La pertición de diez años de prisión consta en el escrito de conclusiones provisionales que hoy han presentado los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de este tribunal, que será la encargada de juzgar a estos 43 acusados, para los que también reclaman diez años de inhabilitación absoluta.
El Ministerio Público pide diez años de cárcel para las ex responsables de Batasuna Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena, Maite Díaz de Heredia y Marije Fullaondo, las ex parlamentarias vascas del PCTV Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, y la alcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).
Los fiscales también solicitan que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, que ya están ilegalizados y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala 61 del Tribunal Supremo.
Entre los 43 procesados figuran también el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y sus dos tesoreros, Jesús María Agirre y Sonia Jacinto, y el presidente de ANV, Kepa Bereziartua, así como José Manuel Jurado, Eusebio Lasa, Imanol Iparagirre, Joana Regueiro, Ángel Elcano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo y Tomasa Alejandre.
También hace la misma petición para Haizpea Abrisketa, Arantza Santesteban, Ibon Arbulu, Karmele Aierbe, Jon Kepa Garay, Mikel Etxaburu, Ana Lizarralde, Aner Petralanda, Francisco Javier Urrutia, Mikel Zubimendi, Nuria Alzugarai, Egoitz Apaolaza, Gorka Murillo e Ignacio Oralde Arana.
El resto son Íñigo Balda, Gorka Díaz Martín, Unai Fano, Maite Fernández Labastia, Aitor Aranzabal, Joseba Zinkunegi, Alazne Arozena, Peio Xabier Gálvez, Antón Gómez Lorente y Asier Arraiz Barbadillo.
Los fiscales señalan que la «colaboración» entre la formación ilegalizada y ANV «se compró» en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que «rechazaron» la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciese «en base a la legalidad española».
Para el Ministerio Público, la «instrumentalización» de ANV se acredita en la «sumisión» de esta formación en su actuación política a las «directrices» marcadas por Batasuna y en la existencia de «un sistema de tesorería común o caja única» entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.
En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, los fiscales sostienen que fue «fagocitado» por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal como a través del uso de fondos que fue «desviado» a través de transferencias «on line».
