Agitando el latiguillo “los chicos tenemos derecho a tener mamá y papá”, la Iglesia Católica, la Alianza Cristiana de Iglesias Evángelicas y la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal realizaron un acto reaccionario en Plaza Congreso contra el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, al que asistieron alrededor de 25.000 personas, predominantemente de las clases medias acomodadas de Barrio Norte, Palermo y Caballito. El acto contó con la presencia de agrupaciones fascistas como el Partido Popular por la Reconstrucción del carapintada golpista Gustavo Breide y Obeid y el Grupo Nacionalista Custodia, vinculado a órdenes fundamentalistas y defensoras de la dictadura militar como la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, guiada por los principios de “tradición, familia y propiedad”. Por supuesto no podía faltar Cecilia Pando, quien no tiene pruritos en reivindicar públicamente la apropiación ilegal de bebés, hijos de detenidos-desaparecidos, en manos de los genocidas de la dictadura. Entre las adhesiones al acto se contaron sectores de las comunidades judía y musulmana y la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo.
A diferencia del ímpetu de los eventos encabezados por los obispos en las diócesis provinciales, la convocatoria en Capital resultó muy por debajo de las estimaciones trazadas, a pesar de que la Iglesia puso en juego toda su infraestructura bajo la asesoría de Benigno Blanco, presidente del Foro de las Familias de España y dirigente del Opus Dei, quien intentó replicar la envergadura política de las marchas reaccionarias de la Curia española contra el derecho al aborto. Parte de este operativo consistió en arrastrar a miles de niños y adolescentes como rehenes cautivos en los micros escolares de los colegios religiosos a cambio de no computarles la asistencia a clases, mientras varias universidades privadas dictaron asueto desde las 17 hs. En el mismo sentido, el cardenal Bergoglio y las autoridades del Episcopado impusieron bajo mandato expreso que las misas dominicales reciten un sermón digno de la Inquisición que condenaba a las parejas homosexuales y su derecho a la adopción en aras del “orden natural” que dicta la “ley divina”. Tan reaccionaria es la posición de la Iglesia que no vaciló en separar al cura José Nicolás Alessio, enviándolo a juicio canónico, por pronunciarse a favor del matrimonio de personas homosexuales, en tanto miles de sacerdotes violadores de menores permanecen en la más abyecta de las impunidades.
Bergoglio envió al acto una carta “moderada”, acusando que la iniciativa de matrimonio homosexual representa un “retroceso antropológico” basado en “el derecho de los adultos por encima del derecho de los niños que deben ser los únicos privilegiados”, mientras los asistentes con auténtico espíritu provocador emulaban sus enunciados de hace pocos días señalando a los homosexuales de “desviados” que conspiran contra “el plan de Dios”. Las iglesias evangélicas no se quedaron atrás y sostuvieron que el matrimonio homosexual marca “la desintegración de los hogares en el alcoholismo, las drogas y los alucinógenos”, retrocediendo la rueda de la historia a la era de las cavernas.
Hay que cortar el chorro de los subsidios
¿Dónde radica la cuota de poder de esta institución oscurantista y medieval, cuando es de público conocimiento que la gran mayoría de la población está a favor de este legítimo derecho democrático? Decididamente en su relación con el Estado que sostiene materialmente el culto católico, apostólico y romano, mediante los impuestos que pagamos los trabajadores y el pueblo, tal como dicta el artículo 2º de la Constitución Nacional, que junto a las leyes aportadas por la última dictadura hasta garantizan los ingresos mensuales, las jubilaciones y las pensiones de 16.457 sacerdotes y monjas.
Durante todo el siglo XX, militares, peronistas, radicales y “socialistas” garantizaron el desarrollo de la Iglesia con el financiamiento del Estado nacional y los estados provinciales y municipales, habilitando su injerencia en la educación y la salud pública de las grandes masas populares a través de la condena de los métodos anticonceptivos, las políticas de salud reproductiva, el derecho al aborto, libre, seguro y gratuito, así como el derecho a la eutanasia de enfermos terminales que reclaman una muerte digna. Sobre este soporte, la Curia mantiene en el atraso y la ignorancia a los sectores más pauperizados de la población, bramando contra la educación laica y gratuita, el matrimonio civil y el divorcio vincular.
El régimen del Patronato, cuya génesis se remonta a la época de la Colonia, fue la expresión política y jurídica de la relación que adquirieron la Iglesia y las clases propietarias nativas, las cuales recaudaban el diezmo, financiaban la construcción de templos y sostenían monetariamente a los religiosos, elementos que sirvieron de base a la constitución del Estado nacional. Si hoy la Iglesia constituye el mayor patrimonio privado del país es porque gracias al Patronato monopolizaba el 65% de las tierras del Virreinato del Río de la Plata y del Perú. Los sucesivos golpes militares fortalecieron los vínculos entre el Estado y la Iglesia vigentes hasta la actualidad: tras la Revolución Libertadora, el general Aramburu celebró un Concordato con el Vaticano para auspiciar la creación del Obispado Castrense, la institución reaccionaria que fusiona la Iglesia con las FF.AA., elevando a rango militar la jerarquía de los sacerdotes. La última dictadura militar reforzó aún más esa legislación asegurando los ingresos mensuales de obispos, arzobispos, párrocos de frontera y seminaristas. Más allá de las fricciones, también los Kirchner fueron concesivos con la Iglesia cediéndoles poder de autoridad en la nueva Ley de Educación Nacional de 2006, reconociendo incluso que en la gestión de sus universidades privadas tienen plenas atribuciones para diseñar sus propios planes de estudio.
Esta es la verdadera fuente de poder de la Iglesia. Por eso para terminar con el oscurantismo medieval y hacer efectivo el derecho al aborto así como el resto de las demandas democráticas es necesario apelar a la movilización en las calles hasta separar la Iglesia del Estado, expropiando todos sus bienes y propiedades. Hay que cortar el chorro de los subsidios y abolir todas las leyes que garantizan el desarrollo de esta institución reaccionaria, reforzada por toda la legislación vigente de la dictadura militar. Los socialistas revolucionarios defendemos el derecho a la libertad de culto correspondiente a la vida privada de las personas. Que los curas vayan a trabajar como cualquier hijo de vecino.
