El documento entregado por el PNV a Lakua sobre el «plan de convivencia» cuestiona su propio carácter, pide que se retire del título la mención a la «deslegitimación de la violencia» y demanda que se dé también voz en las aulas a los torturados y a las víctimas del Estado.
A la vista del documento entregado por el PNV al Gobierno de López sobre la «Reformulación del Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos», resulta muy difícil entender dónde pueden estar los puntos de acuerdo. La formación jeltzale cuestiona ejes fundamentales del proyecto gubernamental, comenzando porque el punto de partida no puede ser, como entiende que ha hecho el Ejecutivo, llevar a las aulas «un acompañamiento de la represión del terrorismo».
El texto del PNV, al que ha tenido acceso GARA, descalifica el «documento consolidado» que le entregó el Gobierno por ser un mero «corta y pega» del borrador inicial y de partes del plan anterior «llevando a un resultado incoherente, caótico y difícil de comprender». De hecho, llega a cuestionar incluso que en su nombre se incluya la referencia a la «deslegitimación de la violencia», por considerarlo «inadecuado y desaconsejable si no queda clara su subordinación a la educación para la paz, los derechos humanos y la convivencia».
Además, el PNV considera que el documento del Ejecutivo «sigue careciendo de carácter integral», puesto que «no se pueden priorizar unos sufrimientos sobre otros». En esto, los jeltzales se apoyan en las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
La propuesta del PNV es que la Reformulación planteada por el Gabinete de López debiera integrarse «como un subprograma» del plan del anterior Ejecutivo tripartito.
Aunque el Gobierno ha eliminado las referencias al «Estado Constitucional», el PNV entiende que debe retirarse también toda reivindicación de las «instituciones democráticas» y de que su cuestionamiento puede llevar a posiciones «justificadoras de la violencia». La educación debe basarse en la defensa de los derechos, entre ellos el de libertad de pensamiento. Y, además, el texto jeltzale defiende que la convivencia democrática es compatible con «opciones alternativas al marco jurídico-político vigente, incluidas las posiciones y/o acciones no legitimadoras de las instituciones, siempre que se defiendan pacífica y democráticamente».
«La víctima no es el eje»
El PNV retoma la reflexión del Consejo Escolar de que «las víctimas no deben ser el eje vertebrador» de un plan educativo, que debe girar sobre el alumno. Y no es el proyecto educativo el que se pone al servicio de los testimonios de las víctimas, sino que los testimonios deben servir par reforzar el proyecto educativo.
En este apartado, el PNV sostiene literalmente que «una intervención en serio que vaya a poner sobre la mesa las víctimas del terrorismo no puede obviar la existencia de víctimas de la tortura. Esta realidad, de dificilísimo manejo político y social, es, sin embargo, innegable al margen de cuáles sean sus cifras reales»,
También resalta que «si es grave el que una organización como ETA utilice el terrorismo, no lo es menos que los poderes públicos cedan a la tentación de hacer uso ilegítimo de la violencia terrorista y de las vulneraciones de derechos humanos», com ha ocurrido y se debe evitar que pase en el futuro.
Mientras el Gobierno quiere aprobar el plan el próximo 8 de junio para ponerlo en marcha a partir de setiembre, el PNV pide la apertura de un nuevo proceso de participación y contraste con los agentes estratégicos implicados en la puesta en marcha del mismo.
fuente: gara
El texto del PNV, al que ha tenido acceso GARA, descalifica el «documento consolidado» que le entregó el Gobierno por ser un mero «corta y pega» del borrador inicial y de partes del plan anterior «llevando a un resultado incoherente, caótico y difícil de comprender». De hecho, llega a cuestionar incluso que en su nombre se incluya la referencia a la «deslegitimación de la violencia», por considerarlo «inadecuado y desaconsejable si no queda clara su subordinación a la educación para la paz, los derechos humanos y la convivencia».
Además, el PNV considera que el documento del Ejecutivo «sigue careciendo de carácter integral», puesto que «no se pueden priorizar unos sufrimientos sobre otros». En esto, los jeltzales se apoyan en las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
La propuesta del PNV es que la Reformulación planteada por el Gabinete de López debiera integrarse «como un subprograma» del plan del anterior Ejecutivo tripartito.
Aunque el Gobierno ha eliminado las referencias al «Estado Constitucional», el PNV entiende que debe retirarse también toda reivindicación de las «instituciones democráticas» y de que su cuestionamiento puede llevar a posiciones «justificadoras de la violencia». La educación debe basarse en la defensa de los derechos, entre ellos el de libertad de pensamiento. Y, además, el texto jeltzale defiende que la convivencia democrática es compatible con «opciones alternativas al marco jurídico-político vigente, incluidas las posiciones y/o acciones no legitimadoras de las instituciones, siempre que se defiendan pacífica y democráticamente».
«La víctima no es el eje»
El PNV retoma la reflexión del Consejo Escolar de que «las víctimas no deben ser el eje vertebrador» de un plan educativo, que debe girar sobre el alumno. Y no es el proyecto educativo el que se pone al servicio de los testimonios de las víctimas, sino que los testimonios deben servir par reforzar el proyecto educativo.
En este apartado, el PNV sostiene literalmente que «una intervención en serio que vaya a poner sobre la mesa las víctimas del terrorismo no puede obviar la existencia de víctimas de la tortura. Esta realidad, de dificilísimo manejo político y social, es, sin embargo, innegable al margen de cuáles sean sus cifras reales»,
También resalta que «si es grave el que una organización como ETA utilice el terrorismo, no lo es menos que los poderes públicos cedan a la tentación de hacer uso ilegítimo de la violencia terrorista y de las vulneraciones de derechos humanos», com ha ocurrido y se debe evitar que pase en el futuro.
Mientras el Gobierno quiere aprobar el plan el próximo 8 de junio para ponerlo en marcha a partir de setiembre, el PNV pide la apertura de un nuevo proceso de participación y contraste con los agentes estratégicos implicados en la puesta en marcha del mismo.
fuente: gara