El 31 de diciembre pasado, la prensa nacional dio a conocer una escueta nota (seis líneas) del Ministerio de Comercio Interior en la cual se anunciaba que no habría más subsidios para los productos de higiene y aseo personal incluidos en la llamada libreta de abastecimiento. Se aseguraba allí que la venta liberada de esos productos comenzaría a partir del mes de enero del año 2011.
Para mi gusto, a la escueta nota le faltaba información.
Por lo menos habría sido bueno dilucidar en la nota oficial, o en trabajos periodísticos aledaños, sobre tres interrogantes que quedaron en el aire: ¿a qué precios?, ¿capacidad del mercado para enfrentar una demanda liberada?, ¿qué ocurrirá con los individuos sin cobertura para enfrentar los nuevos gastos, sobre todo los ancianos sin amparo familiar?
La primera pregunta fue respondida por los hechos, pues rápidamente las bodegas y los mercados industriales de todo el país, muchos de los cuales vendieron con los nuevos precios desde el mismo primero de enero el jabón de tocador, en dos formatos, a cinco pesos; el de lavar, según tamaño y peso diferenciados, puede valer seis, cinco, o cuatro pesos. La crema dental se vende a ocho pesos y el detergente líquido a veinticinco.
El viernes siete de enero se respondía en gran parte la segunda interrogante en el periódico Granma, con un material en que varios funcionarios de los sectores involucrados informaban cómo, desde antes, el comercio y la industria se prepararon para enfrentar repentinamente un cambio radical en el expendio de un trío de productos de primera necesidad, que durante décadas la totalidad de la población recibía de acuerdo con una norma de consumo, fija y para muchos insuficiente, y a precios casi simbólicos por el fuerte subsidio que los amparaba.
Es obvio que la decisión de liberar tales artículos demanda de una presencia mayor en la red minorista, donde quien desee adquirirlos y en la cantidad que requiera, pueda hacerlo.
Las tiendas recaudadoras de divisas mantienen, además, una modalidad económica de jabón de tocador, a 0,25 CUC, y de jabón de lavar, a 0,40 o 0,45 CUC, que complementan las ofertas en moneda nacional, explicó a Granma Pilar Fernández González-Pardo, jefa del Grupo de Venta Minorista de Productos No Alimenticios.
Por lo pronto, el plan del 2011 ya viene con números crecidos en la producción y en la venta de los artículos de aseo, según se informó.
Pero es de suponer que muchas personas que completaban sus necesidades de consumos invirtiendo pesos convertibles (CUC) se trasladen ahora, en todo o en parte, hacia el consumo de estos productos adquiridos ahora más baratos en la moneda corriente.
Además, tanto el aparato comercial como los productores e importadores de materia prima, están conscientes de que en los primeros tiempos, puede haber personas con tendencia a comprar en demasía por temor a eventuales desabastecimientos.
No se descuenta la posible acción de acaparadores, pero, en mi opinión, las posibilidades de una reventa gananciosa son muy limitadas, porque los precios establecidos se parecen bastante a los que establecía el mercado informal, antes de que la oferta se liberara.
Por otra parte, los funcionarios interrogados advirtieron que habrá chequeos sistemáticos y continuos (cada diez días) para que el plan fluya y no haya baches productivos o de abastecimientos que dañen el proceso.
Respecto a la tercera pregunta, quizás la que más preocupación desencadenó, es interesante pensar cómo se instrumentará en la práctica la nueva política basada en el principio de que no se subsidiarán los productos sino a las personas que por una u otra razón realmente lo necesiten.
En este sentido, el Presidente cubano Raúl Castro Ruz ratificó en el pasado diciembre, que el Estado Socialista, mediante el sistema de asistencia social aseguraría la protección mínima requerida, tanto a las personas impedidas para trabajar, como a los que necesiten ser asistidos luego de la eliminación del subsidio a los productos que tradicionalmente se adquirían a través de la venta normada.
En Cuba, desde los primeros años del triunfo revolucionario, el régimen de Asistencia Social protege especialmente a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y en general a todas aquellas personas cuyas necesidades esenciales no estén aseguradas o que, por sus condiciones de vida o de salud, requieren protección y no puedan solucionarlas sin el apoyo de la sociedad.
La asistencia social es un derecho refrendado en la Constitución, que en su artículo 48 expresa: “El Estado protege, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo, y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda.”
Es decir que no es una novedad para el Estado cubano el tratamiento a los problemas que ahora se enfrentan, pero hay que reconocer que el número de núcleos familiares que necesitarán ayuda ha crecido y va a crecer mucho más en un tiempo relativamente corto.
Se trata de una tarea compleja y de grandes dimensiones. Porque ha de haber un proceso continuo de aprobación y extinción de prestaciones y en cada caso es preciso evaluar la situación socioeconómica de cada familia, la edad de sus integrantes, el estado de salud, la situación laboral, los ingresos y los gastos fundamentales.
Afortunadamente Cuba cuenta con una numerosa y capacitada red de trabajadores sociales que fue creada hace diez años y que entre sus funciones tiene la de identificar y atender a individuos y familias sin cobertura para sus necesidades básicas.
La gente espera el movimiento más rápido posible de esa gran maquinaria y también mayor información sobre el tema, pensando sobre todo que los artículos de aseo son ese tipo de consumo que no permite pausa, una necesidad bien arraigada en la cultura de todos los cubanos.
