El hasta ahora presidente de Ezker Batua (EB), Javier Madrazo, se niega a ceder los poderes notariales que le otorgan el control de las cuentas corrientes y el patrimonio de la formación al actual coordinador general y sus sucesor en este cargo, Mikel Arana. Tras perder la formación dos de sus tres escaños en las autonómicas de 2009, Madrazo dimitió, dejó el puesto a Arana y aterrizó en un puesto de presidente creado a su medida. Desde allí ha mantenido el poder de representación pública de la formación y el control de las cuentas, aunque lo había delegado en su hombre de confianza, Serafín Llamas. Madrazo anunció el pasado domingo que ponía su cargo a disposición del partido, aunque aún no ha formalizado su dimisión.
El hombre que dirigió con mano de hierro EB durante 15 años (entre 1994 y 2009) se negó a ceder los poderes notariales a Arana en el tenso Consejo Político del pasado 21 de mayo, en el cual intentó forzar la renuncia de nueve de sus miembros para volver a controlar el máximo órgano entre asambleas.
Tras ser requerido notarialmente el pasado día 24, Madrazo respondió por escrito que no iba a ceder el control legal porque no reconoce la legitimidad del Consejo Político, en el que no tiene mayoría. El hasta ahora presidente considera que el Consejo válido es el que excluye a los nueve miembros a los que él quiso hacer renunciar, entre ellos varios junteros de la formación en Vizcaya y Guipúzcoa.
En paralelo, continúa la guerra de desgaste para controlar la organización: el sector de Madrazo por un lado y los seguidores de Arana, los comunistas del EPK y los críticos de EPA, por otro. El conflicto estalló a raíz del intento de instaurar un control externo del censo de militantes, a través de Izquierda Unida. Este censo se usó en la asamblea que reeligió coordinador general a Madrazo en 2008. El panorama es más que complejo y nadie descarta que termine en los tribunales, puesto que hoy por hoy los dos grupos consideran que los órganos donde no tienen mayoría son ilegítimos.
Se podría decir incluso que hay dos Consejos Políticos: uno en el que los seguidores de Madrazo consideran que tienen mayoría y otro que incluye a los nueve miembros cuestionados. La Comisión de Garantías, en la que Madrazo goza de mayoría, ratificó las expulsiones.
La Presidencia de EB, donde la alianza entre aranistas, EPK y críticos tiene una holgada mayoría, destituyó antaeyer como secretarios de Finanzas y Organización a Serafín Llamas y Sergio Fernández, respectivamente, dos personas muy cercanas al presidente saliente. Los de Madrazo consideran que estos relevos no tienen validez y han convocado para mañana un Consejo Político en cuyo orden del día han incluido modificaciones en el organigrama. El Consejo tiene capacidad para cambiar el equilibrio de poderes en la Presidencia y relevar al actual coordinador general y único parlamentario de la formación.
Los fieles a Madrazo se niegan a ceder la gestión del cobro de cuotas de militantes a una unidad administrativa de recaudación, idea importada del sindicato CC OO, para evitar que el censo sea manipulado. Según fuentes del sector opuesto al presidente saliente, «el número de afiliados en las asambleas locales no coincide con la recaudación de las cuotas, a menos que el 30% o 40% de los militantes gane menos del salario mínimo».
En caso de convocarse una asamblea extraordinaria para zanjar las diferencias, las votaciones se realizarían con el censo actual. Llamas no quiso ayer dar a EL PAÍS su versión sobre la polémica. La dirección de Izquierda Unida, encabezada por Cayo Lara, no ve oportuno pronunciarse sobre lo sucedido.
