El Ejecutivo quiere evitar a toda costa otra huelga general, esta vez motivada por la reforma de las pensiones. Con este objetivo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se reunió ayer con Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), que son muy críticos con la intención de Zapatero de ampliar la edad de jubilación a los 67 años. Pero Gómez no fue el único en aportar su granito de arena para recuperar la paz social. El vicepresidente Manuel Chaves otorgaba ayer mediante una resolución en el BOE (justo antes de que comenzaran los encuentros) una subvención para las organizaciones sindicales de 26,6 millones de euros.
Las ayudas están destinadas para financiar los planes de formación en 2011 de los funcionarios y de los empleados públicos y también otorga subvenciones a la propia Administración central (que recibirá un máximo de 23,4 millones de euros), a las autonomías (de 52,1 millones de euros) y a los ayuntamientos (de 24,8 millones de euros). Las dádivas que recibirán las organizaciones sindicales superan a las del propio Estado o los consistorios.
La letra pequeña
Aunque los sindicatos pueden justificar que los fondos están destinados a fomentar las políticas activas de empleo, la letra pequeña de la resolución del Ministerio de Política Territorial tiene varias cláusulas preocupantes. La más significativa es que las organizaciones como CCOO y UGT que den cursos de formación en 2011 no tendrán que presentar “justificación documental” de los gastos corrientes (los que los convocantes de los cursillos destinen a pagar agua, gas, electricidad, mensajería, teléfono, material de oficina, vigilancia o limpieza, entre otros). De esta cuestión también se beneficiarán las administraciones públicas.
Este mismo artículo permite opacidad en un 6% del total de los gastos directos, algo que contrasta con los planes de austeridad impulsados por el propio Gobierno, necesarios para cumplir al milímetro con los objetivos de estabilidad que exige Bruselas. Para más inri, en la misma resolución en la que se convocaban estas ayudas, pero en 2010, no existía ninguna cláusula similar ni parecida.
Otra de las cuestiones llamativas es que los grandes beneficiarios de las subvenciones a los representantes de los trabajadores (además de organizaciones específicas para la función pública como CSI-CSIF) serán CCOO y UGT. A la hora de conceder las subvenciones se valora a las organizaciones con “capacidad organizativa y técnica”, lo que deja en condiciones ventajosas a estos grandes sindicatos.
Por último, entre los requisitos para que los beneficiarios reciban las subvenciones se encuentra que los gastos subvencionables “hayan sido efectivamente pagados a 15 de marzo del año siguiente”. Es decir, como mínimo 75 días después de que se prestaran los servicios. En cambio, la Ley de Morosidad obliga a pagar en 40 días como máximo en 2012, algo que pone en entredicho el relajado límite que ha impuesto Chaves a la hora de realizar los pagos por los cursillos de formación.
http://www.expansion.com/2011/01/07/economia/1294437003.html
