Jone Artola (miembro de Etxerat):
«Etxerat quiere mostrar su absoluta solidaridad y reconocer el compromiso con la defensa de los derechos de los y las presas políticas mostrada durante la intachable trayectoria de las 11 personas arrestadas por la Guardia Civil. Asimismo, deseamos mostrar nuestra total preocupación por la situación por la que puedan estar pasando estas personas durante el periodo de incomunicación. La noticia de que Erramun Landa y Saioa Agirre tuvieron que ser trasladados de madrugada al Hospital de Basurto nos congeló el corazón. En los últimos 30 años, cerca de 10.000 personas han denunciado haber sufrido torturas o malos tratos tras haber sido detenidas por los múltiples cuerpos policiales que actúan en Euskal Herria.
Lo sucedido el pasado miércoles es un nuevo reflejo del constante ataque que está sufriendo la solidaridad con los y las presas políticas vascas en los últimos meses. Un ataque furibundo y que tiene como objetivo aislar de la realidad social, política y cultural de Euskal Herria al Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas. Lo hemos dicho una y mil veces, quieren a nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados ciegos, sordos y mudos. Para ello, les dispersan a miles de kilómetros, les aíslan y separan dentro de las propias prisiones, violan todas sus comunicaciones, restringen lo más posible quién les puede visitar o intentan cachear y humillar a sus allegados antes de los vis a vis para dejarles sin visita. Ahora, además, también pretenden que no tengan ningún tipo de defensa jurídica y que la vulneración constante de derechos que sufren no sea denunciada.
Creemos que se trata de una estrategia perfectamente diseñada y que responde a un nuevo impulso en el monumental y escandaloso chantaje que supone la criminal política penitenciaria vigente. Conscientes de su fracaso en los objetivos globales de su estrategia, los Estados aprietan ahora las tuercas en el flanco en el que consideran que los y las presas políticas vascas más pueden resentirse: el de la solidaridad.
No pueden estar más equivocados. La solidaridad y el trabajo en favor de los derechos de los y las presas políticas va a seguir más que presente. Aunque intenten acallar, detener e incluso aniquilar, la denuncia va a seguir vigente. No lo dudamos, ni tampoco lo duda el Ministerio de Interior español en su conjunto. Por eso, en pleno secreto sumarial, el Secretario de Estado para la Seguridad el señor Camacho no duda en juzgar a las personas arrestadas. Lo mismo que no le tembló en pedir a la televisión australiana que apagase la cámara cuando le preguntaron sobre las denuncias de Tortura en el Estado español.
Su jefe, el señor Rubalcaba, con unas fabulas que ni el mismísimo Goebbels hubiera firmado, alimentó la misma patraña horas después. Es consciente de su fracaso y de sus mentiras, pero conoce bien que una mentira mil veces repetida puede incluso calar. Por tanto, utiliza las intoxicaciones y las mentiras como complemento mediático de la criminal política penitenciaria vigente. Esa criminal política penitenciaria que ha provocado dos accidentes en apenas dos semanas, que ha llevado a que tres presos políticos vascos hayan sido brutalmente agredidos o a que determinados directores de prisiones se nieguen a dejar en suspenso la orden que posibilitaba los cacheos generalizados de familiares, amigos y amigos.
La denuncia de todo esto ha llevado a la detención de estas 11 personas. Testigos y denunciantes de las atrocidades que genera la criminal política penitenciaria vigente o de la muerte de Jon Anza. El Gobierno español no quiere testigos. No quiere testigos que puedan denunciar. Por eso ha detenido a estas 11 personas. El Gobierno español no quiere abogados que pongan en evidencia sus tropelías jurídicas ni que denuncien la situación en la que se encuentran los detenidos tras acabar el periodo de incomunicación. El Gobierno español no quiere que los familiares denunciemos. El Gobierno español no quiere a pintores que recuerden a amigos a los que han dejado morir en la cárcel por desatención médica. El Gobierno español no quiere que los y las ex presas trabajen en la calle y continúen por el camino de la solidaridad.
Esa es su receta, borrar a los testigos. En un momento en el que en Euskal Herria puede volver a abrirse una oportunidad histórica, el Gobierno español vuelve a aplicar sus mismas recetas represivas de siempre y vuelve a atacar a la solidaridad con los y las presas políticas vascas. Somos conscientes de que van a profundizar en dicha estrategia represiva y de que llegarán barbaridades de similar calado durante los próximos meses. Pero, somos igualmente conscientes de que la solidaridad y la denuncia serán constantes. Y es que, por mucho que intenten cortar todas las flores, la primavera será imparable en nuestro país. Se ha demostrado, por ejemplo, con la multitudinaria manifestación del pasado 2 de enero en Bilbao, a pesar de los intentos de impedirla.
Por nuestra parte, enviar un abrazo solidario a las 11 personas arrestadas y a todos sus familiares, amigos, amigas y compañeros de trabajo y llamar a la sociedad vasca a tomar parte en las movilizaciones de denuncia de los arrestos de Bilbao y San Sebastián.»
