Todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Gasteiz, con la única excepción de Gorka Maneiro, de UPyD, aprobaron ayer instar al Gobierno de Lakua a que dentro de este mismo año ponga en marcha las medidas necesarias para iniciar el reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia estatal.
También se aprobó la creación de una ponencia en el Parlamento que impulse estas actuaciones y haga un seguimiento de ellas. Este punto contó con el voto en contra del PP, pues lo entiende como una fórmula de equiparación de estas víctimas con «las del terrorismo», lo que considera inaceptable.
La proposición no de ley que llegó ayer al pleno estaba firmada por PNV, PSE, Aralar, EA y EB, un consenso que todos sus promotores consideraron importante y algunos, como Aintzane Ezenarro, hasta «histórico». El PP pidió que se votara por puntos, aprobando los referidos a la reparación y reconocimiento de las víctimas, y rechazando la creación de la ponencia.
Espacio institucional
La base de la propuesta parlamentaria se encuentra en el informe elaborado en buena parte por Unesco Etxea y asumido, corregido y presentado a la Cámara por las direcciones de Derechos Humanos y la de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Lakua. Los grupos han recogido sugerencias allí contempladas y les han puesto concreciones y fechas.
El Parlamento aprobó ayer instar al Ejecutivo a «constituir de manera inmediata el espacio institucional administrativo previsto en el citado informe y a dotarlo de la estructura y recursos necesarios». Además, deberá «poner en marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas».
En este año han de redactarse los primeros decretos que «marquen las ayudas a implementar y los criterios para tener acceso a las mismas, así como la necesaria dotación presupuestaria». Junto a ello, tendrá que «instaurar un mecanismo accesible y cercano de contacto con las personas que se consideren víctimas, utilizando para ello la información sobre las mismas que existe ya en el Gobierno».
¿Que víctimas?
El decreto o decretos de Lakua deberán estipular las condiciones que deberán cumplir las personas que deseen acceder a estas ayudas. En principio, el informe gubernamental hablaba de violaciones de derechos y sufrimiento injustos producidos durante la dictadura, así como la represión ejercida en los años posteriores por agentes públicos, grupos parapoliciales o actuaciones de extrema derecha toleradas por las instituciones.
Pero también se contempla la posibilidad de abrir el abanico a otras víctimas de sufrimientos graves e injustos, y ayer se habló de las víctimas de torturas.
Fue el portavoz del PP, Carlos Urquijo, quien en su turno de réplica y enfadado explicó que «éste es un acuerdo cogido con alfileres», por lo que pidió al PNV que no tensara demasiado la cuerda. Lo ocurrido define muy bien el hecho de que, detrás de la práctica unanimidad en las medidas propuestas, hay muy distintas interpretaciones de los partidos sobre las violencias políticas que se han dado y se dan en Euskal Herria y sobre la consideración de las víctimas de esas vulneraciones de derechos.
En este momento en el que se abre un nuevo tiempo político, parece haber en el Parlamento de Gasteiz una consideración general de que se deben dar pasos que hasta la fecha no se habían dado hacia el reconocimiento de las víctimas de la violencia estatal, y ahí resulta mencionable el giro realizado por el PSE desde la pasada legislatura, tal vez motivado por ser él quien puede regular los decretos desde el Gobierno. Sin embargo, tanto este partido como el PP siguen manteniendo una especie de clasificación entre víctimas en la que sólo las denominadas «del terrorismo» ‚y más específicamente las de ETA, son de «primera división».
Es más, algunas alusiones vueltas a escuchar ayer ponen sobre las víctimas de la violencia estatal la sospecha de ser a su vez victimarios. Cabe recordar, como dijo el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate, que la mayoría de estas personas que «sufrieron en muchos casos asesinato, lesiones, torturas y violaciones» eran «personas inocentes y, en muchas casos, que ni tenían filiación política, que simplemente pasaban por allí».
Estas diferencias muestran, según recordó el parlamentario del PSE Jesús Loza, la necesidad de la ponencia y del trabajo que queda por delante.
Fuente: Gara
