Una eventual desclasificación de los documentos de la agencia de inteligencia colombiana sobre el espionaje ilegal practicado a políticos, magistrados, periodistas y defensores de los derechos humanos colocaría contra las cuerdas al ex presidente Álvaro Uribe.
Aunque la viabilidad de la desclasificación está por verse, ya que jurídicamente podría toparse con obstáculos, el Gobierno se mostró hoy partidario de poner en marcha esa iniciativa para aclarar la trama de espionaje que llevó a los servicios secretos de Colombia al mayor desprestigio de su historia en la era Uribe (2002−2010).
El ministro colombiano de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien fue víctima cuando era senador, consideró que “eso contribuiría a aclarar muchos hechos ocurridos en Colombia en los últimos años”.
La desclasificación de documentos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) “es conveniente siempre y cuando entendamos que en estos momentos lo único que espera la sociedad civil es claridad sobre los verdaderos responsables”, dijo a Efe el experto en Defensa y Seguridad Nacional Jairo Libreros.
Y “en esta medida lo que puede encontrarse en el DAS es una caja de pandora porque durante los ocho años de Uribe estas acciones ilícitas conducen a la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo)”, agregó.
Libreros, de la Universidad Externado de Colombia, hizo referencia así a las investigaciones y a los documentos filtrados a los medios de comunicación sobre el gran escándalo que, si bien saltó a la luz en 2008, los detalles difundidos por Noticias Uno el domingo pusieron en evidencia un entramado de película.
El experto recordó que el DAS “depende única y exclusivamente de la Presidencia”, por eso una eventual desclasificación pondría al ex mandatario “contra la pared”, ya que “todos los caminos conducen a Álvaro Uribe”.
No obstante, reconoció que “el problema es encontrar una prueba testimonial en la que la responsabilidad de Uribe esté comprometida”.
Libreros dejó claro que la desclasificación supondría “un escándalo de dimensiones mayúsculas”, al recordar que ese material tiene una reserva de 30 años y que no hay antecedentes en Colombia de airear documentos secretos.
Y también manifestó que si bien sería “políticamente viable, jurídicamente pueden existir obstáculos porque mucha información recogida por el DAS tiene reserva judicial”.
Por eso, el analista consideró que la desclasificación “es difícil a menos que exista un acuerdo político entre todos los sectores” y, de darse, sería muy bien utilizado por la oposición.
En este sentido, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo (PDA), partido izquierdista al que el DAS introdujo infiltrados durante una reunión de su comité ejecutivo en 2007, manifestó que el último responsable del espionaje ilegal fue el presidente Uribe.
“La policía secreta depende directamente del jefe de Estado” y por eso la desclasificación de documentos es un paso adelante, aunque “no suficiente”, matizó en una entrevista con Efe.
Robledo explicó que ahora la prioridad es que la dirección de la agencia estatal de inteligencia ofrezca garantías a la sociedad colombiana porque el actual director del DAS, Felipe Muñoz, no fue reemplazado por el nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sino que viene del Gobierno anterior.
A su juicio, Muñoz “participa en el ocultamiento de las pruebas que se destaparon ayer” a través de Noticias Uno, informativo de televisión en el que se comprobó cómo el DAS espió a políticos, incluidos el actual ministro del Interior, el ex candidato presidencial del PDA Gustavo Petro y la senadora liberal Piedad Córdoba.
Y no solo a ellos, también a sus familiares y allegados, con técnicas muy sofisticadas dentro y fuera de Colombia, lo que hoy generó una gran polémica.
“Queda claro que (Muñoz) está gravemente involucrado”, insistió Robledo.
El senador pidió también refrescar la memoria cuando mencionó a los cuatro directores que pasaron por el DAS antes que Muñoz, siempre durante el Gobierno de Uribe.
El primero, Jorge Noguera, está encarcelado por vínculos con los paramilitares, mientras que los tres siguientes son investigados por el escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales.
El senador agregó que “también hay involucrados altos funcionarios de la Casa de Nariño”, motivo por el que una desclasificación de documentos podría apuntar a la cúspide del poder.
