Falta poco para completarse ocho años de este gobierno, tiempo suficiente para entender con claridad la esencia del proyecto político que lidera y apuntala Uribe Vélez, así como los métodos a que recurre para alcanzar los fines, que riñen con sanas costumbres ciudadanas, la ética política y la democracia real.
Los votos que le dieron el mandato presidencial en dos ocasiones sucesivas, fueron los mismos que eligieron a los parlamentarios judicializados y encarcelados por parapolítica. Cambio y compra de votos en procesos electorales viciados de intimidación, corrupción y antidemocracia, conseguidos muchos de ellos mediante presiones y amenazas de los paramilitares.
En la reforma de la Constitución para prolongar el primer mandato, el Presidente recurrió a distintas artimañas, presiones y compra de consciencias de parlamentarios mercaderes que cambiaron su voto por prebendas burocráticas, entre las que el país conoció asombrado, la entrega de las apetecidas oficinas de Registro Civil, embajadas, jugosos contratos y altos puestos en la burocracia nacional, a varios de ellos.
Por prevaricato están judicializados y encarcelados dos parlamentarios, mientras que dos Ministros cómplices del escándalo, fueron absueltos; la reforma aprobada en un proceso enlodado por la corrupción e ilegalidades, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en ese entonces.
En el segundo intento de prolongar a un tercer mandato mediante el mecanismo del referéndum, el gobierno recurrió como en otras ocasiones a todos los medios posibles para lograr sus fines; entre ellos la compra de firmas, captación de finanzas de dudosa procedencia y de contratistas del Estado, triquiñuelas jurídicas y otras artimañas que desconocen procedimientos y normas reguladoras de la Constitución.
Fue tan burdo el atropello a la institucionalidad burguesa que se multiplicaron las voces de rechazo y protesta de la opinión nacional, incluso sectores de la élite dominante se apartaron de las pretensiones del Presidente de prolongar el mandato al periodo 2010 – 2014. Solo quienes hacen parte del proyecto ultraderechista que lidera Uribe, lo acompañaron en su aventura reeleccionista.
El Procurador General de la Nación, agente de bolsillo del Presidente, defendió en el concepto emitido, y sin resultados, la constitucionalidad del referéndum reeleccionista aprobado por el Congreso.
La Corte Constitucional lo declaró inexequible, por vicios de procedimiento y de contenido, y por tanto contrario a la Constitución Nacional.
Todas estas maniobras del Presidente Uribe son eslabones de una cadena que tiene como propósito afianzar una corriente de extrema derecha pro imperialista y trata de establecerla, mediante reformas a la Constitución, de tal manera que se adapte a sus propósitos y gobernar con una Carta hecha a su tamaño y medida.
A la vez avanza en el asalto a las instituciones del Estado, buscando controlar, casi, la totalidad de éstas: El Congreso, la Procuraduría General de la Nación, el Banco de la República, la Corte Constitucional, la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Se escapa de sus manos la Corte Suprema de Justicia con quien el Presidente está enfrentado por razones jurídicas, sin dejarse convertir en otra Institución de bolsillo de la Casa Presidencial y por negarse a absolver a los parlamentarios amigos del Presidente, juzgados por asociación para delinquir, por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.
El punto más álgido del enfrentamiento es el que se está dando con motivo de la designación del Fiscal General de la Nación, que le corresponde a la Corte hacerlo, de una terna de candidatos presentados por el Presidente.
Entre los nominados está el del ex ministro de Defensa, Camilo Ospina, ficha clave del Uribismo para resolver los procesos de la parapolítica que cursan en ese despacho contra varios funcionarios del gobierno. Busca el presidente que se archiven los procesos investigativos contra generales de la República vinculados al narcoparamilitarismo, los casos denunciados de corrupción del gobierno y mantener en esta institución los agentes que hacen parte de la estructura terrorista del Estado y las cuotas del narcoparamilitarismo.
Uribe le apuesta a un Fiscal de bolsillo, como el anterior, que no profundice las investigaciones contra los hechos criminales señalados al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución entregada al narcoparamilitarismo por el actual gobierno, la cual tiene que responder por la persecución y asesinato de miles de sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y de la oposición política.
Necesita un Fiscal que le eche tierra a las investigaciones sobre varios generales vinculados al narcoparamilitarismo, a los crímenes de Estado llamados generosamente “falsos positivos”, en los que asesinaron miles de inocentes acusados de guerrilleros muertos en combate; ese fiscal sería Camilo Ospina.
El proyecto político que lidera Uribe a nombre de la mal denominada política de Seguridad Democrática y en beneficio de los intereses de la oligarquía y el imperialismo, pisotea los valores humanos, la dignidad nacional, la justicia social, la verdad y la democracia con un pragmatismo mafioso, que degrada la conducta social y lesiona de manera seria el futuro y la vida del país.
Todos los revolucionarios, demócratas y progresistas que buscamos los cambios que el país necesita, los que queremos ser dueños de nuestro destino y construir el bienestar para todos nos tenemos que oponer y luchar contra este proyecto reaccionario y perverso del uribismo
