La situación de miles de personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad en los diversos centros penitenciarios de la geografía Colombiana, sigue siendo sumamente preocupante, pues las políticas criminales y penitenciarias impulsadas en los últimos años por el gobierno colombiano antes que solucionar los múltiples y delicados problemas que aquejan a la población carcelaria en su conjunto, ha ocasionado por el contrario, una profundización y degradación nunca antes vista de los problemas estructurales característicos de estos “centros de depósitos de seres humanos”.
Por otra parte, la sistemática represión, estigmatización y criminalización impuesta por el Estado colombiano a las diversas expresiones organizativas de los sectores populares ha ocasionado un paulatino aumento del número de personas privadas de la libertad por motivos políticos, que se ve traducido en la práctica, en la existencia de graves situaciones de carácter humanitario vividas al interior de los penales y continuas violaciones a los Derechos fundamentales de los reclusos.
Se evidencia entonces, que las penurias que aquejan a toda la sociedad colombiana causadas por un sistema económico, político y social excluyente impuesto por las minorías con el objetivo supremo de taponar cualquier vía que posibilite un cambio verdadero en Colombia, se ven trasladadas a los centros de reclusión, lugares en los que se pueden apreciar claramente en un reducido espacio geográfico pero en el grado más extremo e indignante.
Esto gracias a que la represión no mengua, aún cuando el que es considerado como el enemigo, se encuentra detenido y a feliz custodia del estado “democrático”
Por eso, no tiene ningún sentido afirmar, como lo hace el gobierno, que el hacinamiento ha rebajado drásticamente con la creación de los nuevos centros penitenciarios, cuando en realidad también drásticamente ha aumentado el número de personas detenidas, especialmente por motivos políticos o del conflicto social armado, por lo cual, la única afirmación que valdría la pena hacer es que en Colombia el pueblo en general y la oposición política en particular, cuentan ahora con espacios más “cómodos” y “seguros”, pero tras las rejas.
Pero como los luchadores sociales, estudiantes, sindicalistas, campesinos, profesores y defensores de Derechos Humanos que se encuentran en estas oscuras mazmorras (tan oscuras como el gobierno que las mantiene y administra), tienen convicción y plena decisión de seguir luchando por una Colombia diferente en cualquier espacio en que se encuentren, por adverso que éste sea, la estrategia del gobierno consiste entonces en desarticular cualquier proceso organizativo que se desarrolle al interior de las cárceles para poder matar moral y políticamente a los Pres@s Políticos y Prisioner@s de Guerra, y silenciar así, las sistemáticas y premeditadas violaciones a los Derechos Humanos que se viven diariamente en las cárceles de Colombia.
Llegan entonces los traslados a alejados puntos de la geografía nacional y el aislamiento se transforma en cotidianeidad cuando la invisibilización es la consigna.
La tortura física y psicológica se consolida como una práctica recurrente en la forma criminal de actuar del gobierno en contra de los Pres@s Políticos y Prisioner@s de Guerra, y lo prueba claramente la denuncia realizada por las prisioneras políticas que se encuentran recluidas en el Patio 6º de la Reclusión de Mujeres el Buen Pastor de Bogotá, quienes han expresado que el INPEC efectúa tortura psicológica y viola sus derechos fundamentales. (denuncia completa en: libertadpresxspoliticxs.jimdo.com)
Las mujeres prisioneras políticas del mencionado penal se han constituido en un ejemplo de dignidad y firmeza, razón por la cual el Estado les ha dedicado especial atención en la implementación del Terrorismo que ejerce continuamente sobre sus detractores tanto fuera como dentro de las prisiones.
Cabe resaltar que las denuncias realizadas por las prisioneras políticas del Buen Pastor han sido bastante recurrentes en los últimos años, pero se han incrementado de forma preocupante en el año 2010, lo cual evidencia la altísima vulnerabilidad de este sector de l@s detenid@s por motivos políticos o del conflicto social armado en Colombia.
Estas valientes mujeres además de tener que afrontar y sufrir en carne propia los problemas estructurales de los centros penitenciarios y de soportar la represión continua por ser consideradas peligrosas “terroristas” enemigas del orden social y político imperante, tienen que hacer frente adicionalmente a la violencia de género practicada por un Estado que busca aniquilarlas completamente.
Por esta razón, la Asociación Bolivariana de Asuntos Humanitarios –Patria es Solidaridad‑, cuyo principio fundamental de trabajo en la Defensa de los Derechos Humanos es el ejercicio de la solidaridad activa, se hermana con la lucha de las prisioneras políticas del patio 6° del Buen Pastor ante la difícil situación vivida por la arremetida del gobierno contra los luchadores sociales que se encuentran privados de su libertad.
Estaremos atentos, como siempre lo hemos hecho, al desarrollo de los acontecimientos de esta situación particular y realizaremos enérgicamente las denuncias pertinentes ante diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como Internacional, y así mismo, ante los organismos gubernamentales en Colombia.
Exigimos por parte del Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia y del INPEC, el inmediato cumplimiento del principio de clasificación de las reclusas según la naturaleza del hecho punible, tal como lo estipula el articulo 63 de la Ley 65⁄93, y las normas nacionales e internacionales en materia de tratamiento y clasificación de las reclusas, como paso inicial para garantizar la seguridad de las prisioneras políticas y de sus derechos fundamentales.
Así mismo, exigimos cesen completa y definitivamente las remisiones y traslados de los Pres@s Políticos y Prisioner@s de Guerra, utilizados como método para acallar las voces de quienes se atreven a denunciar la grave situación humanitaria vivida al interior de los diferentes centros penitenciarios y a consolidar procesos organizativos para la defensa de los derechos fundamentales de la población carcelaria.
Asociación Bolivariana de Asuntos Humanitarios ‑Patria es Solidaridad-
Caracas, 30 de Junio de 2010
