipo de delitos en contra de personas señaladas como guerrilleros, sospechosas de apoyar la lucha contra el gobierno, disidentes o simplemente denunciadas como tales por terceros interesados en causarles daños, nos referimos a cacicazgos o grupos de poder.
Eventualmente cada jefe militar autorizaba la existencia de otro tipo de EM en su jurisdicción, a cargo de civiles con poder económico que asumían por completo su funcionamiento y existencia, siempre en coordinación con las fuerzas militares del territorio bajo control. Hay que recordar la creación de paramilitares durante la Operación Chiapas 1994 que desembocó en la masacre de 45 indígenas en Acteal en 1997.
Estos grupos “dormían de día y trabajaban de noche”, desplazándose en su territorio sin mayor interferencia de las unidades militares o policiales que custodiaban el terreno, pues eran reconocidos como necesarios para hacer ese tipo de trabajo sucio de la guerra civil, a favor de los gobiernos, sus fuerzas militares y de los grupos sociales ínfimos que se beneficiaban de su existencia y funcionamiento.
En palabras de la época del conflicto, se trataba de “quitarle el agua al pez” como expresión que significaba quitarle base social a la guerrilla o a cualquier forma de oposición al gobierno y a sus fuerzas, por medio del terror y de acciones terroristas contra la población en general: Doctrina del Shock.
El resultado de todo ello fue una enorme cantidad de asesinatos de opositores o sospechosos de serlo, sin identidad de sus autores o sin que persona alguna fuera llevada a juicio por los mismos.
No hay que olvidarlo, los EM o las bandas paramilitares que actúan en varios países del hemisferio, no sólo procedían contra delincuentes, sino contra quienes los miembros de la oligarquía local, que financiaban esas estructuras toleradas por la autoridad, identificaban como enemigos.
En un contexto tan enrarecido como el que prevalece en México, donde la impunidad alienta cualquier tipo de conductas delincuenciales, la proliferación del paramilitarismo cobrará auge si no se desactiva a tiempo.
Una de las formas es hacer más civil a las instituciones de seguridad –policías– y profesionalizarlas; segun-da, es hacer más militares a los militares para encauzarlos a su función primordial y motivo de la existencia del Ejército: la defensa nacional. Otra, cambiar la visión patrimonialista que se tiene de la política, terminar con la corrupción y romper el halo de impunidad que ahoga a la sociedad y los avances democráticos.
La sangre es tinta indeleble que marcará históricamente a la derecha en México, los muertos no hablan, pero luego le reclaman al poder.
Fuente: Forum en línea
