La Fiscalía de la Audiencia Nacional le ha pedido al juez que interrogue a los convocantes de la manifestación por los derechos de los presos políticos y contra la represión que tuvo lugar en Bilbo el pasado 8 de enero. Y, ansioso por colaborar con la justicia, voy a contestar sin esperar a que me pregunten. No pretendo hablar en nombre de los demás convocantes, pero me consta que compartimos una misma visión del problema y un mismo deseo de que se solucione de forma pacífica y democrática.
Convocamos la manifestación del 8‑E porque no podemos tolerar la ignominiosa situación de las presas y los presos políticos en las cárceles españolas, que vulnera flagrantemente los principios básicos de un supuesto estado de derecho y de la propia Constitución. Su mera dispersión ‑por no hablar de otras medidas punitivas más propias de las mazmorras medievales que de un sistema penitenciario moderno- es claramente anticonstitucional y supone un brutal atropello a las personas presas y a sus familiares.
Convocamos la manifestación porque no podemos tolerar que en el Estado español la tortura sea una práctica sistemática e impune, lo cual no sería posible sin la complicidad, cuando menos por omisión, de los cuatro poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el mediático.
Convocamos la manifestación del 8‑E para expresar nuestra indignación y nuestra más enérgica repulsa ante un Gobierno y una oposición que convierten el dolor de las víctimas en mercancía electoral.
Convocamos la manifestación para denunciar la hipocresía de un Gobierno y una oposición que hablan sin cesar de justicia y democracia mientras ponen todo tipo de obstáculos en el camino hacia una paz justa y democrática, porque saben que conllevaría la consolidación de opciones políticas contrarias a la barbarie capitalista, es decir, a los intereses de la oligarquía política y económica que detenta el poder.
Convocamos la manifestación para denunciar la vileza de un Gobierno y una oposición que, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, intentan criminalizar cualquier forma de disidencia o protesta.
Convocamos la manifestación del 8‑E con el convencimiento ‑que se vio reafirmado por la masiva afluencia de participantes- de que un amplísimo sector de la sociedad vasca no está dispuesto a seguir tolerando las continuas violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad, los funcionarios de prisiones y los leguleyos al servicio del poder.
Convocamos la manifestación para dar testimonio, una vez más, del vigor y la determinación de un pueblo soberano en su incontenible marcha hacia la autodeterminación, respaldado por la solidaridad, la admiración y la gratitud de todas las fuerzas democráticas del Estado español, de la Unión Europea y del resto del mundo. Franco no consiguió doblegar al pueblo vasco y no lo conseguirán sus herederos.
Convocamos la manifestación del 8‑E con la esperanza de no tener que convocar ninguna otra gran movilización contra el terrorismo de Estado.
