“Demasiadas emociones por hoy”, dice Carmen Aguiar de Lapacó tras asistir durante toda la mañana, atentamente, a una sesión del juicio oral contra una quincena de ex miembros de las fuerzas de seguridad argentinas por su presunta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio conocidos como Atlético, Banco y Olimpo.
Superviviente de la represión estatal y madre de una desaparecida, Aguiar de Lapacó, de 87 años, ya declaró a mitad de diciembre, pero ahora le toca a su sobrino. Alejandro Francisco Aguiar relata cómo, a mediados de marzo de 1977, un grupo de hombres armados, entre los que ya reconoció a uno de los acusados, irrumpió en la casa de su tía tras la cena y detuvo, entre insultos y golpes, a todos los miembros presentes de la familia, de tradición política justicialista (formación continuadora del partido fundado por el general Juan Domingo Perón) pero sin proyección pública. Tras varias horas de violento registro, los asaltantes trasladaron, atadas las manos y vendados los ojos, a Carmen Aguiar, a su hija Alejandra Lapacó, a la pareja de la joven, Marcelo Butti Arana, y a su sobrino hasta las dependencias del centro Atlético, un terreno de la Policía Federal en pleno paseo Colón.
“Estaba particularmente asustado, porque ya estuve detenido antes, sabía lo que se venía y estaba convencido de que nos iban a matar”, recuerda Alejandro Aguiar, ahora abogado en la provincia de San Juan y entonces un militante de Juventud Universitaria Peronista (JUP) de 28 años que viajó hasta la capital federal para, simplemente, realizar un examen. “Tenía mucho miedo de que me torturaran y delatara a gente que apreciaba mucho. Me golpearon mucho, pero no me picanearon [torturar mediante descargas eléctricas]”, explica ante tres imputados, mientras el resto ha preferido ausentarse de la sala y esperar escoltados en la sala contigua.
“Nada de obediencia debida, la gozaban”
“Sentí los gritos y alaridos de Marcelo, después a mi prima. Mi tía lloraba y preguntaba por su hija. Nos pegaban permanentemente, sin ningún motivo. Eran unos pobres infelices que estaban chochos porque tenían poder y la gozaban, la gozaban, nada de obediencia debida”. El suplicio se extendió durante tres días, hasta que fue liberado en un descampado junto a su tía. De Alejandra Lapacó y Marcelo Butti, también miembros de JUP, nunca se supo, continúan desaparecidos. “Estaré siempre agradecido a los dos, porque no me identificaron como militante. Si no, no estaría acá, no me hubiera casado, ni tenido tres hijos ni cinco nietos”, concluye, sin preguntas de la defensa, Alejandro Lapacó entre aplausos del público, una veintena de personas sentadas en una zona de la sala separada de letrados y acusados por un grueso vidrio desde el suelo hasta el techo.
Allí, en una de las sillas centrales, tocada con el pañuelo blanco distintivo de 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, está Carmen Aguiar de Lapaco. Permanece serena mientras declara su sobrino, porque ya se estremeció al
narrar la misma historia al tribunal hace tres meses, hasta el punto que dos semanas después sufrió una parálisis parcial en el lado derecho de su cuerpo. “El médico me dijo que fue por estrés y que debo de cuidarme un poco. Esta vez me afectó tanto porque estaba Turco Julián [Julio Héctor Simón, ex policía federal], el que me pegó, me manoseó y torturó a mi hija. Por suerte, se ausentó de la sala, quizá me hubiera inhibido de lo contrario. Declaré durante una hora y media, pasé por delante de los acusados muy derechita, y toda la gente que aquel día llenaba el tribunal se puso de pie y me aplaudió. Fue todo muy emocionante, me dije ‘ya pasó todo, ya está’, pero me sentía como vacía, me pregunté ¿y ahora qué? Y me largué a llorar”.
Y, de nuevo, Aguiar de Lapacó se emociona ahora al escuchar la declaración de Marcelo Gustavo Daelli. También querellante y superviviente de Atlético, Daelli narra una similar historia de torturas pero añade la identificación de la voz, entre otras compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras, de Alejandra Lapacó entre el medio centenar de detenidos reunidos por los guardias cerca de su celda. “Les dijeron que iban a darles una inyección para el mareo, porque iban a viajar en un avión hasta un penal. Escuché el traslado y después, el silencio”. Traslado fue el eufemismo empleado por las fuerzas armadas para ejecutar los conocidos vuelos de la muerte, durante los que se arrojaban al Río de la Plata o el oceáno Atlántico los cuerpos de los detenidos. Sin y con vida.
Precisamente, antropólogas forenses testificaron esta semana que el análisis de cinco cuerpos hallados en la costa argentina a finales de 1978, identificados como detenidos en Atlético, demuestra “un tremendo golpe contra el agua”. Por ello, la acusación particular, que reúne a 181 víctimas como querellantes particulares y diversas asociaciones de derechos humanos, prevé reclamar en su alegato final la ampliación de la solicitud de condena inicial de 25 años de prisión, por los delitos de tormentos agravados y privación ilegítima de libertad, a la cadena perpetua de todos los acusados por su presunta responsabilidad también en los cinco homicidios. Además del Turco Julián, los cargos se dirigen contra los ex policías Samuel Miara, alias Cobani, Oscar Augusto Rolón o Soler, Raúl González (Mayor Raúl o El Negro), Eufemio Jorge Uballes (Anteojito Quiroga o Führer), Eduardo Emilio Kalinec (Doctor K), Roberto Antonio Rosa (Clavel), Juan Carlos Falcón (Kung Fu), Luis Juan Donocik (Polaco Chino) y Ricardo Taddei (Cura o Padre); los ex gendarmes Guillermo Víctor Cardozo (Cortés) y Eugenio Pereyra Apestegui (Quintana); el ex penitenciario Juan Carlos Avena (Centeno); el agente civil de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti (Gustavino) y el ex oficial del Ejército Enrique José del Pino (Miguel).
Todos ellos se negaron a prestar declaración durante el juicio oral por consejo letrado y se remitieron a sus palabras durante la fase de instrucción, cuando negaron su responsabilidad en los hechos imputados y afirmaron su desconocimiento sobre la existencia de los centros clandestinos de detención. Según la acusación particular y la fiscalía, todos ellos participaron, sin embargo, en un trágico circuito de represión de la ciudad de Buenos Aires bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército. Derruido en 1977 para la construcción de la autopista 25 de Mayo a lo largo del sur porteño, el centro Atlético cedió su siniestro testigo, mediante la mudanza de guardias y detenidos, a las instalaciones de Olimpo y Banco hasta 1979 y, por ello, se juzgan en la misma causa.
De la impunidad a la inconstitucionalidad
El camino hacia los tribunales recorrido, por Carmen Aguiar de Lapacó y otros miles de víctimas, fue largo y tortuoso. Tras los inmediatos juicios a las Juntas Militares una vez reinstaurada la democracia, la impunidad se adueño del ordenamiento a causa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida o los indultos dictados por sucesivos gobiernos desde mediados de los 80.
A partir de ahí, la tenacidad de diversos supervivientes y organizaciones humanitarias, con especial protagonismo de Aguiar de Lapacó como fundadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al acudir a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lograr la apertura de los denominados Juicios por la Verdad, junto a las causas tramitadas en otros países como España, sostuvo las esperanzas judiciales a lo largo de la pasada década. “Aunque no se buscaba la responsabilidad penal, lograron mantener vivas las causas y sirvieron en su reapertura”, explica la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, Carolina Varsky. Hasta que, finalmente, el Congreso de la Nación, en 2003, y la Corte Suprema, en 2005, declararon la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.
Por ello, Argentina asistió, durante el periodo 2007-08, a un incremento de los juicios por crímenes de lesa humanidad hasta concluir 19 vistas orales frente a los 4 de los dos años precedentes. Actualmente celebra una decena de debates judiciales en todo el país, como proceso por la represión en ABO o en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma). De un total de 1.464 imputados, 68 fueron condenados, 7 resultaron absueltos y los restantes se mantienen en diferente situación procesal, entre los que destacan 226 fallecidos, 17 incapaces y 40 prófugos . “Y tan sólo dos tienen condenan firme”, añade Varsky antes de lamentar que “no se avanzó todo lo que se imaginó en 2003, porque las trabas burocráticas no concuerdan con los anuncios del Gobierno, falta diseñar un plan global”.
Carmen Aguiar de Lapacó considera que “la Justicia es muy lenta, todavía hay muchos jueces de la época de la dictadura y se demoran los juicios en lugar de agilizarse”. Apoyada en su sobrino, la madre de la Plaza de Mayo y fundadora del CELS abandona la sala judicial. “Demasiadas emociones por hoy”. Pero ahí continúa, tecleando en una computadora portátil como ayudante del equipo de letrados de la acusación particular, otra víctima de la represión ejercida en Atlético, Delia Barrera. “Cuando trasladaban a mi primer marido del centro clandestino y se despidió de mí sus últimas palabras fueron: ‘Sé fuerte y no me abandones’. Esas palabras me siguen y me seguirán hasta el último día, hasta que el último genocida esté en la cárcel, hasta que sepamos que paso con cada uno de los compañeros. Esas palabras son para mí el mayor compromiso”.
Fuente original: http://periodismohumano.com/sociedad/nada-de-obediencia-debida-la-gozaban-torturando.html
