Desde el miércoles 21 de julio, casi un centenar de indígenas yukpa del río Yaza, Guamopamocha y Chaktapa, llegaron a Caracas —por tercera vez— desde la sierra de Perijá y se apostaron, de manera permanente, en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia. Vinieron para exigir, junto con varios grupos de derechos humanos, que esta instancia se pronuncie respecto a un Amparo Constitucional introducido en febrero de este año, que determine si los yukpas imputados (Sabino y Olegario Romero y Alexander Fernández) han de ser juzgados por la justicia especial indígena o por la justicia ordinaria, previstas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De estos hermanos y hermanas yukpas se destacan 35 madres con sus 60 niñas, niños y bebés, acampados frente al Tribunal Supremo de Justicia, en una acción de resistencia para hacer sentir su voces y presencia ante una burocracia judicial que luce bastante ensimismada.
Los dramáticos testimonios de las mujeres yukpas nos obligan como feministas y defensoras de los derechos humanos y de nuestro constitucional estado de justicia social a no permanecer indiferentes ante sus denuncias, entre las que destacan el haber sido violentadas en su intimidad por funcionarios militares (del Fuerte Macoa) al realizar la visita a sus familiares privados de libertad. Estas mujeres yukpa han sido obligadas, algunas veces bajo amenazas de ser detenidas, a desnudarse por los soldados encargados de la requisa —sometidos a su vez por órdenes superiores— sin importarles su particular manera de ser y estar, su cultura, usos y costumbres, su moral ante los hombres y ante su cuerpo como mujeres yukpa.
En su testimonio, estas hermanas yukpas han declarado que casi siempre son sólo hombres soldados quienes las han sometido a vejaciones y que ellas obedecen porque “hablan duro y portan armas largas”, por lo que “ellas les temen”. Al desnudarse les tocan sus cuerpos, las obligan a quitarse la ropa interior para inmediatamente reírse y burlarse de ellas, y hasta hay denuncias por intentos de violación por parte de los funcionarios del Fuerte Macoa.
Las mujeres yukpa temen por la continuidad de estos atropellos y por más represalias, toda vez que no ven una salida cercana al retardo procesal y al aislamiento que viven sus familiares privados de libertad. En vez de ello, se ejecutan cambios repentinos, siendo el último el traslado de Alexander Fernández, Sabino y Olegario Romero del Fuerte Macoa a otro penal ubicado en el estado Trujillo, esto sin previo aviso y luego de que los y las hermanas yukpas manifestaran sus legítimas protestas, por las que ahora también se les criminaliza a ellas y a sus hijas e hijos.
Estamos convencidas de que la justicia no debe ser ciega ni sorda, debe tener los ojos y oídos bien abiertos y dispuestos para comprender y atender los argumentos, sobre todo de quienes durante siglos han sido postergadas y postergados, excluídos e invisibilizados. Este es un caso emblemático en el que debe demostrarse que la justicia está por encima de los procedimientos.
En esta hora en la que fuerzas oscuras promueven conflictos y agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela en su camino hacia una sociedad de paz y justicia, necesitamos unión, compromiso y también profundización de todas las formas sociales e institucionales de emancipación social.
Organizaciones, colectivos y militantes feministas, mujeres y hombres, comprometid@s contra la injusticia y contra toda forma de opresión, solicitamos:
1. Que las instituciones que la República Bolivariana de Venezuela cumplan con su responsabilidad y compromiso histórico, asumiendo la celeridad procesal y dando respuesta inmediata a la solicitud de amparo introducida por la comunidad yukpa en la cual se exige el procesamiento de Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández de acuerdo a los códigos, costumbres y jurisdicción establecidos por la comunidad yukpa, ello amparado en el artículo No. 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Que cese el silenciamiento mediático y la criminalización de las mujeres yukpas y legítima protesta, toda vez que su imperativo ético, político y jurídico las urge a “dar respuestas en lo inmediato, corto y mediano plazo a las necesidades más urgidas de pueblos y comunidades”, y “Proporcionar la mayor suma de felicidad posible a los pueblos y comunidades indígenas”.
3. Exhortamos a las autoridades como el Ministerio Público, Ministerio de Interior y Justicia y Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se garantice unas condiciones de privación de libertad conforme a lo establecido en nuestra legislación y que las visitas de las mujeres como derecho protegido, se les procure el respeto hacia su integridad física, psicológica y sexual en función de respetar sus derechos humanos, asegurando todos los medios para prevenir, sancionar, atender y erradicar todas las formas de violencia sobre estas mujeres indígenas pluridiscriminadas por sus condiciones étnicas, económicas y sociopolíticas que las hacen más vulnerables a la violencia.
4. Solicitamos que se nombre una Comisión de alto nivel con las autoridades competentes para que se estudie con elementos históricos y culturales la posesión ancestral de las tierras de estos hermanos y hermanas indígenas bolivarianas para su posible titularidad, conforme la normativa legal vigente y que se aplica en esos casos ya que el Estado debe garantizar la justicia social, la igualdad étnico-racial y de género.
5. Solicitamos la apertura de una averiguación penal sobre los funcionarios militares de Fuerte Macoa que presuntamente violentaron a las hermanas yukpas en su derecho a la visita a sus familiares privados de libertad para establecer responsabilidades y sanciones en los casos que hubiere lugar, y que estas situaciones no sucedan ni se repitan en los casos de las hermanas yukpas.
Caracas, 27 de julio de 2010
L@s abajo firmantes:
La ARAÑA FEMINISTA (La Araña Feminista es una red que articula diversos colectivos de mujeres y hombres que luchan por la justicia e igualdad entre los géneros)
