Según ha informado el edil independentista Txiki Castaños, en la reunión celebrada el 18 de marzo, el Consejo de Administración de la sociedad pública de Gestión Urbanística Eretza, aprobó las Bases para la adjudicación de 16 viviendas en régimen de alquiler para menores de 35 años. Dichas bases fueron entregadas a los miembros del Consejo dos días antes, por lo que en la reunión citada, y debido a su trascendencia, el representante de la Izquierda Abertzale solicitó que este asunto no se votara, se concediera un plazo superior para su estudio y se facilitara la participación de colectivos ciudadanos, al objeto de que pudieran aportar sus impresiones y/o propuestas sobre dichas Bases. Esta petición fue rechazada por los representantes del PSOE, PP, PNV e IU (grupos que aprobaron las Bases).
Según Txiki castaños, esta manera de actuar por parte de los grupos políticos «deja en evidencia que sus declaraciones sobre la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales, constituye una mera pose electoralista, desnudando, por demagógica, su actual campaña en favor de esta participación, debiéndose señalar, así mismo, que no ha sido la única ocasión en que este rechazo se ha producido: Presupuestos, diversas ordenanzas, planes urbanísticos, etc».
En relación con el contenido de las Bases, la izquierda abertzale manifiesta su voto contrario, entre otros, por los siguientes motivos:
-Desacuerdo con la adjudicación de dichas viviendas mediante sorteo. Considerando que el método más idóneo es la adjudicación mediante la valoración de la realidad socioeconómica que presenten las personas demandantes.
-A dichas viviendas podrían acceder personas que dispusieran de propiedades inmobiliarias. En efecto, en las Bases se establece que las personas adjudicatarias no deben disponer de vivienda en los 2 últimos años anteriores a la apertura del plazo de inscripción, pero, entre otras exclusiones, se exime de esta obligación a personas cuya propiedad sea inferior al 50% de la vivienda, es decir, que estas personas podrían ser propietarias de un 49,9% de numerosas viviendas, para que pueda ser entendido el despropósito de lo aprobado.
-El plazo máximo de ocupación de dichas viviendas es de 5 años, tras los cuales deberán abandonarlas, para su adjudicación a otras personas. Dado que entre las demandas podrían encontrarse personas con discapacidad permanente, esta, obviamente, persistiría al término del plazo señalado y se las dejaría en la calle.
La izquierda abertzale concluye manifestando la necesidad de un vuelco total en la política de vivienda desarrollada por el PSOE, con el apoyo del resto de grupos políticos, debiéndose aumentar la oferta de vivienda de alquiler social.
