Medidas ya aprobadas y próximas medidas incluidas en el “memorándum actualizado”
El memorándum actualizado promovido en Grecia por el gobierno del PASOK, el FMI, la UE y la plutocracia griega incluye nuevas medidas antipopulares con el objetivo de reducir aún más el precio de la fuerza de trabajo:
Relaciones laborales
Ley que permite que los convenios de empresa prevalezcan sobre los convenios sectoriales.
Ley que permite a las empresas que no sean miembros de las asociaciones de empresarios firmantes de convenios colectivos su no aplicación. Hasta ahora estaban obligadas a aplicarlos tras su validación por el Ministerio de Trabajo.
Regulación que adapta el sistema de arbitraje para la firma de convenios colectivos a las exigencias de los capitalistas, pues especifica que la función de arbitraje “debería servir a la competitividad sobre la base del coste del trabajo y la creación de empleo”.
Abolición de toda restricción temporal del trabajo parcial y los contratos temporales establecidos por la ley 3846⁄2010, aprobada por el gobierno el pasado mayo.
Extensión del denominado período de prueba para nuevos empleos a un año (dos meses hasta ahora). Durante ese período, los empresarios pueden despedir sin preaviso y sin pagar ninguna indemnización.
Aplicación de la Directiva Bolkenstein que prevé la eliminación de la restricción del salario mínimo con el fin de estimular las inversiones.
Recortes drásticos en las ya bajas prestaciones por desempleo con un ahorro de 500 millones de euros.
Seguridad social
“Reforma de los principales parámetros del sistema de pensiones tal como se prevé en la ley 3836÷2010”. La reciente ley contra la seguridad social es solamente el principio. La vía para la nueva ofensiva es el requerimiento que se incluye en el memorándum “actualizado”, según el cual el incremento en el gasto en las pensiones públicas no debería exceder en 2,5 puntos porcentuales del PIB entre 2010 – 60. En caso de que el límite del 2,5% se excediera, la ley cambiaría por medio de nuevas medidas contra la seguridad social.
Abolición de toda garantía estatal para las pensiones auxiliares. Según el memorándum “actualizado”, “el gobierno aplica una minuciosa revisión del funcionamiento de los fondos públicos de pensiones auxiliares”. El objetivo del gobierno es no pagar ni un solo euro del presupuesto estatal a los fondos de pensiones auxiliares. En la práctica, esto significa que los fondos auxiliares, que aseguran 1 millón de pensiones y ya tienen un gran déficit debido a las políticas del PASOK y ND, no serán capaces de garantizar las pensiones y, aunque lo hicieran, éstas serían extremadamente bajas. Además, el memorándum “actualizado” estipula que el gasto en pensiones se mantendrá estable incluso en el caso de que el número de beneficiarios aumente (hoy 2,8 millones de trabajadores pagan contribuciones a los fondos de pensiones auxiliares). Esto llevará a un drástico recorte en las pensiones.
Revisión de la lista de profesiones pesadas y de riesgo para reducir su cobertura a no más del 10% de la fuerza de trabajo. Las edades de jubilación en los sectores y profesiones que se excluirán de esa lista se incrementará en entre 5 y 7 años. La nueva lista se surtirá efectos desde el 1 de julio de 2011 a todos los trabajadores actuales y futuros.
Introducción de estrictos requisitos para las pensiones de invalidez y nuevo examen de miles de personas inválidas conducente a recortes en las pensiones e incluso la supresión de varias pensiones.
Saqueo de los salarios del pueblo por medio de subidas de impuestos.
Nuevo incremento del IVA, subiendo del 11 al 23% el tipo para una gran cantidad de bienes y servicios (más de 30%).
Ampliación de la base del impuesto inmobiliario mediante la actualización de los valores de los activos, lo que significa que el pueblo trabajador tendrá que pagar 400 millones de euros.
“Impuesto verde” sobre las emisiones de CO2.
Congelación de la escala móvil de las pensiones, lo que significa que los pensionistas perderán más de 100 millones de euros.
Presumible imposición sobre los profesionales, con un rendimiento de al menos 400 millones.
Mayor privatización de los sectores estratégicos
ferrocarril: nuevos despidos mediante la reducción de personal en un 35%. Incremento de las tarifas para aumentar los ingresos de la compañía en un 55%.Reducción del salario mínimo en un 20%. Venta de activos del ferrocarril y asignación de vías con beneficios a compañías privadas que aumentarán las tarifas. Cierre de las denominadas “líneas con pérdidas”, dejando a muchas regiones del país sin servicio de tren.
transporte: despidos masivos, reducciones salariales y abolición de derechos laborales. Incremento en el precio de los billetes entre el 30 y el 50%. Recortes e incluso cierre de líneas.
energía: liberalización del mercado energético y asignación de la infraestructura de la Empresa Pública de Energía y de las fuentes de energía (lignita, recursos hídricos) a grupos empresariales. Aumento drástico de las tarifas reguladas para los hogares y campesinos entre el 40 y el 100%.
sobre las denominadas profesiones reguladas: la “apertura” de esas profesiones crea nuevos campos para el beneficio de los capitalistas, permiténdoles invertir su capital acumulado. Bajo la presión de los gupos empresariales, los autónomos en estos sectores serán expulsados del mercado.
Saqueo al pueblo
Mayor reducción de prestaciones y remuneraciones de horas extras en las empresas estatales. Este objetivo se logrará por medio de la ley sobre “pagos unificados en el sector público” que impondrá recortes en las prestaciones.
Aplicación de una tarifa general de 3 euros para los pacientes externos en los hospitales públicos así como el funcionamiento “todo el día” en los hospitales y centros de salud (turno de tarde).
Incremento del 20 – 30% en las tarifas hospitalarias para servicios y exámenes médicos.
Reevaluación de todo el resto de programas sociales con el objetivo de su abolición.
El 3 de marzo y el 3 de mayo de 2010, el gobierno promovió el primer paquete duro de medidas de austeridad desde los años 50, mientras al mismo tiempo promovía una serie de reformas contra los intereses del pueblo:
Abolió las pagas de Navidad, Semana Santa y verano para los funcionarios públicos y todos los pensionistas tanto del sistema público como del privado.
Recortó el salario a los funcionarios en un 20%.
Congeló los salarios y las pensiones en los sectores público y privado para los próximos tres años.
Redujo los salarios de los trabajadores en empresas de utilidad pública, que no reciben otras prestaciones, en un 10%.
Impuso un recorte entre el 3 y el 10% en las pensiones superiores a 1400 euros.
Canceló el pago de la segunda cuota de la “prestación solidaria” que se dirigía a los segmentos más pobres de la población.
Aumentó los tipos del IVA dos veces en 2010.
Aumentó tres veces en 2010 el impuesto sobre combustibles. Como resultado de ello, el precio de la gasolina sin plomo se incrementó un 63%.
Aumentó tres veces en 2010 el impuesto sobre bebidas alcohólicas y tabaco. Tras la aplicación de las medidas, el precio de los cigarrillos se habrá incrementado en un 40% sobre el precio de principios de 2010. En cuanto a las bebidas, el incremento suma 3 euros por botella.
Impuso un impuesto extra sobre los profesionales en base a sus ingresos en 2009.
Retrasó la edad de jubilación, exigiendo 40 años de cotización. Acabó con el límite de 37 años de cotizaciones independientemente de la edad, así como la jubilación con 35 años cotizados y alcanzada la edad de jubilación.
Impuso drásticos recortes en las pensiones (más del 35%) por medio del incremento de los años para el cálculo de la base de la pensión, pasando del tope de 5 años en los últimos 10 años a los ingresos de toda la vida laboral.
Acabó con la jubilación a los 60 años, mediante la abolición de las prejubilaciones, afectando principalmente a madres de niños pequeños y a quienes tienen más de tres hijos.
Redujo la cuantía de las pensiones en un 6% annual a aquéllos que tienen 40 años cotizados y “se atreven” a retirarse sin haber alcanzado los 65 años de edad.
Demolió el sistema de pensiones de los funcionarios mediante la transformación del sistema público en uno privado.
Impuso a las mujeres que trabajaran entre 5 y 17 años más en nombre de su equiparación con los hombres.
Introdujo la institución para el “ajuste de las pensiones a la esperanza de vida”, lo que abre la vía al trabajo hasta los 70 años.
Introdujo la institución de la “pensión en función de los recursos” que es igual a una prestación asistencial y no está garantizada antes de los 65 años.
Redujo drásticamente el gasto estatal en pensiones, el cual cubrirá meramente la pensión en función de los recursos. Así, abolió la financiación tripartita del sistema de seguridad social.
Fusionó los fondos de pensiones en tres fondos.
Acabó con los Convenios Colectivos y el salario mínimo. Aprobó la legislación sobre los salarios mínimos de entrada para los jóvenes y los desempleados de larga duración. Bajo el pretexto del paro juvenil y el paro de larga duración, acaba con el salario mínimo, que hoy está en 740 euros y crea una generación de “500 euristas”.
Acabó con la jornada de 8 horas y rebajó el coste de las horas extras. Aprobó la introducción de “límites anuales para establecimiento del tiempo de trabajo”. Así, los trabajadores están obligados a trabajar horas extras en un período y luego son empleados menos horas o han de tomar vacaciones obligatorias. Para esas horas extras los trabajadores no recibirán el pago adicional que se aplicaba hasta ahora.
Incrementó umbral de despido para las empresas con entre 21 y 200 trabajadores.
Impuso drásticos recortes en las indemnizaciones por despido, recortes que alcanzaron el 50%.