La reciente detención de 23 disidentes, blogueros y religiosos y las torturas a las que han sido sometidos ponen en evidencia las prácticas del régimen. Ali Abdulemam es el rostro más conocido del “grupo de los 23”, acusados de terrorismo por la dinastía gobernante.
Hasta hace una semana, el régimen de Bahrein era descrito como un aliado excepcional de Occidente, un paraíso del desarrollo en el Golfo Pérsico y un socio a todos los niveles para los agentes internacionales.
Sede de la V Flota estadounidense y con suficientes hidrocarburos como para ser objeto de adulación, se había convertido en uno de los más importantes centros empresariales y turísticos a nivel regional. Ningún gobernante cuestionaba la monarquía de los Al Khalifa, como tampoco lo hacen ahora, después de una semana de represión con fuego real que ha dejado seis muertos y más de 300 heridos. Incluso con los tanques del régimen amenazando a sus propios ciudadanos, el dueño de la Fórmula 1, que debería celebrar su Gran Premio el 13 de marzo en el pequeño archipiélago, no se cuestiona seguir haciendo negocios con la monarquía: ha dejado la decisión de seguir adelante con la cita en manos del príncipe heredero. “El sabrá mejor que nadie si es seguro ir allí o no”.
Para los occidentales lo será, al precio que sea: los Al Khalifa se juegan su prestigio en ello. Pero para los bahreiníes, sobre todo para su mayoría chií, nunca fue un lugar seguro, como lo demuestra la existencia de al menos 400 presos de conciencia en las prisiones locales, cuya liberación se ha convertido en una reivindicación clave de los manifestantes.
En la Plaza de la Perla, convertida en la Tahrir de Bahrein, los ciudadanos que han vuelto a acampar tras dos expulsiones a tiros han colocado grandes pancartas con consignas como “Liberad a todos los presos políticos”. En las mentes de todos, el grupo de los 23: el último grupo de disidentes encarcelado por el régimen, sometidos a una legislación antiterrorista dudosa, según Amnistía Internacional, y víctimas de torturas . Son religiosos, internautas y activistas con un solo elemento en común: todos son chiíes en un reino de mayoría chií pero gobernado por una dinastía suní. Y todos denuncian los excesos de un régimen revestido de modernidad.
“A Ali le arrestaron por primera vez en 2005, después de abrir su blog. Estuvo dos semanas en prisión”, explica Umm Nur, una familiar del bloguero de 32 años Ali Abdulemam, contactada en su domicilio de Manama. “Le detuvieron porque había creado una página donde la gente podía decir lo que pensaba de Bahrein, donde promovía la libertad de expresión”. Y no gustó a las autoridades. Bahrainonline.org era una de las extrañas voces disidentes que, gracias a Internet, existían en el reino: hoy permanece cerrada por las autoridades.
“Ali no quería influir ni inspirar a nadie con su blog. Al investigar la situación de Bahrein, decidió contar lo que pasaba: este es un país muy rico, y no entendía por qué hay gente sin un trabajo decente, o sin una casa digna de recibir ese nombre”. Es una acusación común entre los bahreiníes: el régimen atrae a extranjeros ofreciéndoles viviendas y empleos y les concede la nacionalidad para compensar la composición sectaria. Al mismo tiempo discrimina a la población chií, impidiéndola ingresar en el ejército o en la mayor parte de los puestos públicos y dejándola relegada en todos los aspectos.
Los que denuncian esa injusticia son legión. Gracias a 
Sus detenciones fueron la constatación de que la supuesta voluntad de reformas cacareada por el rey, Hamad bin Issa al Khalifa, cuando llegó al poder en 1999, era pura retórica. Las promesas llegaron tras acceder al trono, cuando en 2001 promovió una Constitución que convertiría al entonces Estado de Bahrein en Reino y le dotaría de una monarquía parlamentaria como sistema de Gobierno. Pero la propuesta tenía trampa: la Cámara Alta sería designada a dedo por la dinastía reinante, y las elecciones a la Cámara Baja de 2006 no parecieron precisamente limpias: de 40 escaños sólo 18 fueron a los chiíes, pese a que en Bahrein casi el 70% de la población pertenece a esta secta musulmana. El resto de los escaños pasaron a los independientes o a los suníes, que suponen menos del 30%, pero entre quienes se cuentan los Al Khalifa.
Un opositor denunció al Gobierno de haber amañado los comicios en favor de los suníes: así comenzaron protestas ya en 2006 en los suburbios chiíes de Manama donde cientos de jóvenes exigieron el final de la discriminación y el acceso a viviendas y a empleo al mismo nivel que sus conacionales suníes. Hubo altercados. Muchos fueron detenidos, si bien terminarían siendo beneficiados por una amnistía real.
Pero eso no implicó el final de la discriminación ni tampoco de las maniobras para mantener a los suníes en el poder. Dos meses antes de los nuevos comicios parlamentarios, el pasado octubre, el régimen tomó medidas contra disidentes políticos que sirvieran de lección a cualquier voz que osara cuestionar el resultado de las elecciones.
La primera víctima fue el líder religioso y miembro del partido Al Wifaq Abdul Jalil al Singace, arrestado en agosto a su regreso de Europa, donde había denunciado las exacciones del régimen. A él le siguieron otros 22 activistas, entre ellos Abdulemam, conocidos por denunciar las violaciones de los Derechos Humanos. Hasta ahora, esas denuncias se conocían -Human Rights Watch,
Front Line o
Amnistía Internacional han elaborado duros informes al respecto- pero se ignoraban en el exterior: en el interior, las dos únicas ONG que trabajan en la materia habían sido ilegalizadas y sus activistas perseguidos y hostigados. La novedad es que, desde las detenciones de agosto y septiembre, los denunciantes serían convertidos en víctimas de la violencia policial y sus casos amplificarían la impunidad de los torturadores.
“Me sometieron a muchos golpes desde que fui arrestado el 13 de agosto. Me golpearon en los oídos, se llevaron mis muletas y me forzaron a estar largos periodos de tiempo de pie en un sótano del edificio del Aparato Nacional de Seguridad. Amenazaron con violar a mi mujer, a mis hijas y a mis hermanas, y cada noche oía los gritos de los otros torturados”.
Es un extracto de la declaración de Al Singace en la primera sesión del juicio de los 23 ‑en realidad, podría llamarse de los 25 dado que otros dos acusados, refugiados en Londres, están siendo juzgados en ausencia-. Tuvo lugar el 28 de octubre, después de semanas de incomunicación e incertidumbre. Cuando comenzó la sesión, los abogados defensores denunciaron que les habían avisado horas antes y que desde las detenciones no les habían autorizado a ver a los detenidos. El juez decidió dejar solos a los acusados y a los letrados durante 30 minutos. Consideró suficiente media hora para que los abogados pudieran hacer su trabajo.
Sólo tuvieron tiempo para aconsejarles que, de forma individual, denunciaran el trato recibido en los interrogatorios. “No tengo ningún papel en actividades terroristas, al contrario, soy víctima de terrorismo llevado a cabo contra nosotros. Desde mi arresto me llevaron a una prisión subterranea, donde me han torturado duramente. Han usado electroshocks, mis ojos han estado todo el tiempo vendados y mis manos atadas tras mi espalda. No me han dejado dormir en cinco o seis días”, denunció el religioso Mohamed Habib Al Muqdad. “Dada la gravedad de los golpes en cabeza y oídos, me han reventado los tímpanos (…) Algunas noches empapaba la almohada de sangre”, añadía.
“A lo mío no se le puede llamar arresto, a mí me secuestraron”, explicó el sheikh Said al Nuri, según la declaración reproducida por el Centro de Bahrain para los Derechos Humanos y también por Amnistía Internacional. “Me llevaron a la Agencia de Inteligencia y me golpearon inmediatamente en la cabeza y el turbante. (…) Me insultaron durante los interrogatorios y me amenazaron con quitarme la ropa, decían que querían verme desnudo. Como clérigo, eso es peor que la tortura física. Me golpearon en las manos, las piernas y el rostro. Me ataron al estilo falaqa [tumbado en el suelo, atado de pies y manos y con las piernas hacia arriba] y me golpearon las plantas de los pies hasta que se pusieron azules”. La postura falaqa permite azotar los pies, una práctica extremadamente dolorosa pero que no deja marcas visibles: también permite la violación del prisionero.
“Justo después del arresto me quitaron toda la ropa y me pusieron de rodillas y el interrogador me dijo que podía hacerme lo que quisiera, incluso violarme. […]”, denunciaba el doctor Mohamed Said al Sahlawi, responsable del Centro de Bahrein por los Derechos Humanos y otro de los detenidos. “Yo fui torturado de la misma forma que ha relatado el resto de los detenidos durante 90 horas seguidas”, denunció el sheikh Abdul Hadi al Mukhodher. “Me colgaron en la posición de falaqa y me forzaron a estar así durante horas”. “A mí me arrancaron una uña, otra la tuvieron que quitar en el hospital. Las marcas siguen muy claras en mi cuerpo”, denunciaba Ahmed Malallah. “Me sometieron a torturas, golpes, insultos y abusos verbales. Amenazaron con echar a mi mujer y otros miembros de mil familia de sus trabajos. Me interrogaron sin abogados, y el oficial que parecía pertenecer a la Seguridad Nacional deshechó mis alegatos de inocencia. Nunca me dejó responder a las preguntas, más bien las respondía por mí”, explicó Ali Abdulemam durante la vista.
A esa cita judicial siguieron otras ocho. En una de las primeras, el equipo de abogados defensores renunció alegando la imposibilidad de garantizar una defensa en las actuales circunstancias. El Estado ha puesto a su disposición abogados que han sido consecutivamente rechazados por los detenidos. La próxima vista, prevista para el jueves 24, se anticipa tan nula como las anteriores.
Al menos, los arrestados ahora pueden recibir visitas de sus familiares. Atrás quedó la incertidumbre de las primeras semanas, cuando desaparecieron en las dependencias de la Seguridad sin que las familias supieran cómo encontrarles. “A Ali le torturaron sólo al principio de su detención. Estuvimos un mes entero sin saber dónde estaba, sólo sabíamos que le habían arrestado gracias a los periódicos. Un día le llamaron a las 7 de la tarde y le dijeron que tenía que estar en la Seguridad Nacional a las 9. Se fue y nunca volvió”, prosigue Umm Nur (madre de Nur, en árabe). “Todos ellos se conocían pero no formaban parte de ningún grupo. Por ejemplo, Ali conocía al padre de uno de los otros presos”, prosigue Umm Nur. “Pero acusarle de terrorismo es algo increíble, la acusación es muy débil. ¿Cómo puede ser un bloguero acusado de terrorismo?”.
La clave la aporta en su informe Amnistía Internacional. La definición de terrorismo de la ley antiterrorista aprobada en 2006, cuentan, es “vaga y extensa” lo que a la larga “socava el principio de la legalidad”. Por ejemplo, se incluye como actividad terrorista un concepto tan difuso como “minar la unidad nacional”, así como “llevar a cabo disturbios, sabotaje y resistir a la autoridad”. Al margen de esa ley, Amnistía InternacionalI denuncia que en los últimos años el reino del Golfo se ha caracterizado por cerrar blogs y publicaciones críticas, minar la libertad de expresión y perseguir a activistas por los Derechos Humanos, además de por emplear uso excesivo de la fuerza.
“Estos preocupantes desarollos se han producido en los años en los que el Gobierno ha promovido activamente Bahrein como un país “afín con los Derechos Humanos” y como un líder regional en los Estados del Golfo en lo que a la promoción de los Derechos Humanos se refiere, articulando su importancia, protección y promoción”.
Nada más lejos. Las dos principales ONG dedicadas al sector, “el Centro de Bahrein para los Derechos Humanos [CBDH] y la Sociedad Juvenil para los Derechos Humanos de Bahrein [SJDHB], fueron prohibidas en 2004 por quebrar la ley que regula las activdades de las ONG”, explica el informe de AI. Ambas continúan activas gracias al valor de sus líderes, que pese a las detenciones y amenazas no sólo siguen trabajando. En estos días informan al minuto de los últimos acontecimientos, conscientes de que la atención de los medios puede marcar la diferencia. “No sé si éste será el principio de una nueva era, pero espero que toda la sangre derramada nos lleve a una nueva situación sin discriminación, ni corrupción, ni presos políticos, donde exista democracia y se respeten los Derechos Humanos”, explicaba hace unos días a periodismohumano Nabil Rajab, presidente del CBDH. “Con toda esta sangre hemos tenido suficiente. Ahora sí que va a ser el principio de una revolución”, prometía por su parte Mohamed al Maskati,
responsable de la SJDHB, en conversación telefónica. “Protestaremos pacíficamente, pero no cesaremos hasta que haya cambios”.
La esposa de Abdelimam, Jenan al Oraibi, madre de sus tres hijos de corta edad ‑el mayor tiene cinco años y las dos gemelas apenas un año- llegó a
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