Las asociaciones de víctimas de la rebelión militar de 1936 y posterior dictadura hemos sufrido, durante años, las consecuencias de una incomprensible y vergonzosa contradicción en la que se han instalado la mayoría de instituciones, partidos y sindicatos. Mientras a día de hoy declaran sentir respeto y admiración por la memoria de las víctimas del franquismo, mientras hoy se muestran convencidos de la necesidad de poner fin a décadas de silencio y ocultación de la impunidad de los crímenes cometidos, mientras estas últimas semanas teorizan sobre los derechos de las víctimas a juzgar a los verdugos y genocidas franquistas, estos mismos partidos, sindicatos e instituciones han sido los que durante años han impuesto el olvido, nos han ignorado y nos han condenado a la más absoluta de las soledades.
Sin embargo, estas contradicciones no son fruto de la casualidad sino consecuencia de un cínico juego de estrategias bien meditadas que tienen como objetivo poder presentarse ante el conjunto de la sociedad como los defensores de la memoria de los cientos de miles de militantes antifascistas, a la vez que protegen sus intereses de poder conseguidos, precisamente, por haber pactado con los genocidas franquistas la imposición del silencio y la impunidad sobre los crímenes por ellos cometidos.
Pactaron con ellos el mantenimiento y la continuidad de toda la estructura del Estado, esto es, el Ejército, la Policía, la Guardia Civil, los jueces, el sistema económico… En definitiva, la continuidad de toda la administración franquista; y aceptaron la permanencia en puestos relevantes de poder a verdaderos fascistas disfrazados de demócratas. En la cúspide de toda esta estructura de Estado se situó a la monarquía y a un monarca, Juan Carlos I, nombrado por el propio genocida Francisco Franco como su heredero. Monarca que, por cierto, ejerció de jefe del Estado franquista por dos veces durante los años 1974 y 1975, sustituyendo al dictador mientras éste estaba enfermo. Esta es la situación de imposición e injusticia que, durante 35 años de supuesta democracia y de «estado de derecho», venimos soportando.
Es éste el contexto, y no otro, en el que hay que analizar el nerviosismo de esa izquierda que negó su memoria y vendió a sus militantes durante la transición; es en este contexto en el que hay que situar la arrogancia de los herederos del franquismo, cuando exigen el respeto a la impunidad que se les garantizó. El juez Garzón y su auto no cambian este contexto.
Ha sido el trabajo y la actividad de las asociaciones las que han puesto al descubierto la gravedad de toda esta situación de impunidad. Han sido las presiones y las denuncias realizadas por las asociaciones las que han obligado a este juez a no seguir ignorándolas por más tiempo. Menos aún tras haber protagonizado los procesos contra los responsables de las dictaduras chilena y argentina. ¿Cómo es posible encausar a Pinochet e ignorar las denuncias sobre los responsables de la dictadura franquista, quienes cometieron muchos más crímenes y perduraron por mucho más tiempo en el poder? Pero, a diferencia de aquellos casos en que se encausó a Pinochet, en el auto emitido por este juez sobre los crímenes cometidos durante la dictadura se ponen unos límites muy claros a la hora de definir las responsabilidades. Cuando se enumera a los imputados, Garzón lo hace a sabiendas de que están todos muertos y de que, una vez certificada su defunción, el supuesto proceso al franquismo conocerá su definitivo punto final; sin que se hayan investigado judicialmente todos los crímenes cometidos, sin que se encause a los responsables aún vivos y sin que se repare, en toda su dimensión, el daño causado. ¿Cómo pueden quedar impunes ministros franquistas, a día de hoy aún vivos, que firmaron cinco penas de muerte de luchadores antifranquistas poco antes de la muerte del dictador? ¿Cómo pueden librarse del banquillo ministros que, muerto ya Franco, continuaron las mismas prácticas criminales con actuaciones como la protagonizada en Gasteiz contra la clase trabajadora el 3 de marzo de 1976, así como otras que siguieron a ésta en el tiempo?
Pero los actuales herederos del franquismo no están dispuestos a aceptar ni tan siquiera eso. Exigen silencio total, impunidad absoluta y respeto sagrado a la memoria de «los caídos por Dios, por España y por el Generalísimo». El error que ha cometido esta vez el juez Garzón ha sido el de no haber actuado al dictado de las cloacas del Estado. Por eso le procesan, no por otra razón.
Garzón, ejerciendo desde un tribunal especial como la Audiencia Nacional, continuador de otro franquista como era el TOP (Tribunal de Orden Público), no puede ser emblema de la defensa de los derechos humanos. Él, que ha sido puesto en evidencia en diferentes informes de las Naciones Unidas por permitir y amparar la práctica de la tortura. Lo único que ha perseguido Garzón con este auto es notoriedad y poder llegar a presidir algún tribunal penal internacional, esta vez a costa de las víctimas del franquismo. Y hay que reconocer que, tristemente, su maniobra puede salirle redonda. Aún puede que pase a la historia como «el defensor de las víctimas del franquismo».
Pero este último hecho, aun siendo injusto y doloroso, no es lo que más nos importa en estos momentos. Lo que nos preocupa es que el trabajo que hemos realizado hasta el momento para situar el debate del juicio al franquismo y sus responsables en primera plana de la política y en los medios de comunicación no se dilapide en torno a la defensa de un auto judicial en cuyo contenido se acotan y limitan nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Nuestra preocupación se centra en que este debate se desvíe hacia la defensa de un funcionario fiel del propio Estado, que quería apuntalarlo a través de un auto de nulo recorrido.
Por todo ello, éste es el momento para dirigir nuestras exigencias a aquellos partidos y sindicatos que pactaron con los franquistas, durante la llamada «Transición», el silencio e impunidad sobre los crímenes cometidos. Debemos exigirles que rectifiquen su trayectoria e implementen las medidas políticas e institucionales necesarias para:
(1) Que inicien una nueva fase de negociación, con todas las personas y agentes sociopolíticos afectados por el genocidio franquista, de una nueva ley de la memoria.
(2) Que procedan a la constitución de comisiones de la verdad como instrumentos propicios para la consecución de la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición.
(3) Que se garantice, atendiendo a la legislación internacional en materia de derechos humanos, en la cual no son de aplicación argumentos como la prescripción o leyes de amnistía, el enjuiciamiento histórico y político del franquismo y sus responsables por los crímenes y delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos.
Esta actuación serviría para dar credibilidad a un Estado obligado a reconocer su aciaga historia pasada e impulsar medidas de justicia con todas las personas represaliadas, al tiempo que serviría para habilitar el marco idóneo para la toma de compromisos orientados a avanzar hacia un escenario de respeto de los derechos humanos, civiles y políticos. Un escenario en el que se puedan poner en práctica todos los proyectos socio-políticos que fueron frenados, por la fuerza de las armas, aquel 18 de julio del 36.
(*) Firman también este artículo Gotzon Garmendia, Manuel Sainz, Xabier Lasa y Amalio García.
