El reciente Informe sobre las víctimas de motivación política no sólo da por cierto que ETA maneja una directriz «para denunciar sistemáticamente “torturas”», sino que extiende esa acusación a «su entorno». Y no hace mención alguna a la insistente demanda de que se suprima el régimen de incomunicación
Según el recientemente conocido Informe sobre las víctimas de motivación política, las vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado español a partir de mediados de la década de los 80 han carecido de motivación política, porque desde entonces éste es plenamente democrático.
Esa tesis ya la defendió Inés Ibáñez de Maeztu, Directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, en un artículo publicado el 14 de julio en «El Correo». En él afirmó que, «en el ámbito internacional, las entidades y organismos que tutelan los derechos humanos distinguen siempre» entre las vulneraciones cometidas «en Estados democráticos y en los que no lo son». Y puso como ejemplo de ello a Amnistía Internacional.
Tres días después, la Directora adjunta de AI España, Ana María Rebollar, refutó tal afirmación en el mismo diario, denunciando que cuando un Estado establece distinciones entre víctimas de crímenes atroces como la tortura, «transmite un mensaje de desigualdad sobre la dignidad humana y de permisividad a la continuidad de tales abusos».
No parece que esa respuesta de Amnistía Internacional les sirviera de lección, porque los promotores y redactores del mencionado informe sobre las víctimas han vuelto a tergiversar gravemente lo afirmado por dos prestigiosos organismos de la ONU: el Relator Especial contra la Tortura, y el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
En efecto, en el colmo de la manipulación, han puesto como ejemplos favorables a la actuación del Estado español, por sus esfuerzos «para no comprometer el respeto de los derechos humanos a partir de las políticas y medidas adoptadas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo», dos informes de dichos organismos que se caracterizaron por ser muy críticos con dicha actuación: el de la visita del primero en 2003, y la del segundo, Martin Scheinin, en 2008.
La presentación ante la ONU del primero de ellos desató una furibunda respuesta de la representación española, cuyo embajador, tras acusar al Relator, entonces Theo van Boven, de dejarse manipular por fuentes terroristas, abandonó bruscamente la sala sin escuchar su respuesta. En rueda de prensa posterior, éste comparó la actitud de las autoridades españolas con la del dictador argentino Videla, poniéndolos al mismo nivel en lo que se refiere a la obstinada negativa a admitir la existencia de la tortura.
En cuanto al informe de Scheinin, el Gobierno español redactó una extensa respuesta de 42 páginas (A/HRC/10/G/2) donde, entre otras cosas, se quejó de que, «en no pocas ocasiones, el Relator asume como propias opiniones, críticas y denuncias no contrastadas ni fundamentadas (…) lo que resta rigor y credibilidad al informe», y le reprochó que expresara «abiertamente sus dudas sobre la veracidad de la información facilitada por las autoridades españolas» respecto a «una estrategia específica definida por la banda terrorista ETA de denunciar de modo sistemático la ocurrencia de torturas».
El reciente Informe sobre las víctimas de motivación política, por su parte, no sólo da por cierto que ETA maneja dicha directriz «para denunciar sistemáticamente “torturas”», sino que extiende esa acusación también a «su entorno». Y encima no hace mención alguna a la insistente demanda de que se suprima el régimen de incomunicación. Demanda, esa sí, ampliamente respaldada por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Así, a la vez que tergiversa gravemente el contenido real de conocidos informes de organismos internacionales, oculta lo que en verdad afirman y recomiendan, y establece como verdad incuestionable lo que no es sino la sempiterna mentira de todas las autoridades que se sirven de la tortura.
En efecto, los supuestos manuales para denunciar falsas torturas que alegan no son, salvo uno falso de dos páginas, sino manuales para hacer frente a dicha lacra, el último de los cuales, de 37 páginas y titulado «Atxiloketari aurre eginez», ha venido siendo descaradamente manipulado para negar que Portu y Sarasola fuesen torturados.
Eso ya lo expliqué y denuncié en mi último libro. Y pienso seguir haciéndolo, y desmontando con datos fehacientes esa estrategia de las autoridades españolas para negar la tortura mediante la machacona repetición goebbelsiana de la misma mentira. Por ejemplo, mostrando que vienen repitiéndola desde la dictadura franquista y que hay datos contundentes que la contradicen abiertamente, como la enorme diferencia entre el Estado español y el francés en cuanto al porcentaje de militantes vascos detenidos que denuncian malos tratos o torturas y sobre todo en cuanto a las autoinculpaciones.
Porque tengo muy claro que sólo dejando en total evidencia que esa supuesta directriz para denunciar sistemáticamente torturas es una pura falacia será posible llegar a la verdad, el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas de la tortura. De absolutamente todas.
