El escandaloso caso de EHN ha vuelto a constatar las conexiones entre poder político e intereses empresariales en Navarra. Sólo desde este punto de vista se puede comprender el empecinamiento del Gobierno de Navarra para cometer un tremendo despropósito: la imposición del TAV.
Hablamos de imposición porque se niega el debate y participación social sobre un proyecto que va a comprometer seriamente la viabilidad de Navarra y el bienestar de su ciudadanía por varios lustros.
Construir el TAV supone la destrucción del patrimonio natural navarro, tanto en las zonas que barre el itinerario del TAV, como por los «daños colaterales» de este proyecto en forma de inmensas canteras, escombreras, centrales térmicas y autopistas eléctricas.
El TAV no va a suponer ningún beneficio para la gran mayoría de la población. Tan sólo va a servir para enriquecer a constructores y promotores, en un momento en el que la población navarra sufre las consecuencias de la crisis y las políticas neoliberales de UPN-PSN. ¿Cómo es posible que se hagan recortes en la sanidad pública, argumentando la falta de presupuesto, mientras que se comprometen más de 1.500 millones de euros (o el doble, según algunos cálculos) en esta salvajada?
UPN y PSN alardean de cosmpolitas, defendiendo el TAV porque viene de Europa. Pero condenan a la población navarra por varias generaciones a soportar un déficit de inversión en educación y sanidad que nos sitúan a la cola de Europa.
Desde LAB exigimos la paralización y retirada del proyecto del TAV. Exigimos que las partidas presupuestarias previstas se inviertan en educación, sanidad y servicios sociales para toda la población navarra. Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para participar en todas las movilizaciones de oposición a dicho proyecto.