Para entender la alianza entre el Partido Socialista y el Partido Popular con objeto de controlar el País Vasco basta con darse una vuelta por la plaza de Colón de Madrid y observar la gigantesca bandera española –290 metros cuadrados y 25 kilos de peso– que ambos partidos han colgado de un mástil de 19 toneladas de acero y 50 metros de alto. Mirándola, uno no puede contener la risa pensando en el inmenso complejo de inferioridad que tiene que padecer alguien capaz de semejante ridiculez. Y es que es tan enorme y antigua la inseguridad identitária que arrastran que, como si fueran adolescentes jugando a ver quien la tiene más larga, se reafirman por medio del tamaño de su bandera.
Parece una broma, pero no lo es. Al contrario. Esa bandera constituye por sí misma una espléndida metáfora de la realidad. Es decir, una manera de compensar con arrogancia la frustración de lo que España quiso haber sido y no fue y que explica la pinza que los dos grandes partidos nacionalistas españoles, PSOE y PP, han establecido para impedir que Sortu pueda concurrir a las próximas elecciones. Observemos que, a falta de pruebas, el gobierno español se ha visto obligado a recurrir al juicio de intenciones diciendo que Sortu “no es un partido”, sino “el intento desesperado de aparentar formalmente el cumplimiento de la ley para mantener a la desesperada la presencia de ETA en un horizonte político que ya sabe que no llevará a ninguna parte”. Y, ya llegando al delirio, ha añadido que Sortu forma parte de la estrategia de ETA y que su rechazo de la violencia es “cosmético, retórico e instrumental, no real”. Es decir, que a España no le basta con que Sortu condene la violencia de ETA, que es lo que exigían las sentencias judiciales a la izquierda abertzale. Ahora España quiere, además, que la izquierda abertzale renuncie a su ideología y que haga apostasía de su defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Llegados a este punto, merece la pena detenerse en las cinco supuestas conexiones de Sortu con ETA, aducidas por dicho gobierno.
Conexión 1) Sortu “es” ETA porque en una conversación en la cárcel entre el abogado José María Compains, miembro de Sortu, y su hijo Eneko comentan: “Los tenemos donde queríamos”. Que frase tan terrible, ¿verdad? En China quizás los condenarían a muerte por decir algo así. Sin embargo, es justo lo que dicen miles de personas en Euskal Herria y en Cataluña: Ahora que la violencia ha terminado es cuando socialistas y populares se están revelando como lo que realmente son: partidos que utilizan ETA con fines electorales.
Conexión 2) El nombre de Sonia Respaldiza, miembro de Sortu, aparece citado en documentos intervenidos a un miembro de ETA en los cuales se dice que “podría incluir incluso su integración en un comando armado”, lo cual demostraría el “alto grado de radicalidad” de Respaldiza. Curiosa acusación, ya que es obvio que en un Estado de derecho nadie puede ser acusado de lo que “podría” hacer. Si eso fuera posible todo el mundo estaría en la cárcel. Un ser humano únicamente debe rendir cuentas de sus actos, jamás de sus pensamientos, porque sólo los regímenes totalitarios juzgan a las personas más allá de los hechos. En cuanto a prohibir la participación de un partido basándose en la supuesta “radicalidad” de pensamiento de uno de sus miembros produce vergüenza ajena.
Conexión 3) La asistencia de los abogados Iñaki Goyoaga y Arantza Zulueta al acto de presentación de Sortu en Bilbao el 7 de febrero de 2011, dado que, según el gobierno, Zulueta “fue una estrecha y fiel colaboradora de ETA”. Curiosos argumentos, estos. Si Zulueta forma parte de ETA, ¿cómo es que no está en la cárcel? ¿Se ha escapado, tal vez, o es una persona libre? Y si es libre, ¿no tenía derecho a ir donde le diera la gana como el resto de los asistentes del mencionado acto? La praxis del gobierno español, en este caso, recuerda mucho la del franquismo, cuando criminalizaba a los asistentes a los recitales de Lluís Llach i Raimon.
Conexión 4) José Javier Artola, miembro de Sortu, tiene una cuenta bancaria de la Caja Laboral Popular que fue utilizada “para el depósito de fondos destinados a ayudar al colectivo de presos de ETA”. ¿Desde cuándo es un crimen ayudar económicamente a los familiares de presos obligados a pagar los costes que les impone el gobierno español para poder visitar a los suyos lejos del País Vasco?
Conexión 5) Quienes registraron los estatutos de Sortu el 9 de febrero de 2011 se desplazaron a Madrid “utilizando vehículos alquilados por dos personas relacionadas con ETA-Batasuna, una de ellas condenada por delito continuado de terrorismo y actualmente procesada por integración en organización armada”. ¿En qué artículo dice la ley que una persona libre, aunque esté procesada por lo que sea, no puede alquilar un coche? ¿Qué ilegalidad cometieron las personas que iban en ese coche y que no están procesadas por nada? ¿Es ilegal desplazarse a Madrid en coche alquilado para registrar unos estatutos?
Por todo lo dicho, parece obvio que las manifestaciones, por multitudinarias que sean, no van a cambiar las cosas. En Cataluña estamos doctorados en manifestaciones y no hemos conseguido absolutamente nada. Es mucho mejor concentrar las energías en algo mucho más efectivo, como por ejemplo una denuncia internacional bien canalizada de los obstáculos que PSOE y PP, en su intento de repartirse el poder, están poniendo a la participación electoral de personas libres en el País Vasco. No hay nada que irrite más a España que la proyección de lo que realmente es: una democracia cosmética, retórica, instrumental, no real.