Algunos pensionistas pensamos que desde las diputaciones forales vascas para el ejercicio 2010 se podrían estudiar alternativas que vayan en la línea de favorecer el nivel de vida de los pensionistas menos favorecidos
Acojo con gran satisfacción el posicionamiento de las tres diputaciones forales en el transcurso de la negociación que en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), tuvieron, el pasado día 17 de junio, con el Gobierno vasco.
En este marco solicitaron medidas de apoyo a dos de los colectivos que más van sufrir, están sufriendo realmente, las medidas que los gobiernos español y vasco han diseñado para reducir el déficit público del Estado español, como son los parados y los pensionistas.
Me parece muy bien este posicionamiento de las diputaciones forales, pero quisiera apuntar que éstas tienen en sus manos la posibilidad de dar solución a estos colectivos de parados y pensionistas, sin contar ni con el Gobierno español, ni con el vasco, dada la posibilidad que tienen de introducir medidas fiscales al efecto.
Como ejemplo, voy a atreverme a apuntar alguna idea, a pesar de mi desconocimiento en temas relacionados con la fiscalidad vasca y de sus posibilidades administrativas, en base a nuestro Concierto Económico, que sin duda haría un poco más viable y feliz la vida de estos colectivos de parados y pensionistas.
Por un lado, existen en Euskal Herria pensionistas que con gran sacrificio de su parte, y ayuda, todo hay que decirlo, por parte de las desgravaciones fiscales que en cada momento establecieron las diputaciones forales, llegaron a realizar «pequeños ahorros» a través de planes de pensiones (EPSV) ampliamente publicitados y recomendados, con el fin de que cuando llegase el feliz momento de su jubilación pudieran disponer de un complemento para salvar los escasos emolumentos que les dejan las pensiones oficiales.
Esto es imposible llevarlo a efecto por las grandes exigencias pecuniarias que este tipo de productos tiene en la actualidad a la hora de ejecutar las correspondientes declaraciones de renta.
Aquí, con el carácter de progresividad que tiene que darse en este tipo de temas, pienso que es factible que las diputaciones forales establezcan criterios de disminución de sus gravámenes cuando, por ejemplo, un pensionista desea complementar su pensión, a todas luces insuficiente, con unos euros al mes del dinero que con gran sacrificio ha venido ahorrando durante su vida laboral.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo e Inmigración, del Gobierno de España, según documento aportado a todos los pensionistas, indica que «para mantener el poder adquisitivo de su pensión, ésta será actualizada al comienzo de cada año en función del índice de precios al consumo (IPC) previsto para dicho año.
Si, posteriormente, el IPC definitivo fuera superior al IPC previsto y en función del cual se calculó la revalorización, se efectuará la correspondiente actualización, abonándose la diferencia en un pago único antes de abril del año siguiente.
Si, por el contrario, el porcentaje de incremento de revalorización inicialmente practicado fuese superior al IPC definitivo en el ejercicio de dicha revalorización, no tendrá que devolver cantidad alguna».
Tamaña mentira y desfachatez no puede ser responsabilidad más que de estos gobiernos de irresponsables que se dicen socialistas y obreros.
Pero aquí, sin duda, entiendo que podían entrar también las diputaciones forales vascas dando respuesta con su capacidad de establecer la correspondiente normativa fiscal, de acuerdo con el Concierto Económico vigente, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), minorando de manera progresiva las deducciones, de los pensionistas que en la actualidad el Estado realiza y que alcanza cifras de hasta el 18%.
Algunos pensionistas pensamos que desde las diputaciones forales vascas para el ejercicio 2010 se podrían estudiar éstas u otras alternativas que vayan en la línea de favorecer el nivel de vida de los pensionistas menos favorecidos.